Huancayo y un sistema alimentario urbano

De acuerdo al INEI, Huancayo es la quinta ciudad más importante del Perú en términos poblacionales (456 250 habitantes) y como sucede en la mayoría de grandes ciudades, tiene problemas de salud pública. Uno de los más álgidos es la malnutrición de la población que registra indicadores considerables de desnutrición crónica infantil (DCI), anemia, obesidad y sobrepeso que afectan tanto a la población urbana como a la rural. La desnutrición crónica en menores de 5 años bordea el 20.50% (INEI-Enaho, Endes 2017), la anemia en menores de 5 años está en un 49.9% (Sien 2018), el 34% de personas mayores de 15 años tienen sobrepeso y el 16% sufre de obesidad en la Región Junín (Enfermedades no transmisibles y transmisibles 2016 INEI).

El origen de este problema es multidimensional. Por un lado, los consumidores no tienen prácticas alimenticias saludables y nutritivas. Una de las razones es el bajo ingreso familiar de un amplio sector de la población que le impide completar la canasta básica alimentaria, por lo cual la alimentación es deficiente en proteínas y micronutrientes; pero aun si se cuenta con recursos económicos, no hay una buena elección de lo que se consume. Hasta hace 10 años en Huancayo no se tenía el hábito de la «comida rápida» (pizzas, pollos broaster, entre otros), ahora con la llegada de los retail, este consumo se ha incrementado.

Por otro lado, no contamos con una producción agropecuaria inocua para preservar la salud pública, no se aplican los controles pertinentes al procesamiento primario, transformación de alimentos y tampoco se emplean buenas prácticas de producción agrícola, pecuaria y de manufactura, higiene en mercados y ferias. Por ello, es importante verificar, inspeccionar y regular la cadena alimentaria con el fin de alcanzar los objetivos concretos de la seguridad alimentaria, entre los cuales está considerada la inocuidad de los alimentos. Entonces, hablamos de un ineficiente manejo del sistema alimentario que ocasiona los problemas antes mencionados.

En este contexto cabe preguntarse ¿qué políticas y acciones despliega la ciudad de Huancayo con el objetivo de tener un sistema alimentario eficiente e inclusivo? Una de las acciones que este año ha desplegado la Municipalidad Provincial de Huancayo es adherirse al Pacto de Milán, esto implica que las instituciones del Estado y la sociedad civil de Huancayo, desarrollen sistemas alimentarios sostenibles, seguros y diversificados para asegurar comida sana. La municipalidad promoverá políticas a nivel local y vinculará a todos los sectores involucrados en el tema para desplegar acciones que nos aproximen a un sistema alimentario adecuado.

Desde la adhesión de Huancayo al pacto se han elaborado políticas y sugerido prácticas alimentarias que deben viabilizarse y que están basadas en tres ejes: política de inocuidad alimentaria, política de producción de agroecología, y política contra la anemia y la malnutrición. Ello tiene metas concretas que se traducen en: (a) Compra de productos locales perecibles de la agricultura familiar para complementar la preparación del menú escolar que mejore el aporte nutricional e incidir en la reducción de la anemia en la población escolar de la provincia de Huancayo. Así, se busca: garantizar el acceso de productos perecibles inocuos a niñas y niños de la provincia que complementan la preparación diaria de las raciones establecidas por el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma; establecer y evaluar el estado nutricional de los escolares, así como el seguimiento del logro de aprendizajes y; promover estrategias de capacitación a la comunidad educativa local sobre educación alimentaria nutricional. (b) Rastreabilidad de la inocuidad agroalimentaria, buenas prácticas de producción y procesamiento primario de alimentos frescos, con ello se busca: asegurar la producción agroalimentaria para satisfacer la necesidad alimentaria; planificar el desarrollo agropecuario articulado a las buenas prácticas de producción e higiene; garantizar la inocuidad de los alimentos agropecuarios primarios y procesados, con el propósito de proteger la vida y la salud de las personas y; finalmente, fomentar y promover la conservación de los ecosistemas y de la agrobiodiversidad mediante la adopción de los principios de la agroecología en cuanto al uso de recursos.

