La quimera del Bono Familiar Universal

El 23 de abril (día 39 del estado de emergencia), el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, anunció la asignación del Bono Familiar Universal. Este bono estuvo bajo la gestión del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) en el ámbito rural, y del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en el ámbito urbano. De acuerdo con el portal oficial bonouniversalfamiliar.pe, el bono está definido como un subsidio monetario por un monto de S/ 760, entregado por única vez como medida de protección económica a los hogares vulnerables ante el riesgo de propagación del Covid-19. Estos hogares, estarían conformados por familias en situación de pobreza y pobreza extrema y, además, hogares cuyo jefe o jefa está en el grupo de trabajadores independientes e informales.

La inscripción a este bono se dio a través de una plataforma en línea que estuvo a cargo del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el diseño de esta plataforma contempló dos páginas: una para hogares con acceso al bono y otra para el registro de familias que no pudieron acceder a ninguno de los bonos. Rápidamente se evidenciaron múltiples factores que han tenido repercusión directa en el acceso al bono por parte de muchas personas.

Aspectos referidos, por ejemplo, a que para obtener este subsidio “ningún integrante del hogar se encuentre registrado en planilla en el sector público o privado, excepto pensionistas y modalidad formativa”, según se detalla en el Decreto de Urgencia Nº 052-2020, deja fuera de este beneficio a los casos donde al menos un integrante puede percibir el salario mínimo de S/ 930. Para poner un ejemplo práctico, imaginemos un hogar de cinco personas, de las cuales una de ellas trabaja y está en planilla, ganando el salario mínimo; a este hogar no se le otorgaría el bono, a pesar de que el ingreso mensual por cada miembro de la familia sería de S/ 186 y esté rozando el límite de la pobreza extrema monetaria. O en el otro extremo del mismo decreto se menciona que, “ningún integrante del hogar tenga un ingreso superior a los 3000 soles”, ello no contemplaría el universo total de población que percibe ingresos de manera informal; de acuerdo al INEI, esta cifra es de 72,6%, con lo que es probable que el beneficio haya sido obtenido por alguien que realmente no lo necesita.

Entre los aspectos que dificultan el acceso al bono, está el poco criterio manifiesto en los comunicados oficiales de los ministerios, los cuales no han considerado que hay muchos hogares incapaces de cumplir con requisitos tecnológicos para acceder a éste, pues es indispensable contar con un móvil e internet, ya que el sistema obliga a verificar un número de celular a través de SMS y también se recomienda realizar capturas de pantalla del dispositivo, obligando al usuario a tener habilidades básicas sobre el uso de estos equipos. En ese sentido, ni la página oficial ni el Decreto de Urgencia Nº 052-2020 mencionan alguna actividad relacionada a procesos de inscripción o empadronamiento presencial y/o algún mecanismo alternativo para que las familias sin tecnología puedan obtener el subsidio, las cuales representaron el 15,6% (1 285 252) de la población encuestada en el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2017, 8,7% en el área urbana y 39,4% en el ámbito rural.

Sumado a esto, los problemas de saturación durante los diez días de inscripción y la pobre seguridad del portal que permitió que una banda de ciberdelincuentes cobre bonos mediante suplantación de las personas beneficiarias, son aspectos que terminan de evidenciar la poca capacidad que tiene el Estado para dar respuesta a una demanda ávida de soluciones rápidas, concretas y eficientes.

En síntesis, se sabe que ningún sistema de subsidio es perfecto, aunque para el desarrollo del Bono Familiar Universal el Estado ya tuvo experiencia previa, datos y observaciones como para mejorar los indicadores de focalización de hogares, experiencia del usuario/a en portales web, seguridad, atención al público y facilidades para el cobro. Se ha tomado lo general para el diseño y no lo particular, que es importante, ya que los hogares en extrema pobreza son los que tienen mayores obstáculos para acceder al sistema ofrecido.

Finalmente, más allá de los límites en su concepción, las falencias del Bono Familiar Universal, son también resultado de que el SISFOH no se ha consolidado como sistema de focalización a pesar de sus 16 años de vigencia. Es preocupante que tras más de una década de financiamiento, avances tecnológicos y dos censos de población y de vivienda, aún no se tengan datos que cumplan con estándares de confiabilidad o que al menos estén actualizados, motivo por el cual, la quimera no solo radica en el bono, sino también en que la ciudadanía confíe en la información generada.

desco Opina - Regional / 10 de julio de 2020

descoCiudadano

Tiempo de balances

Terminó la cuarentena y el aislamiento social rígido dictado por el gobierno para enfrentar el Covid-19. La segunda mitad del 2020 será fundamentalmente de incertidumbre y expectativa; la primera alrededor del futuro del país y el final de la pandemia; la segunda sobre la reducción local del virus y la anunciada reactivación económica, que debieran llevarnos a lo que se ha dado en llamar una nueva normalidad.

