Puno sí es el Perú

 

Comenzó la temporada de carnavales en Perú y con ella se dio paso a una serie de festividades acompañadas de coloridos pasacalles, picarescas coplas y largas jornadas de danzas, en honor, no sólo a la identidad y la cultura, sino también a la memoria. La fiesta de luces, agua, pintura, con alegorías y creativas dramatizaciones, caracteriza los carnavales del 2024 como un instrumento poderoso para expresar lo que sentimos y pensamos, desafiando los intentos por acallar y censurar nuestro derecho a la libre expresión y a ejercer nuestro sentido crítico.

No es una novedad que estas festividades estén cargadas de contenido político y crítico para llamar la atención sobre las problemáticas que atravesamos o para denunciar la indiferencia de las autoridades; tampoco causa extrañeza que, con ella, se enciendan las alarmas de conservadores y guardianes de “las buenas costumbres”. Como comenta el historiador José María Vásquez Gonzáles, en la revista Pacarina del Sur, “el carnaval era para la clase subalterna la fiesta en donde podían expresar los más exagerados desenfrenos del cuerpo, bailes exóticos, bebidas abundantes, exagerados cantos con insultos e injurias; y en donde los indígenas podían divertirse sin que ninguna autoridad pueda prohibirles gozar”. En efecto, originariamente estas festividades significaban una etapa previa a la Cuaresma, cuando se aprovechaba para “despedirse” de los placeres carnales. Estas expresiones no pasaban desapercibidas y fueron objeto de censura; por ejemplo, en el siglo XX, durante el gobierno de Leguía, se buscó ejercer control desde la oficialidad, como una forma de supeditar las pasiones populares que fluían desde la diversidad, contraponiendo la fiesta a los mesurados comportamientos que eran legitimados por los sectores aristocráticos del país.

Que escuchemos hoy frases cantadas como “¡Dina asesina, Otárola carnicero!”, mientras alegres comparsas de danzantes se desplazan por las calles de Huamanga y Juliaca, o que veamos desfilar a artistas recreando el “jalón de pelos”, portando máscaras y carteles conmemorativos a las protestas sociales, trae a la memoria la performance realizada por la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca – AHIDA, analizada por Renzo Aroni en 2015, durante los carnavales ayacuchanos, donde desde el 2011, los participantes exigen justicia para las víctimas de la masacre perpetrada por el Ejército en 1985 contra 69 personas de la comunidad, asesinando incluso a niños y ancianos. En 2023, se recreó la violenta represión avalada por el gobierno de Boluarte y compañía, que ocasionó la muerte de diez ciudadanos. Precisamente por su carácter político y crítico es que estas festividades son censuradas por algunos políticos y autoridades, por su temor a ser ridiculizados y exhibidos en su incapacidad e indolencia.

Esta intolerancia se refleja en comentarios como los de Edwin Moreno, alcalde de la provincia de La Mar en Ayacucho, quien calificó a las coplas y cánticos en contra del actual régimen como “exageraciones”, pidiendo que se haga un control sobre el contenido de estas. La Defensoría del Pueblo de Ayacucho, por su parte, hizo un llamado para que las autoridades prohíban estas expresiones bajo el pretexto de “prevenir la violencia contra la mujer”, en clara alusión a la figura de la hoy Presidenta. Hechos éstos que han sido rechazados por la propia población, por personalidades de la región e instituciones como el Colegio de Abogados que, mediante un pronunciamiento, piden el respeto a la libertad de expresión. La represión política ha estado presente en cada momento de nuestra historia, como un intento por invisibilizar las manifestaciones que interpelaban el orden imperante. Al respecto, el historiador Rolando Rojas comentó en una entrevista en 2020 que los carnavales eran prohibidos por su carácter transgresor, pues tenían un contenido social y político, permitiendo expresar una crítica al poder.

