viernes

APEC y la reina de las fantasías… se sienten pasos

 

Después de ocho años, Perú volvió a recibir la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), un evento que reúne a 21 países que aproximadamente representan 60% del PBI global, 50% del comercio mundial y casi 50% de la población del planeta. En 2016, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski recién se instalaba y contaba con el respaldo de poco más de la mitad del país. El optimismo relativo de aquellos años contrasta dramáticamente con el pesimismo y la suma de malestares que predominan hoy día, cuando la mandataria y el Congreso de la República tienen una aprobación, que batiendo marcas históricas, se encuentra por debajo del 5%. Si entonces todavía se celebraba el crecimiento económico nacional por encima del promedio de APEC, la reunión de esta semana se instaló en un marco en el que nuestro crecimiento el último año se contrajo 0.6% y la pobreza aumentó alcanzando el 30%.

Desde varias semanas atrás, quedaba claro que el gobierno de la señora Boluarte y el Congreso que maneja la coalición autoritaria y mafiosa que nos gobierna, entendían, que como parte de la realidad en que viven, estaban frente a una oportunidad de lograr un espaldarazo y romper la mirada desconfiada y las críticas de la opinión pública internacional y de muchos gobiernos integrantes del mecanismo, como México y Brasil, por citar dos. Ello, en un momento donde el crecimiento exponencial de la inseguridad, paro de transportistas de octubre incluido, evidenciaban una vez más el desplome del Estado, la incapacidad y la frivolidad de un Ejecutivo interesado en su supervivencia y de un Congreso comprometido con su reproducción en el largo plazo y los negocios, así como el naufragio de la política.

Con 1601 homicidios registrados hasta setiembre según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Ministerio de Salud, Perú enfrenta un año sin precedentes en violencia, con un alarmante promedio de cinco asesinatos diarios y el uso de armas de fuego en el 70% de los casos. Extorsiones, secuestros, préstamos del “gota a gota” y sicariato se convirtieron en noticia cotidiana, como parte de la consolidación de las economías ilegales con el beneplácito de una mayoría parlamentaria apurada por asegurar sus vínculos y sus acuerdos con ella y en beneficiarlos con diversas medidas que les interesan en función de su propia inmunidad con la aquiesencia de la mandataria, interesada en asegurar su estadía en la Plaza de Armas hasta el 2026, así como su impunidad permanente.

En este escenario, en la medida en que se acercaba la fecha de la cumbre y se multiplicaban las convocatorias a movilizaciones y a un paro nacional para exigirle al Gobierno y al Congreso, una vez más, protección a la vida frente a la multiplicación de la extorsión y el sicariato, que promovían inicialmente los distintos gremios de transportistas y comerciantes de mercados y galerías, que ya habían mostrado su fuerza relativa en octubre, la torpeza y la soberbia de la mandataria y de sus principales escuderos ante el temor que les provocaba la protesta, se evidenció nuevamente. La decisión de declarar tres días feriados en Lima y Callao en nombre de facilitar la logística del evento, no escondía el temor que sentían. Los discursos altisonantes y patrioteros del ministro Adrianzén, presentando como traidores a los intereses nacionales, a quienes querían denunciar internacionalmente lo que viven cotidianamente, subieron de nivel cuando el gobierno y el Consejo de Estado respondieron a los convocantes, ofreciendo a policías y militares tribunales propios, de dichas instituciones como máxima protección legal contra sus eventuales excesos. La suspensión de clases en colegios y universidades los tres días de la cumbre, así como el vociferante Ministro del Interior insistiendo en que la seguridad estaba mejorando con sus medidas, fueron las cerezas de la torta y las provocaciones.

Al lado de esas patinadas, el gobierno logró movilizar a distintas autoridades regionales y locales y a muchos empresarios que un mes antes firmaran un comunicado denunciando que el crimen organizado contaba con un gobierno paralelo que está destruyendo al Estado, para que se pronuncien por un clima de paz para el desarrollo y la competitividad, seguramente convencidos por los informes gubernamentales sobre la supuesta violencia de quienes llamaban a protestar, tanto como por las probables ofertas de obras, presupuesto y apoyos que el Ejecutivo no escatima en su búsqueda de respaldo.

