Entre las cifras y la realidad: la salud pública en Junín

 A pesar de los avances presentados durante la XLI Reunión Ordinaria de la Comisión Intergubernamental de Salud (CIGS), realizada a finales de septiembre en la ciudad de Huancayo, los indicadores en salud de la región Junín siguen reflejando una realidad preocupante y compleja. Aunque se han realizado algunos esfuerzos, los resultados no son tan alentadores; particularmente la anemia sigue siendo un desafío crítico. A pesar de los planes y políticas multisectoriales implementadas a nivel nacional, los avances en la región han sido ligeros y las cifras respecto al 2024, apenas han cambiado. La persistente alta tasa de anemia en gestantes y niños, así como la desnutrición crónica en menores, evidencia que las políticas en curso necesitan ser revisadas y adaptadas de manera más efectiva a las particularidades de Junín.

Según el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), Junín enfrenta elevados índices de anemia y desnutrición crónica que siguen siendo un reto significativo. En la región, el 24% de las gestantes y el 50.5% de los niños de 6 a 36 meses padecen anemia, mientras que el 17.8% de los menores de 5 años sufre de desnutrición crónica. La persistencia de estos indicadores señala la urgencia de reforzar estrategias de atención y prevención, y evidencia que las políticas y programas actuales no han sido suficientemente eficaces para abordar de manera integral y sostenida la malnutrición en la región, lo que obliga a redoblar esfuerzos y revisar los enfoques adoptados.

Además, los indicadores relacionados con el acceso a servicios básicos en Junín revelan considerables desigualdades que afectan gravemente la calidad de vida de sus habitantes, especialmente en las zonas rurales más alejadas. De los 3720 centros poblados de la región, solo el 39.7% tiene acceso a agua potable, y el acceso a saneamiento es aún más limitado (26.1%). Solo 62.4% de los centros poblados tiene acceso a electricidad, sin embargo, el acceso a internet es bajo (10.7%). La cobertura en servicios integrales sigue siendo escasa, solo 7.7% de los centros poblados tienen acceso a todos los servicios básicos (agua, saneamiento, electricidad e internet). Estos datos no solo reflejan limitaciones en la infraestructura básica, sino una clara disparidad en el acceso a servicios esenciales que condicionan el bienestar de la población. Esta situación plantea la necesidad de un enfoque mejor adaptado a las realidades locales y un compromiso más firme para reducir estas brechas.

Por otro lado, según la Dirección General de Epidemiología, Ministerio de Salud del Perú - Sala Situacional de Dengue, 2025, Junín ha registrado 1446 casos acumulados de dengue, con una disminución del 50% comparados con los 2877 reportados en el mismo período de 2024. Sin embargo, se registra un incremento del 33% con respecto a las defunciones (3 fallecimientos en 2024 y 4 en 2025). Si bien la reducción de casos indica que las medidas de control están funcionando, el aumento en la mortalidad es preocupante; a pesar de los esfuerzos preventivos, la enfermedad sigue causando muertes en la región. Esto podría estar relacionado con factores como el acceso a la atención médica o la gravedad de los casos en algunas zonas, lo que resalta la necesidad de intensificar no solo la prevención frente a los criaderos de mosquitos, sino la mejora en la atención médica oportuna para evitar más defunciones.

Parece que el entusiasmo ha desbordado en la reciente reunión de la CIGS, especialmente al destacar que Junín se encuentra entre las regiones con mejores niveles de inversión en salud. Para comprobarlo, revisamos la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que aporta los siguientes resultados: el Gobierno Regional de Junín dispone de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 3 472 569 681, con una ejecución actual del 74.7%. De este total, la función Salud recibe S/ 1 073 150 913, de los cuales se han devengado S/ 786 049 305, lo que representa un avance del 73.2%.

A pesar de que el nivel de ejecución es aceptable, los resultados en el sistema de salud regional evidencian graves deficiencias. La Contraloría General de la República, a través del Informe de Orientación de Oficio N.º 033-2024-2-2814-SOO y el Informe de Visita de Control N.º 032-2024-OCI/2814-SVC, ha identificado serias falencias en los establecimientos de salud de Junín, que incluyen la escasez de personal asistencial, problemas estructurales y la falta de equipos médicos básicos. En el Hospital Domingo Olavegoya de Jauja (en estado de emergencia desde 2012), se realizó una nueva supervisión bajo el Informe N.º 018-2025-OCI/2814-SVC, donde se detectaron filtraciones, fisuras, instalaciones eléctricas expuestas y ambientes deteriorados, situaciones que ponen en riesgo la seguridad tanto de pacientes como de trabajadores. Además, se comprobó el incumplimiento de horarios por parte de los profesionales de salud, así como la ausencia de una adecuada programación de guardias médicas. Estos problemas reflejan un uso ineficiente del gasto público: mientras el presupuesto cubre el pago del personal, este no se traduce en mejoras sustanciales en la calidad del servicio ni en la creación de condiciones adecuadas para la atención.

La situación de la salud pública en Junín sigue siendo alarmante. A pesar de los avances en el presupuesto destinado a la salud y los esfuerzos intergubernamentales, las cifras de malnutrición como la alta tasa de anemia y desnutrición crónica son preocupantes. Las inversiones económicas y los planes multisectoriales no han logrado un cambio significativo en los indicadores clave de bienestar, esto refleja la ineficacia de las políticas implementadas hasta ahora. El acceso limitado a servicios básicos como agua potable, saneamiento e internet en la mayoría de los centros poblados, especialmente en áreas rurales, refuerza la desigualdad estructural que afecta la calidad de vida de los habitantes, lo que plantea un desafío aún mayor para mejorar la salud pública en la región.

