Valle de Tambo en alerta

 

Dos empresas mineras han despertado la indignación en el valle de Tambo ubicado en el distrito de Cocachacra en la provincia de Islay en Arequipa: Southern Peru Copper Corporation y Aruntani SAC.

La primera mantiene un conflicto continuo con los ciudadanos y ciudadanas tambeñas desde hace 14 años debido a la imposición del proyecto Tía María, pese a la mala reputación que esta tiene en el valle, la cual le ha restado credibilidad a su oferta de desarrollo. Además de eso, desde entonces no han cesado los desaciertos como el expresado por uno de sus funcionarios cuando calificó de “terroristas antimineros” a las personas que estaban en contra del proyecto, en una radio limeña de alcance nacional. Tampoco ha disminuido la consuetudinaria altanería del presidente de Southern Peru Copper Corporation, Óscar González Rocha, quien dijo que habría que cambiar de gobierno si el proyecto no estaba en su agenda; o recientemente el memorando dirigido a sus empleados para reiniciar sus labores el primero de julio, sin antes haber mediado una comunicación con la población, ni con las autoridades locales de Islay.

De todos los proyectos mineros a nivel nacional paralizados por diferentes conflictos, el proyecto Tía María es el de menor impacto económico, como lo afirmó el Premier en la primera entrevista que dio en televisión; sin embargo, es el más emblemático para la gestión de Boluarte, porque su puesta en marcha demostraría una supuesta capacidad del Ejecutivo para resolver con éxito los actuales conflictos socioambientales; pero sabemos que eso no es así. Y si bien para el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, se trataría solo de un grupo “pequeño y disminuido” contrario a dicho proyecto, lo cierto es que con el reinicio de las protestas se demostró lo contrario. Otro hecho a tener en cuenta sobre la poca popularidad que tiene el proyecto en la población de Islay, es que durante estos años de conflicto sólo han sido electas autoridades locales con una posición contraria a la operación de Tía María. El alcalde provincial de Islay, Richard Ale Cruz, otrora presidente de la Junta de Usuarios del Valle de Tambo, ha pedido a la presidenta Dina Boluarte detener el reinicio de las operaciones con el fin de calmar las movilizaciones en el valle.

En marzo de este año Southern ofreció la construcción de una represa de 50 MMC (millones de metros cúbicos) en el valle de Tambo apenas inicie el proyecto, como una forma de ganarse la aprobación de la población. Pero debemos tener en cuenta que esta construcción es una promesa de larga data hecha desde el Gobierno Nacional por el déficit hídrico que sufre el valle y que sería de beneficio para las operaciones de la misma empresa. De esta forma ya no usarían agua de mar desalinizada, sino agua dulce. Esta propuesta de cambio aún no se habría aprobado en un nuevo estudio de impacto ambiental, según lo manifestado por un funcionario del Servicio Nacional de Certificación Ambiental.

La segunda empresa minera que ha alterado la tranquilidad de los tambeños ha sido Aruntani, responsable de la contaminación del río Coralaque en el distrito de Quinistaquillas, en Moquegua, la cual está en etapa de cierre, manteniendo aún ciertas labores. Esta descarga de desechos contaminantes ha sido intermitente desde el 2011 y sólo afectaba a la zona alta del norte de Moquegua; pero esta vez la contaminación ha sido tal que ha llegado hasta el valle de Tambo. Ante esto, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) está considerando formular una declaración de emergencia en Tambo y la emisión de un decreto de urgencia para el cierre definitivo de la empresa Aruntani.

El río Coralaque es tributario del río Tambo. Aunque la contaminación de este último es evidente, se está a la espera del informe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar si en sus aguas se halla presencia de metales dañinos para la salud de la población, que la usa para su consumo y labores agrícolas. SEDAPAR, la empresa encargada de la distribución del agua potable, cerró preventivamente las compuertas de captación para el río Tambo, aunque posteriormente las abrió, instalando una cuadrilla de monitoreo permanente. Los pobladores de Cocachacra desconfían y han optado por comprar agua embotellada. El Gobierno Regional de Arequipa está coordinando con el sector Salud para realizar una evaluación y plantear estrategias frente a posibles problemas que puedan presentarse, según manifestó la vicegobernadora Ana María Gutiérrez.