Las protestas siguieron adelante. El desborde de la criminalidad y la defensa de la vida fueron sus disparadores. Promovida inicialmente desde sectores con fuerte presencia de la informalidad, –transportistas, mototaxistas, bodegueros, pequeños comerciantes de mercados y galerías–, con un carácter inicialmente limeño, pronto sumaron a gremios como la CGTP y el SUTEP y a distintos sectores de la denominada sociedad civil, agrupados en espacios como la Plataforma Democrática y la Coalición Ciudadana. El tono ciudadano era importante y, no obstante los afanes del gobierno, resultaba difícil acusar de izquierdista a una dinámica que tenía entre sus promotores más visibles a sectores sociales y organizaciones que apoyaron visiblemente en las últimas elecciones a Fuerza Popular, Renovación Nacional, Avanza País y Podemos, a los que acusan de incumplir sus compromisos, como se evidenciara en su encuentro con el congresista Montoya.

Desde el interior, con la desconfianza que le sigue generando Lima, se sumaron distintas organizaciones. A la seguridad y la defensa de la vida que eran las banderas iniciales, se agregaron las demandas particulares de los distintos territorios. Por ejemplo, Tía María en Arequipa y el agua para consumo humano y agrícola en Piura estuvieron en la agenda de las fuertes movilizaciones en esos territorios. Distintas ciudades y regiones se movilizaron con intensidad significativa –Arequipa, Puno, Huancayo, Chimbote, Trujillo, Piura, entre otras– y los bloqueos de carreteras se dieron en 16 puntos. En Lima, las distintas movilizaciones, aunque dispersas y fuertemente reprimidas por momentos, aun siendo muy significativas, no llegaron a la fuerza ni a la masividad que se esperaba.

En cualquier caso, hay señales que indican que el fin de la reunión de APEC marcará un nuevo tiempo para la presidenta. Parece claro que los malestares se multiplican y seguirán creciendo; que el fracaso de la estrategia de seguridad es un fuego artificial inútil; que la incapacidad de gestión del gobierno, a la que se suma su desconexión con la realidad, asegura nuevas movilizaciones y protestas, en un escenario donde el futuro de la mandataria es cada día más precario. Cierto que la movilización de la calle sigue divorciada de la política y no alcanza la articulación y la fuerza que requiere para lograr que se vayan todos, pero también es verdad que en la coalición derechista ya hay sectores que le han puesto plazo fijo a Boluarte. Recordemos que la congresista Chirinos, una entusiasta animadora de vacancias y acusaciones constitucionales, que no actúa por la libre en estos casos, ha anunciado que la vacancia es inevitable. Aunque es imposible asegurar que así será, hoy día se sienten más pasos que antes, lo que hace más urgente aún, avanzar en la construcción de un bloque democrático, que más allá de la izquierda, sea capaz de encontrarse con la gente y sus demandas.

 

desco Opina / 15 de noviembre de 2024

sábado

Aruntani, la mala de la película

 

En el actual contexto de polarización escuchamos permanentemente que hay que dejar de ver las cosas entre negro y blanco, entre buenos y malos. Si bien hay zonas grises que debemos transitar para mediar, hay casos en los que eso es imposible. Uno de ellos es la Minera Aruntani, que desde hace más de una década viene contaminando la cuenca de Llallimayo en Puno. No ha habido mesa de concertación y/o protesta que consiguiera cerrarla o que logre abrirle un proceso por delito ambiental.

Hace unos días la Dirección General de Minería (DGM) ejecutó las garantías de la empresa minera por US$ 10,3 millones con el fin de remediar la contaminación provocada por las actividades de extracción de oro en su unidad Arasi, ubicada en la provincia de Lampa (Puno). Esta garantía fue ejecutada porque la empresa no cumplió con el plan de cierre progresivo de la operación minera. Sin embargo, el monto de la garantía no es suficiente para el remediar el daño ambiental causado, pues según un estudio del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), se requiere la suma de US$ 265 millones para hacerlo.

