El país que pudimos ser y los culpables de impedirlo

 

Los peruanos debimos debatir y ponernos de acuerdo sobre una cantidad enorme de cuestiones para salir del hoyo infinito en el que nos ha colocado la pandemia, tomando posición para arribar a objetivos de desarrollo antes del 2030. Los involucrados en la formulación de políticas públicas, fundamentalmente los agentes políticos, debieron decirnos cómo iban a conciliar los objetivos económicos, sociales y ambientales para garantizarlos y no quedarnos con la simple enunciación economicista de «asegurar el 10% de crecimiento» para el presente año que sale del MEF.

La cuestión es que el país sea sostenible y que la vida de los ciudadanos sea mejor. Para ello, hubiera sido conveniente que nos digan cómo iban a diseñar políticas y estrategias que promovieran el desarrollo y no simplemente el crecimiento (lo cierto es que ni siquiera eso fue planteado). Como señalaba nítidamente el voto indignado por Pedro Castillo, se debió proponer el fortalecimiento del aparato gubernamental para diseñar, implementar y monitorear políticas coherentes e integradas para el desarrollo sostenible. Esto suponía “fomentar sinergias entre las áreas de política económica, social y medioambiental, identificar compensaciones y conciliar los objetivos nacionales y multilaterales y abordar decididamente los efectos secundarios de las políticas nacionales”.

Lo anterior, debió tener como base tres cosas:

·     Una visión estratégica, respaldada por un claro compromiso político y liderazgo para mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible.

·     Mecanismos institucionales y de gobernanza eficaces e inclusivos para abordar las interacciones de las políticas en todos los sectores y alinear las acciones entre los niveles de gobierno.

·      Un conjunto de herramientas que permitieran anticipar, evaluar y abordar los impactos de largo plazo de las políticas.

En resumen, debió buscarse coherencia de las políticas para el desarrollo, integrando las dimensiones comprometidas en las políticas diseñadas, homogenizando los mecanismos institucionales y organizativos: estructuras, sistemas, procesos y métodos de trabajo aplicados por el gobierno en todos los sectores y niveles, así como por los actores interesados fundamentales.

Debimos estar conscientes que estas tareas necesitaban de liderazgos y compromisos políticos sólidos e incluyentes, que propusieran metas en los niveles de pobreza, equidad de género y ejercicio de DESCA, alineados con los ODS, todo lo cual demandaba una visión estratégica (ahora inexistente) que debía definir los resultados deseados, los escenarios y las acciones para mejorar la coherencia entre todos los sectores y niveles de gobierno, y entre las políticas externas e internas.

En ese sentido, debió saberse la urgencia de hacernos cuanto antes de medios como la previsión estratégica, la elaboración de escenarios y enfoques sistémicos en la formulación y aplicación de políticas, para determinar, prevenir y mitigar las repercusiones adversas, reales y potenciales, en el bienestar y las perspectivas de desarrollo sostenible.

También era menester llamar la atención hacia la integración de las políticas para incorporar mejor el desarrollo sostenible a las políticas y las finanzas y, en ese sentido, aprovechar las interrelaciones y los beneficios entre los sectores de la política económica, social y medioambiental, así como entre los objetivos de desarrollo sostenible nacionales e internacionalmente reconocidos.

Asimismo, preocuparnos de integrar el desarrollo regional y territorial en las políticas sectoriales para lograr mayores sintonías con la planificación estratégica a largo plazo, garantizar la coordinación del gobierno para identificar y mitigar las divergencias entre las prioridades y las políticas sectoriales y promover acciones que se apoyen mutuamente entre sectores e instituciones.

De esta manera, podemos seguir enumerando la gran cantidad de pendientes que tiene el país si lo que se quiere es enrumbarlo de manera decidida hacia el desarrollo, recuperando con la mayor rapidez posible la pérdida de más de una década en resultados sociales que nos viene dejando la pandemia.

Pero, no hemos puesto nada de esto en la mesa de debates que, dicho sea de paso, es lo que propone OCDE para nuestro país. La lucha política para el fujimorismo no es interpelar en función a estos objetivos, sino ensuciar el panorama al punto de hacer imposible cualquier atisbo de gobernabilidad hacia adelante.

En esa línea, no les han importado los costos que cada uno de los peruanos y peruanas –incluyendo a los que en estos momentos siguen entendiendo que lo central es evitar el «comunismo»– hemos empezado a asumir por esta abominable manera de proceder que no podemos entender. Porque si la razón fuera evitar la prisión de su lideresa a costa del futuro de todos y todas, es por ahora incomprensible la fila infinita de arrimados que han adoptado como programa el sonsonete de «comunismo no», y para ello vale todo, incluyendo la ruptura de reglas básicas de convivencia democrática.

