La corrupción del último año

El temor creciente a que la corrupción que empieza a evidenciarse en distintos sectores del gobierno termine ahogando su gestión, obligó al Presidente García a adoptar un tono bíblico. Desde Ñaña, días atrás, citando nada menos que a Jesucristo, denunció la hipocresía como el mayor pecado posible «de quien se presenta como puro, estando negra su alma». Se refería, es de suponer, a las acusaciones de corrupción que han caído sobre Jorge del Castillo y Omar Quesada, figuras centrales del régimen aprista y los máximos dirigentes de la vieja agrupación de Alfonso Ugarte.

Cuando las denuncias sobre el escándalo de los petroaudios arreciaban y el ex Premier parecía arrinconado, distintas voces apristas, más o menos soterradamente, anunciaban su liquidación política. Sus opositores, a los que recientemente derrotó en el Congreso aprista, pero seguramente también muchos de sus aliados «cuarentones», sonreían satisfechos ante la posibilidad de la recomposición de la dirección del partido.

El escándalo COFOPRI –la entrega fraudulenta de un terreno de 300 mil metros por menos de cinco mil soles, a un conocido traficante de predios que se jacta de sus vínculos con distintos congresistas apristas– cambió el panorama. Omar Quesada, el dirigente más entusiastamente promovido por el propio Presidente de la República, se vio forzado a renunciar por la magnitud del delito y por tratar de dejar a salvo su honorabilidad. En ambos casos, curiosamente, se pierden o se alteran las evidencias. Mientras todo indica que varios de los petroaudios, pero también los correos electrónicos de esa acusación, han sido manipulados por alguien, la Fiscalía no encuentra aún el expediente del terreno de Chilca.

En ambos casos, también, las acusaciones e incriminaciones entre militantes del partido oficial, están a la orden del día; Jorge del Castillo involucró al congresista Carrasco Távara en una propuesta legislativa que favorecería a la petrolera Monterrico, en tanto que Julio Calderón, secretario general de COFOPRI, es involucrado en ese caso por distintos funcionarios de la institución.

Así las cosas, a poco más de un año del término de su gestión, el tono altisonante que muestra el Presidente los últimos días, cuando no tiene más alternativa que referirse a estos casos vinculados a figuras centrales en su gobierno, parece parte de una estrategia en la que se distancia y se diferencia aún más de su partido y de sus dos secretarios generales, olvidando que seguramente él mismo fue el «componedor» de esa dirección que emergió trabajosamente del último evento partidario aprista.

Si bien el Presidente ha logrado hasta ahora desmarcarse de la corrupción que se muestra en su gobierno, es claro que la suerte del APRA no es la misma. Afectada por severas y profundas pugnas internas por el control partidario y por el proceso electoral que se avecina, la organización de Haya de la Torre corre el fuerte riesgo de quedarse sin conducción. La presión de los medios de comunicación, el renovado malestar que generan los latrocinios denunciados en la opinión pública, pero también los intereses de algunos sectores de la agrupación del Presidente, pueden acabar con Del Castillo y con Quesada, independientemente de si son culpables o inocentes.

El último año de gobierno, es en muchos sentidos la última oportunidad. En el caso de Alan García, para «expulsar a los mercaderes del templo» y enfrentar la corrupción, como ofreciera el ya lejano 2006, sin haber hecho nada desde entonces. En el caso del APRA, para «atravesar el desierto», investigando y separando a todos aquellos dirigentes y militantes involucrados en actos corruptos, que son muchos. El Presidente se juega el 2016; su partido, su futuro electoral más inmediato y la posibilidad de mantener alguna vigencia.

Enlaces de interés

- Web de Omar Quesada lo anuncia, junto a Del Castillo como “nuevos jefes del Partido Aprista”.
- En la sección ‘UBIC. DE LOTES’ de la web de Petrolera Monterrico se encuentra el Lote XV, presunto objeto del negociado que habría tenido por objeto adecuarse a la Ley 28109.
- Ley 28109, de 2003, que contempla una rebaja de regalías bajo ciertas condiciones.

desco Opina / 30 de abril 2010

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¿A quién quería convencer la Tía María?

