Un nuevo desborde amazónico en ciernes

Parece habitual que los miembros del Poder Ejecutivo minimicen las potenciales consecuencias de incumplir con sus promesas a las federaciones indígenas en la selva peruana. Hoy, una decisión que tendría impacto en la titulación y el respeto a la intangibilidad de las tierras de las comunidades indígenas, amenaza generar un nuevo desborde social en esta región.

El dictamen del Proyecto de Ley 3941 genera opiniones divididas: para algunos, daría potestad al Gobierno para otorgar a terceros las tierras que no cuentan con un título de propiedad. Otros, por el contrario, sostienen que el nuevo dispositivo garantizaría la intangibilidad de los territorios indígenas.

Hace varios años que la titulación de tierras indígenas viene siendo un problema ventilado en foros y congresos. Las recomendaciones son casi siempre las mismas: simplificar procedimientos y acelerar el proceso de formalización. Empero, a pesar de los recursos técnicos y financieros asignados, se ha hecho poco o nada al respecto.

Cuando funcionó el Proyecto Especial de Titulación de Tierras y Catastro Rural (PETT) y luego el Organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), el reconocimiento de las tierras de los pueblos indígenas aumentó. Sin embargo, a partir de la trasferencia de funciones a los gobiernos regionales, el ritmo de la titulación ha disminuido.

El Proyecto de Ley 3941 –que viene siendo considerado en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República– propone que los gobiernos regionales prioricen asignación presupuestal para delinear procedimientos que permitan establecer líneas divisorias y titulación de terrenos de comunidades nativas. Sin embargo, debido a que las instancias del nivel subnacional han demostrado escasa capacidad y/o voluntad para atender la problemática, esta propuesta parece no ser el camino más adecuado para culminar satisfactoriamente con la tarea.

Por otro lado, los jefes indígenas se han opuesto a la norma argumentando que esta abre la vía para el reconocimiento de derechos en favor de colonos/invasores y la creación de áreas de conservación privadas; asimismo, facilitaría evitar la consulta previa para otorgar concesiones a actividades extractivas; y fomentaría conflictos entre comunidades para favorecer intereses de terceros.

Desde hace poco más de un mes, los líderes de las etnias de la Selva Central han venido analizando la situación y han acordado realizar en los próximos días una movilización masiva con la finalidad de reclamar por una situación que reiteradamente vulnera sus derechos. Se anuncian marchas pacíficas. Sin embargo, no se descarta el bloqueo de carreteras, con lo cual se alterará la paz social y se generarán pérdidas económicas importantes.

Antes de que la anunciada movilización indígena se convierta en un polvorín, se requiere que las instancias competentes establezcan los canales de negociación con los líderes nativos, algo a lo que lamentablemente nuestras autoridades no están acostumbradas, ya que no existe una cultura de diálogo y prevención de los conflictos sociales. 

Por otro lado, la opinión pública peruana necesita entender que como sociedad multicultural no podemos seguir arrastrando deudas morales con los pueblos originarios. Sería importante que la prensa nacional le dé la cobertura necesaria a la situación. Lamentablemente, el historial de los medios masivos nos demuestra que los temas indígenas sólo merecen primeras planas cuando la escalada de los acontecimientos culmina en bloqueos de carreteras o víctimas fatales que lamentar. Esperamos que en esta ocasión no se repitan situaciones trágicas y se comience a concertar soluciones que preserven los derechos indígenas.

desco Opina - Regional / 23 de octubre de 2015

Programa Selva Central
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El problema de las agendas (electorales)

Si nos guiamos por la más reciente encuesta, Keiko Fujimori tiene el camino libre al triunfo en la primera vuelta electoral de 2016, sin que asome otro candidato que le dispute esta ubicación. Se mueve con amplio respaldo de sectores populares y altos, a los que no parecen importar los recordatorios de la impunidad en la que viven sus familiares cercanos, prófugos de la justicia. El reto para Keiko no parecen ser los pendientes de su clan o la conversión vía Harvard de su discurso sobre los derechos humanos, sino cómo romper el hielo con el electorado urbano predominante  –en áreas rurales tiene 47% de preferencia– para enfrentar a las otras maquinarias electorales rumbo al 2016.

