En las últimas décadas,
Perú ha experimentado importantes cambios demográficos relacionados con la
urbanización, el descenso de la fecundidad, el aumento de la esperanza de vida
y el progresivo envejecimiento de la población. En este contexto, las niñas,
niños y adolescentes (NNA) continúan siendo un grupo fundamental para el
desarrollo del país. Según las proyecciones demográficas del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), en el 2024 la población menor de 18 años
ascendía aproximadamente a 9,8 millones de personas, equivalentes al 28,7% de
la población nacional.
Esta población enfrenta
importantes brechas en bienestar, desarrollo y protección. De acuerdo con
estimaciones del INEI, la pobreza monetaria
afecta al 36,6% de las niñas, niños y adolescentes, mientras que la pobreza
extrema alcanza al 8,2%. Estas desigualdades presentan una marcada dimensión
territorial: la pobreza extrema infantil en áreas rurales casi cuadruplica a la
observada en las zonas urbanas.
En salud, los
resultados de la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES) 2024 evidencian desafíos persistentes. La anemia
afecta al 43,7% de los niños y niñas de 6 a 35 meses de edad, con cifras
superiores al promedio nacional en varias regiones andinas y amazónicas. Al
respecto, destacan Huancavelica (55,1%), Ucayali (54,6%) y Ayacucho (51,0%),
mientras que Lima Metropolitana (32,0%) y Callao (34,9%) registran los niveles
más bajos.
En educación, aunque la asistencia escolar supera el 90% en
la educación básica, persisten importantes brechas en los aprendizajes. Los
resultados nacionales muestran que sólo 36,6% de estudiantes de segundo grado
de primaria alcanzó niveles satisfactorios en lectura, y apenas el 11,2% en
matemática. Estas diferencias son más pronunciadas entre estudiantes urbanos y
rurales, así como entre regiones de la costa y aquellas de la sierra y la
Amazonía, donde convergen mayores niveles de pobreza, menores oportunidades
educativas y déficits de infraestructura.
Sobre esto último la brecha asciende a
más de S/ 172 000 millones, según reportes
recientes, lo que equivale a más de dos décadas del presupuesto anual de
inversión del sector. Esto afecta a entre 1.2 y 1.3 millones de escolares, que
asisten a locales con deterioro crítico o alto riesgo de
colapso.
[1, 2, 3]. Entre las regiones
más golpeadas, encontramos que Lima Metropolitana concentra uno de los mayores
montos por volumen (alrededor de S/ 17 934 millones), seguida por otras como
Cajamarca, Huancavelica y zonas altoandinas y amazónicas, donde las carencias
son más severas.
La violencia constituye otra amenaza
persistente para el desarrollo de la niñez y adolescencia. Los registros
administrativos del sector Mujer, muestran que miles de niñas, niños y
adolescentes son atendidos anualmente por situaciones de violencia física,
psicológica y sexual, siendo las adolescentes mujeres, uno de los grupos más
afectados. Las barreras de acceso a servicios de protección son particularmente
severas en territorios rurales y dispersos.
La situación descrita revela
una paradoja. En un contexto de invierno demográfico, donde la proporción de
niñas, niños y adolescentes disminuye progresivamente, cada NNA representa un
activo cada vez más valioso para el futuro del país. Sin embargo, continúan
concentrando elevados niveles de pobreza, anemia, rezagos educativos y
exposición a la violencia. El cierre de estas brechas no solo constituye una
obligación derivada de la Convención sobre los Derechos del Niño, sino también
una inversión estratégica para la productividad, la cohesión social y el
desarrollo sostenible del Perú.
desco Opina Regional / 20 de
noviembre del 2026




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