Calentando el escenario político de selva central

Aunque la campaña electoral no haya empezado, las intenciones de postulación son visibles en las carreteras de acceso hacia las provincias de Oxapampa, Chanchamayo y Satipo. Pintas con nombres de posibles candidatos a las alcaldías distritales, provinciales, e incluso regionales empiezan a llenar los caminos.   Entre los alcaldes vigentes ya hay quienes buscan una reelección (frente a cuestionamientos a su poca elegancia en demostrar sus intenciones) o aspiran a cargos de mayor envergadura que la jurisdicción distrital.

Sin embargo, además de eventuales pintas reclamando la libertad de Fujimori, la mayoría de los potenciales candidatos no muestran respaldo de partidos o movimientos políticos. Señal de que los «vientres de alquiler político» se harán presentes para respaldar con recursos y seguidores a algunas candidaturas.

Sea cual fuere el estilo, hasta ahora no se hacen visibles estrategias que atiendan los temas de interés para los electores de la selva central. Tal vez esperen, como insinuara en su momento el Ministro de Agricultura, temas coyunturales sobre los cuales puedan orientar su campaña.  Los temas de coyuntura estarían siendo «refrescados» por algunos precandidatos de los distritos cafetaleros que capitalizan el descontento del sector frente a los daños de la plaga de la roya amarilla.

Los problemas de la selva central son conocidos por todos sus habitantes y la roya amarilla es uno de ellos. Sin embargo, un candidato necesita enfocar sus planes más allá de la plaga que afectó al sector cafetalero. Consideramos que sería más importante apuntar hacia la falta de infraestructura para la producción. Y es que resulta inútil implementar mejoras en las prácticas agronómicas mientras el sobre-costo por el flete desde las parcelas productivas hacia el mercado sea tan elevado.

Así mismo, el reducido acceso a servicios eléctricos incide directamente en el desarrollo socioeconómico de la selva. Las intenciones de implementar maquinarias para mejorar la pos-cosecha o para procesar productos agropecuarios de interés para el mercado nacional e internacional, quedan frustradas por falta de energía eléctrica trifásica en todas las localidades.

Los productores tienen la iniciativa y es posible que con un buen asesoramiento puedan conseguir buenos proyectos y financiamientos necesarios.

La construcción de carreteras y la electrificación rural son tareas que exceden las reales capacidades presupuestales de las municipalidades. Sin embargo, apalancando recursos regionales o gestionando ante las instancias del Gobierno Central, se podría allanar el camino hacia el desarrollo. Eso sólo lo pueden hacer líderes visionarios con capacidad de gestión que logren aglutinar los intereses y los esfuerzos de sus habitantes.

Ojalá que al momento de decidir las candidaturas se escojan las mejores opciones, se decida por aquellos que tengan las ideas y los equipos para proponer la ruta del desarrollo. No podemos seguir limitándonos a apostar por quien tenga para cubrir los gastos de pasaje aunque no se conozca la ruta propuesta ni las capacidades del conductor. 

desco Opina - Regional / 13 de diciembre de 2013

Programa Selva Central

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De CADE a La Haya

En estos días algunos comentaristas calificaban en círculos más cerrados lo que un caricaturista expresó muy gráficamente: el presidente Ollanta Humala ha mostrado en CADE Ejecutivos 2013 una sumisión absoluta a los intereses y prioridades del empresariado nacional comandado por los patrones mineros. La plataforma política del gobierno se parece cada vez más a la de los intereses de los empresarios, dejando de lado las legítimas demandas y expectativas de otros sectores sociales y económicos del país. Sin ambages el gobierno ha hecho suya la «agenda del sector empresarial» recordándonos con ello el título del clásico libro de Jorge Bravo Bresani Perú: Gran empresa Pequeña Nación.

Al concluir la reunión de Paracas, dependiendo de cómo quiera verse, se abre un escenario en el cual la figura presidencial aparece nuevamente debilitada. Incluso se llega a mencionar la posibilidad de efectuar cambios tributarios para favorecer a la minería por la disminución del porcentaje de sus ganancias que, sin embargo, son muy destacadas. Una encuesta interna en CADE evidencia que quien cuenta con la aprobación de los dueños del país es el ministro de Economía y Finanzas, instalado por el sistema, en una relación de doble contra sencillo sobre el gobernante elegido, abatido sin indulgencia. La impresión que surge es la de un gobierno sin rumbo atrapado por los problemas de la protección policial a personajes ligados al montesinismo, que acomoda su gestión estatal a atender las consignas de los grupos de poder, es decir de un nacionalismo que terminó por arriar todas sus banderas y al que se le puede ubicar hoy entre las agrupaciones de derecha en el país.

Una semana después, en la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial ONUDI auspiciada por el PNUD en Lima, y para que no queden dudas, el Presidente de la República, haciendo fintas de lo que parecería el lanzamiento de un Plan Nacional de Desarrollo Industrial –que nadie conoce y no ha sido consultado– simplemente reafirmó con lo dicho y lo omitido, que quienes manifiestamente gobiernan el país están sentados en el Ministerio de Economía y Finanzas y la CONFIEP. Que el gobierno haya declarado en esta reunión que la industrialización del país es un objetivo nacional son palabras que se lleva el viento cuando al mismo tiempo la evaluación de la educación hecha por PISA coloca a los estudiantes peruanos en el último lugar entre 65 países del mundo en comprensión lectora, ciencia y matemáticas, con el añadido de ser el Estado peruano el último también en inversión en educación en América Latina por alumno de primaria al año.

La industrialización futura a la que se ha hecho mención pasa por considerar como eje a la minería, sin admitir una estrategia que incluya la producción textil, el desarrollo de la agricultura y ganadería y menos la creación de un mercado interno en alianza con los gobiernos regionales como elementos centrales. Lo menos que podemos exigir es que se publique este Plan para su discusión abierta por distintas instituciones del país como los gobiernos regionales, las universidades, gremios y la sociedad en general. Temas importantes como el cambio climático, el acondicionamiento urbano y territorial y desde allí la búsqueda de consensos en políticas y estrategias públicas parecen ya no importarle al gobierno, capturado por las demandas de los grandes inversionistas dentro de un sistema político cada vez más cerrado y un escenario con escasa participación ciudadana en el que manda la macroeconomía en su óptica de culto al libre mercado. Nuevamente se constata una peligrosa distancia entre el accionar de la política y los partidos, su quehacer efectivo y el manejo de las grandes líneas económicas de espaldas a la concertación y definición de estrategias nacionales que el país necesita.

Que los partidos políticos y en particular los poderes Ejecutivo y Legislativo recuperen credibilidad podría inspirarse en el Acuerdo Nacional y en un esfuerzo por encontrar puntos fijos de logros a conseguir a partir de un balance de lo avanzado y pendientes en la agenda nacional que nos acerquen más a ser una nación en busca de su mejor destino. De lo contrario la situación puede ser mala para todos, por ejemplo ante los muy próximos resultados que nos traerá la Corte de La Haya y el cumplimiento que se derive de ellos.

desco Opina / 6 de diciembre de 2013

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Para poner las cosas en su sitio

Hace un par de semanas la congresista Verónika Mendoza estuvo en Arequipa participando del foro panel «Planificación y ordenamiento territorial: claves para el desarrollo», donde explicó la Ley de ordenamiento territorial (OT) que está promoviendo en el Congreso.

