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lunes

En la selva no hay estrellas sino estrellados

desco Opina - Regional / 17 de julio de 2009

Tras el desborde de las comunidades nativas de la selva central, que se produjo como respuesta solidaria con los hermanos fallecidos en Bagua, el ex premier Yehude Simon logró un forzado acuerdo para derogar los decretos legislativos que incendiaron la Amazonía. Aunque al retroceso gubernamental se le quiso dar apariencia de paternal dignidad y no de derrota, lo real es que en menos de un año los errores de lectura de la sociedad indígena, lo hicieron tropezar dos veces con la misma piedra.

Ahora debemos preguntarnos si el conflicto con los pueblos amazónicos se ha resuelto totalmente o sólo se ha distendido hasta nuevos momentos en que reaparecerá con otros matices. Desde nuestro punto de vista, se intenta cambiar algunas formas pero el fondo de la relación sigue siendo la misma, ya que los motivos del distanciamiento no han podido y no podrán ser absueltos en el corto plazo, porque están anidados en un ámbito estructural.

En primer lugar, si bien el acuerdo busca conformar una entidad que investigue las causas que provocaron las muertes de policías y nativos, no deberíamos tener mucho optimismo sobre la voluntad existente para que esta acción se lleve a cabo. Asimismo, tampoco se está atendiendo a los nativos heridos ni se está asegurando su rehabilitación. Más aún, se quiere poner a disposición de la justicia a Santiago Nauín, prominente dirigente amazónico que está convaleciente en el hospital tras haber recibido el impacto de ocho balas, por intentar impedir el enfrentamiento entre policías y la población en Bagua.

Nada de esto asegura la formación de un ambiente propicio para el diálogo. Las características de la intervención y la proliferación de versiones de ambas partes, dificulta la posibilidad de obtener un informe realista sobre los hechos. De otro lado, las responsabilidades políticas recaen sobre varios ex ministros que ya no están en el Gabinete. Asimismo, algunos líderes nativos no pudieron controlar firmemente la situación, permitiendo que un grupo de exaltados actuara libremente con consecuencias lamentables.

Al respecto, el informe de la Defensoría del Pueblo consigna la desaparición de un oficial de policía. Sin embargo, desde el lado de los nativos se tendría que buscar una mayor profundidad en las investigaciones, porque todo parece indicar que existen algunos que aún no retornan a sus hogares, lo que se agravaría porque muchos de ellos, posiblemente, no tienen documentos de identidad, una situación que ya se experimentó con el ciclo de violencia política de las recientes décadas, cuando se desconocía la identidad de muchas víctimas porque simplemente no poseían un documento –partida de nacimiento o DNI– que los acreditara ante las instancias formales.

La deducción es verosímil. El Programa Nacional de Identificación afirma que la región amazónica es la que presenta la mayor frecuencia de indocumentados. Muchas familias que habitan estos territorios aún no se integran ni se identifican con el Estado peruano y mantienen una distante relación con autoridades y funcionarios, por ello buscarán por sus propios medios a sus desaparecidos, no callarán sus malestares pero guardarán sus resentimientos que se harían visibles en momentos inoportunos para los intereses del Gobierno Central.

Por otro lado, una situación poco analizada es el cambio de interlocutores en las negociaciones. Por ejemplo, se ha prestado poca atención al hecho de que en las mesas de diálogo no están los que protagonizaron los hechos violentos. Quienes iniciaron las protestas contra el DL. 1090 y 1064, fueron las comunidades nativas de la Selva nororiental y quienes negociaron y aceptaron los acuerdos fueron los dirigentes de las comunidades de la Selva Central, que se sumaron a las protestas y bloquearon las vías en San Ramón, luego de los trágicos acontecimientos de inicios de junio.

En esos momentos, cualquier intento de recuperación de las carreteras por las fuerzas del orden, estaba bajo la mirada acuciosa de los organismos y prensa internacionales, por lo tanto, era poco probable que ocurriese otro «baguazo». De esta manera, retomar el diálogo fue una necesidad imperiosa para la deteriorada imagen del gobierno, pero las condiciones habían cambiado y, en la medida de lo posible, las autoridades trataron de aprovechar esta circunstancia. AIDESEP pasó de ser protagonista principal a interlocutores casi en la sombra y sin mayores pretensiones de representatividad, con sus líderes en la clandestinidad o en el exilio nicaragüense. Se relativizó su presencia y se negoció directamente con los Apus, debilitando convenientemente la efímera unidad indígena.

