Una lección dura en Arequipa

«La letra con la sangre entra» reza un dicho popular para explicar que a través del castigo se puede aprender; la lección es para nuestras autoridades arequipeñas, en lo que concierne al futuro de la planificación de obras en la ciudad. Sólo tras las muertes y daños materiales ocasionados por la lluvia de inicios de febrero, diversas voces civiles y estatales han valorado la necesidad de alcantarillados pluviales en Arequipa. En un primer momento, el alcalde provincial Alfredo Zegarra, adelantó las cifras de ejecución de dicha obra, sin mostrar siquiera el respectivo perfil técnico.

La planificación y ejecución de obras viales parece regida por la necedad, reiterativa entre las autoridades urbanas. Los mayores daños registrados se deben a la reducción de torrenteras, que fueron invadidas con la anuencia de sucesivas gestiones municipales, incluida la de Luis Cáceres Velásquez que lotizó algunos sectores del cauce. Esta vez la Municipalidad deberá enfrentar una denuncia penal de los comerciantes del Mercado El Palomar, por las pérdidas producto del desborde ocurrido en el inconcluso intercambio vial Avenida Venezuela-Alcides Carrión. La denuncia incluirá al Consorcio Arequipa III, ejecutor de la obra –seriamente cuestionada por sus continuos retrasos– y a la minera Cerro Verde, responsable a través de la Asociación Civil Cerro Verde de la contratación del Consorcio.

Tomando en cuenta las cifras oficiales de los daños, se calcula que la reconstrucción de la ciudad bordeará los 140 millones de soles, mientras que las pérdidas a nivel regional, particularmente en el sector agrario, aún no han sido estimadas. El gobierno central ha comprometido, por el momento, 50 millones como fondo de contingencia para la rehabilitación, supeditados a la presentación de los correspondientes expedientes técnicos. Entre ellos, el principal es el correspondiente al alcantarillado pluvial de la ciudad, cuyo financiamiento sería gestionado por el Gobierno Regional de Arequipa.

Lo ocurrido muestra la necesidad de incorporar las probables consecuencias de las lluvias, como variables en la planificación urbana.; entre las prioridades está recuperar y declarar la intangibilidad de las torrenteras y cauces de ríos, y el levantamiento de un diagnóstico de los sistemas de agua y alcantarillado, cuyos resultados condicionen la expansión urbana y los futuros desarrollos inmobiliarios, empezando por determinar la viabilidad de las licencias de construcción de edificios que actualmente otorgan de forma indiscriminada los municipios distritales.

Esta nueva lógica de gestión urbana deberá alcanzar a los equipos técnicos que participan en la elaboración de proyectos viales y otros de infraestructura, que hoy parecen ver como una mera formalidad que el sistema nacional de inversión pública obligue a considerar el riesgo de desastre natural como parte de la formulación de proyectos. Asimismo, será necesario un mayor control municipal del uso de materiales y técnicas constructivas adecuadas a zonas lluviosas, y al mantenimiento de los sistemas de drenaje, tanto para viviendas familiares como para edificaciones de uso público, entre ellas galerías y centros comerciales.

desco Opina - Regional / 22 de febrero de 2013
Programa Regional Sur
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«Desarrollo» a la peruana

«Emputecida» fue como catalogó a la política peruana Augusto Álvarez Rodrich, semanas atrás, asignándole a Alan García no todos pero sí buena parte de los créditos correspondientes. No fue una revelación sino una reiteración de lo que venimos constatando los peruanos desde hace décadas.

A estas alturas, ya no se habla de crisis para intentar dar cuenta de una realidad que terminó por superar incluso los adjetivos más contundentes: términos como «achoramiento» o referencias más suaves y «conceptuales» –como «desborde popular»– dejaron de designar «algo» y, como parece señalar AAR, la situación obliga a recrear el lenguaje dejando constancia de un largo y continuo deterioro que no vislumbra fondo.

