Educación en la selva, agenda pendiente

desco Opina - Regional / 27 de marzo de 2009

«Este cholo es peligroso, sabe leer ». Esa vieja frase aún mantiene vigencia, pues parece haber intereses que limitan los necesarios cambios que se deben hacer en la educación de la selva rural y que más bien promueven la idea de que ese poblador sólo necesita saber leer, escribir, sumar y restar para continuar con las actividades económicas relacionadas con la amazonía. Si el mundo globalizado exige competitividad –y el conocimiento es la principal herramienta del desarrollo individual y colectivo– ¿por qué no aplicar soluciones creativas para mejorar las enormes falencias educacionales del ámbito rural, especialmente entre las mujeres? ¿Es acaso posible negar que el acceso a una educación de calidad es discriminatorio en nuestro país? ¿Se estarán dejando fermentar esas condiciones de analfabetismo funcional para consolidar exclusiones?

Como es costumbre, las autoridades aseguran que los objetivos educacionales se cumplen con la rehabilitación de la infraestructura, la selección y asignación de maestros, la provisión y distribución de material educativo, la masificación de las matrículas, dejando entrever que de esa manera nuestro sistema educativo podría alejarse de los más bajos niveles de rendimiento en América Latina, según los resultados de diferentes pruebas internacionales.

La educación no es una cifra estadística, sino un derecho que acerca al individuo a su desarrollo integral, y así debería entenderlo el Estado. No negaremos que ser más exigentes en la selección del personal docente y mejorar la infraestructura educativa incidirán en algo para reducir las negativas cifras que nos han colocado en ese lamentable puesto, pero no es suficiente. En un país en el que más del treinta por ciento de la población escolar vive dispersa en zonas rurales andinas y de selva ¿puede seguir cometiéndose el error de aplicar una sola plantilla educativa a nivel nacional? ¿Son válidos los mismos horarios y los mismos conceptos pedagógicos para todo el país? ¿Acaso se espera salir de ese último lugar sólo en los predios urbanos, aunque a los niños del campo soterradamente se les niegue el derecho al desarrollo?

Soportando condiciones climáticas y morfologías geográficas difíciles, muchos educandos de la selva peruana caminan varias horas diarias para llegar a la escuela rural. Ocupan edificaciones precarias, comparten carpetas y el entorno adverso no los deja concentrarse. La única aula que existe cuenta con un solo maestro que atiende a todos los grados primarios de manera simultánea. En más de una zona de la selva peruana se pretende aplicar la educación bilingüe (castellano y lengua nativa) y es allí cuando reciben un impacto cultural agresivo, al intentar emplearse conceptos para los cuales no existen traducciones posibles.

No estamos en contra de la educación bilingüe como mecanismo para proteger el derecho de los pueblos nativos a mantener su identidad cultural. Sin embargo, esta no puede ser entendida como la mera traducción de textos escolares. Debe, sobre todo, capacitar para la acción en contextos culturales diferentes, promoviendo la integración y potenciando la identidad. Al respecto, se ha hecho poco o nada.

Los resultados ante esta situación son previsibles. Según datos del INEI, más del 10% de la población rural de la selva peruana es totalmente analfabeta y algunos estudios afirman que casi un 30% de los adultos de nuestra amazonía, abandonó la escuela en los primeros años de educación primaria. Más aun, los emigrantes andinos que se han trasladado a la zona agravan el problema, en tanto su situación educativa no cambia ante contextos tan desoladores.

Demás está decir que estas alejadas escuelas raramente reciben algún tipo de supervisión de las autoridades del sector, por lo que quedan expuestas a la vocación y buena disposición de los maestros asignados y al poco control que pueden ejercer los padres de familia sobre la calidad educativa que se imparte al alumnado.

Por otro lado, la educación secundaria se concentra en las localidades de mayor densidad poblacional –más distantes aún que las escuelas rurales para la población del campo– y esa es la principal causa para que exista un alto índice de deserción escolar, ya que cuando los padres y tutores no tienen posibilidad económica de contratar alojamientos, generalmente dan por concluido el periodo escolar de sus hijos, virando las prioridades hacia tareas productivas que aportan a la economía familiar. Si la educación secundaria completa sólo se halla en los centros poblados medianos de la selva y económicamente no está al alcance de todos ¿por qué no se construyen alojamientos para los estudiantes que provienen de las zonas más alejadas? Con ello se aprovecharía al máximo la capacidad instalada de la infraestructura educativa, implementando turnos de mañana y tarde, con lo que se comprimirían sus días lectivos semanales y se mejoraría sustancialmente la continuidad escolar.

Asimismo, aunque existe una importante oposición al trabajo infantil y juvenil, no se puede desconocer el rol que cumple en la economía familiar. Sus aportes en la siembra y cosecha son esenciales para la sobrevivencia del hogar rural. Por eso, las cifras oficiales señalan que la deserción escolar y el ausentismo se incrementan en esas épocas pero, como sabemos, los planes curriculares no están adaptados a esta realidad.

