La creciente perplejidad ciudadana

 

La mayoría de nuestra sociedad siente la inseguridad ciudadana como un problema que se agrava cada vez más en medio del tipo de democracia que soportamos. Con sus actos, quienes controlan los poderes del Estado, muestran una gran indolencia ante este peligroso desafío. Da la impresión, por lo que efectivamente se hace y se deja de hacer, que se vive una etapa en la historia nacional en la que, como señalan analistas especializados, se ha pasado de una precariedad institucional al descalabro político (Alberto Vergara / Ciudadanos sin República).

La población y la prensa nacional de distintas tendencias, compartimos la percepción creciente de que quienes nos gobiernan son delincuentes para los que la inseguridad ciudadana en aumento, es parte de su propio accionar. ¡Tremendo desafío el que tenemos por delante en el Perú!

El esfuerzo por fortalecer las instituciones democráticas y promover la independencia del Poder  Judicial y asegurar que actúe sin influencias indebidas, parece desvanecerse, del mismo modo que se entorpece la actuación de la Fiscalía de la Nación y la Contraloría General de la República. Peor aún es la situación de los organismos de derechos humanos, cuestionados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, cuando democráticamente pretenden supervisar el uso del poder y los recursos públicos.

Las condiciones sociales y económicas cotidianas de pobreza y exclusión, sumadas al temor luego de los asesinatos gubernamentales de quienes protestaban a fines del año 2022 e inicios del 2023, impiden que exista un ambiente propicio para desarrollar la participación activa de la ciudadanía en la política local y nacional, para ejercer presión sobre los representantes elegidos y demandarles responsabilidad y transparencia. El Parlamento ya no es, como debiera, un espacio de representación ni de debate, como consecuencia del transfuguismo, la creación de nuevos grupos parlamentarios y decisiones que se toman sin debates ni dar razones. Su legitimidad, lo sabemos todos, ha desaparecido e igual situación corresponde al Poder Ejecutivo de casi inexistente aprobación ciudadana.

En ese contexto, que el ministro del Interior descuide los temas de seguridad ciudadana, que debieran ser su prioridad ante el múltiple asedio del crimen organizado, es apenas una anécdota. Prioriza proteger a la presidenta Boluarte y cumplir la consigna de cerrar la DIVIAC que la investiga, intentando un control de daños a una fracción de las muchas acusaciones en su contra. En ese discurrir, la seguridad ciudadana para el gobierno es un tema más para pasar por agua tibia. El reciente asesinato de dos dirigentes de construcción civil, por ejemplo, además de ser un asunto de mafias, denota el grave problema en el que nos encontramos, trepando en los puestos del ranking de criminalidad en América Latina. La inseguridad ciudadana puede tener muchas causas, como la desigualdad, la pobreza, el desempleo y la falta de estrategias claras para combatirla, pero constatamos también que pone en peligro los derechos fundamentales de los peruanos, sin olvidar la violencia de género que nos afecta.

Si nos concentramos en lo que tenemos hoy por hoy en el sistema penal, encontramos algunas medidas que parecen extrañas, tales como la atenuación de la pena de delincuentes o la suspensión de la ejecución de la pena y sus respectivas excepciones.

Las demandas ciudadanas de muy diversos sectores para que se combata la corrupción, son cada vez más insistentes, exigiendo una acción efectiva de las autoridades para erradicar una actividad perversa que genera temor e incertidumbre entre la población y cuantiosas pérdidas económicas. Sin duda, la inseguridad ciudadana que soportamos pone ya en peligro los derechos fundamentales y resquebraja las condiciones básicas que nos permiten la convivencia pacífica.

Los destapes y denuncias de la prensa de investigación sobre la corrupción y los abusos de poder parecen prédicas en el desierto del cinismo instaurado, cuando se constata que nuevas leyes y la gestión gubernamental protegen a corruptos y delincuentes en distintos ámbitos como el transporte ilegal, la minería, la tala y la pesca depredadoras y varios casos más como el funcionamiento de universidades de muy mala calidad.