Sin embargo, el «todo vale» no refiere –no debería referir– específicamente a la encanallada forma de hacer política de la que vienen haciendo gala los revocadores en Lima. Tampoco al reemplazo del argumento por la matonería verbal, ni al patético ejercicio de autoridad que muestran los funcionarios electorales.

El «emputecimiento» o la «lumpenización» refieren sin más ni más a la total ausencia de reglas y al creciente imperio del fuerte y el corrupto. Sus consecuencias son funestas, como hemos vistos días atrás en Amazonas, con su vicepresidente regional asesinado por un sicario adolescente. Es el ambiente que se ha generado en Ancash, región en la que diversas autoridades y periodistas han sido también asesinados en los últimos años, en medio de disputas que aparentan ser políticas aunque inmediatamente revelan su verdadero motivo: pugnas mafiosas en torno a ingresos públicos y cupos provenientes de negocios ilegales.

De esta manera, ¿qué hipótesis hay tras el asesinato del vicepresidente de Amazonas? ¿Alguna autoridad está realmente preocupada e interesada en saber qué está sucediendo? El caso se enlaza con situaciones similares en otros lugares del país, como el ya referido de Ancash, pero también Puno, Puerto Maldonado, Ayacucho, Pucallpa y La Libertad. De la misma manera, seguramente, en este mar de fondo hecho de ilegalidad, corrupción e impunidad reside al menos una respuesta parcial a las interrogantes que abre la calamitosa situación en la que está la seguridad ciudadana en ciudades como Chiclayo.

Ante ello, la revocatoria es un aspecto nada tangencial de esta turbidez generalizada, pero no el escenario exclusivo ni, mucho menos, el único importante. La imposición contundente de la «ley de la selva» que se evidencia crecientemente en nuestro país, conduce a hablar de un país mafioso, cada vez más capturado por intereses ilícitos y que, finalmente, es el que parece estar imponiendo su ritmo a los restos de sistema político que nos queda.

En ese sentido, creemos que es muy poco el cuidado que se está prestando a una serie de factores distorsionadores que vienen actuando en los niveles locales y regionales que, genéricamente, están haciendo gravísimo daño a la denominada institucionalidad. En otras palabras, nadie pone en cuestión el crecimiento económico, pero son cada vez mayores las dudas acerca de los resultados en términos de desarrollo que nos hemos posibilitado. En todo caso, no hay mayor preocupación sobre este asunto desde la política y, para muestra, veamos solamente el comportamiento cotidiano del Congreso de la República, sin duda, parte estelar del problema a resolver.

En suma, ésta es una de las vulnerabilidades peruanas que ahora señalan todos los analistas. Estamos frente a la lógica de un Estado absolutamente informal, característica que en su momento fue considerada por Alan García para usarla como vehículo para armar su sistema de clientela. Esto es el «emputecimiento», el «Estado-lumpen» o el «Estado mafioso». El mismo que se revela en bienes inmuebles no declarados, en ingresos no justificados, en consultorías pagadas por clientes del Estado mientras se era funcionario y un largo etcétera más. El verbo matonesco que se observa impune en la campaña de la revocatoria es apenas un síntoma más de una descomposición más profunda y peligrosa, alentada por la indolencia de la clase política y la peligrosa indiferencia de buena parte de la sociedad.

desco Opina / 15 de febrero de 2013
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Auto-construcción de vivienda: ¿apoyarla o combatirla?

La actividad constructiva con fines habitacionales que llevan a cabo las familias que ya cuentan con un lote de terreno, es quizá la modalidad más extendida de provisión de vivienda en las ciudades peruanas, y en el caso de Lima, sólo en años muy recientes puede contrastarse con las cifras de nuevas unidades de vivienda producidas por empresas inmobiliarias en el marco de programas estatales como MiVivienda.

Asociada con la «informalidad» y «las invasiones», la autoconstrucción es una realidad poco comprendida y poco apreciada por nuestras autoridades. Al definirse principalmente por la ausencia de un profesional que garantice la calidad de la edificación, se pierde de vista uno de sus principales atributos: se trata de vivienda construida progresivamente, por etapas, según las posibilidades del ahorro familiar y al ritmo de las necesidades de sus miembros.