En suma, con la aplicación de un sistema de educación tipo internado se resolvería gran parte de la problemática rural, favoreciendo tanto a alumnos, como a maestros y padres de familia. Los alumnos no verían truncas sus posibilidades de culminar la educación secundaria, los maestros –que en su gran mayoría proceden de zonas distintas a las de su centro de labores– podrían reprogramar sus días para las gestiones ante las autoridades del sector o invertir más tiempo en formación profesional complementaria, y los padres de familia podrían involucrarse más abiertamente en la formación de sus hijos sin comprometer sus alicaídas economías.

Desde los programas sociales, podría reprogramarse el gasto de la alimentación y materiales educativos, cuya distribución en muchas zonas netamente rurales sólo alimenta redes de corrupción y burocracias ineficientes. Reasignando y capacitando personal auxiliar se brindaría tutela moral, emocional y sicológica, además de orientación vocacional vinculada con su ámbito geográfico. Este nuevo formato de educación secundaria rural con internamiento, ¿no sería tanto o más importante que aquel colegio secundario, reservado para los alumnos de mayor rendimiento, planteado desde la Presidencia de la República y que, en definitiva, sólo serviría a los centros urbanos medianos y grandes y muy poco o nada a los jóvenes del campo?

desco Opina - Regional 

Programa Selva Central

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El largo camino electoral

desco Opina / 20 de marzo de 2009

Los sondeos electorales han empezado ya. Todo indica que se tratará de una carrera de largo aliento. Keiko Fujimori, Luis Castañeda y Ollanta Humala, los candidatos que aparecen con mayor ventaja, son a la vez los que cargan los mayores pasivos. En el caso de la hija del ex presidente reo, el afán por lograr impunidad se enfrenta al esfuerzo nacional por construir memoria, activamente bloqueado tanto por el fujimorismo como por el gobierno actual, por los pendientes en materia de derechos humanos que ambos tienen, entre otras coincidencias que parecen reeditar el matrimonio informal del aprismo hiperinflacionario y el fujimorismo larvario de 1990. Castañeda, por su parte, si bien cuenta con más del 80% de aprobación a su gestión en Lima, ya empieza a sentir el costo político de sus dos períodos y difícilmente podrá mantener la táctica del silencio y el «no candidato» que le otorga altos dividendos en la dimensión local. Necesariamente tendrá que proponer y debatir, terrenos en los que antes ya le fue mal, además de trabajar por remontar su imagen capitalina.

Ollanta viene corriendo desde el 2006 y en un país de tiempos cortos, eso lo acerca al elenco de los políticos tradicionales. No parece haber realizado un adecuado balance de su anterior perfomance y su entorno partidario, que si ya era discutible en las elecciones pasadas, parece no haber mejorado. Un poco de perspicacia le permitirá notar que la etiqueta de «izquierdista» que le coloca la derecha para descalificarlo, puede ser un importante crédito en un sistema político huérfano de posicionamientos claros, aunque todo indica que antes que en las definiciones y las propuestas, está más interesado en ganar las elecciones. No está mal pero le puede ir peor.

¿Y Lourdes? A estas alturas ya no puede presentarse como la promesa joven de la política peruana. Le puede ir mejor apelando a su condición de mujer, como ya lo hizo en el 2006. Debe insertarse en un espacio de derecha donde pululan candidaturas y, por añadidura, cargar con el sino de ser la representante de los limeños acomodados, heredado de sus antecesores pepecistas. Alejandro Toledo, por su parte, busca ser el primer presidente reelecto del siglo XXI. Su capital político inicial no es malo y sin duda, tiene que agradecerle a la actual administración por el esfuerzo que ésta hace para su buena recordación. En algún momento, la presión que le impondrán apristas y fujimoristas, puede hacer hasta que pida disculpas por haber permitido el funcionamiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Detrás de este bloque, vienen los que quieren pero aún no pueden. El tiempo ha empezado a correr para el padre Marco Arana y el pintoresco general Edwin Donayre. En el primer caso, es el intento de una candidatura de izquierda opcional a Humala; en el segundo, se trata de un factor distractivo –no será el único– siguiendo la tradición impuesta por el fujimorismo en los 90, es decir, «farandulear» el proceso electoral para restar votos al oponente (negocio redondo para candidaturas de techo bajo como la de Keiko Fujimori, a las que favorece la fragmentación). Cabe preguntarse si no se están movilizando sentidos patriarcales cuando vemos como opciones electorales a sacerdotes y militares.