La norma tiene especial importancia en momentos que los conflictos socio ambientales siguen latentes en la Macro Región Sur (MRS). Sobre todo ante la concesión desmedida de territorios para la exploración o explotación minera y los conflictos limítrofes entre departamentos por el uso de recursos naturales, en especial del agua.

Una de las dudas que recorría el auditorio durante el foro fue si la norma no llegaba demasiado tarde frente al crecimiento desordenado percibido en la región. La congresista contestó que si bien la ley no solucionaría el actual desorden en el uso del territorio, propiciaría algún tipo de corrección. Además sirve para evitar futuros conflictos, como los que se avecinan en el sur por la construcción de la represa de Paltiture.

¿Cómo podemos acelerar este proceso?  Por el momento el Ministerio de Economía y Finanzas acaba de aprobar los «Lineamientos para formular proyectos de inversión pública para el ordenamiento territorial», que esperemos terminen con el escollo presupuestal que –como en el caso de Arequipa– retrasa algunos de los procesos de Zonificación Ecológica Económica en la MRS. La Zonificación Económica Ecológica representa claramente el paso previo al plan de Ordenamiento Territorial. Motivo por el cual, resulta alarmante que a nivel departamental de la MRS, solamente Cusco y Madre de Dios cuenten con ZEE aprobados  por  el Ministerio del Ambiente.

Más allá de lo presupuestal hace falta, también, que la base social esté atenta a este proceso, teniendo en cuenta que debe ser participativo. Finalmente, se requiere que las autoridades dejen de lado los regionalismos para que este proceso sea un elemento integrador en la MRS,  ad portas un nuevo proceso electoral.     

Si bien no hablamos de una norma aprobada, su discusión está servida y es importante analizarla para nuestro desarrollo.

desco Opina - Regional / 2 de diciembre de 2013

Programa Regional Sur

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El escándalo López Meneses y el nuevo Premier

Los últimos días estuvieron marcados por el escándalo ocasionado por la vigilancia policial ofrecida a Óscar López Meneses, uno de los operadores más visibles del montesinismo. La inicial denuncia periodística de un canal de televisión por cable, rápidamente amplificada por distintos medios de comunicación, cada vez más críticos de la gestión gubernamental, que a manera de caja de resonancia, apuntaban a mostrar los vínculos de aquél, si no con el propio Presidente de la República, con distintos círculos del humalismo, permitió el retorno del personaje a las primeras planas y su amenazante circulación por sets de televisión y cabinas de radio, muchas de las cuales no le eran desconocidas.

Durante una semana asistimos a un nuevo espectáculo en el que coincidieron la picaresca, la improvisación y las evidentes limitaciones políticas del Presidente, el innegable blanco del «descubrimiento». El mandatario, aún sin recuperarse de los costos de su indiscutible «patinada» en Pasco, desde donde recordó su «cogobierno familiar», resucitando el fantasma Nadine 2016, terminó en un enfrentamiento con la Policía Nacional, a la que torpemente terminó responsabilizando exclusivamente de un entuerto que, todo indica, debe empezar explicando el ex jefe de la Policía Nacional, Raúl Salazar, para a partir de él, poder identificar a los perpetradores que insistirán en tener a un mandatario rehén.

Como vivimos en el país de las maravillas y la falta de memoria, fujimoristas y apristas rápidamente pasaron a la ofensiva, acusando al gobierno del montesinismo del que son tributarios constantes, y de vínculos con aquél a distintos operadores del Presidente, los más avezados, incluso a éste. Las relaciones del dentista con aquellos, pero también con alguna gran empresa como revelara el propio López Meneses en las condescendientes entrevistas que le regalaron diversos medios, no dejan lugar a dudas. Sus vínculos con el ex comandante general del Ejército Paul da Silva, pero también su amistad con Agustín Mantilla, ratificada por el interesado, son datos que tendrán que estar presentes en las investigaciones ordenadas, las que difícilmente llegarán a la verdad, porque en honor a ésta, lo único claro es que estamos constatando, una vez más, que los tenebrosos aparatos de los noventa, eventualmente convertidos en bandas y/o en empresas privadas, continúan operando al servicio de distintos clientes, como lo demostrara el caso Business Track.

Para el Presidente, la caída, por renuncia inevitable, del asesor presidencial en materia de seguridad, no es un costo menor. La salida del Ministro del Interior, tampoco.  En este escenario, el hasta entonces silencioso y nuevo Primer Ministro, en su presentación ante el Congreso de la República, advirtió claramente que no tolerará poderes paralelos, recordando que las decisiones del Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, las toman únicamente el Presidente de la República, el Presidente del Consejo de Ministros y el Gabinete, buscando cerrar el paso a las múltiples versiones que circulan; pero afirmando también, el estilo que pretende darle a su gestión, en la que, reiterando lo señalado en una entrevista previa, advirtió que seguirán los cambios en las próximas semanas. La pregunta de fondo y la duda que tenemos muchos, es si lo dejarán.

Como no podía ser de otra manera, dado su origen, en su presentación puso el énfasis de su futura acción en la descentralización y la seguridad ciudadana. En el primer caso, aunque tibiamente, ratificó la continuidad del gasoducto del sur y la refinería de Talara, largamente manoseadas por el gobierno con distintas marchas y contramarchas estos dos años, además de anunciar una lógica de «polos de desarrollo macrorregionales», articulando megaproyectos públicos con inversión privada y alianzas público privadas, en un marco de coordinación intergubernamental, hoy día inexistente.

En materia de seguridad, lo más importante es la designación previa de Walter Albán como Ministro del Interior, donde parece que la apuesta es por su trayectoria y su prestigio antes que por sus mayores o menores conocimientos en el tema. En cualquier caso, nos parece claro que el nuevo titular es una mejor opción que la Ministra Ana Jara, voceada por redes sociales y medios hasta el domingo pasado en la tarde. La anunciada voluntad del exitoso ex Presidente de San Martín de recuperar la política mediante el diálogo, estaría expresando su voluntad de recuperarla de la pantomima mediática a la que ha sido reducida, pero también de los sucesivos errores gubernamentales, que seguramente serán los más difíciles de enfrentar.

