El hambre, el nuevo rostro de la pobreza

 

Hay frases que condensan una época. Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es el autor de una de ellas, entre miles, que ilustran sin necesidad de explicaciones, nuestros actuales momentos: "En el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente". Dicho, además, cuando circulaba una evaluación de la seguridad alimentaria para el 2023, realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en la que se indicaba que el 51,6% de los hogares peruanos (5.2 millones) se encontraban en inseguridad alimentaria, siendo Puno, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica (por encima del 60%), las regiones más afectadas.

Esta situación, no es solo un problema nuestro. Según FAO, hay por lo menos 733 millones de personas que se enfrentan al hambre debido a los conflictos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas en el mundo. Pero, son alrededor de 2800 millones de personas las que pudiéndose alimentar, no acceden a una dieta saludable, lo que está en la raíz misma de todas las formas de malnutrición: desnutrición, carencia de micronutrientes y obesidad, que ahora existen en la mayoría de los países y afectan a todas las clases socioeconómicas. 

Más aún, la falta de acceso a los alimentos adecuados repercute con mayor incidencia en los pobres y vulnerables, entre los que se encuentran los productores agrícolas, reflejando claramente que el problema no radica en las existencias del producto, sino en las desigualdades dentro y entre los países.

Sin embargo, contra lo que dicta un erróneo y generalizado sentido común, los agricultores producen suficientes alimentos para una cantidad de gente, incluso mayor que la actual población mundial.

Amartya Sen, cuando introduce el “enfoque de la titularidad”, explica por qué las hambrunas no son simplemente el resultado de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución. Es decir, son factores sociales y económicos como salarios en declive, desempleo, precios de alimentos en aumento y sistemas de distribución de alimentos deficientes, los que elevan la probabilidad de hambre. En suma, éste no puede atribuirse simplemente al “descenso de la disponibilidad de alimentos”.

En otras palabras, el golpe propinado por Sen a los fanáticos del mercado como un ámbito autorregulado por la “mano invisible”, fue decisivo: el mercado no puede aislarse y abstraerse de la red de relaciones políticas, sociales y jurídicas en las cuales se halla situado. Para ello, argumenta que el método “FAD” (food availability decline, es decir, descenso de la disponibilidad de alimentos) da pocos indicios sobre el mecanismo causal de la inanición, ya que no entra en la relación de las personas con los alimentos.

Todo ello valga para buscar situar comprensivamente al hambre y la desnutrición en la actualidad. Desde el 2023, el Banco Mundial da cuenta de una nueva dimensión de la pobreza a vigilar: la inseguridad alimentaria y nutricional.

Sobre nuestro país, los cálculos del referido organismo multilateral, apoyándose en las estadísticas de FAO, señalan que la prevalencia de la inseguridad alimentaria, alcanzó a más del 50% de la población en el país, considerando el promedio entre el 2021 y el 2023. Esto ubicó al Perú en el escenario más crítico a nivel de América del Sur, sin considerar a Venezuela y Bolivia.

Para William Maloney, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, la causa es evidente: el alto costo para cubrir una dieta saludable. “Tenemos una dieta saludable que es muy costosa, [hablamos de] una que le dé al cuerpo lo que necesita, sin llegar a niveles de obesidad. En general, es bastante alto [el costo] en la región”.

Para Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, la situación revela la profunda crisis del mercado laboral peruano, que se traduce también en una de acceso económico: “En el Perú no faltan alimentos. Lo que ocurre es que a la gente no le alcanza [lo que gana] para comprar en cantidad y calidad. Además, no sabe si mañana tendrá la capacidad de cubrirlo. Desde el 2010, vemos que la cifra de inseguridad, en el Perú, viene creciendo ante la precarización del empleo”.

Al respecto, Trivelli apuntó que la solución para afrontar la inseguridad alimentaria se basa en que las personas perciban mayores ingresos. Esto, finalmente, puede ocurrir porque consigan un empleo mejor; ganan más por lo mismo que hacen, lo que significaría un incremento de la productividad; o se dan transferencias del gobierno a través de programas de protección social.

Como vemos, la inmensa incapacidad de los últimos gobiernos para manejar cuestiones tan delicadas como la alimentación, profundizada en grado sumo por la actual administración, agrava a niveles inconcebibles lo que en su momento debió reconocerse como probable resultado catastrófico de la mercantilización de bienes, como los alimentos: éstos no se dirigen hacia quienes los necesitan, sino hacia los que tienen posibilidad de comprarlos. En efecto, exactamente igual a lo que aconteció durante la pandemia con los medicamentos y el oxígeno.

