Lima atorada: una historia de bypass, trenes y peajes

 

En los últimos días viene “circulando” información acerca de la construcción de un viaducto de 1.8 km en la av. Javier Prado –una de las arterias más congestionadas de la ciudad capital–, el cual conectará desde la av. Las Begonias hasta la av. Arenales. Esta obra proyecta iniciar su construcción entre enero o febrero del 2026 y se prevé su culminación para finales del mismo año.

Esta obra forma parte de los preparativos para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la cual proyectaba meses atrás, que la av. Javier Prado tendría tres bypass valorizados en S/500 millones para descongestionar el tránsito en distritos como San Isidro, Lince y Ate. Esta noticia que en principio puede sonar alentadora, apuntando a liberar el tráfico que sufren muchos limeños que transitan por esta vía de la ciudad, puede terminar generando un efecto contrario al esperado, pues quizá el resultado sea “transportar” el tráfico de un punto a otro de la ciudad, que actualmente está catalogada entre las siete primeras ciudades con mayor tráfico a nivel mundial, con un promedio de velocidad de tan solo 14 km/h.

Esta situación solo demuestra que el problema del transporte urbano en la ciudad de Lima es un tema álgido y complejo, que no ha contado con soluciones adecuadas ni integrales, y que no hace más que sumarse a otras obras previas de envergadura a nivel metropolitano como el popular tren Lima–Chosica, cuyo plan hoy difiere de la propuesta inicial anunciada por Rafael López Aliaga cuando aún no dejaba el sillón municipal metropolitano y prometía que el ferrocarril llegaría con sus 10 estaciones hasta el Callao. Actualmente, Proinversión, encargada de la asistencia técnica del proyecto ha reducido su propuesta de estaciones y evaluará sobre la marcha blanca dónde deberían ser ubicadas, en principio para esta primera fase se prevé un recorrido desde Chosica hasta Monserrate, con una sola parada confirmada en Huaycán; mientras que se viene evaluando la pertinencia de llegar hasta el Callao, tomando en consideración que la Línea 2 del Metro cubrirá esa ruta. 

Otro aspecto que suma al cuestionamiento sobre los criterios técnicos y de planificación integral del transporte es lo que viene sucediendo con el cobro de los peajes, cambiando de un discurso en el que se eliminaba el cobro de los mismos a uno en el que la Municipalidad de Lima anuncia que el cobro de peajes en la Panamericana Sur será a precios 'más asequibles'. Esto probablemente porque no se tomó en consideración que se requiere hacer un gasto mensual en mantenimiento de autopistas que asciende a S/6 millones según el municipio metropolitano.  

Todo este escenario no hace más que confirmar la poca planificación y el escaso criterio con el que cuentan nuestras autoridades para proponer soluciones estratégicas e integrales a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Muchas veces gana el deseo de figurar o anunciar la noticia de impacto que pueda dar visibilidad, sin que eso signifique claridad hacia dónde se tienen que dar los siguientes pasos; la necesidad y la urgencia pueden hacer que, a menudo, el remedio sea peor que la enfermedad.

 

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2025

descoCiudadano

Legislando la ilegalidad: el REINFO como ejemplo

 

Hubo una vez en la que los gobiernos regionales fueron involucrados en un problema irresuelto de larga data, al otorgárseles la responsabilidad directa de conducir el proceso de formalización de la pequeña minería y minería artesanal en Perú. La ley 27651 del 2002, reconoció la existencia de la pequeña minería y minería artesanal y les delegó la tarea de acompañar y supervisar la formalización, mediante autorizaciones y asistencia técnica.

Como suele suceder en nuestro país, la inexistente eficacia del armatoste normativo con el agregado de una gestión regional cercana a ningún resultado, condujo a un “proceso extraordinario de formalización” (2012–2016) en el que, nuevamente, la falta de recursos técnicos y financieros en las regiones y las crecientes presiones políticas y sociales (muchos gobiernos regionales estaban cerca de los gremios mineros y cedían a sus demandas), se tradujo en avances muy limitados, por decirlo de alguna manera, porque la mayoría de los mineros inscritos no logró culminar el proceso.

En el 2017 se crea el REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), para “superar el impase”, centralizando el proceso en el Ministerio de Energía y Minas (MINEM). Se buscaba que los mineros artesanales cumplieran requisitos técnicos, ambientales y tributarios, intentando diferenciar la minería informal en proceso de regularización de la minería ilegal, permitiendo a los primeros continuar operando mientras cumplían las etapas del trámite. Sin embargo, la mayoría no logró completar el proceso por su complejidad y costos.