Desde la izquierda, y aún sin una aparición significativa en las encuestas, Verónika Mendoza busca ser la opción que saque del fondo de la tabla al progresismo. Su victoria en la consulta ciudadana del Frente Amplio la  coloca en una posición de la que la derecha política empieza a tomar nota y desde la que deberá decidir en qué condiciones tiende un puente hacia otros sectores de la izquierda, en particular a los reunidos en «Únete», que se encuentran a la expectativa de una inscripción electoral tras la salida de Yehude Simon. Un arco de alianzas más amplio es un paso más claro en dirección a los niveles de protagonismo que adquirió el progresismo en otros países de América Latina como Brasil, Uruguay, Argentina o Chile. Dadas las condiciones de los partidos tradicionales –atomización de Acción Popular y la «apristización» del PPC– moverse en bloque parece una opción obvia.

Condicionando a todos los jugadores, está el escenario económico. Con un crecimiento menor, parte de la oferta de campaña tendrá que definirse en torno a cómo mantener el gasto social y sostener niveles de consumo que no paralicen sectores como el comercio y la construcción, adoptando medidas que materialicen la tan mentada diversificación productiva, en respuesta  a la baja de precios de los minerales y en contraposición a la estrategia de aumentar  la producción extractiva, promovida por quienes  ignoran que  facilitarán así el desplome de  precios. Otra agenda, más opaca, se resolverá en las listas congresales, permeadas por los poderes fácticos: mineros «tradicionales» y «modernos», importadores y exportadores, capitales chicos y grandes vinculados al narcotráfico y al comercio fronterizo ilegal. Son los costos de la informalidad y la corrupción.

Mientras tanto, del lado formal del poder económico, y tras bambalinas como siempre lo han hecho, los poderes fácticos no terminan de ponerse de acuerdo sobre como orientar los resultados electorales más deseables a sus intereses. No está claro por quién apostarán, por ejemplo, los banqueros, para quienes Keiko no necesariamente representa la mano dura que siempre han preferido en Palacio de Gobierno. En general, los poderes fácticos saben que tienen un modelo blindado con múltiples tratados político-comerciales como el TLC con China y el reciente TPP, todavía oculto para la ciudadanía pese a la abundante evidencia de que afectan los intereses nacionales y derechos fundamentales, como la salud. Los que van arriba en la tabla hacia el 2016, continuarán sin matices este camino. Corresponde a los que ahora están más abajo, aparecer como una opción que intente representar a quienes lo cuestionan. ¿Es posible que la izquierda vaya unida en el 2016?

desco Opina / 16 de octubre de 2015 
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El Niño también golpeará a la Macro Región Sur

Poco a poco, en diferentes medios de comunicación se están anunciando las graves consecuencias que podría traer El Niño el próximo año. Las alertas se han encendido a nivel nacional, sin embargo, el envío de presupuesto y las tareas de prevención no han corrido a la misma velocidad que la alarma, en especial en los departamentos del sur, como siempre con menos suerte que los del norte.

Ya es sintomático que el gobierno nacional mire de soslayo al sur. La financiación de grandes proyectos de infraestructura en el norte ha sido una política adoptada por los últimos cuatro gobiernos. En el caso de El Niño, el Comité Multisectorial Encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño - ENFEN ha estimado que el sector más golpeado por este fenómeno será el norte, considerando como efecto único a las inundaciones. Sin embargo, el gobierno nacional no ha tenido la misma diligencia para prever las consecuencias que traería una dura sequía en el sur del país, considerando que es en las zonas altoandinas donde se ubica la mayor parte de la población vulnerable al cambio climático. Hay que tomar en cuenta que la destrucción de los cultivos no solo son motivados por el desborde de los ríos, como ocurre en el norte, sino también por la sequía, heladas y nevadas en el sur, en especial si caen fuera del calendario agrícola. Una consecuencia directa de la sequía en el espacio altoandino es la severa descapitalización de los productores por la pérdida del capital pecuario y de los cultivos y semillas para las siguientes campañas.

