De batallas heroicas a batallas por corrupción

 

 “¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha encomendado a los hombres: la de salvar un mundo entero de la esclavitud.”

Simón Bolívar, 1824. Cartas y Proclamas del Libertador

 

El 6 de agosto de 1824, en las planicies de Junín, se libró una de las batallas más significativas para la independencia del Perú y América del Sur. La Batalla de Junín, aunque breve, fue un enfrentamiento crucial entre las fuerzas patriotas, comandadas por el General Simón Bolívar, y las fuerzas realistas españolas. Este combate, que duró menos de una hora, se caracterizó por ser mayormente una lucha de caballería, destacándose por la valentía y el ímpetu de los combatientes patriotas que, a pesar de la inicial superioridad española, lograron una victoria que se convertiría en el preludio de la decisiva Batalla de Ayacucho.

A dos siglos de este evento histórico, el Gobierno Regional de Junín ha emprendido diversas iniciativas para conmemorar y celebrar esta fecha trascendental. Con una asignación de más de 73 millones de soles, se lanzó el proyecto “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en recursos turísticos en el Santuario Histórico de Chacamarca en el Bicentenario de la Batalla de Junín”. Este proyecto, sin embargo, ha sido objeto de cuestionamientos. El gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas Muje, destituyó al antropólogo José Luis Álvarez Ramos de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), tras críticas a su gestión en el proyecto más importante de su sector: la conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín. Álvarez acompañó al gobernador el pasado 29 de mayo a una presentación en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder, entre otros aspectos, por los gastos en promoción y difusión del Bicentenario, que ascienden a cerca de S/ 18 millones, como parte del proyecto.

El proyecto incluye una variedad de componentes: la renovación de infraestructuras, la organización de eventos culturales y educativos, y la promoción turística. No obstante, actualmente no tiene un futuro claro ni un líder que lo impulse. Por un lado, es innegable que la inversión en infraestructuras y eventos culturales puede tener un impacto positivo; mejorar los sitios históricos y promover la educación sobre nuestra historia son pasos cruciales para fortalecer la identidad y el orgullo regional. Además, el impulso al turismo podría traducirse en beneficios económicos significativos para la región, atrayendo visitantes tanto nacionales como internacionales. Sin embargo, a un mes de la conmemoración, lo único visible son pintas en las ciudades principales de la región.

La eficiencia y transparencia en la gestión de estos recursos es una preocupación legítima. La asignación de 73 millones de soles es considerable y la comunidad merece saber cómo se utilizan. La falta de claridad en algunos aspectos del proyecto ha generado dudas sobre posibles desvíos o malversaciones de fondos, una preocupación válida en un país y una región donde la corrupción es un problema recurrente.

La conmemoración del bicentenario de la Batalla de Junín es un momento de celebración y reflexión. La inversión en el proyecto "Bicentenario" tiene el potencial de generar beneficios duraderos para la región, pero también plantea desafíos en términos de transparencia y eficiencia política. El Gobierno Regional de Junín debe asegurar una gestión responsable y participativa de estos recursos, involucrando a sociedad civil y garantizando que cada sol invertido contribuya al desarrollo y bienestar de la región. Es imperativo que las autoridades prioricen la rendición de cuentas y la transparencia en cada etapa del proyecto. La historia y la memoria de los héroes de Junín no deben ser empañadas por sospechas de corrupción o mala gestión. Con un enfoque claro y comprometido, podemos asegurar que este homenaje no solo recuerde el pasado glorioso, sino que también inspire un futuro prometedor para Junín y para todo el Perú.

 

desco Opina – Regional / 21 de junio del 2024

descocentro

El embrollo nacional en curso

 

Se percibe un consenso creciente respecto a que la presidenta Boluarte no reina ni gobierna. No habla ni interviene ni en su propia interna, a juzgar por lo que registran las actas de las sesiones del Consejo de Ministros a las que asiste. Y está claro que el Congreso no moverá ninguna ficha que lleve a la salida de Boluarte, pues ello equivaldría a la muerte de Sansón y los filisteos al derribar las columnas del templo que los cobija. Esto, porque constitucionalmente no es posible vacar a la presidenta, sin producir simultáneamente el cierre del Congreso y la convocatoria inmediata a elecciones generales.