Pero, no olvidemos: esta es la fotografía de la partida, y mucha agua correrá bajo el puente en los dos próximos años. El impacto de la crisis mundial en el país, difícil de prever aún, será un factor de definiciones, como lo será también la conflictividad alrededor de distintos proyectos mineros, que no es únicamente medio ambiental, sino también, laboral y de viabilidad del modelo de desarrollo. ¿Cómo se comportarán estos conflictos con el aumento de despidos y con el perfil que tendrán las mineras con la caída de precios de los minerales? En ese escenario próximo, los sectores medios ¿reaccionarán políticamente ante una situación que se prevé como bastante negativa para sus intereses (pérdida de capacidad adquisitiva, imposiciones tributarias injustas, encarecimiento del crédito, creciente inseguridad, etc.)?

Por otro lado, nada aparece más incierto que la política regional. La interlocución de los presidentes regionales con el gobierno central apareció insuficiente cuando el viento estaba algo a favor, por lo que puede temerse un escenario más fragmentado por la búsqueda de recursos cada vez más escasos que siguen en manos del MEF. No debemos olvidar que las elecciones regionales y locales se llevarán a cabo antes de las generales y no después, como sucedió en el 2006. Es bastante diferente negociar políticamente con una candidatura presidencial, aspirando mejores posiciones en los comicios regionales, como le sucedió a Humala en el referido año, que proponerse con los hechos consumados ante los aspirantes a Presidente de la República. En el 2011, ya no habrá que pagar por ver.

Finalmente, todo hace suponer que las fiestas TLC pasarán a segundo plano y vamos a tener que concentrarnos en las dinámicas internas para aspirar a un crecimiento aunque sea mínimo. Así, en un momento en el que el mercado interno se volverá un «refugio» importante ante la crisis, ¿se hará más «representable» el malestar producto de la exclusión a la que empuja el modelo, ya anunciado en los resultados de 2006?

En ese sentido, ¿cuál es el poder político negociable que pueden presentar aquellos productores que a pesar de su importancia son bastante frágiles como, por ejemplo, los ganaderos altoandinos y los cafetaleros? Más aún, en un momento en que los síntomas del reflujo del boom de la construcción son evidentes, y ya atendida en cierta medida la demanda de la clase media por vivienda, ¿se intentará dirigir la atención hacia los sectores populares dado el fracaso de la cobertura de la demanda para este sector (baja intensidad de programa techo propio)? ¿Se acentuará el habitual enfoque asistencialista y el neopopulismo (expropiaciones, segunda oleada de titulación masiva y condonación de deudas de BANMAT)? En suma, muchas preguntas sin responder que apenas ofrecen una idea del largo y complicado camino electoral que tenemos por delante.

desco Opina / 20 de marzo 2009
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Lanzan programa nacional de créditos para el sector alpaquero

desco Opina - Regional / 17 de marzo de 2009

La gravedad de los efectos de la crisis económica internacional en el sector alpaquero, viene ocasionando una drástica caída del precio de la fibra, justo cuando se llevaba a cabo la campaña de acopio y comercialización de noviembre 2008. Esta situación ha generado una amplia movilización de los criadores a nivel macro regional (Apurímac, Puno, Cusco y Arequipa), reactivando sus organizaciones y realizando gestiones ante los gobiernos locales, en búsqueda de respaldo para gestionar ante el gobierno central una intervención inmediata, para ser considerados en el anunciado plan nacional anticrisis y, de esta manera, atenuar los efectos de una reducción del 70% de los ingresos provenientes de la fibra.

Ante esta respuesta, el gobierno a través de la cartera de Agricultura, propone como alternativa temporal el otorgamiento de un crédito con recursos del programa AGROPERU –recientemente creado–, en base a la fusión de diversas instituciones del sector, encargando la administración del fondo a AGROBANCO, con el apoyo de un equipo especializado que coordinará y asesorará a las organizaciones de los productores para el cumplimiento de los requisitos establecidos para acceder a los créditos.

El crédito será otorgado en forma individual, aunque la gestión se realizará de manera organizada, siendo uno de los requisitos fundamentales para las organizaciones, contar con el respectivo reconocimiento jurídico y RUC junto con certificaciones de las autoridades locales y sectoriales. Estas exigencias burocráticas, particularmente la referida al RUC y la vigencia de la inscripción en los Registros Públicos, pueden constituirse en una traba insalvable dados los conocidos y escasos niveles de formalización en la base productiva de esta cadena. Entonces, cabe preguntarse, si el crédito es individual, ¿no sería acaso conveniente flexibilizar los requisitos formales del reconocimiento de la organización y reemplazarlos por exigencias que ágilmente puedan dar cuenta del funcionamiento real de las organizaciones y de su representatividad, tales como la certificación de los gobiernos locales según el nivel y ámbito de la organización?

Ante estos anuncios, diversas organizaciones de criadores de alpacas han iniciado los trámites para su formalización, obtener o actualizar su personería jurídica, RUC y ser así sujetos de crédito.