Desde el lado del Gobierno, el nuevo premier, Javier Velásquez Quesquén, no ingresa al cargo con buenos antecedentes como para liderar las negociaciones pendientes, ya que bajo su dirección, el Congreso de la República desestimó el debate sobre la derogación de los decretos –como lo solicitaban los dirigentes nativos– y cedió la conducción del conflicto al Ejecutivo. Además, es bueno recordar que esta postura se vio facilitada por los congresistas que en su momento propusieron el debate y luego brillaron por su sospechosa tardanza cuando se debía tomar decisiones.

Esta sola cuestión, a la que se podrían sumar muchas más, hace que el premierato de Velásquez Quesquén se inicie con sombras de dudas sobre su capacidad y buena disposición para negociar los aspectos que son sensibles a los intereses de los pueblos amazónicos. Entre los integrantes de las comunidades nativas que, a fin de cuentas, son los más vulnerables y los menos informados, la desconfianza apunta hacia ambos lados actualmente: no creen en los representantes del Gobierno y dudan de la capacidad de muchos de quienes dicen representar sus intereses. Esta situación no favorece a aclarar el enrarecido panorama que muestra la selva peruana.

desco Opina - Regional / 17 de julio 2009
Programa Selva Central
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martes

Las tribulaciones del Presidente

desco Opina / 30 de junio de 2009

El Premier Yehude Simon tuvo un éxito relativo en la negociación de los conflictos con los pueblos indígenas amazónicos y con la población de Andahuaylas. En el primer caso, transcurrieron más de 50 días de protesta y movilización y se produjeron 34 lamentables y condenables muertes; en el segundo, pasaron más de 10 días. Aunque en Sicuani no logró un resultado similar, los magros réditos de las jornadas anteriores le permitieron contar con una defensa tibia del APRA y de algunos parlamentarios de distintas tiendas en la interpelación parlamentaria.

La censura anunciada por diversas agrupaciones opositoras, incluyendo al fujimorismo y a Unidad Nacional, que son parte de la alianza gobernante, parece improbable. En el corto plazo, el gobierno lo necesita más que antes, habida cuenta que ha sido su cara negociadora, habiéndolo comprometido en el futuro inmediato a un conjunto de medidas que suponen una derrota política y un retroceso en su discurso fundamentalista del perro del hortelano.

Su rol de bombero, aquél que rechazó desde el primer momento para diferenciarse de su antecesor, le prolongará la permanencia en el Premierato por un tiempo más –el que el Presidente García disponga– a pesar de la indiscutible responsabilidad política que le corresponde por los luctuosos sucesos de Bagua y que se resistió a aceptar en el Congreso de la República. Su gestión terminará con más pena que gloria cuando el mandatario resuelva cómo salir del entrampamiento al que lo condujo su apuesta ciega y dogmática por un modelo basado en la puesta en valor de los recursos económicos del país para su explotación por las grandes inversiones, descalificando a los opositores a ese proceso y reduciendo el rol estatal a la promoción de dicho modelo.

La resolución del Presidente no será fácil. Aguijoneado por algunos de sus socios para endurecer el manejo del país en nombre de la recuperación del orden y la autoridad perdida, alentado por algunos de sus partidarios a descubrir y denunciar una conspiración internacional y antiperuana, García debe constatar también que hay un creciente sentido común, que alcanza incluso a muchos de los que se han beneficiado de su gestión, que encuentra en la incapacidad estatal para atender las demandas de vastos sectores de la población, así como en su carencia de toda voluntad para el diálogo, factores que permiten entender lo que está ocurriendo.

Si las cosas no son más difíciles para él, es porque la radicalidad social, las protestas y el descontento, carecen de representación política y de formas efectivas de mediación en su relación con el Estado. Mientras ello no se resuelva, sus límites seguirán siendo estrechos, aun cuando no disminuirán en su intensidad.

La gobernabilidad del país, en consecuencia, ingresará a un difícil período de prueba. La desaprobación creciente del modelo económico, revelada por encuestas recientes, así como el apoyo a la legitimidad de la protesta de los pueblos amazónicos y la exigencia de diálogo en el caso de Andahuaylas, muestran sensible y paulatino cambio de sensibilidad de la opinión pública, que no se resuelve acusando de «antisistema» a los opositores. El silencio del Presidente los últimos días, en contraste con su habitual y proverbial locuacidad, indica que está preocupado, seguramente por el malestar que existe en el país, pero también por el que empiezan a mostrar algunos de sus socios.

desco Opina / 30 de junio 2009
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lunes

Protesta en Lima y los espacios públicos privados

desco Opina - Regional / 19 de junio de 2009

El conflicto amazónico ha conmocionado al país. La respuesta de la ciudadanía al gobierno fue contundente: aunque no se tiene una cifra oficial sobre cuántas personas se dieron cita en el centro de Lima el jueves 11, hay testimonios que señalan un poco más de doce mil personas entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios y estudiantes universitarios, que participaron en la marcha de rechazo a los hechos violentos de Bagua.