Ya se cuenta por meses la confrontación entre los ciudadanos de la provincia de Islay y la empresa Southern Copper Corporation. Los múltiples errores de comunicación de la empresa para explicar su proyecto y relacionarse con la comunidad, la poca disposición del gobierno para escuchar y la debilidad de las fuerzas políticas, abonaron la paralización de la población de Cocachacra y el bloqueo por seis días de la carretera Panamericana Sur.

Southern Copper ya tiene un mal precedente en la zona. Los agricultores de Cocachacra, –específicamente del Valle de Tambo– hace muchos años fueron ignorados en sus reclamos por los daños que en sus campos causaban los humos tóxicos provenientes de la Fundición de Ilo. Más recientemente, el ingreso de esta empresa a la zona en busca de licencia social para su nuevo proyecto Tía María, deja mucho que desear. En primer lugar, su estrategia de incentivar la creación de nuevas organizaciones sociales como base de legitimidad, parte de desconocer o subestimar el tejido social existente. Cuenta también que, en marzo de 2010 –después de «medir» la reacción de los pobladores– recién se presentaron oficialmente salidas alternativas a la propuesta inicial de uso de aguas del subsuelo para sus operaciones. Se ofertan así la construcción de la represa de Paltiture o la desalinización de agua de mar, esta última opción planteada con la «advertencia» de que el incremento de los costos de producción se reflejaría en la disminución del canon minero, lo que constituye una amenaza innecesaria.

Un elemento que contribuyó decisivamente a la tensión entre la empresa y la población fue su estrategia de comunicación. En una de sus últimas campañas publicitarias personificaron al proyecto minero como una mujer sonriente: La Tía María, que viste traje y sombrero de Caylloma, otra provincia de Arequipa que nada tiene que ver con la idiosincrasia de la costeña Islay. Diseñada en la desesperación por las reiteradas postergaciones de audiencias públicas, esta «Tía» tiene cero identificación con la comunidad con la que quiere convivir y además se luce con comunicados en periódicos nacionales a los que regularmente no tienen acceso los pobladores de Cocachacra. ¿A quién quería convencer la Tía María? Quizá quería tranquilizar a sus comadres en la «opinión pública» limeña, las que siempre respaldan las salidas represivas ante la «terquedad» de esa parte del Perú que «no entiende» las bondades de la inversión minera.

Por su parte, el gobierno nacional no se tomó el tiempo para analizar el resultado de la consulta popular realizada en setiembre del año pasado en Cocachacra, donde más del 90 % de participantes votó contra las operaciones de Tía María. No se quiere ver que los pobladores de la zona prefieren programas de desarrollo sostenibles en el tiempo; no se quiere reconocer que para ellos es más importante su tierra y el agua, que el dinero que eventualmente puede proporcionar la explotación de Tía María. Contra lo que muchos desearían, el impulso a la inversión privada ya no hace invisibles los reclamos de la gente, más bien pone en evidencia la ceguera de los gobernantes: hay que recordar que el Ministerio de Energía y Minas se rehusó a postergar la audiencia del 19 abril, pese a que no era difícil vislumbrar las consecuencias de llevar a cabo el proceso en medio del malestar generalizado en la población.

Con este conflicto también se ha puesto en evidencia la debilidad de las fuerzas políticas locales, lo que ha dado lugar a posiciones intransigentes. Tras la decisión de Southern de postergar la audiencia, los protestantes no se movieron de la carretera; la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, no pudo convencerlos en su papel de mediadora. No se veía al alcalde de Cocachacra, Juan Guillén López, uno de los principales opositores del proyecto. Finalmente el Presidente Regional Juan Manuel Guillén –que durante todo este tiempo no mostró una posición clara para solucionar el embrollo–, acompañado de varios alcaldes provinciales llegó hasta la zona y tras varias horas de diálogo se concluyó en levantar el paro. «Si no hay acuerdo, toda la región se sumará a su reclamo», dijo Guillén entre la algarabía de los protestantes.

Se ha anunciado la instalación de la mesa de diálogo en la que participarán, además de autoridades y dirigentes locales, el presidente del gabinete, Javier Velásquez Quesquén y los ministros de Energía y Minas, de Ambiente y de Agricultura. Se espera que el gobierno esté dispuesto a discutir con claridad los temas cruciales del conflicto, que no se agota en despejar la carretera. Lo que está en juego es si el tipo de desarrollo que busca la provincia admite el proyecto de la Southern, pues eso es lo que definirá el uso del agua –muy escasa en el valle de Tambo– y las medidas de protección del medio ambiente. En esta mesa la Tía María tendrá que estar atenta, escuchar callada y dejar de lado la altanería de una vez por todas.