En este contexto, el Ministerio de Agricultura oficializó el lanzamiento nacional del programa de créditos para el sector alpaquero, el acto tuvo lugar en la provincia de Lampa, elegida por contar con la mayor población de alpacas a nivel nacional. El 6 de marzo, el Ministro de Agricultura dió inicio al programa referido, ante la presencia de regular número de criadores, autoridades políticas de la referida provincia; así como representantes de Macusani, Sicuani, Espinar, Cojata, Masocruz, entre otros. Se contó, también, con la presencia de funcionarios de instituciones públicas (SENASA, PRONAMACHCS, DRAG, entre otros) y privadas (CITE Camélidos y organizaciones no gubernamentales).

El fondo del crédito asciende a 25 millones de soles y tendrá un interés del 4% anual, empleando la fibra como garantía del crédito. Está previsto atender a los pequeños criadores, con un tope de producción de 5 quintales, que significa un crédito de S/. 2,000.00 por criador por un lapso máximo de 8 meses. Además, se ha previsto un segundo crédito para la generación de valor agregado mediante la transformación de la fibra acopiada (tops, hilados y confección), realizando alianzas estratégicas y comerciales con la pequeña y gran industria.

De esta manera, los criadores organizados tendrán la oportunidad de formar parte de un programa de adquisiciones del Estado, para lo cual se estaría considerando la confección y adquisición de chompas, a través de FONCODES, para abastecer a sus programas sociales. Esta primera experiencia permitiría a los productores generar nuevas estrategias de organización –por ejemplo, consorcios– y de esta manera buscar nuevas alternativas de mercado.

Aun así, el lanzamiento del programa crediticio ha sido un acto político sin muchas explicaciones técnicas. Fue evidente que el programa será gestionado directamente por el Ministerio de Agricultura desde Lima, que tendrá a su cargo los equipos técnicos regionales encargados de la operación del acopio y otorgamiento de los créditos a los productores. Esto ha sido percibido por los productores como una señal negativa frente a las urgencias de la situación que requiere de propuestas claras y expeditivas.

Por otro lado, es bueno recordar que el episodio que ahora confronta el sector alpaquero no es nuevo, pues a lo largo de los últimos 20 años las oscilaciones del precio de la fibra a los productores, ha presentado notorios altibajos en concordancia con las variaciones en los precios internacionales. Esto ocurre en tanto la demanda de las fibras finas está asociada a los consumos determinados por la moda y la competencia de los otros pelos finos como el cashmere o el mohair, que han ganado posiciones ante el engrosamiento de la fibra de alpaca exportada desde el Perú.

En este contexto, resulta crucial que las medidas de apoyo a los productores alpaqueros, permitan la consolidación y ampliación del sistema de acopio de la fibra categorizada y con precios diferenciados, según la norma técnica peruana, aprobada luego de más de 150 años de vigencia del sistema de comercialización de la fibra sin distinguir ni estimular la finura con mejores precios; lo que ha resultado perjudicial ya que ha estimulado las prácticas orientadas a obtener mayor volumen a costa de perder finura.

La reacción inmediata en los mercados locales ante los anuncios gubernamentales, se ha expresado en el incremento del precio de la fibra al barrer ofrecido por los intermediarios en las ferias locales, llegando a S/. 7.00 por libra de la fibra blanca huacaya.

Así, lo más urgente es, entonces, la difusión masiva de los alcances técnicos y financieros del programa de crédito, actividad que será desarrolla por el equipo responsable regional (3 profesionales) del programa de apoyo en alianza con las instituciones públicas y privadas. En la región Puno, esta tarea será desarrollada concertadamente por la Mesa de Camélidos de la región Puno y se espera que en otras regiones se motiven mayores acciones de concertación para hacer el balance de la situación y buscar salidas de mayor eficacia en el mediano y largo plazo.

desco Opina - Regional
Programa Regional Sur – UOT Lampa
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Moviendo las fichas para el 2011

desco Opina / 6 de marzo de 2009

El ingreso de Mercedes Cabanillas al Gabinete Ministerial era un hecho. La sorpresa fue el sector al que finalmente fue designada. Casi todos pensaban que la «Margaret Tatcher» peruana, como gusta que la reconozcan, aspiraba a la cartera de Defensa. Dicen que de esa manera iba a replicar la carrera de Michelle Bachelet. Lo que nunca nadie dijo es por qué esa emulación debía ser garantía de éxito, coronado con una elección presidencial en el 2011. Seguramente la explicación está en las cábalas, tan recurridas por los políticos peruanos, que deben desenvolverse en ámbitos tan precarios e imprecisos como los nuestros.