La falta de personal adecuado, infraestructuras deterioradas, escasez de equipos médicos en establecimientos de salud, como en el caso del Hospital Domingo Olavegoya, revelan la falta de eficiencia en el gasto público. Aunque el presupuesto está destinado al pago de personal, ello no se traduce en mejoras sustanciales en las condiciones de los centros de atención ni en la calidad del servicio ofrecido a los pacientes. La persistencia de estos problemas, junto con la ineficiencia en el uso de recursos y la falta de una respuesta efectiva ante emergencias sanitarias como el dengue, subraya la necesidad urgente de una revisión profunda de las políticas y estrategias en salud. Es fundamental que se adapten a las realidades locales, priorizando la mejora de infraestructura, la capacitación continua del personal y, sobre todo, un enfoque integral y sostenible para garantizar un acceso equitativo y de calidad a los servicios de salud para todos los habitantes de Junín.

 

 

desco Opina – Regional / 10 de octubre de 2025

descocentro 

PERUMIN: con ruido, sin nueces… pero con el show de Manero

La semana pasada concluyó una nueva edición del PERUMIN, el evento más importante del empresariado peruano, superado apenas por la CADE, que tiene en la minería uno de sus barcos insignia. La reunión, realizada en Arequipa, estuvo atravesada por dos preocupaciones centrales que interesan especialmente a los grandes del sector: la demanda constante de la desregulación para lograr competitividad y la minería informal e ilegal, como parte de los principales desafíos que tienen en el futuro inmediato. La crítica al exceso de regulaciones que hace el empresariado, especialmente el minero, tiene ya más de una década argumentando que los excesos de trámites y regulaciones alejan las inversiones y afectan la competitividad. Ello a pesar de que los números muestran tercamente que, con las mismas regulaciones y trámites, Perú batió récords de inversión y duplicó la producción de cobre en la segunda mitad de la década pasada. Por cierto, a lo largo de este tiempo, con esa demanda han tenido resultados importantes a través de decretos supremos, leyes y diversas decisiones que golpearon especialmente la legislación ambiental. Más recientemente, el mecanismo usado fue el de los shocks desregulatorios construidos en las mesas minero-energéticas entre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y los empresarios del sector. En este PERUMIN, se anunciaron 385 medidas desregulatorias, para que no queden dudas de la “buena disposición” del Ejecutivo con el sector.

La otra gran preocupación que ocupó la reunión fue el crecimiento de la minería informal y de la claramente ilegal, vista hoy día como la mayor amenaza para sus actividades, entre otras cosas porque además de la violencia que entraña en muchos casos, le supone a la gran y mediana empresa una competencia directa, que además de pelearles cuotas en la producción, especialmente en el caso del oro, ha desarrollado su propio discurso, crece en su influencia política, permea a los partidos que anteriormente les eran funcionales y gana espacio en importantes territorios de la gran minería a la que empieza, incluso, a disputarle concesiones. En este campo, se insistió en la importancia de la ley de minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), sin entender que ésta no es una isla y lo que debe revisarse es la Ley General de Minería, pensada hace más de treinta años en función de la gran y mediana minería.

Sorprendió, que en un evento de tanta importancia, que incluso trajo a un expresidente argentino para una conferencia magistral sobre el liderazgo y su importancia tanto en el empresariado como en la política, no se dijera absolutamente nada sobre una reciente publicación del Banco Mundial, “De la abundancia a la gestión inteligente de los recursos naturales: Oportunidades para América Latina y el Caribe en la transición energética”, quizá porque, entre otras cosas, en ese texto se dice que “las emisiones que genera la minería siguen siendo elevadas, la huella ambiental es considerable y los riesgos sociales son profundos” o que “la falta de marcos regulatorios y mecanismos de aplicación sólidos podría agravar las externalidades negativas que afectan a la tierra, la flora y la fauna, la gestión de los recursos hídricos y las comunidades locales. Los altos niveles de conflictos socioambientales en la minería provocan retrasos en la producción. Pero la minería sostenible ofrece la oportunidad de generar ingresos que permitan una mayor inversión en infraestructura y beneficios para la comunidad”

Lo que no fue una sorpresa fue escuchar al ministro de Agricultura, Ángel Manero, revelar que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) apuesta, como todo el gobierno, por destrabar proyectos mineros, antes que por fortalecer la agricultura, explicando que en situaciones de urgencia o escasez se debería optar por destinar el recurso hídrico a la actividad minera. Justificando su posición, indicó que la minería le da más flujo de caja al país y, con esos ingresos, se pueden financiar proyectos que beneficien al sector agrario en un mediano plazo. No fue sorpresa, decimos, porque es el mismo personaje que en abril, en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú sostuvo que la agricultura debe ser vista como un negocio y que en caso de pérdidas, los agricultores deberían abandonar el sector en lugar de esperar apoyo del Estado; el mismo ministro que defendió la Ley Chlimper 2.0 y presentó una propuesta para modificar la ley de moratoria de transgénicos, planteando la posibilidad de permitir la siembra de maíz y algodón transgénicos en la costa peruana.

Como le recordaron distintos gremios y especialistas, el personaje, que como en todas sus patinadas anteriores se deshizo en explicaciones, porque siempre sacan de contexto sus decires, olvidó, entre otras cosas, que el agua es un derecho humano y un bien público estratégico; que el sector agrícola genera más de cuatro millones de empleos (30% de la Población Económicamente Activa), mientras que la minería apenas alcanzó 235 000 empleos en 2024, y que el 70% de los alimentos del país provienen de la agricultura familiar.

Si PERUMIN anunció su interés en una agenda nacional que se redujo en mucho a sus intereses, el ministro Manero, más allá del ridículo indignante, seguramente los hizo felices con su postura, que más allá de cualquier interpretación auténtica, es la del gobierno.