Desde este momento lo que se escenifica alrededor del REINFO, fue simplemente una farsa. Nació como una medida transitoria con el Decreto Legislativo 1293 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski; se da una primera prórroga (2018–2019), que ampliaba el plazo inicial para permitir que más mineros completaran el proceso; luego tendremos una segunda prórroga (2020–2021), bajo el gobierno de Martín Vizcarra, debido a la baja tasa de formalización; seguirá una tercera prórroga (2022–2023), durante el gobierno de Pedro Castillo; vendrá la cuarta prórroga (2024–2025) con Boluarte; y en noviembre de 2025, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó extenderlo hasta el 31 de diciembre de 2027, reincorporando a más de 50 000 mineros excluidos del proceso.

Una lectura del proceso seguido por el REINFO que no se detenga en la superficie, nos mostrará inmediatamente cómo ámbitos centrales de la legalidad y formalidad del país –el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo–, no encontraron una fórmula válida para la formalización y expusieron sin ambages su permisividad frente a la ilegalidad. En teoría, lo que debió ser un puente hacia la formalización, se convirtió en la práctica en un espacio ambiguo que blinda la ilegalidad, promovido desde el vértice mismo de “la legalidad” del país.

Pero, no es solamente un problema de gestión. Además de una coyuntura favorable impulsada por el espectacular precio del oro, la minería ilegal es una economía política compleja, sostenida por vacíos institucionales, pobreza estructural, corrupción y redes criminales.

Así, el REINFO, lejos de ser una vía hacia la formalidad, terminó siendo un incentivo adicional para permanecer fuera de los marcos normativos por la alta rentabilidad que ofrecen las operaciones informales/ilegales, algo que sabemos hasta la saciedad con el ejemplo del narcotráfico y otras actividades que operan “fuera de la ley”. Dicho de otra manera, permite que mineros ilegales se inscriban y operen bajo una cobertura “legal” sin cumplir requisitos. Esto genera un incentivo perverso porque mantenerse en la informalidad resulta más rentable que formalizarse.

Parte importante de la minería ilegal en Perú funciona como una economía criminal organizada, con una estructura empresarial que combina pequeños productores, plantas de procesamiento, muchas de ellas formales, redes de financiamiento y comercialización internacional. No es un fenómeno caótico, sino un sistema con jerarquías y roles definidos que le permiten sostenerse y expandirse.

Es decir, se comporta como una empresa criminal descentralizada pero articulada, con múltiples niveles: extracción, procesamiento, financiamiento, comercialización y exportación. Cada nivel refuerza al otro, creando una cadena de valor ilícita que compite directamente –y muchas veces se complementa– con la minería formal. De esta manera, no es sólo un inmenso problema ambiental, sino un sistema empresarial criminal que afecta simultáneamente la cohesión social y la legitimidad política, además de los factores del mercado.

Aún más, es una economía criminal integral porque no solo produce oro, sino también violencia estructural que atraviesa lo social, lo ambiental y lo político. En suma, es un fenómeno que reconfigura el poder en territorios rurales, desplazando al Estado y a las comunidades por mafias armadas y redes ilícitas, mostrando claramente que la violencia no es un efecto colateral, sino el producto central de esta economía.

Esta grave situación no vamos a amenguarla con performances televisivas inútiles, sino con una estrategia que involucre, además de múltiples dimensiones, la activa participación de la ciudadanía. Por lo que vemos, esto no fue una demanda que tomaran en cuenta los que han gobernado en los últimos veinticinco años, como tampoco parece serla para los que aspiran a gobernarnos desde el 2026. En realidad, cada vez más operadores políticos, pero también económicos y sociales, que se ubican en la “legalidad”, se deben y adecuan a la contundente realidad de lo que con precisión cada vez menos denominamos “ilegalidad”.

 

desco Opina / 12 de diciembre de 2025

El motor de la innovación en el centro del Perú

 

El pasado 4 de diciembre Perú fue testigo de un hito para la ciencia y tecnología. En la 10.ª edición 2025 de la Competencia Internacional de Invenciones e Innovaciones en Canadá (iCAN), la delegación peruana no solo fue la más numerosa entre 62 países, sino que arrasó con 223 invenciones y un medallero histórico: 115 de oro, 76 de plata y 32 de bronce. Lo más revelador no fue la cantidad, sino la procedencia: universidades de la macrorregión centro como la Universidad Continental (UC), la Universidad Peruana Los Andes (UPLA), la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y la Universidad Nacional Hermilio Valdizán (UNHEVAL) de Huánuco, demostraron que la innovación ya no es patrimonio exclusivo de la capital.