Las acciones planificadas y ejecutadas inicialmente aún no tienen un efecto mayor para disminuir la problemática asociada a la malnutrición; sin embargo, es un precedente para afrontarla, porque la malnutrición tiene una causal multidimensional y su abordaje tiene que ser también desde un enfoque multidimensional, y esto implica trabajar en las causas, además de los efectos de la problemática. La causa está asociada a la alimentación que no solo es un derecho humano fundamental, sino que, además, en su producción, distribución y consumo, debe respetar condiciones ambientales y sociales saludables. En ese sentido, la Municipalidad Provincial de Huancayo ha acertado al incorporarse a este pacto, porque es necesario plantear estrategias que garanticen la alimentación adecuándola a la realidad social, cultural, económica y ambiental de la ciudad.

Queda pendiente, sin embargo, la articulación efectiva de políticas de alcance nacional, que involucren a los tres niveles de gobierno en el marco de programas de lucha contra la pobreza, la educación alimentaria vía el sistema educativo, por ejemplo, la promoción y rentabilización de cultivos alimenticios de la pequeña agricultura familiar, entre otros.

desco Opina - Regional / 31 de octubre de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Lecciones desde Latinoamérica

Un aspecto fundamental que coloca en el debate los acontecimientos latinoamericanos es la desigualdad. Ahora bien, contra lo que supone el extendido sentido común –que la desigualdad es una consecuencia del modelo neoliberal– debemos tener claro que es una premisa que lo supone. Más aún, la desigualdad es un rasgo persistente en América Latina, que atraviesa a todos los modelos económicos que se han implementado a lo largo del último siglo.

Entonces, bajo este marco, como afirma Paul Gootenberg, “la población latinoamericana vive y observa cada día estas disparidades, expresadas en el modo en que hace política, construye espacios urbanos, trabaja la tierra, integra movimientos sociales nuevos y antiguos, es víctima del crimen y del estrés ambiental, y accede a los recursos educativos, nutricionales, legales, culturales, a las prestaciones de salud y a los medios de información”.

De esta manera, cuando las brechas no son cerradas y, en su lugar, se abren cada vez más, empieza a cundir una percepción de injusticia, como resultado de un acto de despojo. Tal vez, la particularidad del momento actual está en que el malestar es consecuencia de la privatización que vendió la fantasía de que lo público-estatal es malo y lo privado es bueno per se. En suma, la acción social latinoamericana ha empezado a delinear una noción de despojo, que ha sido llevado a cabo mediante la privatización de los bienes que se suponen comunes. De esta manera, vamos formulando la relación entre desigualdad y neoliberalismo.

Aun así, no es suficiente. Barrington Moore Jr. estima que la "necesidad social" contiene tres elementos esenciales. El primero es una noción de causalidad con el orden temporal ordinario invertido: algo muy desagradable sucederá en el futuro si no se satisface hoy la necesidad. En segundo lugar, debe elegirse la salida para la insatisfacción y esto, como tercera condición, siempre conllevará un juico ético.

Lo anterior involucra un liderazgo que ha empezado a ser cuestionado, críticas a las formas como es distribuida la riqueza y malestares ante una división del trabajo que no está generando oportunidades para todos.

Una segunda cuestión es la falta de funcionamiento de las correas de transmisión que supone la democracia liberal, es decir, los partidos políticos. Nuevamente, el supuesto neoliberal es que la política se debía relativizar, para dar paso a lo «técnico» y, por lo mismo, el partido político y la representación debían quedar en un disminuido rincón. Si un actor ausente tenemos en los casos chileno y ecuatoriano, es precisamente la nula presencia de estas organizaciones.

Asociado a este tema, está la ineficacia de los organismos supranacionales, en nuestro caso OEA y específicamente el Grupo de Lima. Por lo visto, los problemas democráticos en América Latina son evaluados de manera diferente, según el gusto ideológico

Una tercera cuestión es la potencia de la movilización social, llevada a cabo por organizaciones que muestran una naturaleza «líquida», en otras palabras, en continua recomposición para adecuarse a coyunturas específicas, para lo cual proponen agendas sumamente elásticas. Es lo que Hardt y Negri denominan la primacía estratégica desde la base social que, lamentablemente en Perú, no encuentra una conducción central que le dé sentido táctico a estas líneas.