 

 

desco Opina / 3 de octubre de 2025

Sin trabajo digno, no hay pensión digna

 

No se puede exigir ahorro para una vejez digna cuando el presente apenas alcanza para sobrevivir. Este es el dilema que enfrentan millones de peruanas y peruanos y que el Congreso ha intentado disfrazar con la llamada Reforma Previsional. La Ley N.º 32123, aprobada en 2024 y reglamentada el 5 de septiembre de este año, que pretendía rediseñar el sistema de pensiones, pero terminó evidenciando las grietas de un Estado que legisla sin abordar lo más urgente, garantizar trabajo digno hoy.

La propuesta inicial incluía una pensión mínima de S/600 para quienes aportaran al menos 20 años, la afiliación obligatoria de todos los trabajadores y la imposición de contribuciones a los independientes. Además, prometía libre movilidad entre la AFP y la ONP, así como mayor competencia en el mercado de las administradoras de fondos. Sin embargo, en un país donde más del 70 % de la población laboral se encuentra en la informalidad y donde muchos ingresos apenas alcanzan para cubrir necesidades básicas, esa pensión mínima sonaba más a consuelo que a una solución real.

La reacción ciudadana no se hizo esperar. Septiembre fue testigo de masivas movilizaciones de jóvenes y trabajadores que percibieron la reforma como una camisa de fuerza: exigir aportes cuando los ingresos no dan ni para llegar a fin de mes. Ante la presión social, el Congreso dio marcha atrás. Apenas diez días después, mediante la Ley N.º 32445, autorizó un nuevo retiro extraordinario de fondos de las AFP —el octavo desde 2020— y derogó tanto los aportes obligatorios para independientes como las medidas más restrictivas. El tanque que supuestamente debía llenarse para asegurar el futuro, volvió a abrirse en mil fugas.

A esta contradicción se suman dos elementos que rara vez se ponen en el centro del debate. Primero, que las cuatro AFP activas en el país pertenecen al mayor grupo financiero nacional y a tres transnacionales, que manejan a su discreción más de 110 mil millones de soles de los trabajadores y cobran comisiones superiores a los mil millones anuales. Es el mismo patrón de concentración que se observa en el sistema bancario: cuatro bancos concentran cerca del 85% de los depósitos, y dos de ellos —Scotiabank y Banco de Crédito— controlan también sus AFP. En segundo lugar, la Ley N.º 32428, aprobada en agosto bajo el impulso del fujimorismo, abrió la puerta para que las AFP puedan invertir hasta el 80% de los fondos en el exterior, lo que equivale a más de 90 mil millones de soles que salen del circuito económico nacional.

El resultado es profundamente contradictorio: se conserva la promesa de una pensión mínima y la afiliación obligatoria, pero al mismo tiempo se flexibilizan los retiros anticipados y se consolidan las ventajas de un oligopolio financiero que opera con márgenes de ganancia extraordinarios. El mensaje, visto en perspectiva, no podría ser más claro: el sistema previsional ha dejado de aspirar a ser un pilar de protección social para convertirse en un campo de disputa política y empresarial. Un botín que se abre y se cierra según el vaivén de las encuestas, las protestas callejeras y las urgencias del momento.

El debate sobre las pensiones es legítimo, pero insuficiente. Ninguna reforma previsional podrá sostenerse en un país donde la mayoría trabaja en la informalidad y con salarios paupérrimos. El verdadero desafío —y la reforma pendiente— no está en cómo repartir el ahorro futuro, sino en transformar el presente: más productividad, mayor formalización laboral y salarios que permitan vivir con dignidad. Y, además, avanzar hacia un esquema en el que los empresarios también asuman un rol activo en el financiamiento del sistema, como ocurre en otras latitudes. Solo así la promesa de una pensión decorosa dejará de ser un espejismo y se convertirá en una realidad posible.

 

 

desco Opina / 26 de setiembre de 2025

Después de mí, el diluvio

 

A inicios de junio, el entonces exministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaba siendo procesado por un supuesto soborno de 20 000 dólares a miembros del Tribunal Constitucional, para beneficiar a un investigado. Por eso, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses.

Dicha medida cautelar se adopta para evitar el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación, existiendo varios otros casos emblemáticos, como el de Betssy Chávez, que tiene diez meses de impedimento de salida, por supuestamente acreditarse “sospecha suficiente” y riesgo procesal en el juicio oral. También está el de Martín Vizcarra, cuya cautelar fue levantada luego de algunos cambios legislativos y que la Corte Suprema considerara otros criterios para evaluar su caso.

El 23 de agosto, Santiváñez regresó al Gabinete ministerial como titular de Justicia, luego de haber sido censurado por el Congreso cuando conducía la cartera del Interior. Un par de semanas después, estaba viajando a Ginebra, Suiza, para participar en el 60° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para ello, fue necesario que un juez “suspendiera” por cinco días el impedimento de salida vigente que pesaba en su contra.

La sucesión de despropósitos, tan característico de los actuales gobernantes del país, no iba a implicar, como siempre, ningún mínimo esfuerzo para conocer hacia qué objetivo se encaminaban.

Veamos. Difícil ubicar a alguien con confusiones tan mayúsculas como Santiváñez, como para ir a “plantar cara” de la manera como lo hizo, a los funcionarios de Derechos Humanos de la ONU. Aseguró tajante, que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en respuesta a las resoluciones de la CIDH contra la ley de amnistía.

Defendió la promulgación de esta ley a favor de militares y policías procesados y sentenciados por delitos contra los derechos humanos, al asegurar que ella se dio respetando la separación de poderes y “como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo”.

En la víspera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, había dicho que la ley de amnistía representaba “un retroceso para la justicia y la verdad”.

Al día siguiente, a manera de “refuerzo definitivo” de lo manifestado por su ministro, la señora Boluarte aseguró que no iban a permitir “injerencia de ningún organismo internacional” para preguntar luego, en tono desafiante, “¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro Perú que amamos, por los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror? A ellos, los de la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación, ¿dónde está la reparación civil para los 70 000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿dónde está la reparación civil para ellos?”

