Tras el desborde de las comunidades nativas de la selva central, que se produjo como respuesta solidaria con los hermanos fallecidos en Bagua, el ex premier Yehude Simon logró un forzado acuerdo para derogar los decretos legislativos que incendiaron la Amazonía. Aunque al retroceso gubernamental se le quiso dar apariencia de paternal dignidad y no de derrota, lo real es que en menos de un año los errores de lectura de la sociedad indígena, lo hicieron tropezar dos veces con la misma piedra.
Ahora debemos preguntarnos si el conflicto con los pueblos amazónicos se ha resuelto totalmente o sólo se ha distendido hasta nuevos momentos en que reaparecerá con otros matices. Desde nuestro punto de vista, se intenta cambiar algunas formas pero el fondo de la relación sigue siendo la misma, ya que los motivos del distanciamiento no han podido y no podrán ser absueltos en el corto plazo, porque están anidados en un ámbito estructural.
En primer lugar, si bien el acuerdo busca conformar una entidad que investigue las causas que provocaron las muertes de policías y nativos, no deberíamos tener mucho optimismo sobre la voluntad existente para que esta acción se lleve a cabo. Asimismo, tampoco se está atendiendo a los nativos heridos ni se está asegurando su rehabilitación. Más aún, se quiere poner a disposición de la justicia a Santiago Nauín, prominente dirigente amazónico que está convaleciente en el hospital tras haber recibido el impacto de ocho balas, por intentar impedir el enfrentamiento entre policías y la población en Bagua.
Nada de esto asegura la formación de un ambiente propicio para el diálogo. Las características de la intervención y la proliferación de versiones de ambas partes, dificulta la posibilidad de obtener un informe realista sobre los hechos. De otro lado, las responsabilidades políticas recaen sobre varios ex ministros que ya no están en el Gabinete. Asimismo, algunos líderes nativos no pudieron controlar firmemente la situación, permitiendo que un grupo de exaltados actuara libremente con consecuencias lamentables.
Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo consigna la desaparición de un oficial de policía. Sin embargo, desde el lado de los nativos se tendría que buscar una mayor profundidad en las investigaciones, porque todo parece indicar que existen algunos que aún no retornan a sus hogares, lo que se agravaría porque muchos de ellos, posiblemente, no tienen documentos de identidad, una situación que ya se experimentó con el ciclo de violencia política de las recientes décadas, cuando se desconocía la identidad de muchas víctimas porque simplemente no poseían un documento –partida de nacimiento o DNI– que los acreditara ante las instancias formales.
La deducción es verosímil. El Programa Nacional de Identificación afirma que la región amazónica es la que presenta la mayor frecuencia de indocumentados. Muchas familias que habitan estos territorios aún no se integran ni se identifican con el Estado peruano y mantienen una distante relación con autoridades y funcionarios, por ello buscarán por sus propios medios a sus desaparecidos, no callarán sus malestares pero guardarán sus resentimientos que se harían visibles en momentos inoportunos para los intereses del Gobierno Central.
Por otro lado, una situación poco analizada es el cambio de interlocutores en las negociaciones. Por ejemplo, se ha prestado poca atención al hecho de que en las mesas de diálogo no están los que protagonizaron los hechos violentos. Quienes iniciaron las protestas contra el DL. 1090 y 1064, fueron las comunidades nativas de la Selva nororiental y quienes negociaron y aceptaron los acuerdos fueron los dirigentes de las comunidades de la Selva Central, que se sumaron a las protestas y bloquearon las vías en San Ramón, luego de los trágicos acontecimientos de inicios de junio.
En esos momentos, cualquier intento de recuperación de las carreteras por las fuerzas del orden, estaba bajo la mirada acuciosa de los organismos y prensa internacionales, por lo tanto, era poco probable que ocurriese otro «baguazo». De esta manera, retomar el diálogo fue una necesidad imperiosa para la deteriorada imagen del gobierno, pero las condiciones habían cambiado y, en la medida de lo posible, las autoridades trataron de aprovechar esta circunstancia. AIDESEP pasó de ser protagonista principal a interlocutores casi en la sombra y sin mayores pretensiones de representatividad, con sus líderes en la clandestinidad o en el exilio nicaragüense. Se relativizó su presencia y se negoció directamente con los Apus, debilitando convenientemente la efímera unidad indígena.
Desde el lado del Gobierno, el nuevo premier, Javier Velásquez Quesquén, no ingresa al cargo con buenos antecedentes como para liderar las negociaciones pendientes, ya que bajo su dirección, el Congreso de la República desestimó el debate sobre la derogación de los decretos –como lo solicitaban los dirigentes nativos– y cedió la conducción del conflicto al Ejecutivo. Además, es bueno recordar que esta postura se vio facilitada por los congresistas que en su momento propusieron el debate y luego brillaron por su sospechosa tardanza cuando se debía tomar decisiones.
Esta sola cuestión, a la que se podrían sumar muchas más, hace que el premierato de Velásquez Quesquén se inicie con sombras de dudas sobre su capacidad y buena disposición para negociar los aspectos que son sensibles a los intereses de los pueblos amazónicos. Entre los integrantes de las comunidades nativas que, a fin de cuentas, son los más vulnerables y los menos informados, la desconfianza apunta hacia ambos lados actualmente: no creen en los representantes del Gobierno y dudan de la capacidad de muchos de quienes dicen representar sus intereses. Esta situación no favorece a aclarar el enrarecido panorama que muestra la selva peruana.
desco Opina - Regional / 17 de julio 2009
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