 

desco Opina / 16 de julio de 2021

Los otros frente al Bicentenario

 

A pocos días de conmemorarse los 200 años de independencia del Perú, nuestra nación atraviesa uno de los momentos más críticos de su vida republicana; las últimas elecciones presidenciales 2021 dejaron al aire una fractura pendiente que se creía equivocadamente, sanada. Las disonantes voces en defensa de un voto, según ellos alterado mediante «fraude en mesa», han avivado un conflicto por años agudizado, argumentando a favor de la invalidez de un voto diferente, que asumen como uno precario e ignorante.

Impulsaron sin remordimiento discursos de odio y repudio con alta carga discriminatoria y racista, desmereciendo el proceder de esos «otros», cuya «inferioridad» sería la razón por la que decidieron su voto hacia Pedro Castillo, un candidato totalmente alejado de la imagen que esta elite económica, militar y «academicista» estaba acostumbrada a recibir y aceptar. Este discurso ha calado y forma parte del ideario político y cultural de ciertos sectores privilegiados de Lima y de otros grupos sociales ideológicamente afines, amenazando con radicalizar sus dichos y acciones.

No solo se alude a poblaciones y comunidades que votaron por Castillo como «ciudadanos de segunda clase» –como manifestara Alan García–, sino que se refieren a ellos como incapaces para decidir sobre sus propias vidas, cubriéndolos con una sombra de ignorancia; lo que les hace suponer que necesitan de alguien más competente y consciente de la vida moderna para tomar buenas decisiones. En una entrevista reciente, Mario Vargas Llosa, sostuvo –haciendo alarde de su fina estampa europea– que estos ciudadanos habían emitido un voto irresponsable debido a su ignorancia y a la poca información a la que pueden acceder.

¿Estamos frente a un nuevo escenario con un claro carácter colonial ligado a sectores de la derecha peruana, personificados en figuras como López Aliaga, Vargas Llosa o Pedro Cateriano? Pareciera que sí. Recordemos declaraciones como las de Fernando Rospigliosi, quien previo a las elecciones del 6 de junio manifestó que en Perú no existen movimientos indígenas y que éstos son creación de las ONG que, contrariamente a lo que se cree, las poblaciones indígenas buscan desde siempre integrarse al proceso modernizador, siendo necesario para ello, negarse y asumir la identidad criolla. Hace pocos días se vio en las calles de Lima a un grupo de simpatizantes fujimoristas cantando a voz en cuello un estribillo aterrador con un típico sesgo anticomunista irracional, portando símbolos que añoran ese pasado hispanista instalado en el Perú colonial.

¿Todo este proceder responde a un intento por velar por la institucionalidad del país y por el respeto del voto de las y los peruanos? Aníbal Quijano mencionaba, desde su impronta de la descolonialidad, que el orden establecido en el ejercicio del poder colonial, alza ideales como el de la libertad, podemos sumarle el de la democracia, que supone –bajo este andamiaje neoliberal– el aprovechamiento de unos sobre otros, para hacer posible que el orden marche como siempre, con provecho para unos pocos y mediante el sacrifico de otros muchos. Se hace urgente replantearnos el problema de las libertades y la manera de pensar la democracia y la nación desde otra perspectiva y otra lógica no hegemónica. Contra lo que se nos quiere hacer creer, el ejercicio de nuestras libertades no puede ser a costa de la negación de nuestras propias identidades, de lo que somos, hacemos y pensamos; el ejercicio de nuestra ciudadanía se basa en aspectos como el derecho al voto y la capacidad de elegir a nuestras autoridades y representantes. Es importante y necesario que ad portas del Bicentenario apostemos por la construcción de cimientos democráticos reales, con una capacidad de integración legítima, para que desde nuestra diversidad podamos participar libremente de la vida pública y política, sin temor a etiquetas con deseos de muerte que llaman a cerrar fronteras con aquellos que no piensan como nosotros.

Los espectáculos que hemos visto en las últimas semanas nada tienen que ver con la defensa del país y de la integridad de sus habitantes; quienes han apostado y siguen haciéndolo por la candidata Fujimori y la defensa del modelo, han rebasado los debates puramente «economicistas». Estamos frente a un quiebre cultural que se forja desde los cimientos educativos y aun desde los medios de expresión cotidiana como redes sociales y medios de comunicación. Esta nueva afrenta social con la que damos inicio al Bicentenario, nada importa a esta política falsamente liberal y limeña, a la que le hace ruido que un profesor sindicalista, rondero y campesino pueda llegar a representarlos, dando pie a un proceso de cambio que trastoque ese orden que depende de la vulnerabilidad de los «otros», quienes forman parte de los sectores mayoritarios que decidieron su voto de un modo distinto.