Como lo leen. La señora Boluarte, mostrando mejor que nunca la behetría mental que la caracteriza, se hizo una pregunta que ella, y sólo ella, debió responder, porque el sujeto exclusivo de obligaciones ante las víctimas del Estado es el Estado mismo.

El retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sería un giro histórico con consecuencias profundas en múltiples niveles como, por ejemplo, la pérdida de acceso a la Corte IDH para las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando las vías internas se agoten.

También está el debilitamiento del control convencional, que exige que las leyes y sentencias nacionales se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos; asimismo, la desvinculación de otros tratados interamericanos –además del Pacto de San José– como los que protegen contra la tortura, la desaparición forzada, la violencia de género, los derechos de adultos mayores, las comunidades indígenas, las personas LGTBIQ+, las víctimas de violencia estatal y otros grupos vulnerables, que perderían así una instancia clave de protección.

Esto quiebra definitivamente el Estado de derecho, ya que el SIDH, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido un pilar externo de garantía cuando las instituciones internas fallan o se politizan.

Toda esta destrucción institucional solo es entendible como parte de las medidas preventivas para la autoprotección de la gobernante y sus socios, como revelaría la decisión del Congreso, tomada el 12 de setiembre, al archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre 2022 y febrero 2023.

 

desco Opina / 19 de setiembre de 2025

La ESI en Arequipa: contra la ignorancia, no contra la infancia

 

La aprobación de la Ordenanza Regional N° 538 para implementar la Educación Sexual Integral (ESI) en los sectores Educación y Salud en Arequipa ha desatado una campaña de desinformación impulsada por grupos conservadores de la ciudad, con dos voceros visibles. El Arzobispo de Arequipa, Javier del Río Alba, ha afirmado que la norma “es una aberración” y que en el fondo busca imponer la –inexistente– “ideología de género”. Por su parte, el alcalde de Yanahuara, Sergio Bolliger, ha referido que su implementación es el inicio de un camino para la implementación de otras normas, como la del cambio de sexo a niños de 10, 11 y 12 años pagadas por el Estado sin autorización de los padres, como en Argentina, hecho que tampoco es cierto.

La realidad es otra en la región. Según la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, la tasa de embarazo adolescente se ha mantenido entre 3.5 % y 3.7 %, sin mostrar señales de descenso entre 2024 y 2025. Durante 2024, el Ministerio de Salud reportó 782 casos de embarazo adolescente en Arequipa y Caylloma, buena parte de ellos como resultado de violaciones sexuales.

Por otro lado, la violencia sexual contra menores progresa con cifras alarmantes: hasta junio de 2025 se han denunciado cerca de 800 casos de abuso sexual contra menores en la región. Y en el ámbito escolar, en el 2023 se reportaron 160 casos de violencia sexual en Arequipa, 222 en 2024, y en lo que va del año se registran ya 116 denuncias, según el portal SíseVe del Ministerio de Educación.

Estas cifras revelan una cruda verdad: nuestras niñas, niños y adolescentes están siendo víctimas. Y los eslóganes contra la implementación de la ESI solo sirven para perpetuar la ignorancia, el miedo y el abuso sexual.

La ESI, tal como lo establece la ordenanza, no promueve ninguna “ideología de género”. Sí promueve información basada en evidencia, derechos humanos, autocuidado y convivencia democrática. Busca prevenir embarazos no deseados, violencia sexual e infecciones de transmisión sexual, además de fortalecer la participación informada de familias y comunidades. Para su elaboración se pidió la opinión técnica de la Gerencia Regional de Salud y la Gerencia Regional de Educación.

Su implementación supone ciertamente, un proceso largo que tiene que ser asumido en los planes operativos de las gerencias mencionadas, con la ejecución de actividades como capacitaciones a los actores educativos, campañas de comunicación y supervisión. Además, es imprescindible el acompañamiento de diversas instituciones de la sociedad civil, para que el Gobierno Regional no ceda frente a estas presiones y otras que han comenzado a llegar desde el ala fundamentalista del Congreso.

Esta campaña de desinformación debe responderse con contundencia: la educación sexual integral es un derecho, y su defensa es una obligación ética y social. ¿O preferimos seguir ignorando el embarazo de las adolescentes en la región mientras se esconde el verdadero problema bajo una falsa moralidad?

La ordenanza es un mandato de responsabilidad política y social. Ahora corresponde defenderla. No por capricho, sino por humanidad. Los datos lo demuestran, ofrecen la suficiente evidencia sobre la urgente necesidad de su implementación. Gracias a herramientas como la ESI, podemos empezar a transformar realidades en nuestra región, y dejar de disfrazarlas o, peor aún, actuar como que no suceden.

 

desco Opina – Regional / 12 de setiembre del 2025

descosur

López Aliaga: la municipalidad como trampolín

 

El uso abusivo de un cargo público como plataforma personal tiene su personificación más reciente en el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Con la complicidad de su cuerpo de funcionarios y bajo un discurso populista que no resiste contraste con la realidad, su administración se ha convertido en una vitrina de propaganda electoral en la que se inauguran obras incompletas, se anuncian ocurrencias inviables y se compromete el futuro financiero de la ciudad con gran irresponsabilidad, como ha resaltado recientemente un reportaje de The Economist.

