El embrollo nacional en curso

 

Se percibe un consenso creciente respecto a que la presidenta Boluarte no reina ni gobierna. No habla ni interviene ni en su propia interna, a juzgar por lo que registran las actas de las sesiones del Consejo de Ministros a las que asiste. Y está claro que el Congreso no moverá ninguna ficha que lleve a la salida de Boluarte, pues ello equivaldría a la muerte de Sansón y los filisteos al derribar las columnas del templo que los cobija. Esto, porque constitucionalmente no es posible vacar a la presidenta, sin producir simultáneamente el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.

A la par, todas las encuestas de opinión muestran, de manera persistente y categórica, el rechazo ciudadano a quienes nos gobiernan. Del lado del Congreso, la inconstitucionalidad de muchas decisiones convertidas en leyes, la abierta alianza con sectores ilegales, corruptos y dañinos –minería ilegal, taxis colectivos y microbuses piratas, deforestación amazónica, los negociados en educación–, así como el control perverso de los órganos de fiscalización y de las normas electorales, bastan para entender la negativa opinión mayoritaria que reciben, un rechazo que bordea el 90% al evaluar el desempeño del poder Ejecutivo y del Legislativo. Del lado del Ejecutivo, pesan la impunidad, el desborde generalizado de la delincuencia, la mayor pobreza y la corrupción abierta y altanera y la frivolidad sin límites, como vimos en el caso de los Rolex o encontramos en las declaraciones de los ministros voceros de la mandataria.

Se están afectando a diario los derechos de distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero al parecer eso no basta para movilizar el rechazo y malestar generalizado, pues la mayoría de peruanos y peruanas no dan aún señales fuertes que lo indiquen.

El repudio, es claro, no produce por sí mismo un hecho político de contestación a quienes se han aliado para mantener esta situación. ¿Por qué lo toleramos?, ¿por qué nos sentimos impotentes y paralizados? ¿Por qué aguantamos resignados unos, otros desmoralizados, y atemorizados otros tantos?

Sin duda, la represión fatal de las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023 cortó el curso del movimiento democrático, es decir, cumplió el rol de aquietar, asustar, debilitar y de esa manera, permitir que se asienten en el poder los actuales gobernantes.

En esta situación anómala, debe considerarse el papel relativamente discreto –no por ello de poco poder– que desempeñan las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. En la actualidad, avalan a Boluarte, con quien comparten varias responsabilidades penales por las muertes ocurridas al inicio de su gobierno en el sometimiento de las protestas. Altos oficiales de su institución parecen seriamente comprometidos en los sucesos de Ayacucho. En medio de este hipotético pacto del que no se habla, obtienen un trato preferencial del Congreso, del que no solo reciben mayores recursos económicos, sino que también amnistías que permiten la prescripción de delitos de lesa humanidad a criminales, algunos de ellos oficiales de las FF.AA.

Desde sus cuarteles avalan o no las decisiones de los políticos, sin inmiscuirse en los detalles. Así permitieron sucesivamente el cierre del Congreso del presidente Martín Vizcarra, luego su vacancia, y no avalaron al efímero presidente Merino, ni al fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo.

En medio de este escenario, plagado de estropicios y quiebres de la institucionalidad democrática, sobreviven variados sectores de la sociedad civil con iniciativas que apuntan a constituir una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la recuperación de la democracia; son aún muy débiles y se encuentran en un lento proceso de construcción de organización social y acuerdos mínimos. Al contrario, muchos políticos antes que pensar en el enfrentamiento al régimen, aparecen exageradamente concentrados en las elecciones 2026, como si éstas fueran de por sí el bálsamo reconstituyente que terminará con los males nacionales.

Las iniciativas que surgen en estos tiempos, siendo varias de ellas indudablemente valiosas, se ven limitadas por la desconfianza mutua y las distancias que existen entre ellas mismas, trabando la posibilidad de dialogar porque, por ahora, no coinciden necesariamente en las soluciones y en propuestas mínimas para superar este oscuro momento de nuestra historia nacional.