Hoy, que el poder ejercido por la coalición autoritaria que sostiene al gobierno evidencia una creciente impopularidad, es entendible su desesperación por cancelar las constantes expresiones culturales y artísticas que cantan y bailan en contra del régimen. Estamos siendo testigos de una forma de ejercicio político, que desde el arte cuestiona nuestra realidad y busca replantear lo que sectores de la sociedad han normalizado bajo el argumento de garantizar la “democracia” y la “libertad”. Si ejercer nuestro derecho a la cultura es una forma de transformar la sociedad, como diría Víctor Vich, entonces es una forma también de protestar. La medición de la opinión pública de enero de 2024 del Instituto de Estudios Peruanos – IEP, recoge que el 72% de la población encuestada concuerda con que las protestas son necesarias para hacernos escuchar.

Sigamos apelando a nuestro sentido crítico y creativo para encontrar nuevas formas de expresarnos y denunciar aquello que atenta contra la dignidad y la vida de la población, Encontremos pues, en la cultura y el arte, un escenario poderoso para resistir y preservar nuestra memoria, haciendo frente al autoritarismo y al sistema que corroe nuestras instituciones y la propia vida. Que el cantar “¡esta democracia, ya no es democracia!”, que el ondear de banderas y el expresar con el propio cuerpo el dolor y la denuncia pública para reafirmar que Puno sí es el Perú, sean un instrumento para interpelar las bases de nuestra sociedad y lo que somos.

 

desco Opina – Regional / 16 de febrero del 2024

Un jalón de pelos y un Ejecutivo a la deriva

 

La imagen de la señora Boluarte, confrontada y zarandeada por dos mujeres en su provocadora visita a Ayacucho, ha dado la vuelta al mundo. Ruth Bárcena, viuda de uno de los diez asesinados en Ayacucho, la encaró; Ilaria Ayme, madre de un menor de quince años, igualmente asesinado, le jaló los pelos. Provocadora, decimos, porque creer que luego de los muertos y heridos en distintas regiones del país durante las protestas y movilizaciones de hace un año, puede pasearse tranquilamente en ellas, evidencia que la mandataria carece del mínimo sentido común. Máxime cuando se trata del personaje que avaló y elogió la acción de quienes realizaron los operativos, “terruqueó” directamente a víctimas y familiares, y presionada por distintos organismos internacionales y la prensa, sostuvo que carecía de mando sobre los militares y sus acciones.

La misma señora que dijo que eran las instituciones de la justicia las que debían investigar, pero se amparó en el silencio ante la Fiscalía, mientras sus ministerios del Interior y de Defensa siguieron el mismo camino. Peor aún, la persona que ha firmado los recientes ascensos de varios de los mandos que participaron directamente en la brutal represión a las protestas y movilizaciones. Incapaz de pedir disculpas y mostrar alguna empatía con las víctimas, su pretensión viajera para mostrar un país en paz y posar con una sonrisa falsa repitiendo una imagen como las que trató de crear con el presidente americano y con el Papa, evidencian su desconexión de la realidad y su único afán de sobrevivir en el gobierno a cualquier costo.

Ninguna de las dos mujeres, ni la que la confrontó, ni la que le jaló los pelos –acto no por comprensible, menos censurable–, amenazó la vida de la señora, aunque evidenciaron sí, la indignación y la impotencia que sienten miles de peruanas y peruanos, especialmente en los territorios con muertos y heridos, donde con la frívola sonrisa mostrada y los caramelos que la acompañaban, se escondía el desdén por las víctimas y por todo un pueblo agredido.

Más allá de la constatación del mundo paralelo de la mandataria y de la reiteración del agravio, el suceso evidenció una vez más, la precariedad de un Ejecutivo mediocre y carente de capacidades. Las flagrantes fallas que se observaron en la seguridad de Boluarte, que eran una reiteración –recordemos que días atrás asaltaron a los custodios de su hijo y les robaron sus armas–, sirvieron de coartada perfecta para que el gobierno aproveche la ocasión para deshacerse del comandante general de la Policía Nacional.