A la par, todas las encuestas de opinión muestran, de manera persistente y categórica, el rechazo ciudadano a quienes nos gobiernan. Del lado del Congreso, la inconstitucionalidad de muchas decisiones convertidas en leyes, la abierta alianza con sectores ilegales, corruptos y dañinos –minería ilegal, taxis colectivos y microbuses piratas, deforestación amazónica, los negociados en educación–, así como el control perverso de los órganos de fiscalización y de las normas electorales, bastan para entender la negativa opinión mayoritaria que reciben, un rechazo que bordea el 90% al evaluar el desempeño del poder Ejecutivo y del Legislativo. Del lado del Ejecutivo, pesan la impunidad, el desborde generalizado de la delincuencia, la mayor pobreza y la corrupción abierta y altanera y la frivolidad sin límites, como vimos en el caso de los Rolex o encontramos en las declaraciones de los ministros voceros de la mandataria.

Se están afectando a diario los derechos de distintos sectores de la sociedad, en especial aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, pero al parecer eso no basta para movilizar el rechazo y malestar generalizado, pues la mayoría de peruanos y peruanas no dan aún señales fuertes que lo indiquen.

El repudio, es claro, no produce por sí mismo un hecho político de contestación a quienes se han aliado para mantener esta situación. ¿Por qué lo toleramos?, ¿por qué nos sentimos impotentes y paralizados? ¿Por qué aguantamos resignados unos, otros desmoralizados, y atemorizados otros tantos?

Sin duda, la represión fatal de las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023 cortó el curso del movimiento democrático, es decir, cumplió el rol de aquietar, asustar, debilitar y de esa manera, permitir que se asienten en el poder los actuales gobernantes.

En esta situación anómala, debe considerarse el papel relativamente discreto –no por ello de poco poder– que desempeñan las Fuerzas Armadas, en particular el Ejército. En la actualidad, avalan a Boluarte, con quien comparten varias responsabilidades penales por las muertes ocurridas al inicio de su gobierno en el sometimiento de las protestas. Altos oficiales de su institución parecen seriamente comprometidos en los sucesos de Ayacucho. En medio de este hipotético pacto del que no se habla, obtienen un trato preferencial del Congreso, del que no solo reciben mayores recursos económicos, sino que también amnistías que permiten la prescripción de delitos de lesa humanidad a criminales, algunos de ellos oficiales de las FF.AA.

Desde sus cuarteles avalan o no las decisiones de los políticos, sin inmiscuirse en los detalles. Así permitieron sucesivamente el cierre del Congreso del presidente Martín Vizcarra, luego su vacancia, y no avalaron al efímero presidente Merino, ni al fallido autogolpe del presidente Pedro Castillo.

En medio de este escenario, plagado de estropicios y quiebres de la institucionalidad democrática, sobreviven variados sectores de la sociedad civil con iniciativas que apuntan a constituir una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la recuperación de la democracia; son aún muy débiles y se encuentran en un lento proceso de construcción de organización social y acuerdos mínimos. Al contrario, muchos políticos antes que pensar en el enfrentamiento al régimen, aparecen exageradamente concentrados en las elecciones 2026, como si éstas fueran de por sí el bálsamo reconstituyente que terminará con los males nacionales.

Las iniciativas que surgen en estos tiempos, siendo varias de ellas indudablemente valiosas, se ven limitadas por la desconfianza mutua y las distancias que existen entre ellas mismas, trabando la posibilidad de dialogar porque, por ahora, no coinciden necesariamente en las soluciones y en propuestas mínimas para superar este oscuro momento de nuestra historia nacional.