Pero es necesario delinear algunos efectos y contradicciones que se han evidenciado en la ciudad a partir de este contexto. En ese sentido, queremos llamar la atención sobre cómo el uso y acceso a determinados espacios de carácter público de nuestra ciudad está limitado y tiende a gestionarse como propiedad privada del Gobierno Metropolitano de Lima, en la que nuevamente no se les permitió a sus organizadores dirigirse a la Plaza de Armas, ni tampoco frente al Congreso de la República.

La Municipalidad de Lima, amparada en el Decreto de Alcaldía Nº 60, emitido durante la primera gestión del Alcalde Castañeda Lossio, en el que «Declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay (…)», ejerció la represión antes inclusive de efectuarse la marcha como fue su inicial propósito, a esta zona rígida y la haya reorientado hacia la avenida Abancay, rumbo al Congreso de la República.

Esta disposición, que deviene en hechos recurrentes por cierto, nos indica la aplicación discrecional de la citada norma. Lo que no se menciona es que el uso y el acceso a esta zona están restringidos cuando se trata de manifestaciones políticas que ponen de manifiesto críticas dirigidas al gobierno, pero no lo están cuando se trata de celebrar actos tales como los aniversarios de Lima y la boda de Juan Diego Flórez, que llevan un aroma de propaganda impregnado en las noticias, o la marcha de enero de 2007 en torno a la pena de muerte, cuando la movilización a favor del proyecto del gobierno llegó sin problemas hasta Palacio de gobierno; en contraste con la dura represión que sufrió algunos días después una concentración pacífica y de menor tamaño, pero contraria al proyecto de gobierno, por citar sólo algunos casos, en los que se hace evidente, que la Plaza de Armas no es de uso público, en tanto existe una administración que amparada en un Decreto de Alcaldía, decide a quiénes les concede el permiso de uso y a quiénes no.

Otro aspecto que se desprende del conflicto y que ha tenido un efecto particular en Lima, está relacionado con el papel que jugaron los medios de comunicación de alcance nacional en este conflicto. La movilización ciudadana en Lima fue anunciada como «disturbios» y reducida a desorden y caos vehicular, soslayando descaradamente la expresión de indignación de miles de peruanos y peruanas frente a los trágicos sucesos de Bagua, por responsabilidad del gobierno. La mayor cantidad de información disponible el día del enfrentamiento entre nativos y policías, provenía de medios de comunicación ubicados en la zona del conflicto y de prensa independiente instalada en Internet.

Durante los primeros días posteriores a los hechos del 5 de junio, era evidente la existencia de una amplia brecha entre la información publicada por un amplio sector de la prensa tradicional limeña y la del resto del país. La información que señalaba el número de caídos por parte de cada frente, es un ejemplo claro de ello. La prensa limeña insistía en que el número de nativos caídos y desaparecidos era menor al que anunciaban otros medios de comunicación, regionales o locales –fuera de la capital–, tanto oficiales como independientes. Inclusive hoy, no se cuenta con información oficial del número de nativos que resultaron muertos producto de los hechos de violencia en Bagua, lo cual indica el bajo nivel de integración que existe en nuestro país.

Todo ello nos lleva a cuestionar la orientación de un amplio sector de medios de prensa en Lima que, alineados a la posición del gobierno, no han hecho otra cosa que recrear un escenario alejado de la realidad que se vive por fuera de las fronteras capitalinas en torno a la crisis de Bagua y que pasó a primeras planas ante la evidencia de la crisis desatada en diversas zonas del país donde la indignación aún es una libertad ciudadana que se expresa.

El conflicto en la Amazonía ha sido de tal gravedad, ha generado tantas críticas a los Decretos Legislativos 1090 y 1069 a nivel nacional e internacional, ha propiciado tantos efectos contrarios a los que promovía este sector de la prensa en la capital, que no fue suficiente para el gobierno tener de su lado a los más poderosos medios de comunicación del país, para contrarrestar la indignación nacional –incluida Lima–, frente a los hechos ocurridos.

