El conflicto amazónico ha conmocionado al país. La respuesta de la ciudadanía al gobierno fue contundente: aunque no se tiene una cifra oficial sobre cuántas personas se dieron cita en el centro de Lima el jueves 11, hay testimonios que señalan un poco más de doce mil personas entre representantes de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, gremios y estudiantes universitarios, que participaron en la marcha de rechazo a los hechos violentos de Bagua.
Pero es necesario delinear algunos efectos y contradicciones que se han evidenciado en la ciudad a partir de este contexto. En ese sentido, queremos llamar la atención sobre cómo el uso y acceso a determinados espacios de carácter público de nuestra ciudad está limitado y tiende a gestionarse como propiedad privada del Gobierno Metropolitano de Lima, en la que nuevamente no se les permitió a sus organizadores dirigirse a la Plaza de Armas, ni tampoco frente al Congreso de la República.
La Municipalidad de Lima, amparada en el Decreto de Alcaldía Nº 60, emitido durante la primera gestión del Alcalde Castañeda Lossio, en el que «Declara zona rígida para cualquier tipo de concentración pública el sector de máxima protección reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO dentro del Centro Histórico de Lima, delimitado por el río Rímac, las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola y Abancay (…)», ejerció la represión antes inclusive de efectuarse la marcha como fue su inicial propósito, a esta zona rígida y la haya reorientado hacia la avenida Abancay, rumbo al Congreso de la República.
Esta disposición, que deviene en hechos recurrentes por cierto, nos indica la aplicación discrecional de la citada norma. Lo que no se menciona es que el uso y el acceso a esta zona están restringidos cuando se trata de manifestaciones políticas que ponen de manifiesto críticas dirigidas al gobierno, pero no lo están cuando se trata de celebrar actos tales como los aniversarios de Lima y la boda de Juan Diego Flórez, que llevan un aroma de propaganda impregnado en las noticias, o la marcha de enero de 2007 en torno a la pena de muerte, cuando la movilización a favor del proyecto del gobierno llegó sin problemas hasta Palacio de gobierno; en contraste con la dura represión que sufrió algunos días después una concentración pacífica y de menor tamaño, pero contraria al proyecto de gobierno, por citar sólo algunos casos, en los que se hace evidente, que la Plaza de Armas no es de uso público, en tanto existe una administración que amparada en un Decreto de Alcaldía, decide a quiénes les concede el permiso de uso y a quiénes no.
Otro aspecto que se desprende del conflicto y que ha tenido un efecto particular en Lima, está relacionado con el papel que jugaron los medios de comunicación de alcance nacional en este conflicto. La movilización ciudadana en Lima fue anunciada como «disturbios» y reducida a desorden y caos vehicular, soslayando descaradamente la expresión de indignación de miles de peruanos y peruanas frente a los trágicos sucesos de Bagua, por responsabilidad del gobierno. La mayor cantidad de información disponible el día del enfrentamiento entre nativos y policías, provenía de medios de comunicación ubicados en la zona del conflicto y de prensa independiente instalada en Internet.
Durante los primeros días posteriores a los hechos del 5 de junio, era evidente la existencia de una amplia brecha entre la información publicada por un amplio sector de la prensa tradicional limeña y la del resto del país. La información que señalaba el número de caídos por parte de cada frente, es un ejemplo claro de ello. La prensa limeña insistía en que el número de nativos caídos y desaparecidos era menor al que anunciaban otros medios de comunicación, regionales o locales –fuera de la capital–, tanto oficiales como independientes. Inclusive hoy, no se cuenta con información oficial del número de nativos que resultaron muertos producto de los hechos de violencia en Bagua, lo cual indica el bajo nivel de integración que existe en nuestro país.
Todo ello nos lleva a cuestionar la orientación de un amplio sector de medios de prensa en Lima que, alineados a la posición del gobierno, no han hecho otra cosa que recrear un escenario alejado de la realidad que se vive por fuera de las fronteras capitalinas en torno a la crisis de Bagua y que pasó a primeras planas ante la evidencia de la crisis desatada en diversas zonas del país donde la indignación aún es una libertad ciudadana que se expresa.
El conflicto en la Amazonía ha sido de tal gravedad, ha generado tantas críticas a los Decretos Legislativos 1090 y 1069 a nivel nacional e internacional, ha propiciado tantos efectos contrarios a los que promovía este sector de la prensa en la capital, que no fue suficiente para el gobierno tener de su lado a los más poderosos medios de comunicación del país, para contrarrestar la indignación nacional –incluida Lima–, frente a los hechos ocurridos.
En las noticias difundidas al respecto, resulta preocupante que los contenidos guarden detrás de sí elementos racistas, al calificar a los nativos de «salvajes», «manipulados» o «ignorantes» que, lejos de contribuir a la resolución del conflicto, por el contrario, ha acentuado más el rechazo de muchos sectores de la opinión pública contra los políticos y la prensa, los cuales tenían el mismo discurso, incluso al asignarle un valor especial a los policías caídos, invisibilizando (por lo tanto, excluyendo) a los nativos que corrieron la misma suerte.
Nuestro país tiene registrados, según el reporte de mayo de la Defensoría del Pueblo, 212 conflictos activos. Señalar que todos ellos son responsabilidad del Gobierno Central o que atienden a reivindicaciones legítimas sería irresponsable. Sin embargo, esta cifra nos indica la situación de convulsión que se vive actualmente y que es responsabilidad del Estado resolver.
Un asunto que parece no tomar en cuenta el Presidente García es que los factores que determinaron su elección, en alguna medida están relacionados con las características actuales de nuestro país; un espacio urbano como Lima, que votó por la continuidad del modelo y el resto de regiones que claman que sus demandas sean escuchadas, expresan también, la amplia desigualdad y centralismo que persiste en nuestro país y que es un tema pendiente de resolver por este gobierno. Frente a ello, un Estado permeable a los diferentes patrones culturales de los pueblos originarios enfrentaría menos conflictos de este tipo y en el mejor de los casos, los anticiparía y buscaría formas de evitar que éstos ocurran. Una política intercultural y un modelo de desarrollo planteado desde la real inclusión de la diversidad de actores en juego, cuando se trata de asuntos territoriales, es una lección aprendida de esta crisis política que afecta a la totalidad de peruanos y peruanas y, en especial a las familias y comunidades de los ciudadanos peruanos que perdieron la vida o fueron heridos.
desco Opina - Regional / 19 de junio 2009
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