Ver Mapa de concesiones mineras en Islay elaborado por CooperAcción.


desco Opina - Regional / 23 de abril de 2010
Programa Regional Sur

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¿Están definidas las elecciones municipales en Lima?

Las últimas encuestas sobre las elecciones municipales en Lima indican el posicionamiento claro de dos candidaturas. Lourdes Flores y Alex Kouri ocuparían buena parte del espectro electoral, sin dar mayor espacio a una tercera candidatura con alguna posibilidad de tentar el sillón de Nicolás de Rivera. Las tendencias que registran todas ellas muestran, además, un descenso en la intención de voto del ex presidente regional del Callao y un crecimiento importante para la lideresa del PPC, que expresaría que ésta ha logrado «establecerse» como abanderada de la lucha anticorrupción, frente a un candidato cuyo pasado reciente fujimontesinista y su responsabilidad en el escandaloso caso de la pista y el peaje al aeropuerto, parecen anclas muy pesadas.

El panorama, sin embargo, es más complejo de lo que aparenta. Mientras Kouri aún no tiene definida la agrupación por la que participará y anda negociando con distintos «vientres de alquiler», Flores no ha confirmado su candidatura y seguramente sigue calculando sobre una eventual caída de la popularidad del alcalde metropolitano, que afecte las posibilidades de su aspiración presidencial.

Éste, también tiene un comportamiento no por silencioso menos sorprendente. Espera, seguramente con angustia, controlar y salir bien librado del caso COMUNICORE, en el que su gestión aparece vinculada a un manejo doloso, por usar un término elegante, de pago a la empresa responsable de la municipalidad de Lima. Pero también cruza los dedos para que la inauguración y puesta en marcha del corredor metropolitano, su obra bandera, no se convierta en un amenazante desmadre: plazos que no se cumplen, costos multiplicados groseramente, pruebas que no se hacen como debieran, negociaciones que no concluyen, son seguramente parte de las pesadillas más recientes que lo acompañan, pero también de los sueños más felices de la pepecista.

Seguramente esa es una de las razones más recientes que abona en la mudez de Luis Castañeda y en la insólita decisión de una agrupación política provincial, de darle libertad a sus alcaldes y militantes que quieran participar en los comicios de noviembre, de hacerlo por cualquier lista, es decir con Kouri y con Flores. Ello, con la expectativa de neutralizar la posibilidad de duras críticas a distintos elementos de su gestión, que se convertirían necesariamente en ejes posibles de la campaña municipal, que como sabemos, coincidirá con el inicio de la campaña nacional y la afectará, sin duda alguna.

En este escenario, en el cual tanto la ciudad de Lima como sus ciudadanas y ciudadanos podrían salir perdiendo en el corto plazo, nos parece evidente que no es posible hablar de un futuro ya decantado del proceso electoral limeño. Ni siquiera de la inevitable confrontación final entre Kouri y Flores. Aunque parece difícil hoy día, no es imposible, ni mucho menos, que aparezca una tercera candidatura que resulte capaz de abrirse y ganar espacio. Incluso que se haga de la bandera anticorrupción, demandada por la gente, incorporando a la misma la propia gestión de Castañeda. Ciertamente, no le bastará con ella; tendrá que articularla a una propuesta metropolitana que proponga soluciones verosímiles para temas que tengan una visión más amplia que una simplemente policial de la seguridad ciudadana; que responda a los problemas del transporte, el tránsito y la vialidad urbana, más allá de corredores bien o mal diseñados; que contemple las necesidades de espacios públicos y el uso del suelo urbano y que atienda a las necesidades de limpieza pública, entre otras.

Creer a estas alturas, en consecuencia, que la campaña municipal para Lima ya está cantada, sería pecar de ingenuos. Mejor que así sea, porque la situación del país, cada día que pasa, aguanta cada vez menos de lo mismo.

desco Opina / 16 de abril 2010

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¿Gestiones municipales eficientes?