En las noticias difundidas al respecto, resulta preocupante que los contenidos guarden detrás de sí elementos racistas, al calificar a los nativos de «salvajes», «manipulados» o «ignorantes» que, lejos de contribuir a la resolución del conflicto, por el contrario, ha acentuado más el rechazo de muchos sectores de la opinión pública contra los políticos y la prensa, los cuales tenían el mismo discurso, incluso al asignarle un valor especial a los policías caídos, invisibilizando (por lo tanto, excluyendo) a los nativos que corrieron la misma suerte.

Nuestro país tiene registrados, según el reporte de mayo de la Defensoría del Pueblo, 212 conflictos activos. Señalar que todos ellos son responsabilidad del Gobierno Central o que atienden a reivindicaciones legítimas sería irresponsable. Sin embargo, esta cifra nos indica la situación de convulsión que se vive actualmente y que es responsabilidad del Estado resolver.

Un asunto que parece no tomar en cuenta el Presidente García es que los factores que determinaron su elección, en alguna medida están relacionados con las características actuales de nuestro país; un espacio urbano como Lima, que votó por la continuidad del modelo y el resto de regiones que claman que sus demandas sean escuchadas, expresan también, la amplia desigualdad y centralismo que persiste en nuestro país y que es un tema pendiente de resolver por este gobierno. Frente a ello, un Estado permeable a los diferentes patrones culturales de los pueblos originarios enfrentaría menos conflictos de este tipo y en el mejor de los casos, los anticiparía y buscaría formas de evitar que éstos ocurran. Una política intercultural y un modelo de desarrollo planteado desde la real inclusión de la diversidad de actores en juego, cuando se trata de asuntos territoriales, es una lección aprendida de esta crisis política que afecta a la totalidad de peruanos y peruanas y, en especial a las familias y comunidades de los ciudadanos peruanos que perdieron la vida o fueron heridos.

desco Opina - Regional / 19 de junio 2009
Programa Urbano
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viernes

Depredando (el país) en democracia

desco Opina / 29 de mayo de 2009

La movilización indígena, que exige la derogatoria de los decretos legislativos referidos al manejo de los recursos de la Amazonía, debe ser leída como el hecho político más significativo de los últimos años en nuestro país. Uno de los reclamos de los movilizados, representados por Alberto Pizango, presidente de la AIDESEP, es que no han sido consultados. Este es el punto más extremo de una práctica que alcanzó altos picos con el fujimorismo y hoy mantiene el gobierno del APRA: la legislación se sustrae del debate en el Parlamento, que cede poderes extraordinarios al Ejecutivo, que a su vez actúa más allá de los propósitos declarados (en este caso, la «agilización» para implementar el TLC con los Estados Unidos). Ya no se trata sólo de que la definición de las normas que rigen nuestra economía y nuestra política de recursos naturales sea una esfera fuera del alcance del ciudadano peruano, sino que es una esfera que actualmente puede –por lo visto necesita– prescindir de los controles que la democracia tiene diseñados, entre ellos el Congreso. En este mismo contexto, se aprobó el aumento en diez escaños parlamentarios para el próximo período.

El problema ha renovado crudamente preguntas sobre la representación de los intereses de las comunidades indígenas de la selva y sobre la legitimidad de estos ante el auditorio y en el imaginario nacional. Sobre lo primero, resulta irresponsable la táctica que han elegido el partido de gobierno y los voceros mediáticos de la derecha. Denunciar por sedición a los dirigentes de AIDESEP buscando demoler la imagen pública de Alberto Pizango no sólo es muestra de desprecio, sino de gran torpeza: se trata de uno de los más sólidos dirigentes sociales, a la cabeza de una organización con amplia trayectoria y capacidad de representación, lo que hace de él un interlocutor válido ante un espacio cultural y político que por su naturaleza heterogénea, ha sido esquivo en el diálogo con el Estado. Se quiere desbaratar a una organización pacífica y representativa, que puede permear y contener posturas radicales, episódicas y sin programa. Sobre lo segundo, el papel de los medios en general es preocupante: la crítica ya no puede limitarse a su insuficiencia o desapego por dar cuenta de lo que ocurre más allá de Lima y de las ciudades. El número de los movilizados, el problema de desabastecimiento y el desplazamiento de las fuerzas del orden, son hechos de una magnitud que al ser ignorados, sólo indican un poderoso cerco mediático.