Con la retina puesta en el rentable mercado de los departamentos para los sectores socioeconómicos A, B y C, en el curso del llamado «boom inmobiliario» el empresariado de los rubros asociados a la construcción no tuvo entre sus prioridades la producción de vivienda social. Y a pesar de haber diseñado programas de crédito dirigidos a las familias de bajos ingresos, el Ministerio de Vivienda ha sido también poco proactivo para atender este mercado, presentando año tras año una baja performance en la ejecución de bonos Techo Propio.[1] Su actividad preferencial en este rubro ha sido la búsqueda de suelo nuevo para producir en masa vivienda de bajo costo, lo que resulta bien poco atractivo para los millones de familias que ya cuentan con suelo y con título de propiedad. El reto es hacer vivienda formal en lo que empezó como informal. Para desco, esto supone conocer, y luego, formalizar el paquete tecnológico que explica el éxito –y las limitaciones- de la producción social de la ciudad y la vivienda.

Es claro que sin políticas públicas para brindar asistencia técnica a la construcción progresiva de vivienda y con municipios con pocos recursos para ejercer sus funciones de control urbano, la vivienda producida en estas condiciones presenta numerosos inconvenientes y condiciona no sólo la seguridad física del tejido urbano, sino también la calidad habitacional, esto es, el disfrute de una vivienda digna. Pero justamente por ello el esfuerzo público debe dirigirse a mejorar estas condiciones, antes que a combatir una de las constantes que alimentan el crecimiento económico generado por la construcción, con un 3.6% del PBI nacional.

Con el propósito declarado de promover el acceso a la vivienda digna, en diciembre pasado, la alcaldesa de Lima Susana Villarán anunció que su gestión, a través de EMILIMA[2], ha creado el Programa Metropolitano de Vivienda Popular - PMVP (ordenanza 1643), que llevará a cabo en 2013-2014 proyectos piloto en tres frentes: renovación urbana (destugurización), nuevas urbanizaciones y «densificación», es decir, crecimiento de la vivienda ya construida, una de las principales necesidades de la autoconstrucción que realizan las familias de los sectores populares. Y lo más importante: en coordinación con el Ministerio de Vivienda, el PMVP promoverá el uso de bonos Techo Propio, generando una importante sinergia en la inversión pública. Otra razón de peso para oponerse a la aventura política que significa para nuestra ciudad el proceso de revocatoria contra las autoridades metropolitanas.

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[1] Este programa del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuenta con dos modalidades: crédito para vivienda nueva y crédito para construcción en sitio propio, esto es, dirigido a las familias que ya cuentan con un lote de terrenos sobre el cual pueden edificar su vivienda.

[2] EMILIMA: Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima.

desco Opina - Regional / 11 de febrero de 2013

Programa Urbano

Revocatoria: el 2016 ahora

El proceso para la revocatoria de las autoridades de la Municipalidad Metropolitana de Lima se va calentando con el verano. Los promotores originales van pasando ya a un discreto segundo plano, conforme se hace visible el juego y los intereses de los distintos partidos políticos que anuncian su respaldo al No o se suman activos y entusiastas a la campaña por el Sí.

El destino de Lima se ha convertido en la coartada que anima la resurrección de los partidos y sus principales líderes, anticipando inusitadamente la carrera presidencial hacia el 2016 y preparándose para lo que se imaginan una seguidilla electoral: campaña revocatoria, probable nueva elección en Lima, elecciones municipales y regionales y, finalmente, la meta que organiza desde ya sus comportamientos y aspiraciones.

Como no podía ser de otra manera, Alan García se adelantó a todos. Lanzó en apoyo al Sí a las principales figuras del partido al que en teoría pertenece y con idéntica velocidad escondió la mano, pues su negocio exige no aparecer directamente vinculado a una campaña bastante sucia. Para esa tarea cuenta con sus alfiles, interesados en un lugar a su lado en un eventual retorno a la Casa de Pizarro.