Entonces, tenemos ahora a Cabanillas en el Ministerio del Interior. No es nada fácil lo que le toca manejar. Recordemos que en ese portafolio cayó de bruces una ministra de las calidades de Pilar Mazzetti y el Presidente de la República sostuvo hasta donde pudo a un aprista «intocable» como Luis Alva Castro. Sin embargo, las necesidades políticas del momento exigen, si se quiere, ese «sacrificio» de Cabanillas, quien encuentra así, no sólo su entrada por una puerta relativamente grande al Ejecutivo sino, sobre todo, la oportunidad de afianzar rumbos hacia el 2011.

Ante todo esto, era obvio que el Presidente del Consejo de Ministros tenía una voz más que autorizada para expresar su posición. En el papel, su condición de independiente hacía suponer que no estaba a favor del ingreso de una dirigente aprista al colegiado que encabeza y las expectativas de la primera hora asumían profundos malestares en el premier Simon.

No fue así. Para Simon todo estaba en los carriles previstos y la designación de Cabanillas no era, para su consideración, ninguna «apristización» del Gabinete. Reafirmó que el APRA era de izquierda –apoyado entusiastamente por el congresista Mulder– y que opositores como Ollanta Humala no sabían lo que era ser pobre y, por lo mismo, no podían ser de izquierda. El Premier seguramente se entiende. La dificultad está en su poca capacidad comunicativa.

En primer lugar, la apristización, como sugerimos en las entregas anteriores de desco opina, no es un fenómeno que se circunscribe al Ejecutivo, sino que se generaliza en todos los niveles y sectores del Estado. Es parte del consabido derecho que se arrogan informalmente los que ganan elecciones: el famoso Estado como botín. Como decía antaño la recordada congresista Marta Chávez, «para eso ganamos, pues».

En segundo lugar, la apristización no sólo significa copamiento de puestos, sino direccionalidad en las políticas públicas, teniendo como objetivo mejores resultados electorales. De esta manera, una serie de medidas populistas dictadas durante los últimos meses, de evidentes impactos efectistas, tienen ese tinte.

En tercer lugar, la apristización también se materializa en los esfuerzos que se hace para disminuir, hasta donde sea posible, la capacidad de control sobre el ejercicio de las autoridades y funcionarios públicos. Al respecto, la manera como se sigue manejando la elección del Contralor General de la República, a pesar de las observaciones y críticas formuladas en la opinión pública, es un fiel ejemplo de esto. Así, el partido de gobierno anunció el nombre de su candidato a dicho puesto e, inmediatamente, se elevaron las sospechas acerca de su idoneidad para el puesto. Los reproches ya no eran sobre usos indebidos de títulos profesionales sino sobre acercamientos y amistades que llaman a preguntarse sobre si lo que parece, realmente es.

Sin embargo, lo sucedido y lo que posiblemente vendrá en los próximos meses no escapa a la racionalidad en la que se desenvuelve la política peruana desde siempre. Ya hemos ingresado a una etapa pre electoral que, se supone, será muy intensa. Estamos viendo los prolegómenos de la misma. Todo ello sirve para constatar que el escenario que está formándose no diferirá de los que ya hemos visto en anteriores ocasiones. Así, la invitación viene por el lado de reflexionar sobre cuánto hemos avanzado realmente en materia democrática desde el 2001 cuando, entre otros, los actores de hoy casi juraron que los viejos vicios se cancelarían para siempre.

desco Opina / 6 de marzo 2009
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Transporte metropolitano: mil caminos, ninguna solución

desco Opina - Regional / 27 de febrero de 2009

Frente a las innumerables controversias generadas por la caótica situación del transporte público, las obras inacabables del Metropolitano y el pertinaz trabajo en las vías de la ciudad, la Municipalidad de Lima brilla por la ausencia de respuestas. A este panorama, causando mayor preocupación en los vecinos, se suma el alto índice de accidentes en las pistas limeñas como señala la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial Nº 137, titulado «El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida», que pone en evidencia lo peligrosa que resulta para el pasajero, el conductor y el peatón, la circulación en las vías urbanas de la capital.

En la ciudad de Lima se registra el mayor número de siniestros de tránsito respecto a todo el Perú, con el 59.9% del total en el país. Los accidentes de tránsito son recurrentes en la Panamericana Norte, la Avenida Túpac Amaru, la Carretera Central y la Panamericana Sur, rutas que se localizan en los distritos más pobres de Lima Metropolitana, exponiendo a accidentes mortales a los ciudadanos. Según el Informe de Siniestralidad en las Vías elaborado por la Policía Nacional, este alto índice de accidentes se solucionaría con semáforos y mejor señalización. Sin embargo, en nuestra ciudad se priorizan obras y vías para descongestionar el paso de vehículos, pasando por alto la circulación segura de las personas en las calles, es decir una ciudad diseñada para vehículos y no para personas.

