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viernes

Lo municipal: las coordinaciones que no coordinan

 

La coordinación entre las autoridades del distrito y de la provincia no es un problema exclusivo de Lima, pues ocurre en prácticamente todo el país. La gestión local de los distritos se concentra en las realidades más tangibles y al alcance de las decisiones y recursos de la circunscripción y del vecindario. Eso es muy positivo. Cuando más cerca están los vecinos de la autoridad, mejor será la participación y el control ciudadanos en numerosos aspectos de la vida urbana. La pandemia del Covid-19 ha mostrado que muchas municipalidades han sido las herramientas más apropiadas para llegar al vecindario, orientando inclusive la acción de los demás organismos públicos. Desde los puestos de vacunación y el reparto de víveres hasta la detección y llegada a las personas solas o a los barrios más alejados han podido ser muestras en muchos casos de un redoblado esfuerzo municipal en muchos distritos donde la voluntad de la autoridad era más importante que el presupuesto del que se disponía. Para no hablar de los ruidos molestos, los animales sin dueño en las calles, la basura y desmonte en los muros perimétricos de los colegios, las edificaciones irregulares y tantos asuntos de la vida cotidiana que no es necesario enumerar.

Pero las ciudades tienen asuntos y necesidades que competen a toda la ciudad. Así, por ejemplo, las enfermedades, los roedores y los vehículos que transportan a delincuentes no conocen de límites distritales, razón por la que el esfuerzo de un solo distrito tendría que ser enorme para obtener magros resultados y sólo en el mejor de los casos. Peor es la situación de Lima y Callao, que conforman una gran metrópoli y que padecen de manera conjunta los mismos problemas y no tienen ningún canal que los obligue a funcionar de manera coordinada.

Por el lado de la municipalidad provincial, una vez que obtienen el puesto, las autoridades provinciales se comportan de manera muy arbitraria en lo que a la relación con los distritos se refiere, aún en los casos en que provengan de los distritos de Lima. Lo más curioso de todo es que la autoridad metropolitana de Lima no está interesada en los problemas cotidianos de toda su ciudad. Así, cuando un candidato a la Municipalidad Metropolitana de Lima habla de la seguridad ciudadana, se está refiriendo únicamente al serenazgo del Cercado. Lo peor sucede cuando los regidores metropolitanos, ilustres desconocidos en muchos casos, sienten que tienen más importancia que un alcalde distrital.

El caso del Cercado de Lima es aún más complicado, puesto que el vecindario siente que el alcalde se preocupa poco o nada por todo el territorio de «su» distrito y mucho por los importantes negocios metropolitanos. Un vecino de Palomino o de los Barrios Altos, encontrará que la oficina de registros civiles se encuentra en el distrito de Jesús María, pero un alcalde distrital descubrirá que el metropolitano o el gobierno central han decidido hacer una obra importante en su jurisdicción sin consultarles a ellos primero.

El teniente alcalde de Lima, ahora alcalde en funciones, viene proponiendo que los problemas de gestión de la ciudad se atiendan mejor fusionando los 43 distritos de Lima hasta que queden solamente 5, sin entender que lo que los políticos han desunido los burócratas jamás unirán. No podrá responder a la pregunta de si Lima y Callao también se debieran unir para una mejor gestión que necesita la metrópoli con urgencia, pues la respuesta también es obvia. ¿Será necesario explicarle cómo son las relaciones entre Independencia y San Martín de Porres, los problemas entre San Isidro y Magdalena o las disputas entre Pachacamac y Lurín?

La metrópoli necesita de salidas radicales que sean viables que exigen pensar simultáneamente, tanto en los barrios como en la metrópoli de 10 millones de habitantes. Como es de esperar, este tema de debate no ha sido mencionado por los candidatos metropolitanos, pues escapa a su comprensión. Tal vez se sientan mejor así, para poder culpar de los problemas a los alcaldes de los distritos o al gobierno central. Pensando en soluciones, podrían estudiarse medidas que respetan la variopinta multiplicidad de circunscripciones municipales y hasta regionales.