El pasado mes de marzo, el presidente Alan García anunció que destinará S/. 1,300 millones de nuevos soles a programas de incentivos para los gobiernos locales aprobados mediante el Decreto Supremo N° 002-2010-EF «Programa de Modernización Municipal» y el Decreto Supremo N° 003-2010-EF «Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal» con el objeto de impulsar a los gobiernos locales para que se modernicen y avancen hacia un enfoque por resultados, que beneficie a la población de sus localidades. ¿Estarán preparadas las municipalidades de distritos con menos recursos para afrontar este reto competitivo? Hasta el momento nadie les ha consultado al respecto.

Y no es que falten interlocutores para estas iniciativas del gobierno. Existen asociaciones de municipalidades (la AMPE y la REMURPE son solo dos de las más notorias) que pueden canalizar expresiones de interés y opiniones que contribuyan al perfeccionamiento de las normas referidas a la modernización de la gestión municipal y también a la distribución del Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN), colocando en agenda el tema de las asignaciones presupuestarias. Recordemos que las 1831 municipalidades del país son muy heterogéneas y no todas presentan las mismas condiciones en cuanto a gestión, infraestructura y recursos. Este tipo de espacios pueden incorporar sus opiniones en base a las necesidades que les atañen.

De acuerdo a lo estipulado en los decretos, para acceder al incentivo, los municipios deberán cumplir metas determinadas de acuerdo a resultados prioritarios para la población y a las necesidades de cada distrito. El mecanismo de incentivo será complementado con un programa de asistencia técnica para apoyar a las municipalidades con menores capacidades de gestión buscando que sean sostenibles. ¿Pero por qué no fortalecer esas capacidades antes de la competencia por el incentivo? De esa forma se podría equilibrar la participación y la mejora de los municipios con menos capacidades y mayores necesidades. El hacerlo de la forma descrita podría tener como consecuencia el retraso en el cumplimiento de las metas, haciendo que las municipalidades que accedan al famoso incentivo sean mucho menos de las que podrían hacerlo con una capacitación previa.

Viendo estos programas en detalle, tenemos que la transferencia de S/. 600 millones para el Programa de Modernización Municipal incluye optimizar la recaudación del impuesto predial y la reducción de la desnutrición crónica infantil, mientras que los S/. 700 millones destinados al Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal corresponden a los incentivos que de acuerdo a lo fijado por el MEF, deben plantear avances en la gestión financiera de las municipalidades, simplificación de trámites y mejora de servicios públicos e infraestructura.

Por otro lado, el caso del FONCOMUN, una importante fuente de recursos municipales no deja de ser preocupante. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) resolvió cambiar las reglas de asignación de este fondo, aprobando el Decreto Supremo (DS) N° 060-2010-EF que reconfigura los criterios de distribución entre todas las municipalidades del país que reciben la transferencia y que, por supuesto, tampoco pudieron intervenir en la no construcción de la ley.

Esto se enmarca en el contexto general de reconcentración del Presupuesto General de la República en el gobierno nacional, que aumentó en 23% frente a recortes presupuestales de hasta 20% a los gobiernos locales, contradicen la afirmación de «un Estado austero, descentralizado e incluyente» anunciado en todos los medios por el Presidente García. Tengamos en cuenta el aumento presupuestal en 21% para gastos corrientes y gastos de inversión en 43% para el gobierno nacional mientras los gobiernos locales han experimentado una reducción de 43% con respecto al año anterior.

Bajo este clima se va acondicionando el ambiente para las elecciones presidenciales del próximo año, influenciando las decisiones de carácter económico asociadas al proceso de descentralización y concentrando sospechosamente los recursos en el gobierno nacional. Resulta esencial para los municipios, especialmente los más pequeños, acceder al espacio de toma de decisiones incorporando las observaciones y aportes que las municipalidades podrían brindar para mejorar la norma.

Es pertinente vigilar que esta serie de decisiones de carácter más bien re centralista con indumentaria democrática y de descentralización no estén alineadas con los intereses en juego en la campaña pre-electoral 2011 donde el gobierno participa intensamente.

desco Opina - Regional / 12 de abril de 2010
Programa Urbano

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¿A Lima con el chimpún?

La futura elección de autoridades municipales en Lima genera distintos comentarios sobre sus implicancias en la alta política. Nosotros queremos referirnos en esta nota a algo relacionado, más bien, con los problemas de la ciudad.