En los decretos legislativos que emiten la emergencia a nivel nacional, sólo se consideró a Puno, Arequipa y Cusco, dejando al resto de departamentos del sur sin las facilidades para obtener partidas presupuestales para sus planes de contingencia. Una zona particularmente sensible es Tacna, donde ya se vive una severa escasez de recursos hídricos y está en riesgo toda la agricultura y el abastecimiento a la ciudad. Tomando en cuenta una evaluación local, la Autoridad Nacional del Agua recientemente ha realizado un pedido a la Presidencia del Consejo de Ministros para considerar a Tacna dentro de la emergencia.

Otro tema sensible ha sido la distribución de partidas presupuestales, pues el gasto se ha centralizado en la mayoría de casos en el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), dejando fuera a los gobiernos regionales en la planificación de estas tareas en sus territorios.  Este es otro síntoma de la centralización de presupuesto, que no deja que los gobiernos subnacionales, que conocen la vulnerabilidad de su espacio geográfico, puedan hacer una mejor distribución y uso de los recursos. Todavía sufrimos los efectos de la campaña mediática montada por el caso de corrupción de la gestión Álvarez en Ancash, cuyo mensaje principal fue que los gobiernos regionales son corruptos y deficientes en el manejo de fondos públicos, lo que genera condiciones para que afloren, una vez, más, las tendencias centralistas entre políticos, autoridades y funcionarios del gobierno nacional.

La gobernadora Yamila Osorio refirió que a finales de julio recién recibieron una partida directa de 8 millones de soles, con los que se convocó a una licitación para hacer cinco obras: tres en Tambo, una en Ocoña y otra en Majes y los otros 8 millones los está ejecutando directamente el MINAGRI a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI). Ella indica que este dinero no es suficiente y en el presupuesto no se tomaron en cuenta los problemas que causaría una sequía. Está solicitando 200 millones de soles más para prevención, manejados a través del gobierno regional.

El titular del MINAGRI, Juan Manuel Benites, señaló que en previsión de eventuales desastres, el gobierno contrató un seguro catastrófico privado de alrededor de S/.75 millones de soles para cubrir eventuales daños en las zonas altas. Hay que estar atentos a cómo los productores agropecuarios podrán tener acceso, pues el seguro alpaquero, manejado también por el gobierno nacional, sin tomar en cuenta las particularidades de cada zona, no ha sido un buen precedente de cobertura estatal.

Durante esta emergencia, hemos visto una desarticulación interinsitucional en el caso de Puno, que agrava la limitación de recursos financieros, porque ni siquiera se conciertan actividades con lo que se tiene de equipos y recursos; pero esto no es una manifestación particular del sur sino de todo el país en general.

El panorama es algo desalentador faltando tan poco para diciembre, mes en el que se desatará el fenómeno, y tomando en cuenta, además, los perniciosos efectos que se esperan en los meses posteriores. Parece que inevitablemente El Niño hará de las suyas sin que nosotros lo podamos  llevar de la mano. 

Los desastres naturales una vez más, desnudan las limitaciones y debilidades del Estado peruano y plantean la urgencia de emprender una reforma y modernización de su aparato, que le permitan ser más eficiente en el gasto, pero también más democrático para las asignaciones presupuestales. La prevención de estas emergencias es un asunto técnico y a la vez político.

desco Opina - Regional / 7 de octubre de 2015

Programa Regional Sur
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Los malestares acumulados en Las Bambas

Todos los gobiernos que están de salida se parecen entre sí. Pero, la salida del gobierno de Humala tiene su propia manera de procesarse. Sin reflejos, casi pareciera no importarle lo que pasa ante sí, ni para bien ni para mal, aun cuando implique cuestiones cruciales para el país.

El 25 de setiembre los pobladores de las provincias de Cotabambas y Grau, en Apurímac, más Chumbivilcas, en Cusco, iniciaron una paralización indefinida en contra del proyecto minero Las Bambas, el más importante del país. A raíz de ello, un enfrentamiento entre pobladores y la Policía dejó al menos cuatro muertos y quince heridos de bala. 