Hay urgencia por avanzar en reformas casi imposibles de llevar adelante en las actuales condiciones, que hay que hacer en la policía y las fuerzas de seguridad para erradicar la corrupción y asegurar actúen en beneficio de los ciudadanos, cumplan con la prevención del delito y un manejo adecuado de la fuerza. Sin embargo, en un contexto de delitos cometidos por quienes gobiernan, puede ser necesario establecer otras medidas para abordar estos crímenes. La promoción de cambios políticos y electorales, lejos de traer reformas que hagan más difícil acceder o mantenerse en el poder a los delincuentes y corruptos, lo facilitan. No vemos en el horizonte un escenario favorable a la participación activa de movimientos de base que promuevan candidatos y partidos políticos con un fuerte compromiso contra la corrupción y la delincuencia. Tampoco un apoyo decidido de organizaciones internacionales para supervisar y ayudar en el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho en el Perú o la colaboración franca en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción transnacional.

Para prevenir el crimen y promover la seguridad ciudadana requerimos convencernos como sociedad de la importancia de utilizar un enfoque pluridisciplinario, que incluya políticas de inclusión social, fortalecimiento comunitario y educación, a las que ahora no se les da importancia.

En cuanto a la seguridad pública y las políticas de prevención, es necesario poner en marcha un modelo de Policía no sólo reactiva y de disuasión, sino proactiva, ligada a la sociedad de manera permanente y no sólo cuando se es víctima de algún delito; una Policía de prevención y proximidad con la ciudadanía, en donde el nivel de participación ciudadana sea dirigido y consolidado en acciones que permitan cambiar el rumbo de la percepción de inseguridad predominante.

 

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2024

descoCiudadano

El hartazgo frente al agravio y el autoritarismo como forma de gobierno

Hablar de la crisis del país ya es un lugar común. Mes a mes, las distintas mediciones de la opinión pública nos muestran la abrumadora desaprobación de la señora Boluarte y del Congreso de la República, es decir de la coalición autoritaria, conservadora y corrupta que nos gobierna. La encuesta de agosto del Instituto de Estudios Peruanos, como en los últimos meses, muestra que apenas 6% aprueba la gestión de la mandataria quien registra una desaprobación del 88% que se acentúa en el centro del país (3%), entre las personas de 25 a 39 años (5%) y en el nivel socioeconómico C (4%). Sus socios del Congreso se mantienen en un patético 4% de aprobación, que cae hasta el 1% en la macrozona central.

El nivel de insatisfacción sobre lo dicho por la presidenta en su mensaje presidencial con respecto a economía, seguridad y corrupción, es superior al 80%, en cada uno de los campos. Siete de cada diez encuestados no le creen nada. Esto es particularmente alto en las zonas rurales, la macrozona norte, las personas de 40 años a más, quienes pertenecen al nivel socioeconómico D/E, así como entre los que se identifican como de izquierda. Idéntico porcentaje de los encuestados no les cree nada o poco a los congresistas, especialmente las personas de 40 años a más, el nivel socioeconómico C, así como entre los que se identifican de izquierda o centro. Alrededor del 70% de los encuestados indica que el gobierno de Boluarte y el Congreso le suscitan sentimientos negativos. Muy pocos afirman tener sentimientos positivos ante el Ejecutivo (3%) o ante el Legislativo (2%).

Si miramos con algún detenimiento la forma en que se comportan el Ejecutivo y el Legislativo, entendemos con facilidad por qué menos de la mitad de los encuestados siente respeto por las instituciones políticas. En los últimos meses es claro que la Presidenta pretende que miremos la democracia como un asunto meramente electoral, desde el que ella tendría una legitimidad impune, más allá de muertos, heridos, perseguidos, relojes y pulseras, cirugías, wantanes e Inca Kolas, como sostuvo en China, protegida por su sociedad y sujeción con el parlamentarismo autoritario que nos gobierna, como lo evidenció su indignante y patética carta de respuesta a la CIDH, que firmó con otro de sus waykis, Alejandro Soto, el ex presidente del Congreso, en defensa de la ley perpetrada por los congresistas Rospigliosi y Cueto, para que se declare inaplicable la figura de lesa humanidad antes del 2002, protegiendo así a asesinos, violadores y torturadores, Alberto Fujimori incluido. La señora, autodeclarada madre de las peruanas y peruanos, a quienes les recuerda la madre propia cuando la silban, está decidida a hacer del agravio su sello personal.