La máxima autoridad de la ciudad, la Municipalidad de Lima, es la responsable de educar y sensibilizar a conductores y usuarios y para ello es vital que el Plan Nacional de Seguridad Vial realmente funcione, de acuerdo a lo propuesto por la Defensoría, promoviendo a mediano plazo la educación de los conductores sin recurrir a un sistema de multas que no garantiza el cambio de actitud, sustancial para la mejora. Se requiere también coordinar con el Ministerio de Transportes y con la Policía Nacional, articulando propuestas para generar soluciones integrales. El tema de la seguridad y su relación con el transporte en la ciudad, involucra también al sector Educación para que apoye en la incorporación del tema de educación vial en la currícula escolar y en la formación de docentes.

Atender de manera integral el problema del transporte en Lima, significa también trabajar con los gobiernos locales para exigir conjuntamente la aprobación del proyecto de Ley Nº 165/2006–CR, con miras a crear el Sistema Nacional de Seguridad Vial y que, además, funcione.

Vimos hace unas semanas a los vecinos de Barranco protestando, un poco tarde por cierto, ante el desorden ocasionado en sus calles por las obras del Metropolitano y a una Municipalidad de Lima resolviendo al vuelo la situación generada por la gran presión sobre las calles del distrito. Y hace unos meses, el conflicto con la Universidad de San Marcos, generado por el afán de Castañeda de ofrecer obras a la ciudad pasando por encima de los ciudadanos.

Y como muestra de la desarticulación entre los sectores involucrados en las posibles soluciones, esta semana los usuarios de Barranco y Chorrillos quedaron varados en las calles, esperando las unidades de transporte que nunca llegaron, pues las rutas fueron modificadas para dar paso al Metropolitano (que estará operativo, según lo anunciado, a fines del 2010). Al parecer, el usuario del transporte público no merece ni información, ni notificaciones que le permitan llegar a tiempo al trabajo. Generar un nuevo sistema para la ciudad que armonice todas las alternativas de transporte (El Metropolitano, las rutas complementarias, el transporte no motorizado, entre ellas) requiere plantear soluciones a necesidades de todas las Lima que existen, que no es ni homogénea ni plana: Lima centro, Lima sur, Lima norte, Lima este, atendiendo a sus demandas específicas pero haciendo el esfuerzo de integrarlas en un concepto de ciudad que crece en demandas.

Si lo caótico de nuestro transporte está vinculado a la brecha socioeconómica de la ciudad donde 18 de cada cien personas son pobres y viven en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ate, Comas, San Martín de Porres y Ventanilla, según el Mapa de Pobreza 2007 de INEI; la pretensión de contar con un sistema ordenado de transporte requiere pensar más allá, planificar las relaciones entre la ciudad y las ciudades que alberga y que tienen necesidades y demandas específicas. La planificación de un sistema de transporte para Lima trasciende gobiernos y elecciones y requiere para su ejecución, que la Municipalidad de Lima planifique sus obras tomando en cuenta a las personas.

A pesar que la aprobación de su gestión sigue con alto porcentaje, el gobierno metropolitano no ha podido solucionar los conflictos más grandes que tiene la ciudad. ¿Seguirá el gobierno metropolitano acumulando conflicto al ritmo de las obras? ¿O seguirá haciéndose el «muertito» ante los cuestionamientos hasta las próximas elecciones?.

Mientras tanto, seguimos haciendo recuento de aristas para un mismo problema. Transporte urbano, seguridad vial, accidentes, irresponsabilidad peatonal, puntos negros y cuatro años y medio de la vida de cada limeño invertido en el transporte público. Además, las obras inacabables, los plazos móviles, las rutas espontáneas, los vecinos indignados (los próximos y los no tanto), los procesos de modernización construidos a pulso, en contextos no previstos, con impactos soslayados, donde lo primero en cambiar es el plan. Y en medio de todo esto, está el invisible ciudadano.

Ver mas detalles:

Descargar Informe Defensorial Nº 137

Descargar Boletín (Resumen del Informe 137)

Iniciativa de organización de vecinos:
Salvemos Barranco.

Información actualizada y opinión: 
ONG Luz Ámbar
ONG Ciudad Nuestra 

Iniciativa gubernamental:
MTC entrega a MINEDU 10 mil guías de educación vial

desco Opina - Regional / 27 de febrero 2009
Programa Urbano
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Expropiaciones, necesidades y elecciones

desco Opina / 20 de febrero de 2009

¿Por qué se promulga ahora la ley de expropiación en beneficio de aquellos asentamientos humanos en los que no es posible resolver de otro modo el problema de propiedad?