Aunque en un primer momento los voceros más visibles del fujimorismo se sumaron a los revocadores, Keiko Fujimori –algo más reflexiva y centrada en el juego del indulto– se pone de perfil y busca desmarcarse tanto de Marco Tulio Gutiérrez y su gente, como de García y el APRA, a los que no quiere tener compitiendo en la segunda vuelta del 2016. En tanto, Luis Castañeda trata de guardar silencio, lo que no le cuesta mucho trabajo; parte de una liga menor que no puede pretender protagonismo en la mencionada segunda vuelta, delega en sus escuderos las intervenciones más agresivas a favor del Sí, calculando su retorno al sillón municipal.

El Partido Popular Cristiano se ha pronunciado contra la revocatoria, calculando también el rédito que ello puede representarle de cara al futuro, más aún tratándose de Lima, a fin de cuentas su plaza fuerte. Como ellos e incluso con mayor visibilidad, Perú Posible y Alejandro Toledo se han pronunciado enfáticamente por el No y casi desde el primer momento adquirieron protagonismo en la campaña a través de Anel Townsend. Como es obvio, el ex presidente busca tejer una relación de mediano plazo con sectores de la izquierda que le resultarán fundamentales para aspirar a la segunda vuelta. Para los distintos grupos de izquierda, de una u otra manera presentes en la Municipalidad Metropolitana de Lima, una victoria del Sí en marzo afectaría considerablemente sus posibilidades futuras y los aislaría.

No obstante estos juegos, los partidos no han logrado unanimidad entre sus propios militantes, así muchos de ellos, expresando una posición distinta a la de su agrupación, acepten «disciplinadamente» la posición de aquellas. Juan Carlos Eguren, Javier Valle Riestra, Michel Urtecho o Luz Salgado, por citar apenas algunos, expresan las tribulaciones de gentes que también, seguramente, están pensando en su futuro para el 2016. Lejos de ellos, los electores parecemos reducidos a simples fichas en un juego de fondo.

desco Opina / 1º de febrero de 2013
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Articulación municipal en el centro del Perú

Desde diciembre pasado ya se encuentra en el Portal del Congreso el proyecto de Ley que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) presentado por la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú (Remurpe). Entre varios aportes de dicho proyecto hay propuestas para ampliar el margen de acción de las mancomunidades municipales. A propósito, vale la pena revisar estas asociaciones, sobre todo en Junín y Huancavelica, ámbitos de intervención del Programa Sierra Centro de desco.

Muchos municipios en el Perú cuentan con presupuestos tan bajos que apenas alcanzan para cubrir los gastos corrientes y la ejecución de pequeños proyectos. En ese contexto, la mancomunidad municipal se ha convertido en una estrategia que busca promover el desarrollo tomando en cuenta factores como la continuidad espacial de los territorios para mejorar la calidad de vida de la pobla¬ción, los que a su vez se unen para ejecutar proyectos de envergadura.

La información de la Secretaría de Descentralización registra 140 mancomunidades inscritas. Del total, hay 23 en las cuales participan distritos o provincias de Junín y Huancavelica. Entre las más destacadas tenemos en Junín a la ‘Mancomunidad Municipal del Yacus’, en la provincia de Jauja, integrada por 12 distritos y la Mancomunidad Municipal de la sub cuenca del Cunas ‘MAS CUNAS’, conformada también por 12 distritos de las provincias de Chupaca, Huancayo y Concepción. En Huancavelica tenemos la mancomunidad municipal ‘AMUZCEH’, la Mancomunidad Municipal ‘Uscovilca Acobamba – Huancavelica’ y la Mancomunidad Municipal ‘Zona Norte de Huaytará’. Además, existe una asociatividad municipal que agrupa a provincias de las dos regiones como la Mancomunidad del corredor Mantaro, integrada por las provincias de Tayacaja, Huancayo, Chupaca, Concepción y Jauja.