Su capacidad de ofender y desdeñar a la población, como es obvio, marcha a la par con la incompetencia y la altanería de sus ministras y ministros, preocupados por su condición de guardaespaldas, ante que por gestionar el país. Desde su canciller, especializado en las últimas semanas en atacar en su casa a distintos representantes de países amigos, hasta el representante de César Acuña en el Gabinete, el sibilino ministro de Salud que combina su incapacidad para enfrentar el dengue –suman más de 260 000 contagiados y 240 fallecidos en la semana 32 del año–, con la arbitrariedad de algunas de sus decisiones que responden, seguramente a intereses privados como su decisión de cambiar las reglas para postular como serumista el presente año, estableciendo que se puede ocupar una plaza sin haber aprobado el examen nacional de la carrera. Sus distintos ministros combinan el ridículo con la arbitrariedad. Así, se desploman fungiendo de deportistas en la explanada de Palacio, niegan la inseguridad alimentaria insistiendo en que sobra la comida, inútilmente tratan de esconder las cifras de la pobreza creciente, despotrican de la CIDH y aplauden la desinstitucionalización del país, el retroceso en derechos y la protección a las economías ilegales y la impunidad, que promueven con entusiasmo los congresistas.

En el caso del Congreso, para que no queden dudas de sus intenciones futuras –control de la Junta Nacional de Justicia, control de los organismos electorales, seguros para asegurar su impunidad, candados para impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti o Vizcarra, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales–, eligió una mesa directiva representativa de sus intereses e intenciones inmediatas. En este tiempo se evidenciaron tres procesos en marcha en este poder: (i) la consolidación de la alianza entre Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, que más allá del reparto de cargos y la distribución de comisiones, apunta a subordinar a otros sectores de las derechas y a golpear a Renovación Popular; (ii) la ratificación de los intereses personales/grupales mayoritarios en el Congreso y la decisión de continuar en la dirección ya trazada; (iii) el relativo debilitamiento y la creciente necesidad de negociar de Keiko Fujimori, quien tras rechazar la candidatura de Salhuana, tuvo que aceptarla por las presiones de su bancada y posiblemente de su padre.

El nuevo presidente del Parlamento simboliza los vínculos congresales con las economías delictivas; Juárez la decisión de modificar la Constitución y horadar la institucionalidad en función al fujimorismo 2.0, que buscan; Cerrón, el “anticaviarismo” y la impunidad, mientras Cavero, el disfraz de defensa de derechos y constitucionalidad que trata de usar el autoritarismo.

En este escenario, el malestar con el agravio permanente y el autoritarismo creciente, alientan manifestaciones de protesta que se pueden multiplicar. Desde el rechazo a los congresistas Chirinos y Aragón en un bar barranquino –con un censurable e injustificable acto de violencia–, hasta las sucesivas huidas del waikicha mayor del desencanto y la movilización de sus paisanos, pasando por el abucheo a la Ministra de Cultura en un festival de cine, la ausencia “por enfermedad” de la propia mandataria y las críticas que enfrentan crecientemente en las calles y en su semana de representación muchos congresistas, es claro que el hartazgo y la grita espontánea van ganando espacio. Ciertamente no puede reemplazar a la debilidad de la movilización ciudadana organizada, pero se suma a ella y abre un nuevo curso, cuya legitimidad es indiscutible.