La demanda principal son las irregularidades percibidas en las actas presentadas por la empresa china MMG –que desarrolla el proyecto– al Ministerio de Energía y Minas sobre la segunda modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Las Bambas, pues entre los firmantes figuran personas que no estuvieron en los talleres informativos y, por ello, decidieron desconocer el estudio por carecer «de sustento legal y social». 

Además, rechazan la instalación de una planta de molibdeno y otra de filtros y concentrados, autorizada en el EIA, que inicialmente no formaba parte del proyecto, demandando la demolición de ambas. También exigen la renuncia y retiro inmediato de los funcionarios del proyecto MMG Las Bambas, «responsables de la modificatoria del EIA, por corromper a los dirigentes». De igual manera, exigen el cierre definitivo de tres emisoras radiales desde donde, afirman, son amenazados los dirigentes. 

Por otro lado, solicitan la renegociación de las tierras comunales de la zona de influencia en Cotabambas y Grau, así como sea reconocida como zona de influencia las comunidades que están dentro de la línea de transmisión eléctrica en ambas provincias. También aquellas que están comprendidas en la vía de transporte de carga pesada de los distritos de Challhuahuacho y Mara.

En otras palabras, hay al menos un aspecto trascendental que estos hechos pone de relieve: cómo es que «repentinamente» aparecen los ánimos sumamente alterados en torno al proyecto minero más grande del país, sin que aparentemente ningún medio de comunicación o funcionario haya brindado información y análisis sobre ello.

El 7 de febrero, el portal Lamula.pe informó que las comunidades campesinas de Challhuahuacho en Cotabambas, Apurímac, habían anunciado un paro de 72 horas contra MMG, por despidos masivos de trabajadores.  Los dirigentes también exigían la instalación de una mesa de diálogo alegando que la empresa había incumplido los acuerdos asumidos con la anterior administración del proyecto, Glencore–Xtrata.

Demandaban a MMG que asignase el 5% de las utilidades para la creación de un fondo social para proyectos en la provincia. Por su parte, las comunidades de la cuenca baja del río, exigen compromisos claros para que este no se contamine. Asimismo, el pliego incluía peticiones como empleo directo, establecimiento de viveros, el 10% de las utilidades como pago por licencia social del agua y capacitación para actividades locales.

Se supo entonces, que la Federación Campesina de Challhuahuacho, Apurímac, había presentado ya desde el 27 de enero una plataforma de lucha a la Defensoría del Pueblo de la región y al Ejecutivo regional, que fue motivo de un acuerdo previo entre los dirigentes comunales y las autoridades (MINEM y PCM).  Sin embargo, una parte importante de los comuneros quedó insatisfecha y mantuvo la resistencia. Desde entonces, el conflicto siguió escalando llegando incluso al secuestro de trabajadores contratistas de MMG.

Lo que viene sucediendo en Cotabambas, al igual que en otras zonas mineras del Perú, pone en consideración no sólo los conflictos que se suscitan entre la población y las empresas extractivas, sino también, la competencia que se genera entre los actores presentes en los diversos espacios de negociación –local, provincial y regional– para ganar protagonismo a costa de los otros. De igual manera, también evidencia una vez más, la enorme fragilidad institucional del Estado peruano para manejar estas situaciones de la mejor manera posible. Luego de haberse producido la muerte de cuatro personas se busca ahora formar las condiciones propicias para el diálogo, aunque la pregunta es ¿por qué no se previno la situación cuando, a todas luces, el ambiente había empezado a agitarse desde meses antes? 

Las explicaciones fáciles al conflicto ya surgieron en los medios, en la Sociedad Nacional de Minería y en algunos sectores políticos: su desencadenamiento es obra de agitadores radicales antimineros y su solución, obvia, es represiva. Esta visión escamotea problemas de fondo como la cuestionable gestión social del Ministerio de Energía y Minas y la necesidad de reformar el Estado para adecuarlo a un manejo oportuno de la conflictividad, pero también para que, además de promover la inversión privada necesaria al país, cautele los derechos de sus ciudadanos.

desco Opina / 2 de octubre de 2015 
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