La primera consiste en crear autoridades metropolitanas en, al menos, tres aspectos: (i) La autoridad metropolitana del plan Lima-Callao, conformada en su mayoría por las municipalidades, coordinando con el gobierno central. Se evitaría así, por ejemplo, una Línea Amarilla contratada por el alcalde de Lima que se detiene en las puertas del Callao, que no aparecía en el negocio. También evitaría que Lima apruebe un Plan de Desarrollo Metropolitano, que toma decisiones sin saber si habrá o no (y por dónde pasaría) el tren de cercanías que el MTC piensa contratar, que irá de Ica hasta Barranca. (ii) La autoridad metropolitana de Seguridad ciudadana, que promueva una policía y un serenazgo metropolitanos y no solamente la conexión «sin fronteras» y el patrullaje integrado de algunos distritos con recursos, dejando a los demás a la deriva. (iii) La autoridad metropolitana del transporte para Lima y Callao, que reformule la actual ATU de manera tal que se impida que se estén echando la pelota unos a otros. Las relaciones entre los gobiernos municipales y el gobierno central podrán discutirse mejor y los acuerdos tendrán que ser sobre la base de propuestas y planes concretos de aplicación poco a poco, se entiende, en toda la metrópoli.

La segunda medida es la más sencilla de implementar: los alcaldes distritales deben conformar automáticamente el concejo metropolitano. Ellos serán los regidores y no personas extrañas que no son responsables de sus actos ante nadie. Lima, por ejemplo, en vez de tener 40 regidores tendrá 43 que, a su vez, serán alcaldes en su distrito. Ello ayudará a que los mismos alcaldes distritales miren a toda la urbe y no solamente su (propio) ombligo. De ese modo se sentirán impelidos a coordinar entre ellos, a conformar mancomunidades para resolver los problemas comunes y a pensar mejor en el rol que tiene cada distrito en el concierto de urbanizaciones de la gran ciudad.

 

 

desco Opina - Regional / 2 de setiembre de 2022

descoCiudadano

Lima en el top ten de las mejores ciudades para vivir


Hacia mediados del año pasado un informe de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, catalogaba a Lima como la sexta mejor ciudad para vivir dentro de Latinoamérica. Igualmente, otra publicación especializada aparecida a inicios del 2017 ubicaba a nuestra ciudad capital ocupando el puesto 11 de 24 ciudades latinoamericanas. En algunas oportunidades estas cifras y ubicaciones en rankings de calidad suelen estar influenciadas por intereses turísticos y aluden sobre todo a la calidad de las zonas residenciales mejor establecidas. Por ello, siempre surgen dudas sobre estos calificativos numéricos. Sin ánimo de polemizar –pero llamando la atención sobre otras lecturas urbanas– aparece la preocupación de urbanistas y personas trabajando en los barrios populares respecto a la objetividad y dimensión real de estos datos. De modo que algunos consideramos alarmante que se difundan cifras y ubicaciones bastante optimistas que parecen dejar de lado realidades palpables de miseria, marginalidad y baja calidad de vida en estas urbes.
Cada vez que vemos estas alentadoras cifras sobre la buena ubicación de Lima como ciudad exitosa y de calidad, nos preguntamos bajo qué criterios se hacen finalmente estas estimaciones y si en ellas se ha tomado en consideración una evaluación ponderada que considere a todos sus estratos y clases sociales, en particular a las grandes mayorías asentadas en las zonas periféricas de la ciudad.
Si bien cabe discutir sobre la posición que obtiene una ciudad dentro de una tabla y los criterios empleados para ello, nos parece cuestionable que no se estén ligando estas cifras con otros aspectos importantes de la calidad de vida cotidiana en nuestra ciudad capital. Mencionemos a propósito de ello problemas recientes, como el del transporte masivo de pasajeros (que es uno los indicadores evaluados en el ranking) y lo ocurrido con una grave falla en el sistema de transporte masivo del metro de Lima que dejó a más de 170 000 personas afectadas en un tramo importante del servicio; o la necesidad de poner en debate las inversiones que se realizan para atender la problemática de los sistemas de transporte público en la ciudad, donde encontramos que lo que se prioriza es la construcción de más pistas, privilegiando el servicio del automóvil privado en la ciudad.
Otro caso –que no apunta a reforzar el ranking– ha sido el inmenso daño ambiental en la zona norte de Lima ocasionado por el incendio de un depósito de llantas que funcionaba de manera clandestina. Situación que se explica por la falta de planificación y criterios técnicos en la gestión del suelo y zonificaciones, pero que también evidencia la poca capacidad y eficiencia para desarrollar mecanismos de control adecuados. Esto queda demostrado por el hecho de que los funcionarios municipales del distrito afectado señalaron que ya habían solicitado la orden de desalojo del predio donde se produjo el siniestro.
Es en ese contexto que desde desco y otros colectivos urbanos trabajando en la ciudad, se promueve un proceso de discusión crítica y sostenida sobre lo que significa vivir en la ciudad, la manera como se gestiona y la preocupación constante sobre la vulneración o no de nuestros derechos. Así, por ejemplo, el pasado lunes 16 de abril se convocó a especialistas internacionales a discutir sobre lo que significa el derecho a la ciudad, focalizando el centro del debate en el hecho de que una ciudad no puede ser designada como tal, si no es para todos. En ese sentido, se hace un llamado a quienes se consideren ciudadanos de Lima a luchar por ella, para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones y disfrutarla, y no solo guiarnos por lo que algunos rankings evalúan.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2018
Programa Urbano