El nuevo Premier se inaugura así, en un escenario que es indudablemente difícil, como él mismo reconociera. Un escenario en el que no tiene precisamente cartas muy altas, pero en el que ha dado indicios de saber moverse. Los eventuales cambios en el Gabinete que se esperarían para las próximas semanas, serán entonces una evidencia de su voluntad y de su capacidad de avanzar. Serán también una demostración de hasta dónde entiende el Presidente Humala, el difícil trance que atraviesa su gestión y las dificultades y los desafíos constantes que supone gobernar un país como éste.

desco Opina / 22 de noviembre de 2013

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La importancia de planificar (para un futuro no tan lejano)

El Perú contará en los próximos años con una población cercana a los 30 millones de habitantes. Para el 2025 solo 25% de la población del país se ubicará en zonas rurales y la gran mayoría habitará en el medio urbano. Lima y El Callao juntas poseen hoy una población de cerca de 10 millones de habitantes, lo que nos coloca en el quinto lugar de concentración urbana en América Latina. Si bien la tasa de crecimiento de la ciudad es menor que otras del país, la metrópoli capital se sigue extendiendo, tanto en un sentido  horizontal, como más recientemente en forma vertical, densificando sobre todo zonas del casco urbano tradicional.

La actual gestión municipal de Lima logró solucionar un pendiente heredado de la administración previa, y sacó adelante el Plan Regional de Desarrollo Concertado 2012 – 2025, que resume la visión de desarrollo integral de la ciudad y establece pautas y objetivos que orientan por dónde y cómo debería ser el desarrollo de las políticas urbanas en Lima.

Lamentablemente su implementación es bastante lenta: la Comisión de seguimiento y monitoreo del Plan cumple apenas con la convocatoria a los representantes de la sociedad civil y a los alcaldes de los distritos de Lima Metropolitana, lo que no es acorde con el nivel de exigencia y las demandas de la capital, que requiere más amplios esfuerzos de concertación, en particular con los grandes inversionistas privados.

La Municipalidad de Lima anunció que ya se encuentra trabajando un nuevo Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima (PLAM), a cargo de un equipo técnico integrado por el Instituto Metropolitano de Planificación (IMP), la Gerencia de Desarrollo Urbano (GDU) y el Servicio de Parques (SERPAR). No hay duda de la buena voluntad que la gestión metropolitana ha mostrado desde sus inicios, pero el aparato municipal no se mueve al ritmo del crecimiento urbano de la ciudad, mucho menos tiene reflejos para poner las condiciones a los inversionistas y promotores de nuevos desarrollos urbanos, industriales, y de servicios, que si bien dinamizan la economía, no siempre lo hacen en armonía con las necesidades de las mayorías, o los principios elementales de la convivencia ciudadana y el respeto a la ley.

El PLAM no será viable ni útil si no se logran compromisos y acuerdos que sobrepasen las gestiones de turno. La elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos  de 2019 es una excelente oportunidad para darle una dimensión temporal al esfuerzo por guiar el rumbo de la ciudad, haciendo que una designación que nos enorgullece sirva de motivo para la concertación de intereses entre funcionarios del gobierno central, alcaldes, empresarios y organizaciones sociales, y no sólo en la perspectiva del mega evento deportivo, sino de lo que supone para la sociedad limeña, un esfuerzo de planificación con un plazo a cumplir, con los ojos de la Región puestos sobre nosotros.

desco Opina - Regional / 15 de noviembre de 2013

Programa Urbano

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Timón cambiado

El nombramiento de César Villanueva como Primer Ministro ha generado una aparente paradoja: ha sido en general bien recibido desde la izquierda y desde la derecha, pero al mismo tiempo pareciera que no se espera demasiado de él. Más que el «beneficio de la duda», el nuevo Premier parece haber heredado de un fatigado Jiménez una opinión pública somnolienta. Aun así, no deja de ser interesante que haber optado por una figura que genera esas adhesiones, aunque sea tibias, podría ser indicio de algún tipo de reflejo político de Humala, que parece que esta vez acertó.

Sin embargo, resulta significativo que cuando Villanueva, tras haber declarado que va a poner «alma, corazón y vida» en el encargo y que iba a reiniciar diálogos con los partidos, el Presidente Humala se enfocara más bien en otra cosa, en este caso, responder a las críticas que hizo Pilar Nores a los programas sociales. Y es muy importante que el nuevo Primer Ministro sea respaldado por el Presidente, sobre todo si nos ponemos a considerar cuánto poder tiene realmente. ¿Cómo evaluar esto?

El primer dato objetivo es que Villanueva llegó sin un cambio de gabinete propiamente dicho, lo cual se puede interpretar como una señal de debilidad. El cambio de Salas por Saavedra en Educación incluso parece dar más poder al poder, es decir, a Castilla. Y aquí una clave del buen espíritu con que un sector recibe al recién llegado: sienten que es una especie de cambio para que nada cambie, porque el Titular del MEF sigue al mando. De acuerdo al Primer Ministro esto tiene que ver más con no afectar la ejecución presupuestal de los sectores poco antes de cerrar el año fiscal, lo cual tiene sentido. Lo interesante es que con ese argumento el panorama sobre relevos ministeriales sigue quedando abierto para el 2014, incluyendo salidas y cambios importantes en diciembre. ¿Sabrá Villanueva si se producirán sonoras salidas en diciembre?

¿Cuánto poder real tiene entonces la PCM? Por un lado están los 13 organismos públicos (fuera del Despacho de la Presidencia) adscritos a ella, cuatro Secretarías y 10 Comisiones o Consejos. Destacamos entre este cúmulo de oficinas a la Secretaría de Descentralización, a Devida (OP) y a la Comisión Multisectorial de Seguimiento de Acciones del Gobierno frente a la Minería Ilegal. Resulta obvio que cada uno maneja cuotas de autonomía desiguales, pero al menos respecto de las mencionadas se podría pensar que los anuncios del Premier sobre algunas medidas descentralistas y, con seguridad (ligado al tema minería ilegal y narcotráfico), podrían tener que ver con estos poderes. Y por ahora, no mucho más.

Para terminar, es interesante leer críticas desde la izquierda al nuevo Premier. Aparte de un previsiblemente enojado Gregorio Santos, también se ha dicho que este Premier termina de ayudar al gobierno de Humala para hacer otro «giro a la derecha». El argumento es que el cambio de gabinetes termina debilitando la capacidad de acción, con lo cual merma la capacidad del gobierno de ejercer hegemonía desde la política y se fortalece la racionalidad técnica que vive y reina en el MEF, que termina, “fortalecido con cada crisis”. El Presidente, con tanto cambio también se debilita y cede terreno, porque él no es un tecnócrata.

Hay mucho de cierto en esa lectura, pero también creemos que hay más razones para el optimismo que con el nombramiento de Simon, por ejemplo. Villanueva es un hombre más identificado que Simon con la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (que no deja de ser un conjunto heterogéneo) y al parecer se está moviendo mejor para construir su legitimidad rápidamente vía temas de gran pegada con la opinión pública. No quiere hacer olas por el momento, como es claro, pero sí podemos avizorar que podría agilizar inversiones relevantes para las regiones; se ha pronunciado a favor del gasoducto del Sur, por ejemplo. Su vocación de diálogo parece sólida y también su muñeca política para no ser un Ministro fusible. Se siente, sin duda, como un Premierato transicional. Pero las transiciones suelen abrir ventanas de oportunidad. Aprovecharlas después, es otra cosa.

desco Opina / 8 de noviembre de 2013

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El gasto público en Huancavelica y Junín

En el marco del funcionamiento de los gobiernos regionales, la eficiencia de la gestión de recursos aparece como un tema fundamental. En la parte central del Perú, el riesgo es que la  ejecución del gasto se convierta en un sistema de reproducción de las diferencias. Los gobiernos regionales de Huancavelica y Junín están ubicados, respectivamente, en los puestos 8 (con 75.2%) y 11 (con 72.8%) en la ejecución de sus presupuestos.