 

 

desco Opina / 23 de agosto de 2024

Se perdió la oportunidad

Muchos no fuimos conscientes de la importancia que tuvo el reciente “nuevo feriado” declarado por las autoridades el pasado 6 de agosto, en conmemoración al Bicentenario de la batalla de Junín. Esta fecha merecía un mejor resultado que intentase reconstruir la tan llamada buena vecindad sudamericana; lejos de ello, ni siquiera los locales estuvieron satisfechos con el programa de actividades, ni con los asistentes y mucho menos con los ausentes a la celebración. De manera inesperada, la presidenta de la nación brilló por su ausencia, no hubo explicaciones claras de parte del Poder Ejecutivo y el supuesto impedimento por la condición médica de la mandataria no convenció a nadie; todo apuntaba al temor por la ola de abucheos e insultos a la que podía ser expuesta, más aun teniendo en cuenta los recientes acontecimientos por el rechazo de la ciudadanía a autoridades y funcionarios, siendo este la comidilla cotidiana de nuestro anecdotario político.

En el mes de febrero, como parte de las actividades preparatorias, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se puso en el ojo de la tormenta al reunirse con el embajador venezolano. En dicho encuentro se deslizó la idea de invitar al presidente Nicolás Maduro a la celebración, quien es abiertamente contrario al gobierno de Boluarte y quien, dicho sea de paso, no ha recibido el reconocimiento del gobierno peruano por su “reelección”. Ante esta controversia, el titular de la Dircetur declaró en febrero pasado: “aquí el tema es histórico, no político. Tampoco sabemos si los presidentes van a visitarnos, es posible que manden a otros representantes, es un tema protocolar”. Si bien esta oportunidad era idónea para reconstruir las deterioradas relaciones entre los países sudamericanos, los invitados del exterior no se hicieron presentes ya que nuestras relaciones diplomáticas con muchos países se encuentran en tensión.

El discurso del premier Adrianzén fue poco útil para limar asperezas con nuestros vecinos y menos aún con las organizaciones sociales de la región, que también se manifestaron sentirse excluidas de las celebraciones. La población organizó un festejo paralelo y se desmereció el homenaje, ya que a 200 años de la histórica gesta aún no tenemos una clara identidad patriótica que, sin negar la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad y superando los atisbos de discriminación y marginalidad, sea capaz de sobreponerse a las diferencias en aras de construir un proyecto nacional que nos dirija al desarrollo y a mejores condiciones de vida para todas y todos.

Los enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional del Perú eran de esperarse pues días antes, el Frente de defensa de los intereses de la provincia de Junín había anunciado que ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas presidirían las actividades del bicentenario; no era de sorprender, entonces, el minucioso resguardo de las autoridades, limitando el acceso de la población a los escenarios oficiales. Cabe señalar que el paro regional de inicios de julio puso sobre el tapete el permanente descontento de la población con el gobierno central y regional. Dicho paro, que comenzó la noche del 9 de julio, pretendía presionar al gobierno regional a fin que cumpla una serie de obras prometidas, entre ellas proyectos viales y construcción de sistemas de riegos para la región. En esta movilización, la provincia de Junín solicitaba al gobierno central el financiamiento de siete proyectos que en conjunto requieren alrededor de S/ 50 millones. Si bien esta paralización llegó a su fin por la mediación, es notoria la satisfacción de la ciudadanía en Junín.

El diciembre tendremos otra oportunidad para reconstruir la llamada “identidad sudamericana”, a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho. Para entonces, no bastarán los planes, programas y proyectos que está preparando la Comisión Multisectorial, conformada para dicho evento histórico; pues todo indica que las manifestaciones contra el actual régimen y las principales instituciones nacionales, seguirán en pie, quizá no en la forma convencional de expresión, sino aprovechando cualquier otro recurso que permita vislumbrar el descontento y el rechazo por las actuales condiciones de precariedad. En el corto plazo seguirán siendo irreconciliables nuestras diferencias, toca entonces apuntalar esas otras formas de expresión que permita recordar con algarabía aquella gesta emancipadora.