 

desco Opina / 14 de junio de 2024

Un jalón de pelos y un Ejecutivo a la deriva

 

La imagen de la señora Boluarte, confrontada y zarandeada por dos mujeres en su provocadora visita a Ayacucho, ha dado la vuelta al mundo. Ruth Bárcena, viuda de uno de los diez asesinados en Ayacucho, la encaró; Ilaria Ayme, madre de un menor de quince años, igualmente asesinado, le jaló los pelos. Provocadora, decimos, porque creer que luego de los muertos y heridos en distintas regiones del país durante las protestas y movilizaciones de hace un año, puede pasearse tranquilamente en ellas, evidencia que la mandataria carece del mínimo sentido común. Máxime cuando se trata del personaje que avaló y elogió la acción de quienes realizaron los operativos, “terruqueó” directamente a víctimas y familiares, y presionada por distintos organismos internacionales y la prensa, sostuvo que carecía de mando sobre los militares y sus acciones.

La misma señora que dijo que eran las instituciones de la justicia las que debían investigar, pero se amparó en el silencio ante la Fiscalía, mientras sus ministerios del Interior y de Defensa siguieron el mismo camino. Peor aún, la persona que ha firmado los recientes ascensos de varios de los mandos que participaron directamente en la brutal represión a las protestas y movilizaciones. Incapaz de pedir disculpas y mostrar alguna empatía con las víctimas, su pretensión viajera para mostrar un país en paz y posar con una sonrisa falsa repitiendo una imagen como las que trató de crear con el presidente americano y con el Papa, evidencian su desconexión de la realidad y su único afán de sobrevivir en el gobierno a cualquier costo.

Ninguna de las dos mujeres, ni la que la confrontó, ni la que le jaló los pelos –acto no por comprensible, menos censurable–, amenazó la vida de la señora, aunque evidenciaron sí, la indignación y la impotencia que sienten miles de peruanas y peruanos, especialmente en los territorios con muertos y heridos, donde con la frívola sonrisa mostrada y los caramelos que la acompañaban, se escondía el desdén por las víctimas y por todo un pueblo agredido.

Más allá de la constatación del mundo paralelo de la mandataria y de la reiteración del agravio, el suceso evidenció una vez más, la precariedad de un Ejecutivo mediocre y carente de capacidades. Las flagrantes fallas que se observaron en la seguridad de Boluarte, que eran una reiteración –recordemos que días atrás asaltaron a los custodios de su hijo y les robaron sus armas–, sirvieron de coartada perfecta para que el gobierno aproveche la ocasión para deshacerse del comandante general de la Policía Nacional.

Enfrentado desde el primer momento con el actual ministro del Interior, responsabilizándolo, entre otras cosas, del fracaso de las declaraciones de emergencia, estrategia y política del gobierno y del gabinete Otárola, tercamente defendida por éste que aseguraba en octubre pasado, que había disminuido la delincuencia en 18%, mientras extorsiones, secuestros y crímenes continuaban a todo trapo. No se trata de defender al general Ángulo, sino de resaltar la facilidad con la que la mandataria y su Premier soplan la pluma y encuentran chivos expiatorios. Así como afirman que no mandan sobre los militares, tampoco asumen ninguna responsabilidad en sus políticas y estrategias que fracasan cotidianamente, menos aún en sus declaraciones sin evidencia alguna.

Que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, –aquél que permaneció mudo mientras muchas mujeres andinas, algunas con sus hijos en brazos, eran gaseadas–, fuera la primera voz del Estado en pronunciarse, criticando “la agresión física en contra de nuestra Presidenta”, es coherente con un gobierno a la deriva, cuya única meta es llegar al 2026. Como lo es, también hay que decirlo, la velocidad con la que el Ministerio Público ha empezado acciones contra las involucradas, que se presentaron voluntariamente, contrastando con la velocidad de tortuga renga que muestran en las investigaciones sobre sus diez muertos y la violencia desplegada o con la total inacción por el intento de ataque de “La Resistencia” a una muestra en la que participaban familiares de las víctimas, días atrás.

Precariedad de un Ejecutivo y su Gabinete que en los mismos días mostraba su desnudez plena. Una recesión galopante con un Ministro de Economía que carece de toda propuesta, un ministerio de Energía y Minas contra las cuerdas y enfrentado con el primero por la compleja situación de Petroperú, un ministerio del Ambiente incapaz de enfrentar y responder a las modificaciones que el Congreso le ha hecho a la Ley Forestal, la ministra de Vivienda sindicada de estar operando la privatización disfrazada de Sedapal, la ministra de Cultura enfrentada con Cusco por la gestión poco clara del ingreso a Machu Picchu y la ministra de Producción alentando a sectores de pequeños empresarios a movilizarse contra el ministerio del Interior.