El alcalde, ya en el tercer año de gestión, ha reemplazado con improvisación y espectáculo mediático lo que deberían ser avances reales respecto a la infraestructura urbana de Lima, tan necesitada de planificación y proyectos urbanos coherentes. Ejemplos sobran: la insólita iniciativa de convertir piscinas municipales en “playas” echando arena, la delirante idea de resolver la movilidad en el Centro Histórico con “carrozas tiradas por caballos” o la promesa incumplida de llevar agua potable a las laderas de los cerros donde cientos de miles de limeños viven sin servicios básicos, usurpando funciones del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima - Sedapal en lugar de coordinar, como también tendría que hacerlo con la Autoridad del Transporte Urbano para Lima y Callao - ATU.

En el terreno social, ha fracasado rotundamente en la reubicación de ambulantes —otro de sus compromisos centrales— generando más conflictos que soluciones, sin ofrecer alternativas para los cientos de miles de peruanos que dependen de ese trabajo precarizado. Su supuesta capacidad de gestión, que vende como carta de presentación presidencial, se desploma frente a la evidencia de una ciudad que sigue desordenada, desigual y sin un horizonte claro.

López Aliaga no construye consensos, divide y polariza, buscando consolidar una base radicalizada a costa de deteriorar el debate democrático. Ello se manifiesta en el cargamontón de insultos y descalificaciones contra todo aquel que no se alinee con su discurso de ultraderecha, empezando por quienes expresan posiciones de izquierda, aunque sin dejar de lado a la propia derecha fujimorista y a Acuña de APP, a quienes ahora ve como peligrosos rivales.

Más grave aún es el manejo de recursos públicos: la operación de los trenes “donados”, convertida en un show personalista, ha destapado cuestionamientos sobre las modalidades de adjudicación de contratos en la Municipalidad de Lima, en las que lo único transparente parece ser el direccionamiento de oportunidades de negocio a antiguos socios del alcalde, para quienes plantea adendas para añadirlos haciendo un abierto tráfico de influencias y la carga de un enorme endeudamiento para la ciudad, hipotecada ahora por más de 15 años.

Es el presente y el futuro de Lima usado como caja chica de su campaña presidencial; una candidatura disfrazada de gestión protagonizada por alguien incapaz de gobernar con seriedad, con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

La contradicción es brutal: mientras promete rescatar al país de la corrupción y la ineficiencia, su gestión municipal exhibe prácticas de opacidad, improvisación y endeudamiento irresponsable. Se vende como gestor exitoso, pero no logra resolver los problemas más urgentes de Lima ni cumplir las promesas con las que llegó al sillón municipal.

Su candidatura, una campaña mal disfrazada de obras de gestión exitosa, sostenida en insultos, populismo barato, apostando por un discurso de choque que explota el desencanto ciudadano con la política tradicional, demuestra que estamos ante un liderazgo peligroso, incapaz de gobernar con seriedad y con el riesgo añadido de trasladar sus fracasos y deudas a nivel nacional.

 

desco Opina / 5 de setiembre de 2025

¿Cómo movilizar y fortalecer la participación popular?

 

Si bien la experiencia que se resume a continuación es puntual, consideramos que podría servir como un ejemplo para mirar la política de otra manera, dejar de ver a los “políticos” como los únicos actores principales y entender qué está haciendo la sociedad civil para construir ciudadanía, conciencia ambiental, etc., y a partir de ello encarar lo que están haciendo quienes ocupan hoy los espacios de poder. Es pues un análisis de coyuntura hecho mirando la política desde otro lado y a partir de otras vivencias.

En medio de las dificultades que atraviesa nuestro país, surgen espacios que ofrecen esperanza y caminos hacia un futuro mejor mostrando desde su vida cotidiana experiencias y prácticas que constituyen otras maneras de concebir la vida en colectividad. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo en laboratorios de innovación urbano-ambiental en barrios de escasos recursos y en las escuelas que allí funcionan.

Mientras el Estado se concentra en construir infraestructura escolar en colegios medianos y grandes, otra vía para fortalecer la democracia es impulsar procesos participativos con comunidades y estudiantes de barrios pobres o muy pobres para mejorar su educación. Esa es una respuesta de acción paralela y simultánea a análisis de coyuntura que en muchos casos quedan restringidos a debates entre especialistas, sin impacto real en la comunidad. Estas iniciativas, fuera del mundo de “la política de los políticos”, palpitan a diario y son una forma de toma de conciencia ante los sucesos de la coyuntura pues involucran a autoridades locales, organizaciones barriales, jóvenes líderes y a la comunidad educativa, logrando con su desempeño soluciones ajustadas a las realidades territoriales y no a planes burocráticos o debates que para muchos son abstractos sobre el autoritarismo, la democracia y el desinterés por la calidad de vida de las y los peruanos.

En Lima Sur, por ejemplo, se ha conformado el grupo Guardianes de Lima Sur, que busca asumir un rol de liderazgo en la mejora urbana. Pese a limitaciones de infraestructura y recursos presupuestales, decenas de jóvenes de barrios como Halcón Sagrado, Vista Alegre y Héroes del Cenepa participan activamente, liderando ejecuciones de obras y diseños. Motivan a otros grupos de mujeres y jóvenes a sumarse. Los planes maestros no quedan en el papel: se concretan en intervenciones ecoamigables en colegios como el Peruano Canadiense, Juan Carlos de Borbón, República Alemana y Nuevo Progreso. Estos barrios de Lima Sur han logrado una alta participación de estudiantes y docentes a través de faenas voluntarias coordinadas entre barrios y escuelas. Repercuten también, qué duda cabe, en movilizaciones, reclamos y marchas que se hacen para demandar cambios y más recursos. Fuera de las luces de la llamada gran prensa y los medios masivos de comunicación, constituyen espacios en los que se forman, de a poco, nuevas alternativas de organización, de poder y de conciencia que seguramente se expresarán con sorpresa en los escenarios oficiales cuando irrumpan más adelante.