Enfrentado desde el primer momento con el actual ministro del Interior, responsabilizándolo, entre otras cosas, del fracaso de las declaraciones de emergencia, estrategia y política del gobierno y del gabinete Otárola, tercamente defendida por éste que aseguraba en octubre pasado, que había disminuido la delincuencia en 18%, mientras extorsiones, secuestros y crímenes continuaban a todo trapo. No se trata de defender al general Ángulo, sino de resaltar la facilidad con la que la mandataria y su Premier soplan la pluma y encuentran chivos expiatorios. Así como afirman que no mandan sobre los militares, tampoco asumen ninguna responsabilidad en sus políticas y estrategias que fracasan cotidianamente, menos aún en sus declaraciones sin evidencia alguna.

Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, –aquél que permaneció mudo mientras muchas mujeres andinas, algunas con sus hijos en brazos, eran gaseadas–, fuera la primera voz del Estado en pronunciarse, criticando “la agresión física en contra de nuestra Presidenta”, es coherente con un gobierno a la deriva, cuya única meta es llegar al 2026. Como lo es, también hay que decirlo, la velocidad con la que el Ministerio Público ha empezado acciones contra las involucradas, que se presentaron voluntariamente, contrastando con la velocidad de tortuga renga que muestran en las investigaciones sobre sus diez muertos y la violencia desplegada o con la total inacción por el intento de ataque de “La Resistencia” a una muestra en la que participaban familiares de las víctimas, días atrás.

Precariedad de un Ejecutivo y su Gabinete que en los mismos días mostraba su desnudez plena. Una recesión galopante con un Ministro de Economía que carece de toda propuesta, un ministerio de Energía y Minas contra las cuerdas y enfrentado con el primero por la compleja situación de Petroperú, un ministerio del Ambiente incapaz de enfrentar y responder a las modificaciones que el Congreso le ha hecho a la Ley Forestal, la ministra de Vivienda sindicada de estar operando la privatización disfrazada de Sedapal, la ministra de Cultura enfrentada con Cusco por la gestión poco clara del ingreso a Machu Picchu y la ministra de Producción alentando a sectores de pequeños empresarios a movilizarse contra el ministerio del Interior.

Por el momento, todo indica que Boluarte cree que sobrevivirá mientras sea genuflexa, como hasta hoy, frente a un Congreso que la necesita aún y al que todavía, como viene haciéndolo en diversos sectores, puede seguirle concediendo posiciones en el Ejecutivo y entregarles el Gabinete todo sabiendo que nada cambiará.

  

 desco Opina / 26 de enero de 2024

¿La guerra del fin del mundo?

 

43 muertos y más de 600 heridos son hasta hoy el dramático resultado de una explosión social que se inició con distintas movilizaciones en el territorio nacional, detonada por el pobre intento de golpe de Estado del desesperado Pedro Castillo, triste imitación del que diera Alberto Fujimori, treinta años atrás, mostrando el total deterioro de la democracia y el vaciamiento de su contenido, así como su subordinación al patrimonialismo y el clientelismo de nuestra política, a los que no fue ajeno el exmandatario. Las desigualdades y exclusiones y la ampliación de la corrupción, de data tan larga como nuestra historia republicana, acabaron por desnudar el régimen político, multiplicando los grandes malestares de nuestra sociedad.

Si ese fue el primer factor, Dina Boluarte y su gestión, precipitaron la situación. Obviando que legalidad –que la tenía– y legitimidad, no son la misma cosa, su juramentación alimentó la explosión social que se inició el 7 de diciembre pasado, porque desconociendo el carácter de transición de su gobierno y el deseo abrumador de la ciudadanía para que el Congreso también se vaya, se dirigió al parlamento y a la opinión pública limeña, a lo que sumó un primer gabinete «tecnocrático», de perfil bajo y liderado por un premier timorato y autoritario, ignorando los distintos malestares y demandas de la sociedad que la situación avivaba.

