Carretera Central: entre promesas y urgencia postergada

 

Mientras en Huancayo se iniciaba un paro regional de 48 horas por la nueva Carretera Central, cuya adhesión se limitó a funcionarios del Gobierno Regional de Junín y trabajadores municipales quienes anunciaron la suspendieron de sus labores, el transporte urbano y el comercio continuaron operando con relativa normalidad. Diversos medios locales reportaron que, pese al llamado a la paralización, el tránsito fluyó y las actividades económicas no se detuvieron de manera significativa ni en Huancayo ni en La Oroya. La protesta, aunque legítima en su demanda, no logró alterar de forma sustantiva la dinámica cotidiana de la ciudad.

Al mismo tiempo, en Lima el escenario político experimentaba otra transformación. La elección de un nuevo presidente del Congreso, figura clave en la línea de sucesión constitucional, reordenaba alianzas y prioridades en el gobierno central en medio de una coyuntura marcada por la incertidumbre. Casi en paralelo, millones celebraban el inicio del Año Nuevo Chino bajo el signo del Caballo de Fuego, símbolo de energía, libertad y cambios audaces. Tres planos distintos: una protesta regional, la recomposición del poder en el gobierno central y una renovación simbólica global, convergieron en los mismos días, dibujando un contexto de alta volatilidad política y social.

En ese contexto, la pregunta de fondo permanece intacta: ¿qué lugar ocupa realmente la nueva Carretera Central en la agenda del Estado? Más allá de los discursos y de las declaraciones formales, no existe claridad suficiente sobre el aseguramiento de recursos, los cronogramas efectivos ni las estrategias institucionales que garanticen su continuidad.

La Carretera Central es el principal corredor que conecta Lima con la macrorregión centro (Junín, Pasco, Huánuco y la Selva Central). Diseñada hace casi un siglo para un parque automotor radicalmente menor, hoy soporta un flujo muy superior al previsto originalmente. El resultado es estructural: congestión crónica, tiempos de viaje impredecibles, sobrecostos logísticos y una exposición permanente al riesgo.

El proyecto de la nueva Carretera Central estructurado bajo el modelo gobierno a gobierno (G2G) con Francia, fue presentado como la solución técnica de largo plazo para superar los cuellos de botella de la vía actual y transformar la conectividad nacional. Sin embargo, la reciente resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS generó incertidumbre pública, aun cuando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aseguró que dicha decisión no afectaría la continuidad del convenio ni los contratos vinculados al proyecto.

Las dudas persisten. No se ha explicado con suficiente detalle si existe un presupuesto multianual plenamente garantizado, considerando la magnitud de la inversión y su impacto fiscal. Tampoco se ha transparentado con precisión el cronograma actualizado ni los mecanismos que aseguren que los cambios de gabinete o de liderazgo político no vuelvan a postergar decisiones estratégicas. Cuando proyectos de esta envergadura dependen excesivamente del clima político del momento, la señal que se envía es preocupante.

A ello se suma un elemento estructural que no puede seguir invisibilizándose: la seguridad vial. El propio MTC, a través del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, ha señalado que la congestión y las deficiencias de infraestructura inciden de manera determinante en la siniestralidad en carreteras nacionales. Cuando una vía diseñada para determinado volumen de tránsito opera con el doble o el triple de su capacidad, el error humano deja de ser una causa aislada y se convierte en una consecuencia previsible de un sistema saturado.

El paro regional dejó lecciones contradictorias. Fue una expresión legítima de presión política para colocar el tema en la agenda nacional, pero también evidenció fragmentación social. La paralización fue percibida por algunos medios como simbólica, más cercana a una demostración institucional que a una movilización ciudadana masiva. Además, en el momento de la protesta el Poder Ejecutivo atravesaba una crisis de liderazgo, con cambios en el Gabinete y ministerios en transición, lo que diluyó la percepción de un interlocutor claro frente a la demanda regional. La pregunta que quedó flotando fue incómoda: ¿contra quién estaba realmente dirigido el paro?