Todo ello hay que entenderlo como una acción social en el marco de economías ordenadas por el extractivismo que, en otras palabras, también señala el fracaso relativo de los progresismos latinoamericanos. En el caso de Perú debe asociarse, además, con la bajísima tasa de generación de empleo que provocó el modelo, promoviendo una impresionante informalidad.

Finalmente, los movimientos sociales como el indígena en el Ecuador y los estudiantes y jóvenes en Chile, evidencian tres cuestiones indispensables para su presencia contundente: (i) Memoria. Los movilizados han hecho continuas referencias a Pinochet y la dictadura, así como a Correa y sus posiciones antiambientales. En ambos casos el estado de excepción ha sido un aspecto central para cuestionar la democracia imperante; (ii) Aprendizajes. En el caso chileno, entre los adultos, se subraya la frase “nosotros teníamos miedo, los jóvenes no”, como una manera de aceptar y legitimar las movilizaciones; y (iii) Proyecciones. Ante el despojo, se exige la recuperación de “lo extraído”.

desco Opina / 25 de octubre de 2019

Accidentes, no solo de tránsito

Las noticias que se producen día a día en la ciudad capital parecen ejemplificar las características que nos definen como sociedad en este país llamado Perú. A las ya clásicas notas informativas referidas a la inseguridad, los feminicidios y los conflictos políticos entre poderes del Estado –que parecen no acabar nunca–, en este momento está en el ojo público el caso del accidente ocurrido hace pocos días en una de las avenidas más importantes de Lima. Dicho suceso ha visibilizado varias cosas que, lamentablemente, nos caracterizan como sociedad, pero, sobre todo, que nos hacen pensar que andamos a la deriva y con el único objetivo de «sacar la cabeza del fondo del agua», sin importar que con ello hundamos a quienes nos rodean.

El despiste del vehículo que terminó con la vida de dos personas no ha hecho más que visibilizar errores o interpretaciones diversas en muchos aspectos. Estos van desde la parte normativa y técnica del ancho de las veredas en esta vía de carácter metropolitano y el control de los límites de velocidad; hasta el testimonio de la conductora que no coincide con lo que expertos y peritos analizan, la decisión de llevar a uno de los heridos a un hospital más lejano en lugar de trasladarlo a una de las clínicas cercanas a la escena del accidente, los criterios diferenciados para liberar a la conductora de este accidente, o el hecho de poner en prisión preventiva a otra que ocasionó un suceso similar hace unos meses.

Lo antes señalado, son apenas algunos de los elementos que ponen en evidencia que algo está fallando de manera estructural en nuestro país y que no existen criterios, consensos ni protocolos mínimos comunes que nos permitan actuar de manera coherente o, por lo menos, que nos ayuden a tener claro cómo funciona el sistema o en que parte éste falla para intentar corregirlo. La cruda realidad es que nueve peruanos mueren diariamente en un accidente de tránsito, de los cuales más de la mitad tiene entre 26 y 60 años. Según el anuario estadístico de la Policía Nacional del Perú, el 56.5% de los accidentes de tránsito se deben al exceso de velocidad y la imprudencia del conductor. No se trata de la inexistencia de leyes sancionadoras, el problema pasa por una mala gestión que termina dando impunidad a los infractores, así como al hecho de otorgar altos descuentos en las papeletas, entre otros. Lima es la única capital de América Latina que otorga un descuento de hasta 83% en la deuda de una multa.

Finalmente, la interpretación y los criterios usados en cada aspecto de este caso específico, no hacen sino visibilizar la poca costumbre que tenemos en materia de planificación y proyección en todo lo que somos como país. Quizá esa falta de entendimiento de lo que significa ser una persona con derechos y obligaciones en una ciudad, nos haga ser indiferentes a lo que ocurre a nuestro alrededor. Así, todo lo sentimos ajeno y, por esa razón, es que estamos acostumbrados a actuar sobre la emergencia, es decir, como buenos bomberos; apagando incendio tras incendio, sin comprender que más importante que apagar el fuego, es entender qué lo ocasiona para que no se siga produciendo. Esperemos que nuestra sociedad empiece a cambiar antes de que (como decía Gustavo Cerati) pase el temblor.

desco Opina - Regional / 18 de octubre de 2019

Programa Urbano