 

desco Opina / 14 de junio de 2024

Las ONG en la mira de la coalición autoritaria

 

Desde las últimas semanas el Congreso de la República viene promoviendo proyectos de ley que buscan limitar el accionar de los Organismos No Gubernamentales – ONG. Iniciativas que ya desde el 2023 intentaban entorpecer el arduo trabajo que estas entidades realizan junto a las diversas comunidades del país, poblaciones que muchas veces son ignoradas por estas autoridades legislativas. Algunos de estos mecanismos legales fueron impulsados desde bancadas como Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Unidad y Democracia y Perú Libre. Ahora, desde la comisión de Relaciones Exteriores, presidida por Alejandro Aguinaga, denunciado por los casos de esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, se pretende modificar la Ley 27692, Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), con el fin de aumentar el control, la supervisión y la fiscalización que ejercen hacia las ONG. La justificación, garantizar el uso correcto de los recursos de la cooperación internacional que se gestionan por intermedio de las receptoras privadas, función que la APCI ya viene haciendo desde su creación. En la práctica, los parlamentarios estarían violando la libertad de asociación de las ONG, prohibiéndoles, además, la contratación con el Estado, recortándoles espacios de acción y otros derechos, aun cuando muchas de las propuestas planteadas por estas instituciones se hayan convertido en políticas públicas. Todo ello, con la venia del Ministerio de Relaciones Exteriores, que es el ente rector del sector y que, dicho sea de paso, no esconde su entusiasmo por las propuestas.

Estamos siendo testigos de un paso más en la llamada “guerra cultural” que las derechas extremas vienen agitando desde distintos frentes como el Parlamento y los medios de comunicación. Esta vez, el objetivo es claro, limitar el avance que las ONG han promovido en la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la defensa del medio ambiente y los derechos sexuales y reproductivos, derechos dirigidos a las grandes mayorías, esas mayorías que pretenden invisibilizar desde el poder, acortando las pocas posibilidades que tienen para acceder a una vida digna.

Es en ese escenario, en donde el arduo trabajo de las ONG por la lucha contra la corrupción, la construcción de ciudadanía, el impulso de derechos y de la organización, el fortalecimiento de capacidades de la sociedad para el ejercicio de sus derechos políticos, así como la amplia generación de experiencias y propuestas de políticas públicas, resulta incómodo y peligroso para los intereses de los grupos de poder representados en el Congreso y el Ejecutivo. Hay que ser claras y claros, más allá de las ONG, se está afectando los derechos de distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos en situación de pobreza y vulnerabilidad, que trabajan de la mano con estas organizaciones sin fines de lucro y han construido una red importante mediante la cual se impulsan iniciativas que respaldan sus demandas y necesidades ante la debilidad, la indiferencia y la ausencia del Estado para hacerlo.

Las Organizaciones No Gubernamentales nunca nos hemos opuesto a la transparencia y la rendición de cuentas. Ambas son parte de nuestro quehacer cotidiano y muchas de las instituciones estamos adscritas a compromisos internacionales y promovemos estas políticas ante la misma población con la que trabajamos, los donantes de los distintos proyectos, la cooperación internacional, la opinión pública, la APCI y las instituciones públicas cuando es requerido. Es falso que pretendamos ocultar nuestra información y los movimientos económicos que realizamos para sustentar nuestras acciones, acciones que año a año cumplimos sin perder el aliento, gracias a un trabajo minucioso que busca también la transparencia dentro de nuestras propias organizaciones.

Sí, estamos a favor de toda iniciativa que busque fortalecer los mecanismos de transparencia, que incluya el fortalecimiento de la propia APCI, a fin de asegurar su rol articulador en el sistema de cooperación internacional y de acuerdo a las necesidades de la agenda nacional. No, no vamos a permitir que el revanchismo político de los sectores antiderechos y conservadores del país, se superponga a los intereses comunes que movilizan a diario, y a lo largo de nuestra historia, a diversos actores, comunidades y población organizada, en pro de sus derechos y que reclaman por un sistema político legítimamente representativo y que sea capaz de asegurar una vida digna para todas y todos.

 

 

desco Opina – Regional / 6 de junio de 2024