Aruntani se ha lavado las manos. Informó que, tras la ejecución de la fianza, la responsabilidad del cierre recae en el Estado, pues de acuerdo a un artículo de la Ley de Minería, sería la DGM la encargada del cierre mediante la asignación de otra empresa para dichos fines.

Esta misma figura fue usada en agosto de este año para librarse de la responsabilidad por la contaminación del río Coralaque (Moquegua) y del río Tambo (Arequipa), esta vez por sus operaciones en su unidad Florencia Tucari, ubicada en Moquegua. Al no cumplir con el plan progresivo de la mina, en el 2019 la DGM ejecutó la garantía por US$ 8,4 millones, contratando a la empresa AMSAC para que realice dos tareas: labores de atenuación y diagnósticos técnicos sociales, tanto en Florencia Tucari como en la unidad Arasi, pero no para efectuar el cierre de la mina. AMSAC aclaró que esto no forma parte de su contrato y que las acciones de cierre demandarían una inversión que supera los S/ 1000 millones.

Respecto a esto último, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que existen dos resoluciones del Poder Judicial, ambas en materia de Amparo Constitucional, que señalan que Aruntani S.A.C. mantiene la responsabilidad de cierre, mitigación y remediación ambiental de la mencionada unidad minera Florencia Tucari. Es previsible que, para el caso de Puno, el Ministerio de Energía y Minas recurra a los mismos trámites judiciales para que la empresa cumpla con remediar el manejo irresponsable de sus operaciones.

Y en Melgar (Puno), el gobierno estudia la posibilidad de declarar la emergencia ambiental por la contaminación hídrica de la Cuenca Lllallimayo. El Ministerio de Energía y Minas se ha comprometido a transferir S/ 4,6 millones para trabajos de derivación de aguas en cuatro distritos de la provincia: Llalli, Umachiri, Cupi y Ayaviri.

Si bien los últimos veinte años el Estado ha hecho un esfuerzo por crear una legislación ambiental que vaya acorde con el incremento de inversión minera en nuestro país, es evidente que hay deficiencias. Los autores del libro Desarrollo Territorial y Minería, apuntan como problema que estas políticas tienen una visión muy sectorizada y carecen de una articulación efectiva entre autoridades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales. A ello se suma la fragilidad de la institucionalidad en el país, con funcionarios que son rotados continuamente de sus puestos y un ministerio –el MINEM– con un trastorno disociativo que alienta la inversión minera a ultranza y, al mismo tiempo, tiene que controlar su accionar. Un claro ejemplo es Rómulo Mucho, a quien la propia Aruntani le arruinó la campaña pro Tía María, cuando las aguas mostazas del río Coralaque tiñeron las del río Tambo, dejando a la población del valle sin agua potable y sin agua para riego.

Del otro lado están las empresas que, salvo excepciones, sólo piensan en sacar los mayores réditos posibles, aprovechando resquicios en los vacíos normativos y en la debilidad estatal para hacer un efectivo control ambiental. En vez de reconocer sus faltas, judicializan sus deudas y ejercen una fuerte presión para flexibilizar la normativa existente. Según el Registro Único de Infractores Ambientales Sancionados por el OEFA – RUIAS, existen 5718 infracciones en el sector minería, que representan el 26,8% de los ocho sectores económicos a los que hacen control. Estas infracciones suman alrededor de S/ 959,5 millones en multas, cifra que representa el 61% de la deuda de todos los sectores administrados.

El pasado viernes 1 de noviembre, el gobierno publicó de manera extraordinaria el Decreto Supremo Nº 009-2024-MINAM para reorganizar el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE), organismo que evalúa los estudios de impacto ambiental de las empresas interesadas en explotar los recursos en nuestro país y aprueba su viabilidad. El objetivo de esta reorganización es “destrabar” las inversiones haciendo uso de la inteligencia artificial. Sin embargo, esta iniciativa resulta ser un despropósito que viene siendo criticado por exministros de diferentes carteras y por el expresidente del organismo en cuestión, Alberto Barandiarán, quien ha calificado al accionar del Ejecutivo como una “clara interferencia de la autonomía y gestión medioambiental”. Esta es otra muestra de cómo se quiere afectar el control ambiental en pro de la inversión.