Al analizar porcentajes y montos de cada función presupuestal frente al total del Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 2013, vemos que ambos gobiernos regionales tienen en primer lugar a la función ‘Educación’, seguramente entendiendo que es uno de los ejes que articula el crecimiento económico y el desarrollo social. Aunque es evidente que el peso de los sectores Educación y Salud, siempre es muy alto, por las obligaciones de pago de los gobiernos con el personal de salud y los docentes. Con eso en mente, presentamos cifras agregadas.

En el caso del Gobierno Regional de Junín contamos un 47.57% del PIM en Educación, lo cual asciende a S/. 506,537,763. En segundo lugar está la función Salud con 28.51% (S/. 303,634,289). Cabe señalar que ambas funciones tienen un avance de más del 68% en lo que va del año. La función Agropecuaria está en el sexto lugar, con un 1.45% del total de la inversión (S/. 15, 401,534), y un avance de ejecución de 46.6%.

Situación similar se presenta en el Gobierno Regional de Huancavelica: Educación en primer lugar con 41.93% (S/. 311, 274,927) y un avance de casi 77%; segundo, Salud con un 25.14% (S/. 186, 617,266) y un avance de 67.5%; y la función Agropecuaria en quinto lugar, con un porcentaje de 4.41% (S/. 32,766,549) reflejando un avance de 54.2%

Entendemos que tiene sentido la priorización de Educación y Salud, aunque es notorio lo rezagada que está la función Agropecuaria en departamentos con porcentajes significativos de la población dependiendo de ello como actividad económica predominante. También habría que evaluar si a mayores recursos se producen necesariamente mayores impactos, y que, además, las asignaciones presupuestarias se condigan con lo que señalan los Planes de Desarrollo de cada región, que ya han invertido tiempo y recursos en tener una lectura sobre los problemas regionales.

Finalmente, en el último trimestre de un año preelectoral, es previsible que se mejoren los porcentajes de ejecución. Esperamos que haya un balance basado en medidas de rentabilidad social, entre grandes obras con atractivo «político» y la inversión social necesaria en departamentos con altos porcentajes de población viviendo en pobreza.

desco Opina - Regional / 4 de noviembre de 2013

Programa Sierra Centro
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La política en el pantano

Nos vamos habituando a coyunturas políticas de baja intensidad, en las que poca materia hay para el comentario o porque el hastío ha terminado por imponerse. Ya no pareciera importar que la popularidad del Presidente siga disminuyendo, sin la velocidad de meses atrás, pero de manera constante, colocándose en un 25%.

Tampoco ha sido un dato importante que el intento de construir un pequeño espacio de maniobra por parte del Premier, sucumba con lo que se leyó como una descalificación a su trabajo proveniente del cada vez menos popular Presidente de la República. No sorprende que ese mismo Premier siga en su puesto, sin que la observación presidencial le haya generado siquiera intentos de renuncia, como debió ser.

Asimismo, nadie siente curiosidad acerca de los resultados obtenidos por el Ejecutivo para asegurar su «triunfo» ante la minería informal e ilegal, de las que somos campeones mundiales. Tampoco interesa saber que en el camino cambiaron hasta en tres oportunidades al funcionario encargado de implementar la hasta ahora desconocida estrategia que debía desplegarse contra el citado «enemigo», ni es materia de preocupación que ese funcionario no dependa del ministro del Ambiente ni del ministro de Energía y Minas, siendo  un general retirado que da cuentas solamente al jefe del Ejecutivo.

Dudamos que despierte algún interés, un inefable ministro de Defensa que –como siempre– no sabe explicar qué ocurrió con un operativo militar en el VRAEM, cuyo resultado son víctimas civiles. Es el mismo ministro de Defensa en cuya gestión se realizan cuantiosas compras militares sin que sepamos bien en qué consisten.

No genera ninguna inquietud, ni para bien ni para mal, la opinión o los anuncios que pueda ofrecer el ministro del Interior, pese a que la inseguridad ciudadana es el principal problema que percibimos los peruanos.

Miramos impasibles cómo el ex presidente García, ha empezado a dejar de ser sujeto de investigación para, paulatinamente, convertirse en acusador, sin importarnos que haya indicios fuertes para sospechar que su gestión fue algo parecido a un narco-gobierno. En ese sentido, aun abúlicos, debiéramos tomar nota que un par de congresistas apristas es suficiente para dejar fuera de juego a una intonsa mayoría parlamentaria oficialista.

Una mayoría parlamentaria oficialista que, además, es capaz de hacer jugadas políticas tan lejos de ser maestras, como evitar la censura de la Canciller mediante el blindaje congresal a un comprometidísimo ex presidente Toledo. Todo ello, debido a que el Presidente de la República olvidó que las instituciones –aun desprestigiadas– se relacionan entre ellas según ciertas formalidades.

La enorme brecha abierta entre la sociedad y la política es uno de los triunfos más sonoros de la derecha neoliberal. Sin embargo, es esa brecha la que ha configurado un nuevo y emergente país, que no tiene nada que ver con esas clases medias de 900 soles de ingreso mensual de las que hablan los organismos multilaterales y repiten acríticamente los operadores locales, incluso el presidente Humala.

Ese nuevo y emergente país es el que reside en las zonas grises informalizadas e ilegalizadas que, para algunos, no están ni necesitan estar políticamente representadas en tanto surgieron al lado del Estado o contra éste y, para otros, por el contrario, están mucho mejor representadas que aquellas que constituyen el lado formal del país, lo que puede constatarse averiguando las actividades de muchos de nuestros parlamentarios. Algunos dirán, entonces, que por sernos tan ajena, la política formal perdió todo sentido. Pero, para otros, la política sólo estaría expresando el país realmente existente.

descoOpina/ 25 de octubre de 2013

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Mensajes cruzados sobre territorio y medio ambiente

Luego de casi dos años de trabajos, por fin se ha culminado con la construcción del asfaltado de la carretera que une el Puente Raither con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (Oxapampa). 

Las inauguraciones, que son eventos meramente protocolares, movilizan alcaldes y líderes de la Selva Central con el propósito firme de llamar la atención sobre demandas y aspiraciones de sus poblaciones. Es así que después de un discurso presidencial, la breve visita –que duró casi treinta minutos– se coronó con el ofrecimiento de la continuidad de la vía desde Villa Rica hasta la ciudad de Pucallpa, en Ucayali.