Posteriormente, tras la reunión en Palacio de Gobierno en la que José María Balcázar recibió al gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, y algunos alcaldes de la macrorregión centro, se informó que los acuerdos incluyeron el compromiso de continuar impulsando el proyecto de la nueva Carretera Central y atender la preocupación por el aislamiento de La Oroya, ciudad que teme quedar marginada del nuevo trazo si no se garantiza su adecuada integración al sistema vial proyectado. Sin embargo, más allá de las declaraciones y de la voluntad expresada en la reunión, queda la interrogante central: ¿tiene un presidente encargado, en un contexto de alta rotación política, la capacidad real de convertir estos compromisos en decisiones presupuestales y administrativas concretas?

La infraestructura estratégica no puede depender de coyunturas ni de voluntades individuales transitorias. Requiere blindaje institucional, financiamiento asegurado y mecanismos de seguimiento que trasciendan los cambios políticos. De lo contrario, la Carretera Central seguirá siendo una promesa reiterada que se reactiva en cada crisis y se diluye en cada transición.

No hablamos solo de kilómetros de asfalto. Hablamos de competitividad regional, integración económica, seguridad vial, reducción de costos logísticos y, sobre todo, vidas humanas. Cada accidente evitable revela una falla estructural. Cada retraso injustificado en la ejecución del proyecto constituye una decisión política, aunque se presente como una dificultad técnica.

Las preguntas siguen abiertas: ¿existe realmente un presupuesto multianual garantizado? ¿Se mantendrá el cronograma original de ejecución? ¿Qué mecanismos institucionales impedirán que futuros cambios políticos vuelvan a dilatar la obra? ¿Se garantizará que ciudades como La Oroya no queden aisladas en el nuevo diseño? Responderlas con claridad y transparencia es indispensable para que la nueva Carretera Central deje de ser un anuncio recurrente y se convierta, finalmente, en una política de Estado que conecte desarrollo con seguridad y justicia territorial.

 

desco Opina – Regional / 27 de febrero de 2026

descocentro

La “última milla” social

 

El hecho de que la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular) expusiera públicamente a niñas víctimas de violación junto a los hijos nacidos de embarazos forzados generó, como ya es conocido, una fuerte condena nacional e internacional.

Incluso, su propio partido manifestó su desaprobación, aunque sin reconocer que comparte plenamente el objetivo de la instrumentalización política y religiosa de la que ha hecho gala su candidata al Senado. Porque es innegable que la exposición pública de niñas violadas con sus bebés refleja cómo ciertos sectores, entre ellos, Renovación Popular, usan el sufrimiento infantil para legitimar agendas reaccionarias, invisibilizando derechos reproductivos.

La Organización de las Naciones Unidas ha señalado reiteradamente que obligar a niñas a continuar embarazos producto de violaciones, puede constituir una forma de tortura. El caso de la señora Jáuregui muestra el rotundo fracaso estatal, porque refleja la ausencia de políticas efectivas de protección y el desmontaje del enfoque de género en Perú, promovido entusiastamente por la referida congresista y su partido.

Si bien las reacciones han sido firmes y contundentes, pueden ser más precisas. La violencia sexual contra niñas en Perú sigue siendo manifestación de una crisis estructural y persistente, con cifras alarmantes y consecuencias graves para la niñez y la sociedad en general. En el 2025, los CEM han documentado 13 096 casos de violación sexual contra mujeres, de los cuáles el 63% (7768) corresponde a víctimas entre 0 y 17 años. En este ambiente, casi 1000 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres como resultado de violencia sexual. Más aún, sólo en enero 2026 ya se reportaban más de 40 nuevos casos.

Una mayor desagregación de estos enojosos resultados, nos conducirá a la lamentable conclusión de que la alta vulnerabilidad de la niñez peruana ante agresiones sexuales, aumenta considerablemente si se trata de niñas indígenas.

Los datos más recientes confirman –especialmente en comunidades amazónicas como las awajún y wampis– que las niñas indígenas enfrentan una situación crítica de violencia sexual. Cerca de 800 denuncias de abuso sexual contra menores indígenas en Condorcanqui (Amazonas) permanecen sin resolución judicial, lo que evidencia una grave impunidad.

La presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc y otras organizaciones de mujeres awajún, han exigido justicia por estos cientos de abusos perpetrados por maestros y familiares, señalando que la reducción de fiscalías ha debilitado la capacidad de investigación. El Ministerio de Educación documentó en 2025 que las comunidades indígenas amazónicas y andinas enfrentan violencia sexual sistemática, con barreras culturales y lingüísticas que impiden la denuncia y atención.