Estas experiencias no son poca cosa: fortalecen efectivamente el empoderamiento de mujeres y adolescentes que, al arborizar, crear huertos o proteger muros de contención, aportan a la resiliencia barrial frente al cambio climático y la indolencia gubernamental. Además –y esto es muy importante– impulsan el liderazgo de mujeres organizadas, en especial señoras de comedores populares, quienes han logrado fortalecer sus capacidades en agricultura ecológica, salud comunitaria y gestión ambiental, como una nueva manera de mirar la política, convirtiéndose en actores clave de la transformación barrial sostenible.

En paralelo, se desarrollan talleres replicables en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, ampliando progresivamente la red de comunidades organizadas y comedores populares. Es decir, reconstruyendo el tejido social deteriorado por el abuso, la desconfianza y la frustración que han traído las formas de hacer política, de buscar y de ejercer el poder en nuestro país a todo nivel.

Los jóvenes, por su parte, actúan como facilitadores intergeneracionales, acompañando a las mujeres –que pueden ser sus propias parientes– fortaleciendo lazos comunitarios que apuestan a nuevas formas de entender la sociedad, sus derechos y las obligaciones del Estado con la sociedad concreta que ellos constituyen en sus barrios e instituciones. No es poca cosa. Así, las experiencias barriales –que al inicio parecen aisladas– se enlazan, multiplican y consolidan redes de trabajo comunitario y ambiental que no están escritas en el papel: son realidades dinámicas que demandan derechos y exigen la participación del Estado –sectorialmente o desde el municipio– para la solución progresiva de sus problemas diarios, de resolución de sus carencias, elementales como la falta de agua potable y de sistemas de desagüe y otros servicios públicos urbanos. Lo hacen como ciudadanas y ciudadanos. Esto les permite contrastar y evaluar desde sus propias experiencias el rol que cumplen quienes ocupan actualmente los poderes del Estado (ministerios, Congreso, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, fiscalías, etc.).

Por eso, cuando se ve cómo se fortalecen capacidades en agricultura urbana, gestión de residuos y econegocios escolares, con participación activa de docentes y voluntarios de colegios, por ejemplo, el entusiasmo demostrado por estudiantes y maestros confirma que la educación ambiental tiene gran potencial de réplica a bajo costo y de movilización de la sociedad. Se involucra a toda la comunidad educativa en temas que les atañen directamente, sin mediaciones y análisis más complejos para entender qué hay que hacer para acabar con una situación generalizada de políticos corruptos, autoritarismo y combatir el maltrato a los más pobres.

 

  

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2025

descoCiudadano

Una maquinaria de largo plazo en acción

 

La difusión de una encuesta reciente ha causado alguna sorpresa. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y dueño de Renovación Popular, aparece por primera vez encabezando las preferencias electorales con 10%, seguido por Keiko Fujimori, Carlos Álvarez y César Acuña con 8%, 6% y 3% respectivamente. Entre enero y agosto la candidata naranja perdió cuatro puntos, mientras el alcalde de Lima, al ritmo de sus influencers y sus trenes, ganó 6.  La medición mostraba también que 58% definitiva o probablemente no votaría por Fuerza Popular, 55% no lo haría por Perú Libre y 54% por APP. Lo que los titulares y los comentarios de la encuesta dejaron en segundo plano, es que entre enero y agosto, el voto blanco, viciado, ninguno o no precisa, creció 7 puntos, llegando a 51% –67% en el nivel socio económico E y 57% fuera de Lima–, vale decir derrotando a todos los candidatos.

Como foto instantánea, la medición adelanta la importante probabilidad del antivoto dando paso en abril del próximo año a una elección en la que, al ausentismo, que puede crecer, se sumarán el pragmatismo de corto plazo y, seguramente, la resignación de sectores del electorado. La gente tiene claro quiénes manejan el Congreso de la República y gobiernan el país con la subordinación complaciente de Dina Boluarte, preocupada centralmente por asegurar su impunidad.

Mientras sectores de la opinión pública se distraen con las encuestas, la coalición autoritaria que gobierna avanza sin tregua, consolidando una maquinaria que camina, cree que imparable, en la consolidación de sus intereses. La elección de la presidencia de las comisiones del Congreso fue una pieza más de la repartija a la que nos han acostumbrado; muchos de los congresistas hoy en esa función, enfrentan investigaciones fiscales, denuncias penales o directamente carecen de preparación, mientras que otros enfrentan cuestionamientos por su trayectoria política y sus antecedentes personales. Así, uno de los denominados “Niños”, indagado por corrupción en el gobierno de Castillo, preside la comisión de Ética; una parlamentaria, invasora de varios espacios públicos para ampliar sus propiedades, lidera la comisión de Vivienda, mientras un congresista, promotor de la prolongación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2026, lo hace en la de Energía y Minas.

La mandataria firmó con entusiasmo y alentada por su ministro de Agricultura la nueva Ley Agraria, la ley Chlimper 2.0 en julio, aprobada por el Congreso que, por diez años, reducirá el Impuesto a la Renta de las grandes agroexportadoras y cambia las reglas del agua, permitiendo que las asociaciones de usuarios realicen “transacciones con terceros” del excedente que ahorren, sin intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), debilitando el control público sobre un recurso que es patrimonio de la Nación. El regalo que nos cuesta 20 000 millones de soles beneficia especialmente a Camposol, Complejo Agroindustrial Beta, Danper Trujillo, Agrícola Cerro Prieto, Sociedad Agrícola Drokasa, Ecosac Agrícola y Agrovisión Perú, a las que se suman industrias del sector vitivinícola como Santiago Queirolo y Bodegas y Viñedos Tabernero).

Más grosero aún, Boluarte promulgó con satisfacción una ley que otorga amnistía a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por crímenes graves contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto armado interno (1980-2000) y permite la liberación de condenados mayores de 70 años. Su entusiasta abrazo con el grupo Colina desnudó su pobre humanidad y aparecía comprando su impunidad y pagando los servicios de quienes dispararon contra civiles desarmados, defendiendo su régimen.