Así las cosas, el Ejecutivo y el Congreso parece que seguirán promoviendo políticas a favor de las empresas extractivas, sin que medie una preocupación real sobre el medio ambiente en plena crisis hídrica. Los CEO de las industrias extractivas seguirán facturando cómodamente desde sus mullidos sillones en algún barrio acomodado de Lima, a costa del bienestar de cientos de personas que vienen siendo afectadas en sus formas de vida y en su salud, pero que, por la distancia geográfica que las coloca fuera del foco de influencia en la opinión pública capitalina, pareciera no importar.

 

desco Opina – Regional / 8 de noviembre del 2024

descosur

domingo

Nada por casualidad

 

Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.

Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.

Se trata de quienes dirigen la Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones del Estado. El problema de la seguridad ciudadana, casi se sitúa en un segundo plano cuando se olfatea un desorden total por parte de quienes debieran encargarse de resolver los problemas de seguridad pública.

Es innegable, por otro lado, que algunas expresiones de la violencia y la delincuencia han ganado mayor protagonismo en la prensa de Lima y otras ciudades. Se nos informa simultáneamente a diario de la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, de los secuestros de corta duración, la extorsión a cientos de negocios diversos, los asaltos en vías públicas y a los vehículos, así como la proliferación de armas con capacidad de fuego frecuentemente superior a la de los policías. Todo eso puede verse a cualquier hora del día en algún canal de televisión.

Mientras tanto, la política oficial del Estado aparece como absolutamente inmersa en temas de visitas e inauguraciones diversas de la señora presidenta, y sus más altos funcionarios se niegan a declarar sobre temas delincuenciales de cohecho, ocultamiento de sentenciados por la justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, llenando de acusaciones de traición a la patria a quienes osen protestar o plegarse al próximo paro nacional.

Así, no hay respuestas efectivas que orienten al país en una dirección que permita encaminarnos hacia una solución del actual estado de cosas, y no a su empeoramiento. Es importante fomentar la participación activa y real de la comunidad en la prevención del crimen a través de programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana en modalidades democráticas y no autoritarias ni militarizadas, como las que escasamente practica la policía.

Necesitamos que se adopten medidas urgentes para el mejoramiento del entorno barrial, concertadas con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando algunas políticas que podrían incluir inversión en educación, que a la larga proporciona a los y las jóvenes oportunidades para el desarrollo personal y profesional; fomentar el empleo local y crear oportunidades económicas. Asimismo, abordar con inteligencia las causas subyacentes de la delincuencia y no solo sus manifestaciones criminales; identificar los problemas latentes que contribuyen al crimen como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos.

Esas son salidas a la mano que pueden amenguar la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos. Hay aspectos que deberían implementarse como la iluminación pública, incluyendo la de parques y paraderos en todas las áreas de las ciudades, en lugar de infectar las calles con cientos de cámaras que no sirven para nada verdaderamente útil.

Para que las salidas sean efectivas y justas para todos, incluyendo al millón y medio de extranjeros que conviven con los peruanos y peruanas, deberíamos advertir con fuerza que culpar a los extranjeros por los problemas de seguridad, desvía la atención de las verdaderas causas del crimen como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la ineficiencia del sistema de justicia penal. La mayoría de los extranjeros, por otro lado, son personas que buscan mejores oportunidades y una vida digna, y criminalizarlos basándose en su nacionalidad, es falso e injusto.

Muy poco se dice de la precariedad de la Policía Nacional ni de cómo, punto por punto, el Congreso de la República ha dado leyes, consentidas por el Poder Ejecutivo, que impiden que nuestra legislación facilite actuar contra los delincuentes y se aplique con celeridad, atando de manos a las fiscalías y jueces como lo hacen las peores dictaduras en provecho propio.

 

desco Opina / 1 de noviembre de 2024