 

 

desco Opina - Regional / 16 de agosto de 2024

descocentro

Fatalidad signo cruel

 

Son varios los certificados de defunción que ha fedateado la crisis venezolana. Uno de ellos, por supuesto, es el de la otrora importante diplomacia peruana, aun cuando a nadie parece importarle esta situación. También, el de una izquierda política anquilosada, maniatada por la perpetua fantasía de “lo popular”. Luego, sin duda, el del sistema hemisférico -OEA-, incapaz no solo de actuar, lo que no hace desde hace décadas, sino incluso de ponerse de acuerdo en cuestiones tan significativas como lo que acontece en Venezuela, por disensos mínimos.

De otra parte, Venezuela también revela la historia inevitable no sólo de ese país sino de gran parte de América Latina. Para el caso, lo adjetivo es que el régimen de Maduro se denomine socialista, cuando lo fundamental es que haya perpetrado un inmenso desastre, muy parecido a los acontecidos en otros lugares de la región, sin importar el sello ideológico con los que se identificaban.    

Detrás de la agitación social, radica un colapso económico prolongado: "Venezuela ha experimentado una recesión sin precedentes para un país latinoamericano o globalmente para un país sin guerra. La contracción económica entre 2014 y 2021 superó el 70%".

Aun cuando haya amenguado la hiperinflación que sufrió entre 2018 y finales de 2019, es prematuro afirmar que se han restablecido las pérdidas acumuladas en la última década. El Producto Interno Bruto está recuperándose lentamente, con un valor estimado de 102,300 millones de dólares estadounidenses en 2024, pero sigue siendo una fracción de los niveles anteriores a la crisis. Aun así, la deuda pública nacional pudo haber alcanzado entre 120-200 mil millones de dólares en 2023, agravando la más que precaria situación económica. De igual manera, aunque la tasa de desempleo se encuentra relativamente baja, 5,5%, esta cifra no refleja plenamente el subempleo y el trabajo informal que enfrentan actualmente muchos venezolanos.

De otro lado, si bien la inflación venezolana ya no es la más alta de América Latina -Argentina supera el 200% anual- se mantenía por encima del 50% en junio de 2024, afectando directamente el nivel de vida de los venezolanos. El salario mínimo ha permanecido congelado en 130 bolívares desde marzo de 2022, con un valor actual de aproximadamente 3.50 dólares. Si bien en mayo el presidente Maduro anunció un aumento en los bonos estatales para el sector público, que incluyen el salario mínimo, un bono de alimentación de 40 dólares y un "Bono de Guerra Económica" que aumentará de 60 a 90 dólares; los resultados de esta situación son, entre otros, más del 80% de la población viviendo en pobreza y  53% enfrentando la pobreza extrema.

Pero, no son solamente las presiones económicas. Junto a ellas, destacan los desafíos políticos y sociales alimentados por la terca continuidad de un entramado de relaciones entre el Estado y la sociedad venezolana, que Fernando Coronil ha denominado el “Estado mágico” o, en otras palabras, la constitución del petro-Estado. Como señala Edgardo Lander, con la revolución bolivariana, Venezuela se volvió “más rentista que nunca”.

De manera certera, Lander afirma que en lugar de existir un partido revolucionario que controle al Estado, desde el petro-Estado se creó, financió y dirigió al partido, siguiendo el patrón clásico de un Estado nacional, que se arroga la representación de la nación, del pueblo y del bien común; y, en esa lógica, es el lugar donde necesariamente debieran concentrarse todas las iniciativas y las principales decisiones.

Como podrá suponerse, esto niega tajantemente cualquier aspiración democrática, en tanto descarta, niega, mutila, la única forma en la cual es posible asentarla: amplios, variados y múltiples procesos de experimentación social autónomos, que surjan de la diversidad de las prácticas, de las memorias y los proyectos de los diferentes pueblos, sectores sociales, regiones y culturas del país.