Todo esto como parte de un espectáculo donde el Congreso, ahora liderado por Fernando Rospigliosi pretende duplicarse el sueldo, y quien se piensa mandataria, continúan con su hostigamiento al Ministerio Público, su afán por recortar la autonomía judicial, su decisión de acabar con la posibilidad de elecciones competitivas, y el desprecio abierto que muestran por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un espectáculo donde todas las piezas funcionan en la misma dirección: un Tribunal Constitucional que blinda a la señora, una Junta Nacional de Justicia que evapora 1200 expedientes, un gobierno y congresistas que resultan patrioteros tras los despropósitos de Petro y se desentienden de las responsabilidades que les tocan por el abandono de Santa Rosa y de nuestras fronteras en general.

Las cosas son más duras aún. La maquinaria que avanza, busca instalarse en el largo plazo. Más allá de las ambiciones puntuales que separan a sus integrantes, antes que grandes diferencias, que explican el posicionamiento «opositor» que buscan López Aliaga y sus secuaces para afirmarse como la futura cabeza de la misma coalición autoritaria de hoy, comparten ese como interés fundamental. Si cabe alguna duda sobre aquel, basta mirar el programa tentativo del CADE Ejecutivos 2025, con el claro nombre de “Firmes en la acción ¡por la patria! Porque liderar hoy es una responsabilidad ineludible”. Más allá de los temas, lo impresionante es el reparto. No podía ser muy distinto, siendo la presidenta del evento María Isabel León, exresponsable del plan de gobierno en educación y vocera del fujimorismo en la materia el 2016.

Desde Javier Milei, el presidente argentino, y Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular español, pasando por el parlamentario platense del Partido Libertario Bartolomé Abdalá, hasta Axel Kaiser, activista de derecha y presidente de la Fundación para el Progreso (Chile), la extrema derecha global dice presente y evidencia la actividad de sus redes y fundaciones en la región. Con ellos, lo más rancio, pero también lo más duro de nuestra derecha. Abogados como Humberto Abanto, Natale Amprimo y Aníbal Quiroga ocupándose de la seguridad jurídica y la justicia para los peruanos. Militantes de la Coordinadora Republicana y columnistas de Lampadia repartidos en los distintos paneles, Francisco Tudela y Juan Claudio Lechín ocupándose del impacto de la geopolítica en las próximas elecciones. Obviamente, también en protagónicos papeles Aldo Mariátegui y Fernando Rospigliosi.

Más allá de la apariencia del CADE, todo indica que la maquinaria de la derecha se mantiene anclada en la cultura patrimonial, racial y mercantil que la caracteriza. Que seguirá respondiendo a pactos informales y a la exclusión sistemática de las grandes mayorías para mantener cerradamente su espacio, preservar sus privilegios y administrar el Estado a su servicio, con la violencia que crea necesaria.

 

desco Opina / 22 de agosto de 2025

¿Dónde están las y los candidatos?

 

Estamos en un año electoral previo a las elecciones generales, ello es evidente; sin embargo, en la selva central del país hay una prioridad por la promoción de las candidaturas a las alcaldías y a los gobiernos regionales, a pesar de que cronológicamente esas elecciones son posteriores, en octubre de 2026.

Según el cronograma electoral, el 1 de setiembre de 2025 será el último día para que los partidos políticos informen a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sobre la modalidad de las elecciones primarias que implementarán. Era de suponer entonces que, al faltar menos de un mes, las precandidaturas a senadores y diputados ya se hiciesen visibles; sin embargo, esto no ocurre, evidenciando un posible desinterés en esta parte del país sobre estos comicios. De los 43 partidos políticos hábiles para postular, aun en alianzas, no todos cuentan con cuadros políticos “candidateables” a nivel regional, y los que existen están priorizando postular a los cargos regionales o provinciales; así, resulta un misterio conocer quiénes ocuparán los lugares de las listas al Congreso.

Hay que tener en cuenta que en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 los partidos que no alcancen al menos cinco por ciento de los votos válidos a nivel nacional o si no logran asegurar la elección de al menos cinco representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, no sólo serán excluidos de la asignación de escaños, sino que perderían la inscripción de su organización política, por lo que no podrían lanzar candidaturas a gobernadores o alcaldes. Si una agrupación política pierde la inscripción, de nada servirá que los actuales aspirantes a los sillones regionales o municipales estén preocupados en cargar bebés y besar abuelitas, porque todo ese trajín puede no servirles para nada. No se requiere ser pitoniso para señalar que luego de los resultados de las elecciones generales del 12 de abril del 2026, de los 43 partidos políticos hábiles, a lo sumo solo unos diez de ellos sobrevivirán con inscripción. Dicho esto, muchos candidatos a las alcaldías y gobiernos regionales como en el caso de la región Pasco, podrían quedarse con los “crespos hechos” y sin partido hábil que los mantenga en carrera por los sillones municipales.

El número de postulantes al Congreso no es nada bajo, por lo que llama la atención el poco interés que se hace visible en las localidades de la selva central. Al confirmarse las cinco alianzas electorales, se tendrían que conformar 37 listas, por lo cual se requeriría cubrir 2220 postulantes a senadores (60 x 37) y 4810 candidatos a diputados (130 x 37); además de los 555 (15 x 37) postulantes al Parlamento Andino. Todo esto nos da una cifra de candidatos bastante alta: 7565. No será raro encontrar candidatos que desconozcan que han sido incorporados a las listas, tal como ocurrió en las elecciones generales del 2021, ya que los partidos buscarán completar apresuradamente sus listas congresales aun de manera forzada.

