No se puede exigir ahorro para una vejez
digna cuando el presente apenas alcanza para sobrevivir. Este es el dilema que
enfrentan millones de peruanas y peruanos y que el Congreso ha intentado
disfrazar con la llamada Reforma Previsional. La Ley N.º 32123, aprobada en 2024 y reglamentada el 5 de septiembre de
este año, que pretendía rediseñar el sistema de pensiones, pero terminó
evidenciando las grietas de un Estado que legisla sin abordar lo más urgente,
garantizar trabajo digno hoy.
La propuesta inicial incluía una pensión
mínima de S/600 para quienes aportaran al menos 20 años, la afiliación
obligatoria de todos los trabajadores y la imposición de contribuciones a los
independientes. Además, prometía libre movilidad entre la AFP y la ONP, así
como mayor competencia en el mercado de las administradoras de fondos. Sin
embargo, en un país donde más del 70 % de la población laboral se encuentra en
la informalidad y donde muchos ingresos apenas alcanzan para cubrir necesidades
básicas, esa pensión mínima sonaba más a consuelo que a una solución real.
La reacción ciudadana no se hizo
esperar. Septiembre fue testigo de masivas movilizaciones de jóvenes y
trabajadores que percibieron la reforma como una camisa de fuerza: exigir aportes cuando los ingresos no
dan ni para llegar a fin de mes. Ante la presión social, el Congreso dio marcha
atrás. Apenas diez días después, mediante la Ley N.º 32445, autorizó un nuevo retiro
extraordinario de fondos de las AFP —el octavo desde 2020— y derogó tanto los
aportes obligatorios para independientes como las medidas más restrictivas. El
tanque que supuestamente debía llenarse para asegurar el futuro, volvió a
abrirse en mil fugas.
A esta contradicción se suman dos
elementos que rara vez se ponen en el centro del debate. Primero, que las
cuatro AFP activas en el país pertenecen al mayor grupo financiero nacional y a
tres transnacionales, que manejan a su discreción más de 110 mil millones de
soles de los trabajadores y cobran comisiones superiores a los mil millones
anuales. Es el mismo patrón de concentración que se observa en el sistema
bancario: cuatro bancos concentran cerca del 85% de los depósitos, y dos de
ellos —Scotiabank y Banco de Crédito— controlan también sus AFP. En segundo
lugar, la Ley N.º 32428, aprobada en agosto bajo el impulso del
fujimorismo, abrió la puerta para que las AFP puedan invertir hasta el 80% de
los fondos en el exterior, lo que equivale a más de 90 mil millones de
soles que salen del circuito económico nacional.
El resultado es profundamente
contradictorio: se conserva la promesa de una pensión mínima y la afiliación
obligatoria, pero al mismo tiempo se flexibilizan los retiros anticipados y se consolidan
las ventajas de un oligopolio financiero que opera con márgenes de ganancia
extraordinarios. El mensaje, visto en perspectiva, no podría ser más claro: el
sistema previsional ha dejado de aspirar a ser un pilar de protección social
para convertirse en un campo de disputa política y empresarial. Un botín que se
abre y se cierra según el vaivén de las encuestas, las protestas callejeras y
las urgencias del momento.
El debate sobre las pensiones es legítimo,
pero insuficiente.
Ninguna reforma previsional podrá sostenerse en un país donde la mayoría
trabaja en la informalidad y con salarios paupérrimos. El verdadero desafío —y la reforma pendiente— no está en cómo repartir el ahorro
futuro, sino en transformar el presente: más productividad, mayor formalización
laboral y salarios que permitan vivir con dignidad. Y, además, avanzar hacia un
esquema en el que los empresarios también asuman un rol activo en el
financiamiento del sistema, como ocurre en otras latitudes. Solo así la promesa
de una pensión decorosa dejará de ser un espejismo y se convertirá en una
realidad posible.
desco Opina / 26 de setiembre
de 2025
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