Lo que nos parece sustantivo, es la tensión de fondo que se expresa en esta resistencia de los amazónicos contra el paquete de decretos. Por más que el gobierno, en particular el presidente García, se esfuerce continuamente en presentar las reacciones contra el modelo económico como una resistencia local, no puede ocultar que la Amazonía es un territorio estratégico para la expansión del gran capital, esto es, parte de una tensión geopolítica ante la cual los Estados y las poblaciones se alinearán o no con los poderosos intereses trasnacionales que persiguen –ahora– las reservas de petróleo, y –en un período cada vez más próximo– el agua y los bosques, en un contexto de crisis energética y cambio climático globales.

En esta tensión –que desborda cualquier maniobra en los márgenes locales– se define el carácter contradictorio y cada vez más limitado de nuestra democracia en este modelo de crecimiento. Los derechos de los pueblos amazónicos y la intangibilidad de sus territorios están consagrados por acuerdos internacionales suscritos por el Estado peruano. Los decretos que los violentan son incompatibles con la propia legislación peruana, han sido declarados improcedentes por la mayoría de la Comisión de Constitución en el Congreso, y aún así, no han sido exonerados de segunda votación. Se revisarán en una nueva mesa de diálogo, en la Defensoría del Pueblo y pasarán al Tribunal Constitucional. Pero estos derechos y estos territorios «deben» ser violentados por el Estado peruano si lo que se busca es continuar la política de promoción de la inversión privada, esquema que, por lo demás, funciona como paraguas de variados y oscuros negocios, de los que ha dado testimonio Rómulo León y el caso de los petroaudios.

La tensión descrita también expresa las diferentes y no discutidas opciones estratégicas para el país, en donde los pueblos amazónicos están defendiendo no sólo su supervivencia, sino un territorio que se quiere depredar en la perspectiva de una alternativa no sostenible de desarrollo para todo el país. Bajo su formato actual la alianza del APRA con la derecha ha cancelado la posibilidad de un programa que permita procesar los intereses vivos –por ejemplo los expresados en la movilización amazónica– que podría sentar las bases para replantear la relación con las empresas extractivas y en general, el diseño de promoción de inversiones de gran impacto social y ecológico. Con este cerrojo, sólo le queda replegarse a una postura conservadora del orden constitucional: acoso a los dirigentes, silencio mediático, mesa de diálogo y, en última instancia, la opción por la represión directa y violenta, cuyos primeros atisbos han sido los eventos de Corral Quemado.

Así como se criminaliza la protesta, ahora se busca «antisistemizar» cualquier propuesta de cambio. Se ha querido acusar a los discursos y opciones presentadas por la dirigencia de AIDESEP, como parte de una opción desestabilizadora y antisistema. La protesta lleva casi un mes y medio y tiene como antecedente una masiva movilización que conmocionó a la selva peruana en agosto del año pasado. Ha agotado los canales previstos y los implementados ad hoc. La oposición a los decretos vertidos por el Ejecutivo al amparo de la ley 29157 –la ley de excepción bajo el pretexto del TLC con los Estados Unidos– se ha fundamentado no a partir de una declaración ideológica, sino de su incompatibilidad con la Constitución y con el Convenio 169 de la OIT, que es apenas uno de los más significativos dentro de un marco legal internacional gestado a lo largo de décadas para salvaguardar los intereses de los pueblos originarios y la vida en la Amazonía. Ese marco legal es una vertiente de la globalización que el gobierno peruano rechaza, pues colisiona con los intereses del capital del que se ha declarado partidario, bajo la ideología del «perro del hortelano».

Cabe preguntarse si la defensa de la selva es «antisistema» porque convoca a la solidaridad y a la movilización a otras organizaciones sociales, no gubernamentales o a los pequeños núcleos de izquierda, o es antisistema porque una legítima demanda de participar en la vida nacional colisiona con los intereses de los grandes grupos de poder económico, que ansían controlar los recursos energéticos y naturales, agrediendo los territorios que necesitan expoliarse para asegurar beneficios particulares mostrados como cifras de crecimiento económico.

Frente a la resistencia amazónica, la reacción del APRA, la derecha y en general los grupos que se benefician del modelo económico a sabiendas de que ofende y excluye a sus compatriotas, no hace sino expresar el rechazo de estos sectores a cualquier propuesta de desarrollo que no corresponda con el modelo. En este sentido, la lucha de los indígenas amazónicos por la defensa de la selva, es la lucha de todos los peruanos que ni viven ni están dispuestos a vivir del chorreo ni de la postergación de otros peruanos.

desco Opina / 29 de mayo 2009

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