 

desco Opina - Regional / 9 de julio de 2021

descoCiudadano

El cuento del fraude

 

Las elecciones del 2021 que fueron comparadas por sus similitudes con varios de los procesos electorales que hemos vivido en este siglo, una vez concluidas terminan recordándonos a aquellas que iniciaron el XXI. Una vez más, el fujimorismo, el establishment político y parte de nuestras decadentes élites limeñas, evidencian que la opinión de la mayoría no importa. Que el término perder no existe en su vocabulario y que, frente a la fría matemática y la razón elemental, siempre optarán por la fe, que para ellos no es más que creer en lo que les da la gana y les conviene; tratando de convencer por el miedo y la angustia a quienes todavía creen en ellos y en los monstruos que inventan.

La última encuesta del IEP mostraba ya que 53% de encuestados creía que Keiko Fujimori y su feligresía carecían de razón en sus reclamos y denuncias sobre un supuesto fraude, mientras 12% aunque encontraba algunas irregularidades, pensaba que no afectaban los resultados. En otras palabras, percibían ya que se trataba de una estrategia desesperada para desconocer los resultados que por tercera vez le decían no. De allí la alta desaprobación a su actuación que alcanzaba el 69%. Recordemos que, desde el día mismo de las elecciones, los perdedores buscaron descalificarlas, acusándolas como fraudulentas, instalando con la complicidad vergonzosa y la voluntad de suicidio de buena parte de los medios de comunicación una narrativa que fue creciendo en intensidad y delirio.

Cotidianamente esgrimieron nuevas fantasías. De los indicios de fraude con los que empezaron la noche misma de los resultados, pasaron en horas a la denuncia de un fraude sistemático. Argumentaron que Perú Libre había impugnado las actas donde Fuerza Popular tenía votaciones altas, denunciaron el contenido de las charlas de capacitación a sus contrincantes, encontraron «imposibles estadísticos» en las mesas donde no tuvieron votos, «descubrieron» familias completas instaladas en mesas electorales, hallaron muertos votando y firmas falsificadas…pero nunca presentaron pruebas. Simultáneamente, intentaron ocupar las calles y aumentar la presión sobre las autoridades electorales –incluyendo la «declinación» de Arce Córdova–, como parte de una campaña que se fue llenando de agresividad verbal y discriminación racista contra Pedro Castillo y sus electores «apretujados en la sierra peruana» en lo que Alfredo Barnechea con singular desparpajo llamó “el corredor Jauja-Cusco que se remonta a la colonia”, de donde habrían salido los recursos para la supuesta farsa electoral.

Más grave aún, empezaron a alentar un golpe de Estado. Movilizaron a militares retirados para presionar a las Fuerzas Armadas y pretendieron presentarse como los salvadores de la patria. Algunos de ellos sacaron a las calles a grupos violentos y buscaron amedrentar y agredir a distintas autoridades del proceso electoral, cruzando líneas rojas elementales que obligaron a Fujimori a tomar distancia de las peligrosas y constantes incitaciones a la violencia de López Aliaga y su movimiento

Paulatinamente vieron adelgazar su caudal. Muchos y muchas de quienes votaron por ellos para que el comunismo no llegara al gobierno (55% según la encuesta del IEP) y distintos opinólogos que veían en Pedro Castillo un peligro mayor, optaron por la realidad, rechazando el mundo paralelo que les ofrecían. Los más tercos han persistido exigiendo revisar el padrón electoral, invocando a la criptología o convocando directamente a una auditoría internacional. Incluso parte de la compañía de la señora Fujimori –uno de sus parlamentarios, un aspirante a presidente del futuro Congreso, un gerente y una fallida candidata presidencial– llegó hasta las puertas de la OEA en Washington, con la expectativa de ser atendidos y «proteger la legitimidad del futuro mandatario, sea quien fuere», como sostuvieron. Incluso la señora K, tras advertirle al Presidente que no debía intervenir en el proceso, le deja una carta conminándolo a que lo haga. Casi tan patético como la resurrección de Lourdes Flores y Vladimiro Montesinos.

Todo señala que lo único que les queda ahora a los perdedores, es esperar lo que haga un Congreso donde se han dado probadas muestras de voluntad golpista. Aunque fracasados en su intento de censurar a la actual Mesa Directiva, el sector más duro de los representantes insiste en lograr la cabeza de la Presidenta de ese poder, que ha resistido dignamente en defensa de la democracia y el sentido común, además de imponer la designación «al paso» e inconstitucional de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Así las cosas, todo indica que Pedro Castillo será el próximo mandatario del país, porque así lo ha decidido la mayoría; aunque la oposición ya ha empezado torpedeando el proceso de transferencia y probablemente no tenga el usual periodo de gracia. Más allá de lo que se piense sobre él y de las dificultades que indudablemente tendrá por la incertidumbre sobre la composición de su futuro gobierno y la precariedad de su respaldo político, es innegable que estamos frente a un hito mayor en nuestra historia política: la elección de un presidente campesino, rondero, sindicalista, provinciano serrano; el triunfo en realidad de la gente que, entre el miedo y la dignidad, optó por ésta.

 

 

desco Opina / 2 de julio de 2021