El alcalde de Lima no quiere que su partido –Solidaridad Nacional– siga gobernando la ciudad. Esa agrupación no presentará candidato en ningún distrito de Lima. Los que quieren repetir el plato, cuentan con el permiso explícito de Castañeda para cambiar de camiseta por la que mejor les convenga, ya que el alcalde no hace recomendaciones colectivas.

Se trata de un hecho inédito: Castañeda gobernó dos veces la ciudad con buen «rating», pero ya no quiere que ninguno de los suyos –ni uno solo– siga con su legado. A Castañeda ya no le importa gobernar la ciudad que le ha dado tanto éxito, pues colisiona con su estrategia para intentar gobernar el país. Quiere ser presidente y lo que suceda con Lima interesa en la medida en que lo ayude en ese propósito. En ese sentido, Castañeda «regala» la ciudad y se retira con su equipo, leal a él y no a Lima.

El ex alcalde del Callao ahora quiere ser alcalde de otra ciudad: la ciudad de Lima. Su partido ya no se llamará Chim Pum Callao. Para esta elección buscará un nuevo movimiento o partido, dado que los limeños no aceptarán que el Callao gobierne a Lima. Hará como hizo Fujimori para sus reelecciones: un partido o frente político para cada ocasión. Es obvio que lo que motiva a Kouri no es el amor por la ciudad de Lima, sino su importancia como plaza electoral en su carrera política: primero alcalde de provincia, luego presidente de región, ahora quiere ser alcalde de la capital. Luego tentará la presidencia del país. Es lo que quisieron hacer los hermanos Cáceres Velásquez, partiendo de Juliaca a Arequipa, sin lograr su intento por Lima. Todo esto es perfectamente comprensible dentro de la política peruana. ¿Lo es pensando que las ciudades son intercambiables como figuritas de colección?

Lourdes Flores, frecuente candidata a la Presidencia de la República, ha sido castigada por los suyos. Con razón o sin ella, la derecha le ha dicho que si quiere gobernar algo, deberá olvidarse de la presidencia y concursar por Lima. Y que se apure en decidir, porque otros también quieren ese puesto. Lima será su premio consuelo. Quienes se lo ofrecen no están pensando en el mejor destino de la complicada metrópoli, sino en el mejor destino de la cabeza visible del Partido Popular Cristiano.

Para los aludidos –y otros más– la ciudad no importa como metrópoli. Importa como plaza política. Los problemas de la ciudad –aquellos que reclaman alcalde o alcaldesa– no interesan. Lima es importante como trampolín a otra cosa (sea la presidencia de la República o negocio similar). Sin embargo, las ciudades tienen alma. Cada una tiene habitantes diferentes de la otra, con amores, odios, fobias y problemas. Lima, Callao, Juliaca, Arequipa, todas son lo mismo para algunos políticos, pero no lo son para sus habitantes.

¿Qué harán estos políticos en la campaña de Lima? Harán lo que saben hacer. Escogerán uno o varios de los numerosos problemas de la ciudad, los diseccionarán y los empaquetarán como promesa aislada. De esta manera, transporte, tránsito y vialidad se resumirán en «sí al tren» o «no al tren» para hacer promesas puntuales al respecto, con algún plus inteligente. Algunos harán una sola propuesta con atractivo mediático. Otros ofrecerán una suma de promesas, una para cada distrito. Los candidatos de distrito hablarán como si Lima no existiera o como si los asuntos graves pudieran ser resueltos sin considerar al gobierno metropolitano, y aquí nos referimos al gobierno regional metropolitano.

No hablarán de Lima, de esta ciudad que tiene alma propia, con un territorio que va desde Ancón hasta Pucusana. Los limeños debieran pensar cuál será el verdadero sentido de las promesas, cuando se hable de seguridad ciudadana, del problema del transporte, del empleo juvenil, de la calidad de las viviendas en los pueblos jóvenes, del mercado mayorista, de las viviendas que se caen en el Rímac o en los Barrios Altos, del asfalto en Lima Sur, de los puentes sobre el río Chillón y el río Lurín. Se tratará de promesas de personas que le hablan a la ciudad de Lima como políticos profesionales que quieren llegar más alto.

desco Opina / 5 de abril 2010

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