Así, el violento resultado que impacta en la niñez peruana es causado por una combinación de factores que van desde el aislamiento geográfico, que dificulta el acceso a servicios de salud, justicia y protección; la discriminación estructural, que invisibiliza las denuncias; la debilidad institucional, que se materializa en el reducido número de fiscalías y la falta de presupuesto para atender casos en territorios indígenas.

La responsabilidad de los últimos gobiernos no se puede obviar. El desmontaje de los limitados avances que se lograron en materia de género, equidad e interculturalidad se encuentra a la base de esta condenable situación. En los territorios indígenas, donde los embarazos infantiles son más frecuentes en términos relativos, la ausencia de políticas interculturales reales (salud en lenguas originarias, justicia territorializada) han agravado la vulnerabilidad.

Las denuncias y condenas por la exposición pública de las niñas en Lima, contrasta con el silencio sobre la situación de las niñas indígenas en la Amazonía peruana, que no solo enfrentan violencia sexual por ser mujeres y menores de edad, sino también discriminación por su origen étnico, su condición socioeconómica y la exclusión territorial que sufren.

 

desco Opina / 20 de febrero de 2026

El Bukele peruano: del “chifagate” a la hamburguesa americana

José Jerí, encargado de la presidencia del país, es definitivamente un hombre con suerte. Tras llegar al Congreso por la ventana como accesitario de Martín Vizcarra, con 11 654 votos, vale decir con más de 15 000 menos que el congresista que obtuvo la menor votación en Lima, de ilustre desconocido hizo carrera rápida en el Parlamento. El 2022 ya aparecía como un operador político relevante de Somos Perú, llegando en julio 2023 a la presidencia de la Comisión de Presupuesto, controlando la asignación de recursos públicos y desarrollando relaciones privilegiadas con los ministerios y los gobiernos regionales; pasó así rápidamente a ser parte central del poder presupuestal.

Simultáneamente, su patrimonio tuvo un aumento millonario desde su ingreso al Legislativo y cargó con una denuncia por violación —archivada finalmente por el fiscal de la nación, Tomás Aladino Gálvez—, otra por desobediencia a la autoridad, y una tercera por integrar una supuesta organización criminal. Como representante votó a favor de todas las normas que dificultan y limitan la lucha contra la criminalidad, respaldó las leyes que demolieron la institucionalidad, votó a favor de la Ley APCI, de la norma que debilitó la colaboración eficaz y aquella contra la extinción de dominio. Hizo lo propio con las normas sobre el retorno de la inmunidad parlamentaria, la amnistía para militares y policías procesados por violaciones de derechos humanos, la prescripción de delitos de lesa humanidad y la que habilitó la creación de Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP), entre otras medidas con impactos severos en las cuentas fiscales. En resumidas cuentas, un congresista a carta cabal; un digno representante del autodenominado primer poder del Estado.

Que fuera encargado de la Presidencia no fue sorpresa. La conducción del Congreso quedó en manos del fujimorista más duro y el Ejecutivo se le entregó a un joven inexperto al que previamente se lo había puesto como autoridad máxima del Parlamento. A fin de cuentas, la única misión que tenía parecía elemental: no ser Dina Boluarte. Convencido de su rol de personaje jugó a ser un Bukele hiperactivo, apostando por la conexión con el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo. Sus ideas le alcanzaron apenas para abrazar el estado de emergencia y las visitas altisonantes a los penales como estrategia. Empoderado por las encuestas iniciales, pensó que tenía un bono seguro hasta el 28 de julio. Incapaz de presentar su anunciada estrategia de seguridad, se vio desbordado por la realidad: los asesinatos aumentaron en su gestión, la extorsión crece imparable en ciudades como Lima, Trujillo, Piura y Sullana, los transportistas públicos son atacados y asesinados cotidianamente y las capturas que hace la Policía y reporta cotidianamente su jefe máximo, siguen acompañadas por los escándalos frecuentes en los que aparece involucrada esa institución.