Los estudios técnicos de ambos tramos –de Villa Rica a Puerto Bermúdez y de Puerto Bermúdez al km. 86 (carretera a Pucallpa)– ya tienen cierto nivel de avance. Sin embargo, en el tramo Villa Rica-Puerto Bermúdez, habrá que tomar en consideración la existencia del Bosque de Protección San Matías San Carlos (BPSMSC). En este tramo se tendría que cruzar esta Área Natural Protegida, ruta que actualmente funciona como vía carrozable y sirve de salida a las poblaciones de los distritos de Puerto Bermúdez y Constitución. En ocasiones, también actúa como salida de emergencia vial desde Pucallpa y Tingo María hacia Lima. El ensanchamiento de la vía es ineludible de progresar el proyecto de asfaltado. Por ende, requerirá de un riguroso estudio de impacto ambiental, el mismo que deberá ser aprobado por el SERNANP antes de dar pase a la etapa de inversión.

El tema es técnicamente subsanable; sin embargo, si esta obra se considera viable, ¿cuál será el argumento para seguir negando la construcción de una vía que cruce el BPSMSC y conecte al distrito de Puerto Bermúdez (Oxapampa, Pasco) con el distrito de Pichanaqui (Chanchamayo, Junín)?

En el pasado, la intención de construir una carretera atravesando el Área Natural Protegida, generó una gran movilización en defensa de la intangibilidad del BPSMSC. El saldo de aquella protesta fue la negación de todas las solicitudes de permisos desde el SERNANP y la detención del entonces alcalde de Puerto Bermúdez bajo cargos de delito ambiental, previa intervención del Ministerio del Ambiente.

No podemos dejar de analizar las consecuencias jurídicas de esta nueva promesa y los argumentos que le den viabilidad. La aspiración de las poblaciones por mejorar su conectividad es válida; lo difícil será sustentar por qué mientras que para unos es delito para otros es una vía hacia el desarrollo.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2013

Programa Selva Central

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Te hablan desde la prisión

El ‘contacto en Francia’ del Presidente Ollanta Humala ha generado una serie de reacciones de sus enemigos políticos, ciertamente oportunistas. Destaca la del ex mandatario Alberto Fujimori, que así se expuso a ser objeto de burlas y críticas que recordaron que su viaje a Brunei terminó en Japón con su renuncia. Si algún día llegara a existir un museo de la corrupción, debería exhibirse la hoja del fax con la que nuestro recordado mandatario nipón nos dijo adiós.

A propósito del museo, el hijo y congresista Kenji Fujimori ha dicho que en buena hora que exista, para que así los peruanos nos enteremos que la corrupción no es invento del fujimorismo. Estas dos declaraciones, al margen de su calidad, nos hablan de la vigencia pública del fujimorismo. La segunda se percibe inocua e inocente, pero la primera refiere al creciente protagonismo que parece estar interesado en ganar AF, en los tiempos del Twitter.

Como se ha señalado, un crecimiento de la figura del padre (incluyendo su juego en pared con Vladimiro Montesinos a propósito de su futuro juicio por el desvío de fondos públicos para comprar la línea de los llamados ‘diarios chicha’) puede terminar sepultando las probabilidades electorales de la hija, o al menos disminuyéndolas al punto de relegarla en la competencia de 2016. La paradoja está en que un triunfo de su hija puede ser la mejor carta para que AF salga de la cárcel.

Por otro lado, García, que también tuitea (y mucho) se ha pronunciado a favor del arresto domiciliario de Fujimori, sabiendo que sacarlo tendría un efecto más malo que bueno en la candidatura de su competencia. Por si fuera poco, Keiko se ha visto recientemente debilitada al interior de su partido con declaraciones cruzadas sobre su verdadero liderazgo y con un Kenji lenguaraz, como si viviera permanentemente en una edición de ‘El valor de la verdad’. No sería descabellado pensar que el viejo Alberto tal vez sabe que García, en su versión magnánima, también podría excarcelarlo fácilmente, para luego justificar sus acciones por razones humanitarias en tres o cuatro artículos en El Comercio.

El telón de fondo es una escena pública entre sorprendida y deleitada por los cargos que sigue sumando el conspicuo congresista Urtecho, convertido en símbolo de la putridez parlamentaria, por un lado, y el debate sobre el que un analista ha llamado acertadamente «crecimientismo».

Con un Humala tempranamente crepuscular, reaparecen estos actores, síntoma de que se cierra una ventana de oportunidad para el cambio en las formas y los fondos democráticos de esta nación. En efecto, el ciclo que se inauguró con la caída del fujimorato llevó a concebir otra república posible, menos corrupta, con medios no maniatados, éticamente centrada en la figura de políticos respetables, como Valentín Paniagua.

Hoy hablan más los encarcelados que los que andan libres: Montesinos publica, Fujimori tuitea y hasta el pobre ‘comepollo’, que se ganó cinco años de cárcel, chilla desde su encierro que Urtecho es peor que él y se indigna por la comparación.

desco Opina / 15 de octubre de 2013

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La resaca de la convención minera

Un setiembre agitado vivió Arequipa con la realización de la 31 Convención Minera. Esta actividad dinamizó el sector de servicios en la ciudad, los organizadores han calculado que el consumo de los asistentes ascendió a 240 millones de soles; sin embargo la convención no sólo trajo beneficios económicos temporales, sino que sirvió de vitrina para la reafirmación de la política extractivista de Estado en la boca de algunos de los ocho ministros que la visitaron y del propio jefe de Estado. Sobre esta idea cabe realizar varios análisis.

Primero; si bien una prensa poco reflexiva, con muy pocas excepciones, ha martillado en el imaginario de nuestra comunidad que sólo la minería salvará al Perú, lo cierto es que hay otras actividades económicas que actualmente están contribuyendo más con la economía nacional, y que merecerían una mayor atención del Estado, sobre todo por la gran masa laboral que ocupa y porque los minerales son recursos naturales que se extinguen en la extracción y su precio es muy vulnerable a los cambios económicos internacionales. No sólo se trata de ejercer una mayor presión tributaria sobre otras actividades económicas, sino pensar en inversión, de una vez por todas, en tecnología y capacitación, además de tener políticas estatales más claras para su dinamismo económico. 

Segundo; el 56.5% de la cartera de proyectos mineros identificados en el territorio nacional se encuentran en el sur (Arequipa, Cusco, Apurímac, Tacna, Moquegua y Puno) donde se prevé que las empresas mineras invertirán en sus operaciones US$32.436 millones los próximos 7 años. ¿Estamos preparados para los impactos? Si bien los impactos medioambientales están controlados por una normatividad nacional, hay que tener un poquito más de cuidado en los discursos ministeriales, pero sobre todo en las evaluaciones de los estudios de impacto ambiental. También hay que poner atención a los impactos sociales, de los que se habla muy poco, por ejemplo: cómo integramos a la comunidad a una dinámica económica nueva sin que pierdan sus costumbres, cómo sus actividades culturales agropecuarias pueden ser rentables para que no desaparezcan, cómo hacer para que los liderazgos de la comunidad no sean absorbidos por el poder económico de las empresas y asegurar negociaciones justas en las mesas de desarrollo.

Tercero; las nuevas operaciones en el sur demandarán una gran cantidad de agua y energía, de allí que ha sido oportuna la llamada del Ministerio del Ambiente para que el sector minero se integre al plan nacional de adaptación al Cambio Climático. Aquí los gobiernos regionales tienen, también, un rol importante para orientar parte de los fondos de los programas de responsabilidad social de las mineras en reservorios de agua y sistemas de energía que aseguren esta provisión para la población.