Durante el gobierno de Manuel Prado se dio la «Ley Orgánica de Barrios Marginales» (sí, era una Ley Orgánica) que permitía expropiar, bastando la simple calificación de oficio de un barrio como «marginal». Para que esa situación extrema no volviera a ocurrir, las autoridades empezaron a repartir tierras urbanizadas, como Tahuantinsuyo y Condevilla. Posteriormente, el Estado se limitó a entregar terrenos desocupados de su propiedad (Collique, Pamplona Alta, Villa El Salvador, Huáscar, Huaycán, Mi Perú, Pachacútec, etcétera). Esa tradición fue inaugurada por Odría al fundar San Martín de Porres en 1948. La señal era inequívoca: para los más pobres y más numerosos no hay Unidades Vecinales, Enaces, Fonavis, Miviviendas ni Techopropios. Entregar terrenos y convalidar ocupaciones ha sido la otra cara de la política de vivienda. Por eso siempre ha sido necesario «arreglar» después los problemas originados, buscando que aparezca como un acto de justicia.

En ese asunto operaron libremente políticos, promotores de invasiones, autoridades y hasta propietarios deshonestos que vendían a cientos de familias, terrenos agrícolas intangibles para que «invadan» sus propios terrenos y sean usados como vivienda. No debiera sorprender, entonces, que se repita hoy un acto que forma parte de una recurrente política de Estado sobre el hábitat popular en todo el Perú. Nadie podrá oponerse a que el agua, por ejemplo, llegue a la enorme y abandonada Manchay que, además, es lo único que las autoridades le quieren dar. Con o sin expropiación, ese pueblo de 14,000 lotes, un kilómetro más largo que todo el distrito de San Isidro, necesita mucho más como política nacional de urbanismo y de ciudades.

Una vez más, hoy no se critica la falta de oferta de viviendas para las mayorías, madre del cordero y clamorosa responsabilidad pública. Se critica el peligro de la arbitrariedad en la acción pública. La discusión no está en torno a una buena o mala política de equidad, sino se mueve en otras arenas: la arena pre electoral y la arena de los negocios.

La necesidad política debiera tener poco que ver con la demagogia de una llamativa propuesta parcial y de corto plazo para un problema que ahora es más difícil de manejar. Ya se inauguró el periodo pre-electoral y se vienen negociando las alianzas imposibles, ante reveladoras encuestas del descontento nacional. ¿Se puede creer honestamente que hoy como ayer, no se intente expropiaciones para construir clientelas políticas?

La arena de los negocios está caliente y se ventila a la luz pública luego del escándalo de Petro Tech: Es presumible que demore el nombramiento de un(a) contralor(a); se buscará aligerar los procedimientos para contratar a las grandes empresas contempladas en el Decreto de Urgencia Nº 047-2008. Por cierto que ya se encuentra en el Parlamente otro proyecto de ley para expropiar. Pero esta vez será en beneficio de los inversionistas. El proyecto 3001/2008 del Ejecutivo, contempla reubicar a las poblaciones que obstruyan esas inversiones «de acuerdo a la disponibilidad de terrenos». En este caso, se expropiaría para los inversionistas, y no para reubicar a los pobres desplazados por esas expropiaciones. Con la misma suspicacia que con los asentamientos humanos, puede pensarse que bien podrían ser comunidades andinas o nativas las expropiadas. ¿La ley no es parte de ese «clima» de negocios, grandes y pequeños?

En estos años de democracia poco es lo que verdaderamente hemos acumulado en el debate programático. En un contexto en el cual la política se reduce al trasfondo electoral y el manejo del Estado está teñido de sospecha sobre los intereses bastardos, no encontramos un resquicio sistemático que esté abierto al debate sobre las necesidades del desarrollo nacional en el mediano plazo. El tema de nuestras ciudades es mucho más que el asunto de los títulos y el agua; la viabilidad y sostenibilidad del hombre del Ande demanda debates y acciones más importantes que la ya olvidada «Sierra exportadora». Por lo demás, al conocer de boca de los actores de qué manera se trafica con los lotes petroleros, hemos podido tener una aproximación a por qué nuestro gas no servirá para cambiar nuestra matriz energética, sino la de México. El cambio de matriz energética tampoco se discute como un asunto programático.

Las organizaciones de la sociedad civil, tales como los colegios profesionales y las ONG, están lejos –muy lejos– de los parlamentos, los ministros y los presidentes. Los distanciamientos históricos entre el Estado y la sociedad no han sido superados, más allá de las promesas y las voluntades. Por eso, cada situación puntual siempre será muy reveladora de estos desencuentros en los que son las alternativas sostenibles de desarrollo nacional las que pierden.

desco Opina / 20 de febrero 2009

Fecha: 02/2009. Descargar (35 kb)

Alpaqueros huancavelicanos en pie de lucha: el reto de la acción colectiva

El 10 de febrero se reunieron gran parte de las organizaciones alpaqueras de Huancavelica para tratar un tema que es motivo de creciente preocupación en el sector, y que está relacionado con la crisis económica internacional: la rápida disminución del precio de la fibra de alpaca. Recordemos que en campañas anteriores dicho producto se cotizaba entre 12 y 16 soles la libra. Actualmente, se valoriza por debajo de los cuatro soles. De esta manera, no es posible recuperar ni siquiera los costos de producción. Más aún, esta situación ha ocasionado ya cuantiosas pérdidas económicas, afectando significativamente a los pequeños propietarios y campesinos de las zonas alto andinas dedicadas a esta actividad ganadera.