Para peor, el escándalo del “chifagate” apareció en todo su esplendor. El presidente encargado, disfrazado de achorado, como comensal una vez, como comprador la segunda, desnudó sus largos vínculos con el empresario chino Zhihua Yang, con el que, existen indicios sobrados, mantiene una relación opaca desde su paso por el Congreso. Sus inútiles explicaciones, en realidad una sucesión de embustes, fueron tan flojas que, su Primer Ministro, por defenderlo, terminó descalificándolo al intentar explicar la reunión en San Borja como una trampa en la que había caído Jerí por su juventud, tratando de hacer creer que era un acto de inmadurez y no de corrupción política.

Como si ello no bastara, un informe televisivo, como lo señalara con elegancia un reconocido historiador, nos recordó que el Bukele nacional en realidad es un sucesor de Pantaleón. Las varias visitantes de la Plaza de Armas, convertidas en funcionarias públicas, hablan de un presunto tráfico de influencias a favor de aquellas. Esa investigación se hace más dura si se suma a la celebración de su cumpleaños en Cieneguilla, cuando ya era congresista, y la presencia de personas vinculadas a una presunta red de prostitución en el Congreso de la República. Cualquiera que sea el resultado de las investigaciones, así Gálvez sea el Fiscal perdonavidas, es evidente que la imagen de Jerí seguirá cayendo.

La fresa de la torta, más grave y de mayor calado aún, se produjo el martes 10. El embajador americano, Bernie Navarro, difundió en sus redes sociales una foto de su reunión “informal” con el presidente encargado en la residencia de la Embajada. Ambos personajes aparecen compartiendo una “hamburguesa americana” a decir de Navarro, que de manera mordaz anuncia “cambiando el menú”, aludiendo directamente al “chifagate”. Más allá de la anécdota y de las características personales del embajador directamente designado por Trump y Marco Rubio, apunta a alinear explícitamente nuestra política exterior con los intereses de la seguridad nacional de Estados Unidos, aprovechando la debilidad del gobierno. Simultáneamente, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental emitió un comunicado expresando su preocupación por reportes que sugieren que el Estado peruano carecería de poder para supervisar el megapuerto de Chancay, que es descrito como una infraestructura bajo la jurisdicción de "propietarios chinos depredadores”. El Embajador reposteó el mensaje, añadiendo que no hay precio más alto que perder la soberanía.

En esa dirección, recordemos que el Primer Ministro, días atrás sorprendió a la platea cuando desde la Casa de Pizarro, anunció que la próxima adquisición de cazas para la Fuerza Aérea del Perú aprobada por el Congreso, será definida de acuerdo con la posición de liderazgo de Estados Unidos en el mundo. Las declaraciones de Álvarez dejaron claro que, habiéndose realizado el estudio técnico de los modelos ofertados, la decisión será política y responderá al alineamiento de Perú con Estados Unidos, a días de que esta nación declare al Perú como “aliado extra OTAN”.

En este escenario, Podemos y Alianza para el Progreso anunciaron que se suman al pedido de realización del Pleno del Congreso para discutir el futuro de su expresidente, convertido por su decisión en presidente encargado. Los costos electorales que puede representarles el mantenerlo, les inquietan ahora, como en su momento ocurriera con Boluarte, cuando lo que debiera preocuparles más es cómo se está arriesgando alegremente el futuro del país en todos los campos, incluido, como resulta obvio, el geopolítico.

 

desco Opina / 13 de febrero de 2026

Encargado presidencial, Congreso y contexto electoral

 

Perú enfrenta una crisis política de proporciones sistémicas. Nada menos que el encargo de la Presidencia de la República al congresista Jerí recae en un mandatario interino hoy señalado por serias sospechas de múltiples delitos, lo que profundiza la percepción de ilegitimidad de las instituciones públicas y amplifica la desconfianza ciudadana en el sistema político.

El funcionario que hoy ocupa la Presidencia se encuentra bajo investigación por una serie de presuntos ilícitos que incluyen al menos tres acusaciones: corrupción en la contratación pública, tráfico de influencias y asociación ilícita mediante la posible existencia de redes que operan desde el Estado para beneficio de ciertos grupos económicos y partidarios. Estas acusaciones no solo afectan su legitimidad, sino que colocan al país en una crisis de gobernabilidad: una vez más un presidente con investigación penal enfrenta la obligación de responder a la justicia y, simultáneamente, dirigir un Estado fracturado. Esta circunstancia no es un hecho aislado, sino el resultado de un largo proceso de erosionamiento de la autoridad estatal, la captura del Estado por redes clientelares y la normalización de prácticas corruptas al más alto nivel.