Las movilizaciones de diciembre se multiplicaron por el país deviniendo en las más fuertes de los últimos veinte años. Masivas en muchas regiones, especialmente en el sur y el centro, fueron convocadas por distintas y variadas organizaciones, comunidades, gremios, activismos y otras formas de articulación local, sin mayor coordinación entre ellas y con diversas demandas, predominando la exigencia de la renuncia de Boluarte y los congresistas, el adelanto de elecciones para este año y un camino para consultar una Asamblea Constituyente. Sorprendidos por la fuerza de las movilizaciones, en algunas de las cuales se produjeron innegables y condenables actos de violencia y vandalismo que deben ser investigados y sancionados, desde el Ejecutivo y parte importante de la clase política, se recurrió al estado de emergencia, la represión violenta de la policía y las FF.AA., así como la descalificación «primariosa» y el terruqueo de aquellas. 

La designación de Alberto Otárola como premier y la incorporación rápida de un discurso «guerrerista» en el Ejecutivo, mostraron con claridad antes del fin de año, el carácter de un gobierno crecientemente compartido por la señora Boluarte, la más precaria de los tres, el Congreso de la República y las FF.AA., más preocupados por una determinada opinión pública limeña que por entender los hondos y mortales desencuentros que nos caracterizan, a decir del recordado Carlos Iván Degregori, que una vez más, se sentían con nitidez.

Tras la tregua de fin de año, las protestas, como era previsible, se reiniciaron con fuerza e intensidad crecientes. Si Apurímac y Ayacucho fueron focos especiales el mes anterior, Puno fue el epicentro de las movilizaciones y de la descontrolada represión desde la primera semana del año. Como en diciembre, Boluarte respondió violentamente; a las muertes que se sucedieron el Congreso de la República y buena parte de los medios de comunicación lo hicieron aplaudiendo y sumándose a una narración en la que la protesta es responsabilidad exclusiva de Pedro Castillo y resultado de la acción de terroristas, senderistas, vándalos, mineros ilegales, narcotraficantes y azuzadores profesionales, contribuyendo de esta manera a la instalación de la barbarie en el país. 17 muertos en un día y un policía calcinado son parte del desprecio por la vida humana y la banalización de la muerte que pretende instalarse.

En este camino, las posiciones en confrontación se van haciendo irreductibles y la posibilidad de diálogo se aleja. Un Ejecutivo distante de buena parte de la sociedad y sin empatía alguna con los movilizados, así como un Congreso indolente, con una mayoría interesada en su permanencia y su reproducción –como lo acaban de evidenciar grosera e irresponsablemente blindando a un violador con el respaldo de las izquierdas conservadoras (votando en contra, absteniéndose o ausentándose de la sesión) y dando la confianza a un gabinete, horas después de la muertes que bajo su gestión se produjeran en Puno–, alimentan los profundos malestares de la gente y contribuyen al discurso y la acción de los reducidos núcleos violentistas que actúan en la movilización. Resulta inaceptable que desde el Estado y la clase política no se entienda que el sur andino, Puno y Ayacucho en particular y por razones complementarias, son la evidencia indiscutible del naufragio de nuestra construcción de un Estado Nación.

A estas alturas, aunque dramático, es evidente que nuestra clase política, con contadas excepciones, es una vergüenza. Las demandas del interior del país exigiendo la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones este año y la consulta sobre una posible convocatoria a Asamblea Constituyente, responden a la crisis de fondo del país y a la indisimulable ilegitimidad de sus autoridades y de sus representantes. Si realmente queremos construir y afirmar la unidad del Perú con acciones políticas y de gobierno, debemos superar nuestros miedos y estar dispuestos a escuchar para entender, no imaginando «asonadas» sobre Lima como aquellas con las que trató de asustarnos el Primer Ministro días atrás. Para defender la posibilidad de la democracia e impedir la fuerte tentación autoritaria que ya aparece, no podemos permitirnos más muertos.

 

desco Opina / 13 de enero de 2023