Cuarto; Ollanta Humala afirmó que «la minería genera desarrollo en el país», pero lo cierto es que la actividad per se no lo hace por su naturaleza extractivista, y quienes debieran promoverlo son las instituciones involucradas con ella,  esto es el Estado en todos sus niveles: el  Ejecutivo y los gobiernos subnacionales (regionales y locales). Es momento de tener políticas más competentes para aprovechar la renta minera; para eso hace falta revisar la ley del canon minero y pensar en una participación más directa del Estado en las empresas mineras, quizá con un porcentaje del accionariado. Debemos recordar que las empresas mineras, con las normas tributarias actuales y la demanda mundial de minerales, son las que mayor rentabilidad han generado en poco tiempo, en comparación con otras industrias.

Esta convención minera tuvo como eslogan «minería, oportunidad de inclusión social y desarrollo», pero es el Estado quien debe procurar que ello no quede en un simple enunciado. La minería no se encarga del desarrollo del país, ni debemos dejarlo en sus manos, esta es una responsabilidad estatal. Las altas tasas de pobreza y pobreza extrema en algunos departamentos mineros del sur como Puno y Cusco, son un buen indicador de la tarea pendiente por hacer.

desco Opina - Regional / 4 de octubre de 2013

Programa Regional Sur

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Vieja minería, caras «nuevas»

La 31 Convención Minera Perumin, celebrada en Arequipa hace algunos días, se desarrolló dentro de lo predecible; a las declaraciones genéricas del Presidente sobre una «nueva minería» y la necesidad de que las empresas trabajen por el «desarrollo local» (ambas alusiones vacías de contenido en el discurso del Mandatario), se sumaron las declaraciones del Ministro de Energía y Minas sobre la viabilidad de Conga y la condena a la minería informal, que motivó a la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería a dejar de referirse a dicha actividad con el nombre de “minería”, como para no contaminar aquella palabra bendita.

Por decirlo eufemísticamente, hubo escasa autocrítica y sí muchos señalamientos. Como suele ocurrir, las críticas vinieron de fuera, a cargo de algunos académicos invitados y de Nicholas Holland, CEO de Gold Fields, quien se manifestó contra el cortoplacismo rentista al que podría inducir el sector. Por otro lado, Tania Quispe, Jefa de la SUNAT, aclaró que la importancia relativa de la minería para la tributación ha pasado de representar el 33% de todo lo recaudado por Impuesto a la Renta en 2011, al 14.2% en lo que va del año, como para relativizar la importancia de un sector que sigue pensando que el canon, que sale del Impuesto a la Renta, es algo así como una dádiva para las regiones.

La sorpresa vino del lado de Roque Benavides, gerente general de Buenaventura, y unas de las caras visibles con más influencia en el sector. En una entrevista en el marco de la Convención señaló que no había descartado la posibilidad de ser candidato a la presidencia en las elecciones de 2016. A primera vista parece ser una manera de eliminar a los intermediarios en su relación con el aparato del Estado, ya bastante fluida. Es claro que los grupos mediáticos en  recomposición le garantizarían un trato bastante amable, lo cual no es un dato menor. Algunos comentaristas señalan que, pese a sus «anticuerpos», el descrédito de la política y la sensación de que es uno de los guardianes del crecimiento, podría ganarle una base de aprobación no desdeñable.

Compartimos la idea de que sectores de clases medias en ciudades como Lima y otras que pueden ser mapeadas probablemente por la proliferación de centros comerciales, creen que el crecimiento económico se debe en parte a empresarios como Benavides, sumando poder simbólico a su influencia efectiva en las dependencias del Gobierno que quedan fuera del ojo público. Este sector de la población no se plegaría así nada más a la reciente y aparentemente exitosa marcha organizada por los gremios de trabajadores en varias ciudades del país, siendo que el empleo estable y digno en situación de dependencia es poco valorado en un país con altos índices de autoempleo y empleo informal.

Esta informalidad se ha extendido a muchos sectores; en este país ¿es acaso una sorpresa que se haya «informalizado» la actividad minera? Ante la falta de comprensión del fenómeno y el contexto en que estas actividades ocurren, el discurso de la criminalización corre solo y legitima solamente a los grandes capitanes de empresa, como Roque, una cara nueva de un viejo esquema de orden social peruano.

desco Opina / 27 de setiembre de 2013

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A propósito del próximo simulacro de sismo en octubre

El próximo 10 de octubre se realizará, a nivel nacional, un simulacro de sismo para contribuir a preparar a la población frente al riesgo de un sismo de gran magnitud. Avances importantes se han dado a partir de la afectación que causó el terremoto del año 2007 en el sur peruano, no solamente por la magnitud y el nivel de desastre con los resultados que todos conocemos, sino porque también, se demostró la fragilidad institucional del gobierno para hacer frente a la situación en el momento de la ocurrencia de la tragedia; sobre todo ante los escandalosos indicios de corrupción del gobierno aprista, puestos de manifiesto en el proceso de reconstrucción del sur del país.

En el año 2011 se promulgó la Ley Nº 29664, la cual crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), cuya finalidad es identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, minimizar sus efectos y atender situaciones de vulnerabilidad mediante lineamientos de gestión. La norma precisa que la Ley se aplica para todas las entidades y empresas públicas en todos los niveles de gobierno, el sector privado y la ciudadanía en general.

A dos años de promulgada la referida ley, no se notan avances claros en la manera de gestionar el territorio, pues continúan  los procesos de toma de terrenos en zonas de alta vulnerabilidad, donde primero se ocupa y una vez que se logra el acceso al título de propiedad y los servicios básicos, se inicia el proceso de consolidación; que en las últimas décadas ha generado núcleos urbanos con alta probabilidad de riesgo de ocurrencia de desastres de gran magnitud. Villa El Salvador y La Molina, de acuerdo a los informes publicados por el Programa de Gestión Territorial del Ministerio de Vivienda, presentan vulnerabilidades frente a un sismo de gran magnitud por el tipo de terreno que ocupan.

Actualmente, una de las más grandes ocupaciones del sur de la ciudad se viene dando en el distrito de Punta Hermosa, lugar donde los traficantes de terrenos lucran con las necesidades de familias, amparándose en problemas judiciales en donde los supuestos dueños abonan en el conflicto y las autoridades hacen poco o nada para enfrentar un tipo de crecimiento urbano que lo único que hace es mantener y ampliar el caos que produce el crecimiento de la ciudad sin planificación.