De esta manera, desde la izquierda no son cuestiones de cálculo -político o pecuniario- lo que debería estar en juego. Son principios. Por eso la enorme importancia de la posición del presidente chileno Gabriel Boric, antes incluso de desencadenarse la actual crisis venezolana. El 10 de marzo, refirió claramente que en la izquierda en general, y en América Latina en particular, “ha habido una tendencia a no hacerse cargo de los errores propios”, tipificando como tal la defensa de ciertos regímenes, “porque se entienden como parte de la misma familia”.

Boric fue muy claro y tajante en esto: “No miro el color político de una persona que viole los derechos humanos o restrinja libertades que son esenciales”. Por supuesto, estaba plenamente consciente de las críticas que eso provocaría, pero, consideraba que políticamente era un error cerrar los ojos a las gravísimas violaciones de derechos que hacen los regímenes que se denominan de izquierda, creyendo ingenuamente que esto es propio sólo de la derecha que está al frente: “la gente no es tonta y esas confusiones o desviaciones le hacen mal a la política”.

 

 

desco Opina / 9 de agosto de 2024

El sonido del silencio

 

Contra toda expectativa Dina Boluarte llegó a su segundo aniversario patrio como presidenta. Sin embargo, su posición como mandataria es de las más débiles en la historia política peruana. Según la encuesta más reciente, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ya comentada en este espacio, la presidenta registraba apenas 5% de aprobación en julio del 2024. Apenas 13% de los encuestados está satisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país y 53% de encuestados evidencian un apoyo bajo a aquella. Ocho de cada diez creen que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político.

El mensaje de la mandataria en ese escenario, no despertó ni siquiera curiosidad. Más allá de la subordinación del Ejecutivo al Congreso como parte de la coalición autoritario-conservadora que nos gobierna, la desaparición de toda forma efectiva de representación política y la fragmentación y desarticulación social por las que atravesamos, no obstante, los esfuerzos en contrario son parte de la pérdida de significado de la democracia en uno de los países más desconfiados del planeta.

El discurso de Boluarte en el Congreso, además de plagado de mentiras, de infinidad de cifras y compromisos –algunos de ellos grandilocuentes y sin mayor contenido real–optó por jugar al cansancio para asegurarse que nadie lo siguiera con atención. Los escaños vacíos y el sueño de varios de los integrantes de su gabinete fueron la mejor evidencia de su irrelevancia. La extensión del mensaje evidenció la ausencia de iniciativas con sentido, así como el desprecio del gobierno por los cuestionamientos, las preocupaciones y las demandas de la gente. Un ensimismamiento de cinco horas en donde el único horizonte que le interesó a la mandataria fue aplaudir al Congreso ante el que se presentaba para llegar juntos hasta el 2026. Como su cirugía mayor, optó por responsabilizar al gobierno de Castillo de todos los males que dice encontró, obviando que fue su Vicepresidenta e integró su gabinete.

Dentro de las mentiras, algunas de las más notorias fueron su reconocimiento al Congreso por la defensa de la democracia y del Estado de derecho cuando éste fue atacado por los golpistas, es decir por quienes protestaron en distintas regiones, vale decir su reconocimiento a la complicidad de la Avenida Abancay con la represión y la violencia desatadas; su insistencia en que seguimos rumbo a integrar la OCDE son parte de este muestrario, que en este caso obvia la escondida carta de ese organismo que observa la promulgación de la ley que limita la colaboración eficaz, es otro ejemplo. La pobreza de sus anuncios contrastó con el peso de sus silencios y omisiones. Ni una palabra sobre los 49 muertos y los cientos de heridos sobre los que tiene responsabilidad directa su gestión. Ni una línea sobre los casos de corrupción que alcanzan a su gobierno e involucran a su hermano. Mutis total sobre relojes y joyas que la comprometen, sobre el uso de recursos y cargos para la constitución de un movimiento político o sobre su posición frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por señalar simplemente algunos de los más visibles. Ni palabra sobre la condenable postura de sus ministros de Educación y de la Mujer, que poco menos justificaron la violencia sexual contra más de 500 escolares de la comunidad Awajún o sobre la embestida de su ministro del Interior contra la DIVIAC.

