Algunos analistas han empezado a hablar del efecto del «Baguazo»: el uso de medidas de fuerza para conseguir la atención inmediata del Gobierno Nacional. Al respecto, son notables los esfuerzos hechos por los grandes medios de comunicación para generar esta sensación que, finalmente, distorsionan los verdaderos sentidos que tienen las protestas sociales.
Por ejemplo, pasemos una somera revista a lo que acontece en el sur del país. A pesar de su enorme importancia, los últimos gobiernos han preferido darle las espaldas y aplazar las tareas de su desarrollo para un eterno después. Para muestra está el Programa Sierra Sur que, se suponía, debía potenciar el desarrollo en la zona rural de esta parte del Perú, y se ha convertido en un monumento a la ineficiencia y la imprevisión, sin una visión integral de los desafíos. De otro lado, el gaseoducto que debía abastecer al sur se ha vuelto una quimera por la ampliación del ducto de gas de Camisea hacia la capital y la incertidumbre acerca de la magnitud real de las reservas gasíferas. Sobre esto último, en un taller para periodistas en Lima (en febrero), el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, ante una pregunta sobre el tema, confesó que las reservas no estaban aseguradas para alimentar el ducto del sur y que estaban haciendo los estudios respectivos. En otras palabras, este proyecto sería otra «mecida» gubernamental más, con estudios de prefactiblidad de por medio.
La Adjuntía de Prevención de Conflictos Sociales y Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo reportó en su último informe (al 31 de mayo) 212 conflictos sociales en todo el país, entre activos y latentes. En el sur se han reportado 73, siendo los departamentos de Ayacucho (17) y Puno (18) los que más casos cargan en sus hombros. En todo caso, dentro de este paquete hay que discernir entre los que tendrían que solucionarse de manera interna y los que tienen que ver directamente con el Ejecutivo.
En Camaná (Arequipa) tenemos el caso de la instalación y construcción de plantas harineras y de aceite de pescado, que se levantaron de forma amañada y con el aval del ex ministro de la Producción, Rafael Rey. Las autoridades regionales, locales y sociedad civil rechazan su funcionamiento porque ocasionarían daños ambientales. El problema está a la vista; sin embargo, el gobierno continuamente «meció» a las autoridades locales para no intervenir en el tema. Recién, unas semanas atrás, se instaló una mesa técnica para revisarlo. Pero los pobladores que ya no se fían de estos procesos, ya han advertido que realizarán un paro de 48 horas, vencido el plazo que se le dio a la comisión para que resuelva el conflicto. Mientras tanto, las empresas siguen funcionando ante el estupor del propio presidente Regional de Arequipa, Juan Manuel Guillén.
En Ayacucho se cansaron de la postergación y las autoridades y organizaciones sociales convocaron a la «marcha de los Waris», hacia Lima, exigiendo que se coloque la plataforma de demandas de su región en la agenda nacional. En el mes de mayo, se instalaron mesas técnicas para revisar la agenda, que incluye temas como educación, salud, agricultura, Camisea, institucionalidad y descentralización. Actualmente está pendiente la entrega de los resultados, pero hay que recordar que una marcha similar se hizo en el 2007 –sin éxito – por lo que los ayacuchanos amagaron con hacer una nueva en el 2008, que se postergó hasta el presente año. Aparte de estas demandas, se han reportado otras de carácter ambiental, en las que las comunidades campesinas piden que no se vulneren sus derechos y que las empresas mineras cumplan sus deberes socioambientales.
De los 16 conflictos que se han detectado en Cusco 10 son socioambientales. En la mayoría de ellos se ha iniciado el diálogo entre los actores (la población y las empresas mineras), pero no estaría de más que el Ejecutivo haga un seguimiento. En el tema que no se ha alcanzado el diálogo con el Gobierno Nacional es la derogatoria de la Ley de Promoción del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles Integrantes del Patrimonio Cultural (Ley 29164). Este pedido lo están realizando la Asamblea Regional, la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco, organizaciones, autoridades regionales y población. Su pedido se basa en que la norma, más allá de proteger el patrimonio cultural o ponerlo en valor, lo que hace es facilitar las concesiones para servicios turísticos (restaurantes, hoteles, etc.) a grandes capitales, que usualmente poco hacen para generar dinamismo en las economías locales.
Pero en Cusco el conflicto más candente por estos días es el paro campesino de la provincia de Canchis, reiniciado el 30 de junio luego de un breve receso. Los pobladores caminaron hasta la capital del departamento para hacer conocer sus carencias y comunicar que su paro empezó el 11 de junio. Al gobierno le pidieron, entre otras cosas, la anulación de la concesión del la central hidroeléctrica Salcca Pukara, la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos, la Ley de la Carrera Pública Magisterial y declarar en emergencia al sector alpaquero. El premier Yehude Simon cumplió su promesa y fue a conversar con el Comité de Lucha de Canchis, pero el diálogo fue infructuoso. El 25 de junio dieron al gobierno una tregua de tres días para resolver su pliego de reclamos.
En Tacna y Moquegua sigue latente el problema por la repartición del canon minero de los yacimientos mineros de Cuajone y Toquepala. Autoridades regionales y población en Tacna se oponen a la modificación del artículo 5 de la Ley del Canon Minero, la 27506, por considerar que le restaría ingresos, y demandan que se mantenga la distribución del canon minero como lo estipulaba la ley.
Por último, en Puno, entre los casos más importantes está el que reúne a las comunidades campesinas de Quicho y Altiplano de Echía, y los distritos de Corani y San Gabán, quienes manifiestan su desacuerdo con la Central Hidroeléctrica de San Gabán por el incumplimiento de acuerdos. También podemos citar el pedido de las rondas campesinas de la provincia de Carabaya, quienes demandan una vía alterna a la carretera en construcción, dada la frecuencia de accidentes y pérdidas de vidas humanas. En ambos casos no se ha iniciado ningún tipo de diálogo. Aparte de los casos citados, recientemente (a partir del 25 de junio) se realizaron paralizaciones de 72 horas en Cusco, Puno y Arequipa. En Puno fue convocada por la Federación de Campesinos de Puno y en Arequipa la realizaron los agricultores de Majes. El pedido en común: la derogatoria de la Ley de Recursos Hídricos.
Evidentemente hay un problema de gobernabilidad, que se ha propagado por la desconfianza en la clase política, con partidos coyunturales y en profunda crisis y con congresistas poseedores de un amplio descrédito ante los electores. Hay pues un descontento generalizado en el sur, alimentado por un gobierno indiferente y capitalizado −hay que decirlo, también− por algunas dirigencias radicales que llevan consigo muy pocas propuestas que mostrar. La situación exige el establecimiento de espacios de diálogo y negociación con propósitos claros de atender las demandas sociales. La continuidad en la autosuficiencia gubernamental en la defensa a rajatabla del modelo neoliberal no hará otra cosa que atizar mayores conflictos. Tener en cuenta que el «chorreo» ofrecido hace varios años no tiene cuando llegar.
desco Opina - Regional / 3 de julio 2009
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