A modo de conclusión podemos decir que, justamente por los riesgos y vulnerabilidad que enfrenta el territorio que venimos ocupando actualmente en la ciudad de Lima, es imprescindible contar con los respectivos planes de Gestión de Riesgos; donde la población, autoridades locales y sectores competentes, actúen para evitar este modo de crecimiento urbano, que lo único que genera son problemas que permanecerán latentes en el tiempo y nos llevarán a situaciones de inseguridad, frenando el desarrollo al que muchos venimos contribuyendo.

desco Opina - Regional / 20 de setiembre de 2013

Programa Urbano
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Un Gabinete corregido, aumentado y puesto al día

Terminada la ronda de conversaciones con los partidos políticos, la pregunta surgida, apenas se dio a conocer esta iniciativa del Ejecutivo –mejor dicho, del premier Jiménez–, continuó sin respuesta. ¿Cuál era la finalidad de reunirse e intercambiar pareceres entre un Premier que está de salida con agrupaciones fantasmales, unas, seriamente cuestionadas otras, y sin legitimidad todas ellas?

La explicación real tras los formulismos empleados –distensión de las relaciones políticas para mejorar las relaciones con la población y así detener la caída en barrena de la aprobación presidencial– era, por decir lo menos, ingenua en un contexto en el que las amenazas de los mineros ilegales/informales/artesanales constituían materia suficiente para que el ministro del Ambiente se viera obligado a declarar que no renunciaría, mientras los emprendedores de Gamarra exigen la intervención gubernamental para amenguar la crisis que padecen debido, entre otros factores, a la inoperancia de Indecopi (que parece reflejar la del Estado) todo, cuando sigue sin resolver la modernización de la refinería de Talara y parece un hecho que el gasoducto del Sur quedará como una buena intención.

Bajo estas circunstancias, que el Frente Amplio de Izquierda acudiera a la cita no parecía buena idea. Incluso, no haber expresado opinión sobre ningún aspecto importante de los últimos meses, acrecentaba las dudas que se tenía sobre el sentido de su presencia. Sin embargo, contra todo pronóstico, la izquierda peruana organizó su participación y forzando una situación que parecía solamente una fugaz oportunidad para la visibilidad, logró convertirla en una expresión política.

Bajo una consigna clara  –¡Qué se vaya el ministro de Economía, Luis Miguel Castilla!–, logró condensar no sólo un estado de ánimo sino una propuesta para salir del atolladero en el que se encuentra actualmente el Ejecutivo.

Enviando al ministro Castilla a casa, la izquierda le dijo claramente al premier Jiménez que se requiere de un nuevo gabinete ministerial, con un titular del MEF más decidido a pasar a una política contracíclica agresiva, que acepte las reconsideraciones exigidas a la estructura del Presupuesto General de la República 2014, que no sea propenso a la centralización del gasto y que concerte la priorización sectorial y la territorial. Además, el nuevo ministro de Economía debería estar alineado con los objetivos políticos de un Premier que tenga mucho más autonomía que sus antecesores en el actual gobierno, capaz de formar su propio Gabinete.

De esta manera, el Ejecutivo se encontraría algo más preparado para enfrentar un escenario cercano que será protagonizado por la conflictividad proveniente de la minería informal, las complicaciones que aparecerán próximamente en torno a grandes proyectos como Antapaccay, Toro Mocho y la salida de Anglo American de Quellaveco. Pero también por la posible protesta de las autoridades del interior del país frente al proyecto de presupuesto 2014.

La fórmula fantasiosa de mostrar un fortalecido ministro de Economía en medio de un aparato estatal flácido, sin reacciones e incapaz de lograr mínimos resultados, no es solamente un lastre para un gobierno que ya ha entrado en enormes dificultades para resolver, sino, incluso, contrario a un modelo económico criticable y en dificultades pero manejable aún, si el gobierno logra hacer los ajustes políticos que se requieren. Todo lo cual avizora una coyuntura esencialmente política en el corto plazo y no porque se acercan las elecciones municipales/regionales.

Las organizaciones sociales, los empresarios y lo que queda de liderazgo político, perciben claramente la inexistencia de un orden básico y entienden que la pugna se da sobre el sentido y las características que aquél debe tener. En este reacomodo de fuerzas, en el que un factor crucial es la concentración de la propiedad de los medios de comunicación resultante tras la compra de Epensa por el grupo El Comercio, el presidente Humala ha quedado evidentemente aislado lo cual es una señal preocupante pues si descartamos la posibilidad de que pueda administrar la situación o esté en capacidad de dar un golpe de timón, la militarización y el endurecimiento van quedando como únicas alternativas.

desco Opina /  13 de setiembre de 2013

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Huancavelica en riesgo por heladas

Las heladas en las zonas altas de Huancavelica plantean la urgencia de implementar medidas preventivas para evitar patologías que afectan a la población campesina que vive a más de 3500 m.s.n.m. hoy víctimas de la ola de frío. Miles de ancianos mayores de 65 años y sobre todo alrededor de 38 mil niños menores de 5 años son las principales víctimas de este fenómeno climático que viene afectando a amplias zonas de la sierra centro y sur de nuestro país.

Lo preocupante es que las heladas continuarán acentuándose en la región Huancavelica, lo que provocará el descenso de la temperatura mínima de 1°C aproximadamente, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Recién el 30 de agosto se publicó un Decreto Supremo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros, con la finalidad de realizar acciones para paliar la ola de frio, declaró en emergencia a más de 200 distritos en diez regiones del país, entre ellos varias decenas en la región Huancavelica.

Todos los años en Huancavelica en esta temporada suele repetirse el mismo drama, generando daños considerables a la población, a sus modestas viviendas así como a la agricultura y ganadería. Ante este panorama se muestra limitada la capacidad del gobierno central, así como la de los gobiernos regionales y locales para contemplar estrategias o políticas de contingencia para hacer frente al problema. Esta falta de previsión es la que obliga en muchos casos a que en las principales ciudades intermedias se organicen grupos de ayuda para acopiar alimentos y abrigos; este tipo de acontecimientos fortalece la percepción de la ciudadanía sobre la poca capacidad ejecutiva y organizativa de las autoridades.

Ante situaciones de emergencia como esta, queda claro que requerimos una planificación intersectorial para diseñar políticas para: a) capacitar a la población rural altoandina para la construcción de viviendas térmicas que resistan bajas temperaturas, incluyendo planes de financiamiento para su construcción paulatina y, b) reestructurar la forma tradicional de la producción ganadera altoandina para que sea sostenible, tomando en cuenta la producción y almacenamiento de forraje en forma de heno para las épocas de friaje y la incorporación de cobertizos adecuados para las estancias.

Algunas iniciativas relativamente novedosas como los Centro de Servicios de Apoyo al Hábitat Rural (Tambos) se vienen implementando desde el gobierno para enfrentar problemas como los derivados de las heladas; sin embargo, la realidad nos muestra que aún son insuficientes y que por el momento sirven como paliativos que se ven limitados por la falta de previsión de los sectores vinculados al problema como los ministerios de Agricultura, Salud o sus pares regionales y locales. Asimismo, existe un plan de contingencia frente a la ocurrencia ante heladas y descensos de temperatura, del Sistema Regional de Defensa Huancavelica, en el cual que se contemplan las acciones para la gestión de emergencias, de coordinación interinstitucional, y la disposición de calaminas, carpas, colchones, frazadas y ropa de abrigo, medicinas  en los almacenes de las provincias.