Ciertamente, la reciente contaminación del río Tambo opaca la campaña del MINEM para reactivar el proyecto Tía María en el valle de Tambo, sobre todo porque este hecho preocupante demuestra la falta de control del Ejecutivo sobre las operaciones mineras. El problema de la contaminación de Aruntani lleva años en Moquegua, por esta razón tiene incluso sanciones del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA); sin embargo, la dejaron seguir operando. Tampoco hay que pasar por alto que la empresa ha continuado con sus operaciones con impunidad a pesar de tener otras denuncias de contaminación, como el caso de la Cuenca de Llallimayo en Puno, tema al que también nos hemos referido en este espacio.

Los conflictos socioambientales persistirán en el valle de Tambo y en el sur mientras no se construya confianza, no sólo desde las empresas mineras mediante la implementación de una adecuada política empresarial de respeto y transparencia con la ciudadanía; es imprescindible que el Gobierno cumpla con eficacia su rol fiscalizador frente al tema ambiental y pueda hacer viables los acuerdos que surgen en las mesas de diálogo, cuyo prestigio está por los suelos por su propia desidia.

 

desco Opina – Regional / 19 de julio del 2024

descosur

Dina, sus waykis del Congreso y el bajo apoyo a la democracia

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos resulta demoledora. Como se señala en la introducción de sus resultados, a lo largo de los últimos años nos hemos caracterizado por nuestro débil apoyo a la democracia como régimen de gobierno. Si el Barómetro de las Américas registraba que el 2023, apenas un 19% declaraba estar satisfecho o muy satisfecho con ella, hoy apenas el 13% está satisfecho con su funcionamiento en el país y 53% de encuestados, que llegan hasta el 64% en el Perú rural, evidencia un apoyo bajo a aquella. Estos resultados no son difíciles de entender porque, como lo muestra la misma medición, ocho de cada diez encuestados creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político, percepción que es mayor entre los residentes de Lima Metropolitana, las macrozonas centro y sur del país y entre los que pertenecen al nivel socioeconómico C. Como en la medición anterior, apenas 5% aprueba a la mandataria, y la desaprobación del Congreso ya trepó a 94%, 3% y 95% respectivamente en el sur.

No obstante tales resultados, si miramos con algún detenimiento la forma en que se comportan el Ejecutivo y el Legislativo, entenderemos con facilidad por qué menos de la mitad de los encuestados (48%), siente respeto por las instituciones políticas. En este escenario, la Presidenta pretende que miremos la democracia como un asunto electoral, desde el que ella cree tener una legitimidad impune, más allá de muertos, heridos, perseguidos, relojes y pulseras, cirugías, wantanes e Inca Kolas, como sostuvo en China; legitimidad que cree sinónimo de impunidad, de acuerdo y sujeción al parlamentarismo autoritario que nos gobierna. Así lo evidencia la indignante y patética carta de respuesta a la CIDH, que firma con otro de sus waykis, en defensa de la ley perpetrada por los congresistas Rospigliosi y Cueto, para que se declare inaplicable la figura de lesa humanidad antes del 2002, protegiendo así a asesinos, violadores y torturadores, más allá de figurones como Fujimori, Montesinos, Aguinaga, Urresti y un largo etcétera más.

Como sus socios de la Avenida Abancay, la señora ha convertido “la defensa de la democracia” en su frase favorita, convencida que se trata de la muletilla perfecta, además de su silencio que es lo que mejor hace, para enfrentar las críticas y cuestionamientos que le llegan desde la opinión pública y los reales malestares de la calle. Como aquellos, no entiende que los enemigos de la democracia no son los ponchos rojos y sus balas dum dum, el comunismo internacional o un reducido grupo de malos peruanos, sino fundamentalmente, su desconexión con la gente y su incapacidad, la de su gobierno y su Congreso, para atender las demandas básicas de la población.

