Los constantes aplazamientos de parte
del gobierno para reactivar la construcción del gasoducto sur, ahora denominado
Sistema Integrado de Transporte de Gas (SIT Gas), han dado sus frutos: una
incontenible indignación que se hará visible este 6 de junio con una protesta masiva en el sur.
En una de sus últimas declaraciones en
Moquegua, el presidente Martín Vizcarra anunció que están viendo la forma de
separar la parte legal (que aparentemente tiene entrampado el proyecto) con la
parte técnica y económica. Al finalizar, confirmó los rumores que hace tiempo
vienen circulando por esta parte del país «…hay fuerzas que se oponen a este tipo de proyecto».
¿Quiénes se oponen? ¿Por qué? Podemos
ensayar varias respuestas; pero primero hagamos un breve repaso de las idas y
venidas del proyecto. En el 2008 se otorgó la concesión a Kuntur Transportadora
de Gas por US$ 1330 112 124. En el 2011 Odebrecht compra Kuntur y el 2012 se
declara caduco el contrato de concesión. En el 2013 ProInversión la vuelve a
licitar, pero ahora por US$ 3600 millones, y en el 2014 se adjudica por US$
7328 millones al consorcio Gasoducto Peruano del Sur (GPS), integrado por
ENAGAS (25%) Odebrecht (55%) y Graña y Montero (20%). Con la explosión del caso
Lava Jato,
en el 2017 se resuelve el contrato por incumplimiento financiero y se da por
terminada la concesión. El consorcio GPS pagó una penalidad de US$ 262 millones
por incumplir con el cierre financiero estipulado en el contrato; sin embargo,
al siguiente año, al no llegar a un acuerdo con el Estado peruano, ENAGAS optó por plantear el inicio de un arbitraje ante el tribunal del Banco Mundial por el monto de US$ 500 millones.
Todavía no tenemos muy claro cómo se
encareció tanto el proyecto entre el 2011 y el 2014 y, además, afrontamos una
demanda por un monto mayor que la primera vez que se concesionó el proyecto.
Este sería el entrampamiento legal al que se refiere Martín Vizcarra.
Regresando al tema de las fuerzas que se
oponen al proyecto, tenemos que desde el 2012 el Ministerio de Energía y Minas
comenzó con la idea de iniciar en paralelo diversos gasoductos virtuales
(abastecimiento de gas en cisternas) y desestimó la petroquímica como parte
integral del proyecto, quitándole así rentabilidad al propio proyecto. Y ahora
mismo, Proinversión ya habría recibido las alternativas de ruta del SIT Gas que le
encargaron a la consultora Mott MacDonald para reactivar el proyecto. Así las
cosas, es el propio gobierno el que hasta ahora no puede garantizar el respeto
por el trazado original, por el sur, y tampoco avalar la construcción de la
petroquímica en esta parte del país, a pesar de que diversos especialistas
coinciden en que contaríamos con las reservas para ponerla en marcha y que la
riqueza de su composición, haría viable su edificación.
Un gasoducto, con la petroquímica
incluida, repuntaría el sector industrial del sur y bajaría el costo de vida de
los pobladores. El sur sería más competitivo, y eso va contra los intereses
económicos de muchos. De allí que durante este tiempo se han publicado diversos
artículos de opinión poniendo en entredicho su viabilidad.
Es ante esta situación, que los gremios
están llamando a una marcha. Sería pertinente, en estas circunstancias, que los
gobernadores regionales del sur se pronuncien, y que las organizaciones civiles
y los colegios profesionales del sur (inconsultos hasta ahora) también alcen su
voz. Necesitamos con prontitud un cronograma real de la licitación; que se
incluya la petroquímica como componente del proyecto, y que el proceso de
licitación se realice con participación de especialistas propuestos por los
gobiernos regionales del sur peruano para evitar nuevas corruptelas. Tiene que
haber, de una vez por todas, una coincidencia entre el discurso público del Presidente
y las acciones de todo el aparato estatal en este tema. Es ahora o nunca.
desco Opina - Regional / 31 de
mayo de 2019
Programa
Regional Sur - descosur
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