Los anuncios más notorios fueron la creación del Ministerio de Infraestructura y el cambio de nombre del Ministerio del Interior. El primero será el ministerio más caro del país, con un presupuesto de más de 17 000 millones de soles que fusionará distintos proyectos, programas y fondos adscritos a ministerios. En nombre de cerrar las brechas existentes, el gobierno creó inicialmente la Autoridad Nacional de Infraestructura y ahora, sin evaluación ni argumento pretende una nueva cartera, dizque sin generar gasto público… y sin afectar al personal de los sectores involucrados, con el riesgo de quitar continuidad a la ejecución de proyectos en marcha y aumentar los peligros de corrupción como se observó en la creación de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, que además no llegó a cumplir las funciones para las que fue creada. El caso del Ministerio del Interior es un engaña muchachos dada la gran deuda de seguridad ciudadana y la ostensible crisis que se observa en la propia PNP que, aunque tiene historia larga, encuentra en el ministro actual un actor privilegiado de su politización e instrumentación en su afán de proteger a la mandataria de las distintas investigaciones que la involucran.

Así las cosas, el escenario de los próximos meses es previsible. Más de lo mismo. Un Congreso manejado por Fuerza Popular y APP interesado en cerrar los ajustes institucionales que tiene pendientes: control de la JNJ y de los organismos electorales, candados para asegurar su impunidad e impedir candidaturas que los incomodan estilo Sagasti, control de las ONG y del mundo de la cooperación y facilitación de las condiciones para las economías ilegales. Boluarte pensando en cómo asegurar su continuidad después de abril 2025 cuando se haga totalmente prescindible para un Congreso que ya no la necesitará y la puede responsabilizar de todo por conveniencia electoral. Sectores empresariales que buscarán asegurar, jugando con todos los actores de la coalición autoritaria conservadora en el gobierno, las leyes de pesca, agricultura, minería y minería artesanal, así como las condiciones tributarias que buscan, para tener las condiciones para un nuevo ciclo del modelo. Muchas de las autoridades regionales y locales negociando el acceso a los recursos anunciados por la mandataria y encontrando formas y caminos para “acordar” su incorporación/vinculación con los “partidos” nacionales. Los más de 30 membretes hasta hoy hábiles para presentar candidatos, encerrados en cubileteos y cálculos menores, atravesados por negociaciones de distinta naturaleza y preocupados por encontrar candidatos atractivos, como si efectivamente creyeran que las elecciones, adelantadas o no, van a ser competitivas.

Cierto, el futuro no es tan plano. Las disputas por el liderazgo en las derechas, incluso en el mismo fujimorismo, ya están abiertas. La preocupación, aunque todavía minoritaria, de sectores empresariales por el peso creciente de las economías delictivas en el poder del Estado, simbolizado por la figura de Salhuana como Presidente del Congreso, no es un dato menor. La preocupación de las FF.AA. por la misma razón y por el ruido político que aún no las alcanza pero que puede hacerlo, sacándolas de su actual zona de confort, es importante. Les inquieta el avance del juicio a Keiko Fujimori, por su impacto en un escenario que quisieran fuera puramente electoral. Además, la conflictividad social que se mantiene inalterablemente alta y que podrá incrementarse con muchas de las medidas anunciadas, les preocupa por su capitalización por un liderazgo extremo.

Las movilizaciones recientes, no obstante su desarticulación y las dificultades para resolver sus desconfianzas y distancias, muestran su persistencia en un escenario en el que predomina una sociedad desformal, a decir de Martuccelli; es decir, uno en el que la vida social es incapaz de ser contenida por las formas y regulaciones existentes, en un contexto en el que coexisten fluidamente vinculados tres capitalismos –formal, informal e ilegal–, en una transición difícil y en un nuevo momento de nuestra historia, que ha abierto una coyuntura larga impredecible que seguramente tendrá tantas alzas como bajas, pero todo indica requiere de la presencia activa de la sociedad si se pretende construir una democracia real.

 

desco Opina – Regional / 2 de agosto de 2024