Es evidente que en las dos últimas décadas existe mucho desprestigio entre quienes ostentan puestos congresales, y es probable que ello influya en el poco interés de la población por esas postulaciones. Mientras tanto, las calles de varias localidades de la selva central empiezan a llenarse de anuncios con candidaturas a los gobiernos regionales y las alcaldías, a pesar de que hasta el momento no se ha definido la fecha para esa elección de finales del 2026. Lo cierto es que las y los ciudadanos de todas las regiones del país desconfían de aquellos que aparecen cada cinco años prometiendo solucionar las problemáticas locales, tal y como dice un viejo tango “yo sé que ahora vendrán caras extrañas, con su limosna de alivio a mi tormento”. Esperemos que en las próximas semanas la situación cambie, porque de lo contrario, al desconocerse a los candidatos a senadores y/o diputados, el destino del voto será muy incierto e irremediablemente, se elegirá a unos perfectos extraños que nos darán más de lo mismo.

 

desco Opina – Regional / 18 de agosto de 2025

descocentro

Tiempo electoral y timing político en escenarios vacíos

 

En su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias, la presidenta Dina Boluarte omitió públicamente el tema de las elecciones generales de 2026, a pesar de que estaba incluido en el texto original de su discurso. De las 97 páginas que conformaban el documento, Boluarte leyó hasta la página 81, desde donde saltó directamente a la 96 para leer una carta del papa León XIV y cerró con palabras personales, dejando sin leer 13 páginas que abordaban algunos temas importantes, entre ellos el proceso electoral.

De esta manera, en los últimos 30 años, Boluarte es la única mandataria que ha dejado de referirse explícitamente a las elecciones generales en su último mensaje a la Nación por Fiestas Patrias. Trascendió que el texto omitido, contenía la siguiente reflexión sobre el proceso electoral que se avecina:

“Uno de los desafíos de este último año de gestión es garantizar elecciones libres, transparentes e incuestionables, proceso en el cual mantendremos absoluta neutralidad, pero siempre vigilantes del desarrollo de los comicios. En esa línea, me permito invocar a nuestros ciudadanos a evaluar con responsabilidad el destino de su voto y elegir al futuro presidente o futura presidenta y futuros representantes que nos garanticen el respeto al orden democrático, la institucionalidad y el futuro de la patria”.

¿Por qué es relevante esta omisión? El 2026 será un año electoral doble: se celebrarán elecciones generales (Presidencia, Congreso bicameral, Parlamento Andino) y elecciones regionales y municipales. En suma, se elegirán más de 13 000 autoridades durante el año.

Recordemos que la última vez que elegimos un Congreso bicameral fue en 1990, lo que significa que aproximadamente 65% de la población electoral del país lo hará por primera vez. En esa línea, todo indica que muchos votantes no conocen aún las funciones diferenciadas entre el Senado y la Cámara de Diputados; tampoco que el Senado tendrá el mayor poder legislativo, incluyendo la aprobación de tratados, decretos de urgencia y nombramientos de altos funcionarios. Menos aún que estos cambios podrían reconfigurar el equilibrio de poderes y abrir nuevas dinámicas de representación política.

Bajo estas consideraciones, la omisión de Boluarte genera suspicacias, ya que, en un contexto de nula aprobación de la mandataria y una alta tendencia a la confrontación, no mencionar el proceso electoral puede interpretarse como una estrategia para evitar compromisos explícitos o para reducir el escrutinio público.

A ello deben sumarse cuestiones como que en este momento ningún candidato supera el 10% de intención de voto y que el 56.5% del electorado está indeciso o votaría en blanco/nulo, reflejando una nítida crisis de representación.

No debe olvidarse, además, que el escenario electoral ha sido negativamente alterado con decisiones, entre otras, como la eliminación de las elecciones primarias abiertas (PASO), que debilitan la participación ciudadana y favorecen a las cúpulas partidarias; las reformas que debilitan a los movimientos regionales y convienen a los presuntos partidos nacionales, así como las trabas impuestas a las iniciativas del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que buscan que los directivos de partidos sean personas idóneas, sin condenas por delitos graves.

Por otro lado, tenemos otro factor central, que es la actual vigencia de la vacancia presidencial. Es cierto que doctrinariamente se ha considerado inconveniente vacar a un presidente en su último año de mandato, usando fundamentos políticos como constitucionales, entre ellos el principio de estabilidad institucional (vacar al Presidente en el último año de su mandato puede generar una crisis innecesaria, afectando la organización del proceso electoral y la gobernabilidad). Ello, además, de considerar la pertinencia de evitar el uso instrumental de la vacancia en contextos de alta conflictividad, porque puede convertirse en una herramienta de cálculo electoral, donde los partidos buscarían posicionarse para las elecciones venideras.

Es decir, la idea de no vacar en el último año no es explícita en la Constitución, pero si emerge, aparecería como una convención política para preservar una estabilidad conveniente a sus promotores, evitando que el Congreso se convierta en un actor desestabilizador.

En ese sentido, se trata de una doctrina de prudencia institucional, más que de una norma jurídica. Así, no hay inmunidad temporal y la presidenta puede ser vacada en cualquier momento de su mandato si se cumplen las causales constitucionales. Por otro lado, es un acto político y no judicial, porque si bien se basa en causales objetivas, la vacancia es decidida por el Congreso y puede estar influida por las correlaciones de fuerza y la coyuntura política.

Como vemos, el escenario electoral peruano rumbo a las elecciones generales de abril de 2026, se presenta como uno de los más fragmentados, inciertos y desafiantes de las últimas décadas. Sin embargo, que haya sido convenientemente suprimido a última hora del discurso de la gobernante, no significa que no esté en las consideraciones de esa derecha, cuyo único objetivo político es enlodar a más no dar el escenario electoral, para que su mantra preferido, fraude, tenga la muy remota posibilidad de tomar algo de forma.

 

desco Opina / 8 de agosto de 2025

¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025