Ya desde semanas atrás era claro que la denominada estrategia del «martillazo» tuvo un éxito menor al esperado, comprensible antes que, por los muchos errores del gobierno, por los distintos límites estructurales que marcan el escenario en el que opera. El desgaste del Ejecutivo y sus medidas se hizo más ostensible la segunda quincena de junio. Al 2 de julio los casos superaban los 288 000 y la cantidad de muertos bordeaba los 10 000 –número en permanente debate por el subregistro–; los hospitalizados superaban los 11 000, más de 1200 de ellos en cuidados intensivos. Aunque la curva de contagios mostraba una caída y la llegada a la famosa «meseta», se mantenía una transmisión heterogénea, por lo que, en distintas regiones –Arequipa una de ellas– se encontraba en ascenso.

Si sanitariamente no se lograron los resultados buscados –no obstante los esfuerzos hechos por un país que al 2017 era el que invertía menos en el sector entre todos los países de América del Sur– socialmente las medidas y recursos contemplados estuvieron lejos de llegar a todos los sectores a los que estaban destinados, fueron incapaces de resolver la pérdida de ingresos y empleo de la población, mientras los trabajadores consumieron sus ahorros (CTS y AFP), en un escenario en el que no se ha resuelto la continuidad de la cadena de pagos. En resumen, un balance con luces importantes –la cantidad de vidas que se salvaron por un aislamiento temprano y drástico– pero con innegables sombras.

En este escenario, a partir de las crecientes dificultades presidenciales para comunicarse, los defensores del modelo económico arreciaron en su campaña contra el gobierno acusándolo del fracaso en su manejo de la pandemia, olvidando su parte de responsabilidad en la construcción  del Estado débil, ineficiente, clientelar y corrupto que edificamos a lo largo de nuestra historia y que en su actual versión neoliberal, es una construcción a imagen y semejanza de ese paradigma y de la ideología del libre mercado. Sorprendente, porque el compromiso del mandatario con el modelo está fuera de discusión.

A pesar de tales limitaciones y ataques, el 70% de aprobación que alcanza el Presidente en la última encuesta, sigue siendo alto. La opinión pública parece asignarle un rol «protector» al mandatario, pero más allá de ello, sectores de la misma tienen claro que la presión de los grandes por activar la economía es distinta a la que es mayoritaria entre la gente. Aquellos buscan su ganancia y beneficio a diferencia de los cientos de miles preocupados por defender su empleo, conseguir medicinas, defender la educación de sus hijos; en una palabra, sobrevivir y resolver su día a día. De allí que en la encuesta 74% perciba que el gobierno hace lo que puede dentro de las limitaciones que enfrenta, aunque 32% de ese total crea que ha cometido errores en la gestión sanitaria; mientras que el 71% opine que hace lo que puede dentro de las limitaciones que enfrenta, aunque 39% de ese total perciba que ha cometido errores en la reactivación económica.

Lo que evidenciarían tales resultados es que más allá de la aprobación de la gestión del Presidente, lo que le interesa a la población es cómo pasar este difícil trance que los confronta con el miedo a la muerte y con los efectos de la crisis económica, que como recordaba alguien, puede ser otra forma de morir. En otras palabras, más allá de todos los fallos gubernamentales, muchos de ellos groseros y alentados por quienes hoy día lo señalan, la gente percibe a un gobierno que hace lo que puede, intenta acompañarlos y se muestra visible, lo que hasta ahora le alcanza al mandatario.

En cualquier caso, el mandatario sigue en su juego. Dándose cuenta de que la pandemia ha devuelto al país la centralidad de lo público, donde se le reclama al Estado una función asistencial y de cuidado de la salud de la gente y, a la vez, se le cuestiona su capacidad de regular, ordenar, controlar y promover, más aún en un contexto de emergencia como el que vivimos, encontró en el abuso reiterado de las clínicas privadas –cobros indebidos por las pruebas Covid-19, precios groseramente abusivos por las medicinas y servicios y total falta de transparencia en sus tarifas– la oportunidad para aparecer con fuerza «defendiendo» a la gente, no obstante la falta de voluntad política de su gestión para subordinar al sector privado al interés público usando la Ley de Salud como lo anunciaran dos meses atrás, apelando provocadoramente al artículo 70 de la Constitución y causando los estragos que se observaron entre Confiep y Asbanc en el frente empresarial.