Este triunfo internacional llega en un momento crucial. Mientras Huancayo se integra al Grupo de Ecosistemas de Innovación de América Latina, ubicándose en un nivel de desarrollo intermedio con 59 puntos, regiones como Huánuco y Huancavelica ejecutan proyectos dinamizadores cofinanciados por ProInnóvate. Sin embargo, este panorama optimista choca con una realidad histórica que debemos comenzar a desmantelar: el centro del país es solo la "despensa" alimentaria de Lima, la fuente energética de Perú y la cantera de materia prima minera.

El reporte GEIAL 2025 destaca las potencialidades indiscutibles de las regiones del centro: una sólida cultura emprendedora donde la sociedad valora y respeta al emprendedor, un rasgo que se extiende a toda la macrorregión, y una demanda local vibrante que está abierta a probar nuevos productos. Además, la formación emprendedora en nuestras universidades y espacios extracurriculares es una fortaleza, lo que explica en parte el éxito rotundo en Canadá.

En pleno 2025, seguir apostando únicamente por la extracción y la agricultura de subsistencia es una condena al estancamiento. El iCAN nos ha mostrado el camino: la industrialización inteligente. Las propuestas premiadas no son casualidad, revelan un ADN de innovación macrorregional. Vemos a la UNCP liderando en Biotech y agroindustria, transformando materias primas; a la UC y UNHEVAL incursionando en Deeptech y automatización; y a la UPLA respondiendo con innovaciones de alto impacto social y sostenibilidad.

Pero, ¿es suficiente? Si miramos la infraestructura de soporte, la brecha aún es grande. Aunque Junín cuenta con tres incubadoras, Huánuco, con tres, Huancavelica, con dos y la región Pasco con una incubadora; algunas aún carecen de visibilidad y participación nacional e internacional. Más preocupante aún es la inexistencia de aceleradoras independientes en la macrorregión, nuestros emprendedores dependen de programas universitarios de escalamiento o deben mirar hacia Lima. Aquí radica nuestro verdadero talón de Aquiles, identificado por el GEIAL: la capacidad de retener talento y el acceso a financiamiento, al depender de fondos públicos limitados y la banca tradicional, careciendo aún de capital inteligente macrorregional.

Para pasar de "despensa" a "motor", necesitamos una articulación real de la cuádruple hélice (academia, Estado, empresa y sociedad civil). Las universidades deben enfocarse en investigaciones, proyectos y patentes que curen los dolores de las comunidades, conversando de forma más cercana con la sociedad civil. Aquí es donde conceptos como la innovación frugal —hacer más con menos— se vuelven vitales para nuestros contextos de recursos limitados, creando soluciones tecnológicas accesibles y eficientes.

Para potenciar esta transición es imperativo activar la columna vertebral tecnológica que ya existe en nuestro territorio, pero que a menudo opera de manera desarticulada. La macrorregión cuenta con una red de Centros de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica (CITE) públicos y privados —desde el CITEccal en Junín y el CITEagroindustrial Huallaga en Huánuco, hasta el CITEtextil Camélidos en Huancavelica y el CITEagroindustrial Oxapampa en Pasco— que hoy brindan el soporte técnico vital para la estandarización productiva. Sin embargo, el verdadero salto cualitativo reside en conectar estos centros con los emergentes Parques Científicos Tecnológicos (PCT) con el PCT del Centro (UNCP) y el PCT de Huánuco (UNHEVAL) ya formalizados; y las iniciativas legislativas en marcha para los parques de Huancavelica (UNH) y Pasco (UNDAC). Tenemos servida la oportunidad histórica de configurar un "corredor de conocimiento andino-amazónico” que transfiera eficazmente la investigación universitaria a la planta de producción, bajo un enfoque de especialización inteligente.

La revolución pendiente es digital y de valor agregado. No es lo mismo vender un saco de papa nativa en el Mercado Mayorista que exportar chips orgánicos con trazabilidad. Es imperativo integrar tecnologías Blockchain para garantizar la transparencia y el precio justo de nuestro café, cacao, palta, madera y fibras de camélidos. Necesitamos plataformas fintech que democraticen el crédito rural y conecten nuestros superfoods y turismo vivencial con la demanda global; sustentados en la especialización inteligente y basándonos en nuestras potencialidades.

El emprendimiento innovador es el único dique de contención contra la fuga de talento joven hacia la Costa. Si logramos consolidar estos ecosistemas, recuperaremos no solo la economía, sino la dignidad territorial. El centro del Perú ha demostrado tener el talento para dejar de ser el vagón de carga y convertirse en la locomotora del desarrollo sostenible. Es hora de innovar y no resignarnos a ser espectadores de nuestro propio futuro.

 

 

desco Opina – Regional / 5 de diciembre de 2025

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