De CADE a La Haya

En estos días algunos comentaristas calificaban en círculos más cerrados lo que un caricaturista expresó muy gráficamente: el presidente Ollanta Humala ha mostrado en CADE Ejecutivos 2013 una sumisión absoluta a los intereses y prioridades del empresariado nacional comandado por los patrones mineros. La plataforma política del gobierno se parece cada vez más a la de los intereses de los empresarios, dejando de lado las legítimas demandas y expectativas de otros sectores sociales y económicos del país. Sin ambages el gobierno ha hecho suya la «agenda del sector empresarial» recordándonos con ello el título del clásico libro de Jorge Bravo Bresani Perú: Gran empresa Pequeña Nación.

Al concluir la reunión de Paracas, dependiendo de cómo quiera verse, se abre un escenario en el cual la figura presidencial aparece nuevamente debilitada. Incluso se llega a mencionar la posibilidad de efectuar cambios tributarios para favorecer a la minería por la disminución del porcentaje de sus ganancias que, sin embargo, son muy destacadas. Una encuesta interna en CADE evidencia que quien cuenta con la aprobación de los dueños del país es el ministro de Economía y Finanzas, instalado por el sistema, en una relación de doble contra sencillo sobre el gobernante elegido, abatido sin indulgencia. La impresión que surge es la de un gobierno sin rumbo atrapado por los problemas de la protección policial a personajes ligados al montesinismo, que acomoda su gestión estatal a atender las consignas de los grupos de poder, es decir de un nacionalismo que terminó por arriar todas sus banderas y al que se le puede ubicar hoy entre las agrupaciones de derecha en el país.

Una semana después, en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI auspiciada por el PNUD en Lima, y para que no queden dudas, el Presidente de la República, haciendo fintas de lo que parecería el lanzamiento de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial –que nadie conoce y no ha sido consultado– simplemente reafirmó con lo dicho y lo omitido, que quienes manifiestamente gobiernan el país están sentados en el Ministerio de Economía y Finanzas y la CONFIEP. Que el gobierno haya declarado en esta reunión que la industrialización del país es un objetivo nacional son palabras que se lleva el viento cuando al mismo tiempo la evaluación de la educación hecha por PISA coloca a los estudiantes peruanos en el último lugar entre 65 países del mundo en comprensión lectora, ciencia y matemáticas, con el añadido de ser el Estado peruano el último también en inversión en educación en América Latina por alumno de primaria al año.

La industrialización futura a la que se ha hecho mención pasa por considerar como eje a la minería, sin admitir una estrategia que incluya la producción textil, el desarrollo de la agricultura y ganadería y menos la creación de un mercado interno en alianza con los gobiernos regionales como elementos centrales. Lo menos que podemos exigir es que se publique este Plan para su discusión abierta por distintas instituciones del país como los gobiernos regionales, las universidades, gremios y la sociedad en general. Temas importantes como el cambio climático, el acondicionamiento urbano y territorial y desde allí la búsqueda de consensos en políticas y estrategias públicas parecen ya no importarle al gobierno, capturado por las demandas de los grandes inversionistas dentro de un sistema político cada vez más cerrado y un escenario con escasa participación ciudadana en el que manda la macroeconomía en su óptica de culto al libre mercado. Nuevamente se constata una peligrosa distancia entre el accionar de la política y los partidos, su quehacer efectivo y el manejo de las grandes líneas económicas de espaldas a la concertación y definición de estrategias nacionales que el país necesita.

Que los partidos políticos y en particular los poderes Ejecutivo y Legislativo recuperen credibilidad podría inspirarse en el Acuerdo Nacional y en un esfuerzo por encontrar puntos fijos de logros a conseguir a partir de un balance de lo avanzado y pendientes en la agenda nacional que nos acerquen más a ser una nación en busca de su mejor destino. De lo contrario la situación puede ser mala para todos, por ejemplo ante los muy próximos resultados que nos traerá la Corte de La Haya y el cumplimiento que se derive de ellos.

desco Opina / 6 de diciembre de 2013

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