Con estos elementos, más allá de incertidumbres y expectativas, el segundo semestre será caliente con un actor con renovados bríos, el Congreso de la República, que mirando al 2021 ya tiene en agenda la interpelación de seis ministros, convencidos seguramente de que recordar es volver a vivir.

desco Opina / 3 de julio de 2020

Lloviendo sobre mojado: la caída de la fibra de alpaca

La alpaca, por la calidad de su fibra, fue declarada producto bandera del país hace varios años y constituye hoy en día un recurso emblemático, pues los casi cuatro millones de ejemplares que tenemos en nuestro territorio, representan el 80% de las alpacas que existen en el planeta. Un 15% se halla en Bolivia y el resto en los países andinos; algunos miles en Australia y Estados Unidos.

El cierre de los mercados internacionales como consecuencia de la pandemia, ha paralizado las exportaciones y profundizado la caída de los ingresos que recibían los criadores por la venta de la fibra, que ya venían bajando de manera dramática desde fines del año 2018, cuando llegaron a pagarles entre 18 y 20 soles por la libra (460 gramos) de fibra blanca. A comienzos de este año se cotizaba entre 10 y 11 soles la libra. Luego de decretada la cuarentena y la inamovilidad, se suspendieron las compras de las principales empresas textiles instaladas en Arequipa y de los acopiadores intermediarios que tradicionalmente acudían a las ferias o las estancias alpaqueras. Las últimas semanas, los intermediarios han iniciado nuevamente las compras, pero a precios que oscilan entre los 6 y 7 soles la libra, con una clara y preocupante tendencia a la baja.

En la crisis financiera internacional del 2008, los criadores enfrentaron una situación similar en la disminución de precios de su producto, de 11 soles por libra en promedio, pasó a 3 soles, y el precio demoró varios años en recuperarse. A esto se sumó que, a diferencia de los bancos, que tuvieron medidas de salvataje, los criadores no tuvieron ningún apoyo gubernamental para afrontar la reducción de sus ingresos, que llegó a caer en 70%.

A este oscuro panorama, hay que añadirle la estocada que asestó recientemente la organización Personas por el Trato Ético a los Animales (PETA), asociación especializada en promover el consumo vegetariano y la defensa de los animales. Hace unas semanas difundió en las redes un video denunciando el maltrato de las alpacas durante la esquila en el fundo Mallkini de la empresa Michell, y llamando a los consumidores a no comprar ni usar prendas que contengan fibra de alpaca. El video se ha viralizado y habría ocasionado como reacción inicial, la suspensión de compras de otras marcas globales de fibra de alpaca para sus confecciones a Michell; sin embargo, es probable que la afectación de esta campaña comprometa a toda la cadena, perjudicando al eslabón más débil: el productor.

El video presenta escenas magnificadas en la edición (del sonido) de maltrato por parte del personal asignado a la esquila, de un hecho que se encuentra en investigación, sin consideración ni conocimiento de la naturaleza de esta ganadería, que constituye un aporte de nuestra cultura originaria para la humanidad; pero sobre todo, una fuente de ingresos para un importante sector de la población altoandina de nuestro país.

La crianza de alpacas y de los camélidos en general, cuya domesticación se remonta a los 6000 años AC, ha sido el sostén de millones de personas a lo largo de nuestra historia, lo que se manifiesta en la armoniosa relación existente entre los criadores y sus rebaños. Además, en la actualidad, esta crianza cumple un rol importantísimo en la sostenibilidad ambiental de las praderas altoandinas que brindan los recursos hídricos que hacen posible la vida en las principales ciudades costeras de nuestro país, lo que debiera merecer un mayor reconocimiento de parte del Estado, efectivizando la norma de reconocimiento de los servicios ecosistémicos.

Esperemos que este hecho aislado, que definitivamente está reñido con las buenas prácticas desarrolladas por los criadores altoandinos, no repercuta de manera negativa y conlleve a un mayor deterioro de las ya precarias condiciones de vida en las familias alpaqueras, tradicionalmente excluidas de las políticas oficiales, y que la declaración de Producto Bandera de hace años, no siga siendo un «saludo a la bandera».

desco Opina - Regional / 26 de junio de 2020

descosur