Lamentablemente, tanto la salud como la economía de las familias altoandinas queda muy golpeada (otra vez) aun con los planes existentes. En ganadería se ha registrado una gran pérdida de cabezas de alpaca. El anuncio sobre la creación del “seguro alpaquero”, es un buen paso para compensar a los pastores más afectados. Con todo, no deja de extrañar la falta de previsión de los últimos gobiernos, quienes a menudo esperan que los medios de comunicación les hagan recordar que existen peruanos padeciendo allá en las montañas.

desco Opina - Regional / 6 de setiembre de 2013

Programa Sierra Centro

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El diálogo con los partidos políticos

El gobierno ha iniciado el diálogo con distintos partidos políticos, tras vencer las resistencias iniciales de algunos de ellos, al enterarse que el mismo se realizará con el Presidente del Consejo de Ministros y no con el Presidente Humala y el Ministro de Economía y Finanzas, es decir con el poder real. La iniciativa gubernamental, aunque llamativa por provenir de una gestión que ha demostrado a lo largo de dos años poco interés por mantener relaciones con los principales actores políticos y sociales, resulta comprensible por las dificultades que enfrenta en un escenario difícil, en el que cotidianamente evidencia su impericia.

La aprobación presidencial, que ya había perdido 21 puntos porcentuales entre marzo y julio de este año, ubicándose en 39% según GfK Conecta, se vio nuevamente afectada por la confesión del mandatario y de su Ministro estelar, de la llegada de las «vacas flacas», terminando con el mito del «blindaje» nacional frente a la crisis internacional. La dramática disminución del canon, en este escenario, además de evidenciar groseros errores de cálculo de los técnicos y autoridades de Economía y Finanzas, puede terminar enfrentando innecesariamente al Presidente con las autoridades subnacionales, ya incómodas por la parálisis de la descentralización a pesar de sus esfuerzos en contrario.

Por su parte, la desconfianza empresarial en el gobierno, es claro que se mantendrá buscando siempre mayores y mejores condiciones para su inversión,  aunque se agrava por la falta de velocidad en el gasto público, no obstante las medidas de mayo pasado y la decisión gubernamental de acelerar los grandes proyectos de infraestructura pública. En este escenario, los réditos al golpe infringido en el VRAEM a las huestes de los hermanos Quispe Palomino, se diluyeron rápidamente. El diálogo, en consecuencia, aparecía como un imperativo para un gobierno con su aprobación en caída libre, fuertemente aislado de los distintos sectores sociales y autista en materia política.

La iniciativa gubernamental se produce cuando distintos actores han empezado a demandar una interlocución directa con el gobierno. En las últimas semanas, las asociaciones de gobiernos descentralizados se pronunciaron pidiendo el diálogo indispensable que se requiere para relanzar la descentralización y para enfrentar la situación generada por la disminución de los recursos provenientes de la minería.  La CONFIEP difundió un pronunciamiento, llamando a redoblar el esfuerzo público y privado por el desarrollo del país, mientras la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) hizo público que las autoridades regionales le habían pedido cita al Presidente Humala.

En este contexto, en el que distintos actores demandaban dialogar con el gobierno, sorprende que éste haya optado por hacerlo inicialmente con los partidos políticos, dejando, por el momento sin respuesta, a los demandantes. Sorprende porque la opinión pública, de acuerdo a la citada encuesta de GfK Conecta, cree que el mandatario debe escuchar a la población (39%) y a los presidentes regionales (31%). Sin desconocer la importancia teórica de los partidos, es curioso que sean los primeros convocados en un contexto en el que su capacidad de representar se encuentra en su peor momento y sus principales líderes –Alan García, Alejandro Toledo, Keiko Fijimori– aparecen severamente cuestionados ante la opinión pública.

Por lo demás, un diálogo sin agenda y sin objetivos claros, carece de intensidad. En ese camino, el riesgo que corre la democracia es el desgaste de una de sus condiciones y mecanismos fundamentales; el del gobierno, es el de continuar en su aislamiento y en su sordera, convencido de lo contrario. Como le ha ocurrido con el supuesto «blindaje» de nuestra economía.

  

desco Opina /  29 de agosto de 2013

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Reducción del canon minero, tensiones y oportunidades

La coyuntura nos demuestra la poca coordinación y escaso entendimiento entre los niveles de gobierno para prevenir las consecuencias de la reducción de los fondos provenientes del canon minero. La predecible reducción de los precios de los minerales no contuvo a muchas autoridades de presupuestar la implementación de proyectos en base a la proyección inicial de transferencias.  Para muchos gobiernos locales este fondo representa casi el 80% de la inversión pública, motivo por el que su reducción tendrá un impacto en las programaciones anuales.

En el caso de las municipalidades de la selva central, la reducción de esta partida llega en momentos muy críticos. Esto se debe a que el café, uno de sus productos principales, afronta la terrible plaga de la roya que afectará drásticamente la economía local. Al mismo tiempo, sin recursos se limitaría la implementación de fondos concursables como Procompite, impidiendo el apoyo a la reconstrucción del aparato productivo local. Por otro lado, el momento político también es inapropiado debido al advenimiento de un año electoral.  Entonces, se pueden anticipar situaciones sociales conflictivas a nivel nacional.

Preocupa que tanto a nivel local como regional, muchos medios de comunicación no analicen las causales macro del problema, como el esquema de asignación del canon minero. Por el contrario, contribuyen a la conflictividad cuestionando actitudes particulares de los alcaldes y presidentes regionales. De este modo el debate se ha reducido a ataques  directos con miras a calentar el escenario político para el 2014.

La época de «vacas flacas» anunciada por el Ejecutivo ha provocado confusión y pánico en las pequeñas jurisdicciones de la selva central con pocos recursos propios y proyectos en cartera.  El Ministerio de Economía y Finanzas, por lo pronto, ha anunciado un fondo de contingencia a los gobiernos regionales y locales que tengan proyectos pendientes en su agenda de inversiones.  Sin embargo, es de esperarse que las negociaciones caigan presa de la contaminación electoral, por lo que la medida hará poco en aliviar las tensiones.

Una de las metas de la descentralización es reducir la dependencia de los departamentos en relación con el Gobierno Central. La bonanza de los precios de los minerales convirtió a los fondos provenientes del canon en una fuente importante de recursos para la implementación de proyectos. Si bien se redujo la dependencia del Ejecutivo en el gasto de inversión general, los gobiernos subnacionales han demostrado poco esmero en desarrollar una base productiva local independiente a la ejecución de obras públicas.

Hoy los presidentes regionales buscan reunirse con el Presidente Humala para afrontar la situación. Se presentan, pues, condiciones ideales para demostrar la capacidad de liderazgo y negociación de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, creando los canales de diálogo que permitan los consensos en materia.  Javier Atkins, presidente de la ANGR, ha dicho que trabajarán con el Gobierno Central para revertir la caída de recursos del canon, queda entonces tomarle la palabra y establecer una agenda de trabajo que sea clara.

desco Opina - Regional / 23 de agosto  de 2013

Programa Selva Central

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