La señora Boluarte parece creer que con sus incondicionales escuderos argumentando por ella –Gustavo Adrianzén, Morgan Quero, Juan Santibáñez y César Vásquez–, y con su aparente quebranto en una entrevista internacional por la dramática situación de la salud en el país, resulta suficiente. Feliz por el blindaje que le ofrecen aquellos y segura, por el momento, de su relación con los congresistas, cierra los ojos a las barbaridades de los primeros, aplaude y aprueba las arbitrariedades, las leyes y los abusos de los segundos.

En el primer caso, se resigna a que Adrianzén sea apenas un Otárola chiquito. No se le ha oído palabra sobre la condenable y vergonzosa postura de sus ministros de Educación y de la Mujer, que poco menos justificaron la violencia sexual contra más de 500 escolares de la comunidad Awajún ante la posibilidad de “prácticas culturales que lamentablemente ocurren en los pueblos amazónicos”; la madre de todos los peruanos, como se autodenominó, a más de un mes de la denuncia, guarda silencio. Sonríe ante las mentiras constantes y las bravuconadas de su ministro del Interior, aparente encargado de la desactivación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (DIVIAC) que beneficiaría a la mandataria y a su hermano, pero también a parte importante del elenco político y del Congreso. Aplaude a su ministro de Salud mientras la central de compras de medicamentos esenciales a su cargo, ha dejado de efectuar el 97% de las compras requeridas y hay problemas de stock en 120 tipos de medicinas afectando a pacientes con cáncer, VIH y diabetes e hipertensión.

En el segundo caso, el Ejecutivo que preside, acepta todas y cada una de las normas que viene aprobando el Congreso, entre las que destacan 26 normas que reformaron la Constitución o introdujeron cambios en leyes orgánicas que afectan la institucionalidad. Estas modificaciones que afectan al sistema democrático, tienen impactos negativos en la economía, la salud, la educación, el medio ambiente, el transporte y el enfoque de género, sin que le preocupe a la mandataria y su equipo directo. La reciente aprobación de las leyes sobre organizaciones criminales y la prescripción de delitos de lesa humanidad son parte de esa orientación.

La situación es tan grosera que incluso figuras que estuvieron vinculadas al gobierno de Alberto Fujimori, explicando por qué la gente no cree en el Estado y la democracia, dicen que “no hay autoridad, sino matonería; no hay educación, sino deshumanización; no hay justicia, sino revancha; no hay castigo, sino impunidad”.

Así las cosas, para las próximas semanas están anunciadas distintas respuestas desde la movilización de la gente. Entre el paro convocado para el 19 de julio y la movilización a Lima a la que llaman para fines de mes diversas organizaciones nacionales y de las regiones, la capacidad de agencia de la sociedad será nuevamente puesta a prueba, en una película en la que todo indica que, sin la participación activa de la calle, difícilmente veremos cambios en la situación desde lo que es hoy la política.

 

 

desco Opina / 12 de julio de 2024

Lima: promesas, alimentación y revocatoria

 

Son muchos los vecinos de Lima Sur que crecientemente van tomando conocimiento del proceso de revocatoria del alcalde López Aliaga y de las expectativas que se levantan para su salida. Queda muy claro para los que tienen sus viviendas en las cumbres hacia donde se ha expandido la urbanización de Lima, que el alcalde no cumplió con sus ofrecimientos de llevar agua a las partes altas de los cerros. Ni se apareció, y ahora ofrece motos a la Policía e instalar calesas en el centro histórico.