Por el momento, todo indica que Boluarte cree que sobrevivirá mientras sea genuflexa, como hasta hoy, frente a un Congreso que la necesita aún y al que todavía, como viene haciéndolo en diversos sectores, puede seguirle concediendo posiciones en el Ejecutivo y entregarles el Gabinete todo sabiendo que nada cambiará.

  

 desco Opina / 26 de enero de 2024

Maniatados y sin justicia

 

El 7 de diciembre se cumplió un año del fallido golpe de Estado de Pedro Castillo, que lo llevó a la cárcel. La torpeza de su sucesora, Dina Boluarte, de juramentar hasta el 2026 cuando se requería un adelanto de elecciones, así como su evidente acuerdo con los sectores más duros del Congreso que le suspendieron una investigación en curso, levantó a la población en distintos lugares del país durante las sucesivas semanas, con un balance doloroso de muertos y heridos en Puno, Apurímac, Cusco, Arequipa, La Libertad y Ayacucho, que aún no encuentran justicia.

A sabiendas de la cercanía de este triste aniversario, donde se quebró el orden institucional, el Ejecutivo publicó un decreto legislativo para cambiar el Código Penal, buscando profundizar y ampliar la criminalización de la protesta. De ahora en adelante, un yape para colaborar con el almuerzo de protestantes (o agentes de delito, si la fiscalía lo determina así), o cualquier donación, te puede llevar cinco años a la cárcel. Si protestas en la carretera, harto de las mecidas de una mesa de diálogo, porque una agroexportadora va contra tus derechos laborales, o porque una empresa de dudosa reputación inicia un proyecto minero en tu localidad, o porque no encuentras justicia cuando apagaron la vida de un familiar, puedes irte quince años a la cárcel. El primer ministro Alberto Otárola y Dina Boluarte le han echado candado a la protesta, o más bien sal al fuego, según como se vea.

Más doloroso ha sido aún, el manejo político de las masacres de Estado. Después de meses de protesta de familiares de los caídos pidiendo justicia, con informes internacionales y nacionales denunciando al gobierno por las masacres durante las mismas, además de expedientes fiscales amontonándose en la capital por decisión de Patricia Benavides, en un afán deliberado para no resolver los casos en los lugares donde ocurrieron los hechos, la vilipendiada Fiscal de la Nación, denunció cínicamente a Boluarte y Otárola por homicidio calificado por seis de los cuarenta y nueve casos de muertes causadas por abuso militar y policial durante las protestas. Ni siquiera hizo la denuncia por una voluntad tardía de hacer justicia, sino como una carta para salvarse de la destitución ante el papel deleznable que ha tenido en ese puesto de poder, desde el que buscó proteger a su hermana, eliminar a Zoraida Ávalos, intervenir en la elección de Josué Gutiérrez, el Defensor del Pueblo, pretendiendo lograr la captura de la Junta Nacional de Justicia.

En este escenario, también estarían desapareciendo pruebas de la ya precaria investigación fiscal sobre las muertes en las protestas, a juzgar por el testimonio del fiscal José Domingo Pérez a una televisora limeña, denunciado la destrucción y extracción de documentos de la Fiscalía de Derechos Humanos.

La liberación de Alberto Fujimori, condenado a veinticinco años de cárcel por delitos de lesa humanidad, es la cereza del pastel que seguramente seguirá alimentando la indignación acumulada de la ciudadanía, porque su excarcelación representa la impunidad en nuestro país y la transgresión a las normas.

Siguen ajustando, entonces, la soga contra nuestros cuellos, aletargándonos, pero enfureciéndonos cada vez más. Pese a las normas represivas se han programado tres días de marcha en veintiséis regiones del país contra el régimen de Dina Boluarte, que fueron anunciadas por la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL). Mientras tanto, cientos de personas autoconvocadas, que participaron en las protestas posteriores al 7 de diciembre de 2022, continúan siendo procesadas, por un sistema infectado también por esta democracia que ya no es democracia.

Diciembre se dibuja así, otra vez, como el mes más largo y temible del año, por una serie de acontecimientos que llegan en tropel y nos dejan un mal sabor de boca, que ninguna chocolatada podrá resolver. No hay argumento que resista la tragedia de nuestro país.

 

 

desco Opina – Regional / 7 de diciembre del 2023

descosur