Estos espacios ya muestran resultados, como el proyecto ‘Metro Wanca’ de la mancomunidad Municipal del Corredor Mantaro, o el proyecto de asfaltado de la carretera que unirá a los distritos que conforman la mancomunidad municipal de la sub cuenca del Yacus. Asimismo, AMUZCEH está implementando procesos de desarrollo económico, la Mancomunidad Municipal ‘Uscovilca’ Acobamba Huancavelica impulsa proyectos ligados a un buen servicio en el sector salud.

La mancomunidad es también un mecanismo idóneo para promover el desarrollo a nivel de corredor, cuenca o sub cuenca ya que permite que los proyectos que no se pueden financiar en los espacios distritales sean negociados como mancomunidad en espacios como la municipalidad provincial y el gobierno regional. Estas asociaciones, ofrecen una vía descentralizada de desarrollo e integración entre territorios con continuidad cultural, económica, social y que poseen alternativas comunes de desarrollo.

desco Opina - Regional / 28 de enero de 2013
Programa Sierra Centro
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Cuadrando los intereses detrás de la revocatoria

Junto al aumento en la aprobación del Presidente de la República, las encuestas nos informan de la dura batalla que la Alcaldesa Villarán tiene por delante para evitar la revocatoria. Para Villarán la cosa ha ido cuesta arriba desde la inundación en la obra de Vía Parque Rímac por la subida del caudal del río Hablador. En ese momento se pensaba que la campaña por el ‘Sí’ estaba en velocidad de crucero mientras que la del ‘No’, con asesor internacional de por medio, no arrancaba aún. Hoy, con la inclusión del APRA en la contienda se termina de marcar la cancha y queda claro que los argumentos «técnicos» a favor de la revocatoria son lo de menos frente al carácter político del proceso. Para los promotores del ‘No’, que el APRA se sume a la campaña contra Villarán es la oportunidad de desnudar los intereses reales de los revocadores.

Hasta el momento, la prensa anti izquierdista había sido eficiente en sembrar la idea inverosímil de que la alcaldesa no hace ‘nada’ y que el ‘anti villaranismo’ era un sentimiento popular, de las calles. Como tal, resultaba comprensible su carácter inorgánico y desorganizado, al punto que no debería sorprender que, por ejemplo, los asistentes a una manifestación contra Luis Favre no supieran contra quién estaban protestando; para esta prensa «la indignación del pueblo es así». Por otro lado, avivar la desconfianza de clase e incluso étnica es uno de los aportes más destacados del fujimorismo a la causa del ‘Sí’, logrando transformar la alusión a (‘sucias’) mafias en un supuesto desprecio hacia lo popular por parte de los defensores de Villarán, interpretación lamentablemente alimentadas por voceros oficiosos actuando con reflejos de una pretendida aristocracia.

Las denuncias sobre los torcidos métodos de Marco Tulio Gutiérrez para financiar su campaña sirven como ejemplo de lo irregular del procedimiento, pero no de los intereses de fondo. En cambio, apuntar al papel de Alan García ayuda a apreciar que el ‘Sí’ está lejos de ser espontáneo y que no sólo Castañeda se beneficiaría con la derrota de Villarán. La tesis más sólida habla de una especie de «primera vuelta anticipada» de 2016 con García y Castañeda, en pared con Keiko, enfrentándose a los demás, entre ellos a Lourdes Flores y PPK, que si bien son contrarios a la revocatoria no pondrán ni medio personero el 17 de marzo, mientras que el partido de Alfonso Ugarte moverá su maquinaria. Eso, que juega en contra de Villarán, a la vez le facilita un blanco político más claro que ‘las mafias’ sin rostro definido a las que se ha referido hasta el momento. Difícil que el APRA traiga un aluvión de nuevos votos por el ‘Sí’, pero es un excelente enemigo político.

Por otro lado están los intereses económicos. En una nota reciente, la Confiep, acostumbrada a explicarse la política siguiendo la ruta del dinero, señala que la cartera de inversiones presentada por la MML ascendería a US$ 4 mil millones en grandes proyectos de infraestructura. No hablamos ya de capital político, sino de la administración de jugosas contraprestaciones. Imaginamos que esto último sirve como jugoso consuelo y aliciente para los promotores de la revocatoria ‘en el campo’ que hoy ven relegado su papel político en los medios por la inclusión de Mulder, Vílchez, Velásquez Quesquén, Cabanillas y demás.