Rabia, frustración e indignación eran los sentimientos que imperaban en el colectivo de alpaqueros en el auditorio. Unos denunciaban la falta de atención por parte de las autoridades públicas (nacional, regional y local), mientras que otros denotaban una actitud desesperanzadora y pesimista. Así, tras un candente debate, se acordó realizar una movilización de protesta el próximo martes 17 de febrero para exigir, democrática y públicamente, se acoja un conjunto de demandas con el propósito de recuperar parte del capital alpaquero.

No deja de ser saludable esta cohesión, aun cuando la causa no sea grata. Sin embargo, también debe señalarse que los productores alpaqueros han mostrado casi siempre poca propensión a la organización y a la construcción de vías firmes para que sus intereses sean priorizados en las agendas políticas del país. Es decir, que la ocasión amerite ahora la imperiosa necesidad de articular acciones para impedir el deterioro de su situación no significa que, probablemente, hubieran estado en mejor posición negociadora si la crisis los hubiera cogido con más y mejores capacidades para la movilización.

Es cierto que hubo intentos anteriores para salir a las calles a manifestar sus demandas pero, lamentablemente, no pudieron lograr una movilización coherente, activa y unida en defensa de algunos de sus intereses comunes que vienen siendo vulnerados. En efecto, para que pueda producirse una acción colectiva contundente, debe existir, además de los intereses comunes que articulen a los productores alpaqueros, un conjunto de incentivos específicos para quienes participen en estas acciones masivas. Es decir, además de aspirar al logro de objetivos compartidos por todos los alpaqueros huancavelicanos, también se requiere mucha claridad respecto a por qué es indispensable que todos se incluyan y participen en la acción común.

Esto significa, en definitiva, que las organizaciones alpaqueras deben ser medios para canalizar las demandas de los productores, pero practicando procedimientos que permitan integrar a la mayor cantidad posible de productores en las acciones a ejecutarse, así como articular sus demandas con las que provienen desde otros sectores sociales y productivos.

De esta manera, una posible vía que generaría expectativas para la movilización entre los productores, podría ser exigir al Estado la implementación de un programa de comercialización de la fibra de alpaca y el establecimiento de precios refugio que beneficie prioritariamente a los pequeños criadores alpaqueros que participan en organizaciones formales del sector. Planteadas las cosas de este modo, probablemente muchos de estos pequeños productores alpaqueros apreciarán a sus organizaciones –las legitimarán– y optarán por fortalecerlas con mayor compromiso y continuidad, en aras de conquistar otras demandas.

Pero, si sólo se apuesta a una conciencia colectiva alpaquera que, dicho sea de paso, es apenas incipiente, sin la inclusión de estos incentivos particulares para quienes participen activa y coherentemente en la formación de ella, seguramente continuaremos apreciando manifestaciones que, por un lado, se muestran frágiles y desarticuladas y, por otro lado, son protagonizadas por actores alpaqueros debilitados y dispersos que, incluso, podría conllevar a una mayor desestructuración de las organizaciones del sector alpaquero.

Finalmente, debe reflexionarse seriamente sobre esta situación, con miras a extraer lecciones que contribuyan a establecer las prioridades para el combate contra la pobreza y los objetivos de desarrollo en las políticas gubernamentales. Estamos asistiendo al inicio del fin del importante ciclo de crecimiento que venía manifestando la economía peruana en los últimos años y, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos sobre los beneficios que ha provocado entre los sectores más necesitados del país.

La bonanza económica coincidió con un momento de precios altos de la fibra de alpaca. Sin embargo, tal como siempre ocurrió en el sector, los beneficios de la renta producida se concentraron significativamente en las pocas grandes casas comerciales e industriales y no generaron cambios significativos en las condiciones de vida de los productores. Esto se vio reforzado con las políticas sectoriales. El programa Sierra Exportadora pudo ser un excelente vehículo para intentar variar siquiera en algo la histórica concentración existente en el sector alpaquero, buscando una mejor distribución.

No fue así y el resultado lo vemos ahora: productores ubicados en la línea de extrema pobreza, sin mayores beneficios obtenidos por el crecimiento económico y desconcertados sobre qué les pasará en el futuro inmediato.

desco Opina - Regional / 13 de febrero 2009
Programa Sierra Centro

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