El Congreso de la República, lejos de funcionar como un órgano de control y equilibrio, se ha consolidado como el epicentro de un pacto político-electoral mafioso que prioriza intereses particulares por encima del interés general. Nos enfrentamos a la ambivalencia de muchos congresistas –y también de las bancadas– que se manifiesta en la carencia de una postura ética clara: se alterna entre la retórica de “defensa de la institucionalidad”, y el apoyo tácito a prácticas que favorecen a los investigados, dependiendo de conveniencias coyunturales.

También en negociaciones opacas sobre la continuidad o censura provenientes del Ejecutivo, que han migrado de debates públicos a acuerdos informales entre cúpulas partidarias. Constatamos así, una pasmosa inacción del poder Legislativo frente a estos escándalos: más que fiscalizar, el Congreso ha evitado investigaciones profundas que podrían implicar a sus propios miembros o alianzas, priorizando la preservación del poder compartido.

El doble discurso del fujimorismo, Alianza para el Progreso y otros actores de un sector de las izquierdas es innegable. El fujimorismo, por un lado, se declara defensor del orden, la estabilidad y la lucha contra la corrupción, mientras apoya acuerdos que preservan su influencia política, incluso si implican avalar a figuras bajo investigación en un discurso que evidencia una priorización del poder sobre la coherencia ética y la transparencia. De forma similar, Alianza para el Progreso, bajo la conducción de César Acuña, exhibe una retórica moderada y tecnocrática que pretende diferenciarse de las acusaciones de corrupción generalizada, respaldando decisiones que favorecen la permanencia del statu quo político, diluyendo así cualquier postura de ruptura con el modelo de captura de poder que se practica.

Todo esto se trenza faltando menos de dos meses para las elecciones generales en un escenario caracterizado por un padrón de opciones excesivamente fragmentado. Con casi 180 casilleros en la cédula de votación se complica la decisión racional de los electores, lo que sin duda producirá un alto número de votos anulados por la complejidad de la boleta que se usará.

Asimismo, la fragmentación electoral beneficia a los grupos hoy presentes en el Congreso, quienes además de disponer de más recursos para la campaña, han diseñado el sistema y –más o menos– controlan al Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, por ejemplo, la forma de elegir al Senado, que es el centro del poder que se instale, beneficia la elección de cuatro senadores por Lima, donde se concentra la votación de derecha extrema, como lo evidencian las simpatías por López Aliaga.

Esto ocurre en medio de una campaña poco informativa en la que la mayoría de candidaturas carece de propuestas claras y detalladas, centrándose en lemas genéricos, en confrontaciones personales o trayendo propuestas francamente estúpidas como la entrega de DNI a los fetos o la construcción de un aeropuerto internacional en Oxapampa, entre las varias formuladas por el candidato de Renovación Popular.

Finalmente, el ambiente de desencanto político ha generado un alto desinterés electoral. Lo muestran todas las encuestas recientes que revelan niveles crecientes de apatía y de abstencionismo, particularmente entre jóvenes y sectores populares. Esto, a nuestro entender, se explica por diversos factores como el serio déficit de información a consecuencia de la carencia de medios efectivos de difusión de las propuestas, y la inexistencia de una educación cívica robusta que permitiera a la mayoría de votantes evaluar críticamente a los candidatos. A nadie sorprenderá entonces, que esta situación probablemente desemboque en que muchos ciudadanos voten por identidad de grupo, influencias mediáticas o endoses superficiales, y no sobre la base de propuestas concretas o planes de gobierno viables. El resultado previsible es el sacrificio de la calidad del proceso democrático y el consecuente cuestionamiento de la legitimidad de los resultados, independiente de quién resulte elegido por un electorado desinformado y desinteresado, enfrentando una cédula de votación confusa y desarticulada.

Preocupa, sin duda, que este cóctel de factores nos conduzca a un ciclo político por lo menos tan incierto como el actual, donde las decisiones tomadas en las urnas no se traduzcan en estabilidad, transparencia o progreso institucional para nuestra patria. Toca a los ciudadanos más conscientes hacer un esfuerzo especial para intentar evitar este oscuro escenario ad portas.

 

desco Opina / 6 de febrero de 2026