 

desco Opina / 18 de octubre de 2024

Clamor por seguridad y agudización de la crisis política

 

El paro de transportistas en Junín, iniciado el 10 de octubre de 2024, ha escalado rápidamente debido a la creciente preocupación por el crimen organizado y las extorsiones que azotan la región. Transportistas, bodegueros, comerciantes y movimientos estudiantiles se han unido en un frente común para exigir la derogación de la Ley N.º 32108, que consideran ineficaz para enfrentar el crimen organizado.

Este paro tiene lugar en un contexto de inseguridad generalizada en muchas partes del país, y Junín no es la excepción. Los pequeños comerciantes y transportistas, frecuentemente víctimas de extorsiones, ya no ven una solución viable dentro del marco legal actual. La movilización no solo responde a las preocupaciones económicas, sino que también refleja una demanda urgente de mayor seguridad y protección para la ciudadanía.

En respuesta, el gobierno nacional ha desplegado 14 000 policías y 4000 militares con el objetivo de controlar la situación, afirmando que los manifestantes representan a una minoría. Sin embargo, en Junín, el paro ha recibido un respaldo significativo, junto a la suspensión de clases y el cierre de mercados por temor a posibles disturbios.

En ciudades como Huancayo, las protestas han sido mayormente pacíficas, aunque se produjeron intentos para bloquear la Carretera Central, lo que conllevó a intervenciones policiales. El transporte público paralizado, con menos combis y buses en circulación, generó un incremento en el uso y costo de taxis.

El paro continuará hasta que el Congreso derogue la cuestionada Ley N.º 32108, denominada también como la “ley pro crimen organizado”. A nivel nacional, diversos gremios han señalado la radicalización de sus medidas, incluyendo huelgas de hambre, si no se deroga la criticada ley y se toman acciones efectivas contra la criminalidad en el país; sin embargo, las principales fuerzas políticas en el Legislativo se han reafirmado en su negativa para poner en debate la derogatoria de la ley, criminalizando la protesta y enfrentándose violentamente a los representantes del gremio de transportistas.

El Ejecutivo, por su parte, pretendió maquillar la paralización nacional y frente a la gran movilización recurrió a sus tácticas terruqueadoras para intentar deslegitimar la protesta. Como se observó en varios medios de comunicación, la presencia militar fue importante en diversos puntos críticos de la ciudad capital, a diferencia de los días previos a la movilización. Y tal como lo advirtió el aún ministro Santiváñez, la fuerza policial se hizo notar en la avenida Abancay, reprimiendo con violencia a la población movilizada que intentaba llegar al Congreso.

La ciudadanía en Junín y el país clama por soluciones concretas a la inseguridad, mientras quienes están hoy en el poder intentan aminorar la gravedad de la situación. Si no se toman decisiones rápidas y acertadas, el paro podría intensificarse, mientras que la criminalidad seguirá escalando dejando en el total desamparo a la población de las regiones del Perú.

¿Existe una verdadera voluntad política para enfrentar la delincuencia? Todo indica que no, y leyes como la Nº 32108 seguirán aprobándose gracias al pacto que hoy gobierna el país y sostiene a Dina Boluarte.

 

desco Opina - Regional / 11 de octubre de 2024

descocentro

Viviendo en mundos paralelos, sembrando vientos

 

La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos muestra que la desaprobación de Dina Boluarte ascendió dos puntos en el mes que terminó y se instaló en 90%, mientras su aprobación parece definitivamente condenada a no superar el 5%. El sur del país (94%) y el Perú rural (93%), no podía ser de otra manera, son los más disconformes con ella. Por su parte, la aprobación del Congreso, se mantiene dentro de los ínfimos niveles registrados en meses anteriores; un mayoritario 92% lo desaprueba, acentuándose en el sur (96%) y sorprendentemente, en el estrato A/B (93%). Nada nuevo bajo el sol en un mes en el que los incendios forestales y el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas incluido, evidenciaron una vez más el desplome del Estado y el naufragio de la política.

De acuerdo al portal Ojo Público, los bosques y suelos arrasados por incendios forestales en el Perú crecieron más de 60% en cuatro años y hasta la tercera semana de septiembre hubo 3411 alertas de incendios en el país. La cifra es 32% mayor que la registrada en el mismo periodo de 2023. El impacto es aún más grave desde la perspectiva histórica. Entre 2019 y 2023, el área de bosques y suelos afectados por el fuego pasó de 18 088 a 29 308 hectáreas En este escenario, con la banalidad y la soberbia que caracterizan al Ejecutivo, mientras el patético ministro Adrianzén se esforzaba en restarles importancia, cuestionando que se los califique de tremendos y terribles para justificar su inacción, su colega Manero, minimizó la quema de cinco mil hectáreas, sosteniendo que ello no afecta el abastecimiento de los mercados porque “tenemos más de 7 millones de hectáreas agrícolas”.