Tampoco son exitosas las ollas comunes que ofreció apoyar con importantes recursos de la municipalidad, aunque, contando con recursos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) las municipalidades hacen algunos repartos con un marcado énfasis asistencialista. Lo que hay es preocupación por el manejo municipal de los alimentos, ya que se ha denunciado que podría generar clientelismo político, desviando los recursos a favor de aliados de las autoridades en lugar de distribuirlos equitativamente entre quienes más lo necesitan.

Pese a las promesas, muchas ollas comunes han reportado fallas en la distribución de recursos suficientes. Un conjunto de organizaciones ha señalado desde hace algunos años los problemas que enfrentan los más pobres para alimentarse y proponen un conjunto de medidas para atender esta urgente necesidad, que en el caso de Lima no recibe la respuesta necesaria de la Municipalidad metropolitana ni del MIDIS.

Si bien se cuenta con un presupuesto asignado de más de 144 millones de soles para este año, la distribución de alimentos no ha sido efectiva en muchas zonas. En distritos como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, muchas ollas comunes continúan sin los insumos necesarios, y las organizaciones que las lideran denuncian una respuesta tardía y una gestión ineficaz de los recursos por parte MIDIS, generándose protestas y demanda de cambios en la reglamentación de éste para garantizar una atención adecuada a miles de familias que dependen de estos programas. Las ollas comunes ahora deben cocinar con solo 2.22 soles por persona, lo que agrava la situación de desnutrición y anemia entre los beneficiarios, especialmente los niños. La situación es crítica y requiere atención inmediata para garantizar la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables en Lima.

Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), aproximadamente el 89.8% de la población de Lima Metropolitana tiene acceso a agua potable. Sin embargo, las zonas altas de los cerros, especialmente en Lima Sur, tienen una cobertura significativamente menor del servicio. Las zonas más pobres, incluyendo partes de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Lurín y Villa El Salvador, tienen menores tasas de acceso a agua potable, con algunas áreas importantes por el número de habitantes que albergan, donde la cobertura por redes no supera el 10% o simplemente no existe. Estas zonas corresponden a los nuevos asentamientos a los que el candidato López Aliaga ofreció brindar un inmediato apoyo que nunca llegó.

No puede pasarse por alto un reporte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que indica que Lima Sur tiene un déficit significativo en infraestructura urbana, incluyendo pistas y veredas. Muy poco o nada ha trabajado la actual administración metropolitana en los asentamientos humanos más recientes en diversos distritos entre los que se cuenta a San Juan de Miraflores, Lurín y Villa María del Triunfo, que carecen de infraestructura adecuada de pistas, parques y áreas de recreación, veredas y mercados de abasto.

En medio del aumento acelerado de la pobreza, y su mayor incidencia sobre las familias con mayores necesidades, el malestar creciente está llevando a encontrar responsables del mal gobierno que deteriora sus condiciones de vida, con un aumento del desempleo y la informalidad laboral. El primero que aparece para los vecinos, es el alcalde metropolitano, que no está atendiendo las demandas de mejoras urbanas con pistas y veredas en gran parte de los nuevos asentamientos en los distritos de Lima Sur. Algunas dirigentes, muchas mujeres de nuevos barrios, están más ajustadas económicamente y reportan un aumento en el costo de vida, especialmente en la alimentación, viéndose obligadas a trabajar más horas para completar el presupuesto familiar de sobrevivencia.

Las firmas para la revocatoria fluyen con rapidez en este contexto, en el que el alcalde de Lima está haciendo poco o nada por el desarrollo de la ciudad. Es una forma de castigo ante su incumplimiento e incapacidad para necesidades vitales diarias como ordenar el transporte o mantener la calidad del servicio del Metropolitano, sus abastecedores y los buses de los corredores urbanos, para millones de personas. que evidencian problemas crecientes de colas, horas perdidas y nula renovación de las flotas que reviven custer y combis fantasmales que se adueñan de las calles con la peor informalidad y deterioro imaginables. El alcalde, preocupado con seguir explorando sus ambiciones presidenciales no parece interesado en cumplir con sus compromisos municipales.

 

 desco Opina - Regional / 5 de julio de 2024

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