Finalmente, en todos los escenarios que abre la revocatoria, Villarán tiene que imprimir un giro a su gestión y a su papel como izquierda gobernante. Aún si triunfara el ‘No’, deberá alejarse del estilo austero que no dio resultados y tener un programa agresivo de inversión y obra física. En ese supuesto, parece más o menos claro que la lucha contra la corrupción pasará a un segundo plano en su agenda. En lo que respecta al espacio de la izquierda, aún con su triunfo, será poca la capacidad de Villarán para ordenar el escenario nacional de cara al 2016 en vista de sus precarios vínculos de identidad con los sectores populares y emergentes, los que no logrará mejorar únicamente con personalidades y estrellas de la TV.

desco Opina / 18 de enero de 2013
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Las lluvias y las vías alternativas del desarrollo

Los deslizamientos han provocado nuevas interrupciones en la Carretera Central. Entre diciembre y lo que va de enero, los buses y camiones han quedado varados hasta en tres oportunidades. Esta es una situación que arriesga la seguridad del tránsito de personas y mercaderías, además de incomunicar a las poblaciones de la selva de los departamentos de Pasco, Junín y Huánuco.

Si bien las municipalidades provinciales de Tarma y Chanchamayo, así como PROVIAS (zonal Junín - Pasco), disponen de cuadrillas de obreros y maquinaria pesada para reabrir el tránsito vehicular, aún se generan pérdidas económicas importantes.

En medio de esta tarea, el anuncio del Director ejecutivo de PROVIAS Nacional de que en el año 2014 “se terminará de construir una ruta alternativa a la Carretera Central” ha generado expectativa entre los conductores. Sin embargo, esta ruta alternativa no resuelve los problemas de la Selva Central, pues la mayor parte de los problemas viales se concentran en el tramo Tarma - La Merced (sector Carpapata en los kilómetros 68, 78 y 93) y la vía opcional abarcaría el tramo Cañete - Lunahuana - Huancayo.

Es de esperarse, entre los meses de diciembre y marzo, que estos cortes de carreteras se repitan. Entonces, ¿por qué no aprovechar esta coyuntura para planificar otras opciones? No está demás unir de manera más directa a la selva central con Huancayo que, después de Lima, es el segundo mercado nacional más importante para las provincias de Chanchamayo, Satipo (Junín) y Oxapampa (Pasco). En la actualidad el comercio se hace vía Tarma (por el paso de Lomo Largo).

Con un diseño más completo de esta nueva conexión, se podrían mejorar las posibilidades de desarrollo agropecuario en la selva central, que en temporada de lluvias tiene ingentes pérdidas a falta de mercados donde colocar su producción. Esta ruta –con serias deficiencias de mantenimiento, señalización, ausencia de puentes y pontones– es usada principalmente por los vehículos pesados de la Mina San Vicente. Aún así, podría convertirse en una oportunidad para mejorar la conectividad de la región selva con la zona andina del centro del país. Al vincularse con el proyecto de la carretera longitudinal de la sierra se beneficiarían económicamente muchos departamentos del centro del país, además de incentivar el turismo interno.

Esta nueva vía involucraría a los distritos de Molinos y Monobamba (provincia de Jauja) así como Vitoc y San Ramón (provincia de Chanchamayo). Desde la selva, vía Huancayo, podrían salir camiones cargados de frutas tropicales, yuca, ganado, entre otros productos, hacia Huancavelica, Ayacucho y Cerro de Pasco.

Lamentablemente, esta ruta no cuenta con estudios preliminares ni ha despertado interés a nivel del Gobierno Regional, lo que hace más difícil su viabilidad en el corto plazo. Si no se aprovecha la actual disponibilidad de recursos para elaborar proyectos de infraestructura vial, importantes para mejorar las posibilidades de los pueblos más desconectados de la selva, podría ser muy tarde.

desco Opina - Regional / 11 de enero de 2013
Programa Selva Central