El Gobierno, desde el primer momento, pretendió explicar la multiplicación de los incendios por la práctica ancestral de quema y roza como única causa. La misma era tan infantil, que la propia Defensoría del Pueblo, la misma que está capturada y silenciada por la coalición autoritaria en el Gobierno, se vio obligada a recordar que la exoneración de sanciones administrativas y penales que promueve la Ley 31973, llamada ley “antiforestal”, contribuyó decididamente a la proliferación de los incendios.

De igual manera, en lo que hace al aumento de la inseguridad, aunque los números no dejan lugar a dudas, la incapacidad gubernamental se exhibió también. A septiembre, 15 empresas de transportes en Lima se encontraban amenazadas, 3 habían parado operaciones, los choferes asesinados el 2024 ya eran 9 y sólo en ese mes se habían producido 15 atentados contra buses y colectivos en Lima y Callao. En el caso de construcción civil, 5 dirigentes fueron asesinados hasta ese momento y más de 5000 trabajadores se vieron desempleados por la paralización de obras. En el año en curso, según la Asociación de Bodegueros, más de 9000 microempresarios denunciaron actos delincuenciales, 2600 bodegas se vieron obligadas a cerrar solo en Lima Metropolitana y 5000 más cerrarán a fin de año. Según INEI, entre enero y junio de este año, en las principales ciudades de 20 000 a más habitantes, 29,7% de la población fue víctima de algún hecho delictivo y 13 de cada cien fueron víctimas de robo de dinero, cartera, celular.

En este escenario de violencia e inseguridad, el ministro del Interior, más preocupado por explicar los silencios de la mandataria y por defenderse de las distintos señalamientos sobre su trabajo de ambicioso escudero, que se multiplican en los distintos medios, apareció anunciando la convocatoria a una marcha por la paz como parte de una “estrategia” primitiva y demagógica que combina la declaración del estado de emergencia, la presentación de una propuesta legislativa más, que se suma a las 17 del Congreso de la República, creando la inútil figura de un nuevo tipo delictivo, el “terrorismo urbano”, anunciando el aumento de las penas, pero guardando cuidadoso silencio frente a la resistencia de la Junta de Portavoces a poner en debate la derogatoria de la ley que favorece al crimen organizado. En la misma dirección, y con el mismo gesto adusto, el Presidente del Consejo de Ministros adelanta la decisión de volver a un Fuero Militar para que policías y militares se “sientan respaldados” en sus tareas de orden interno. Con ellos, el ministro de Educación, señalando que no le harán el juego a ningún paro, mientras el Jefe del Estado Mayor de la Policía trató de convencernos de que luego de El Salvador de Bukele, nos encontramos entre los países más seguros de la región.

En este cuadro de horror, el Congreso se mantiene firme en su línea. Defiende la Ley Nº 32108 que favorece a las organizaciones criminales, convencidos de que su derogatoria afecta la búsqueda de impunidad de muchos de sus integrantes; en la última semana presentan hasta 4 nuevos proyectos –Fuerza Popular y Renovación Popular– para incorporar el delito de terrorismo urbano en el Código Penal, y por si fuera poco, para engañar a una platea que sólo existe en su imaginación, interpelan a los ministros de Ambiente por los incendios forestales, y al del Interior por motivos múltiples, con menos de una veintena de asistentes en cada caso, para demostrar que como fiscalizadores de sus socios, son buenos punteros mentirosos.

Como imagen final, la mandataria que ya se acostumbró al silencio con los periodistas y la altisonancia en inauguraciones o visitas, pasando con enorme facilidad de su cotidiana torpeza, por ejemplo, señalar a quienes no tienen ingresos de terminar convertidos en delincuentes, a la agresividad primariosa de acusar a sus críticos de envidiosos e insatisfechos o de “cargar en sus hígados enfermos el odio…”.

Imposible sorprenderse de los resultados de la encuesta. El desinterés total por la política que ha crecido 6 puntos el último año (33% y 39% en el Perú rural) es comprensible. La inacción de la coalición gobernante, con Fuerza Popular encabezándola cada vez más, frente a la ola delincuencial que nos azota, ha comenzado a generar la reacción ciudadana. En Sullana, la mandataria fue rechazada por una población afectada por la extorsión y el sicariato; en Ica, el Ministro del Interior fue abucheado y tuvo que partir rápido; en Lima, el 26 de setiembre miles de choferes de transporte público paralizaron sus actividades exigiendo que las autoridades tomen cartas en el asunto; más de 20 gremios empresariales, entre los que están la  Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), la Asociación de Exportadores (ADEX) y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), han suscrito un pronunciamiento señalando que hay un gobierno paralelo: el del crimen organizado….

Cuidado, que de tanto sembrar vientos, empecemos a cosechar huracanes….

 

desco Opina / 4 de octubre de 2024