Puerto Bermúdez, tensiones y decisiones



Hace poco menos de un año, el Jurado Nacional de Elecciones anuló el proceso electoral en el distrito de Puerto Bermúdez. Las movilizaciones populares que arremetieron contra las ánforas de sufragio y las denuncias de fraude a favor de la reelección de la alcaldesa lograron su cometido. Desde entonces, y a pesar de que se convocó a un nuevo proceso, las tensiones políticas locales no han terminado de ceder.
En este tiempo, la sociedad civil se ha enfrentado a las decisiones del JNE de reponer a la citada alcaldesa acusada de corrupción, y ha logrado que la mencionada autoridad solicite vacaciones por el tiempo que, supuestamente, le correspondía retomar el ejercicio de sus funciones. Más adelante, ella señalaría que no era su intención solicitar vacaciones, pero se vio presionada por las masas, que la arrinconaron en una plaza pública obligándola a ello; triste desenlace para un movimiento regional –Pasco Verde– que, aparentemente, tenía un buen posicionamiento entre las comunidades nativas y ha logrado colocar a varios alcaldes distritales, así como al provincial.
El nuevo proceso electoral en Puerto Bermúdez ha sido convocado para el 5 de julio próximo, y todos los grupos políticos que se sienten en capacidad de acceder al cargo, han actualizado sus propuestas y sus listas de candidatos. Sin embargo, la desazón ciudadana habría sentenciado a quienes en teoría deberían ser sus verdaderos representantes, los candidatos ashánincas, que pertenecen a la etnia de la mayoría electoral. En los dos últimos períodos municipales, los alcaldes ashánincas han sido enjuiciados y hasta encarcelados por sendos delitos de malversación de fondos y corrupción. Las denuncias, procesos judiciales y encarcelamientos, afectaron también a los regidores y a los equipos técnicos municipales. 
Si en los dos períodos mencionados, las autoridades municipales elegidas han sido ashánincas, su desprestigio ha favorecido a grupos de descendientes de migrantes andinos cuyos candidatos pertenecen a las filas de Somos Perú y Fuerza Popular (fujimorismo) y son hoy los de mayor opción. Lo cierto es que la población está cansada de que los representantes de la etnia mayoritaria terminen sus períodos en medio de serias acusaciones de corrupción, en la cárcel o escondiéndose de la justicia. Lo contradictorio del asunto es que las organizaciones nativas vienen promoviendo que los líderes nativos tengan una mayor presencia en la política local para tomar decisiones sobre los territorios que ancestralmente les pertenecieron. 
Existen desde luego líderes nativos de mucha integridad moral, pero de escasa preparación técnica y política para ejercer cargos de dirección, lo que al parecer incidirá decisivamente en los resultados de las próximas elecciones municipales, aun cuando la idoneidad y honestidad de los candidatos actualmente con mayor opción estén por demostrarse. Cuando el liderazgo no posee buen equipo de gobierno los errores en la gestión son frecuentes e inevitables. El caso de Puerto Bermúdez es similar a lo que ocurre en gran parte de la selva y del territorio nacional; la poca formación política y técnica de los liderazgos locales limita a personalidades con mucha vocación de servicio y compromiso con sus vecinos, y las restringe a ejercer cargos de nivel comunal y sus potencialidades de atracción de votos son utilizadas por grupos políticos integrados por personas de prácticas más avezadas. En un contexto pre electoral de alcance nacional –elecciones presidenciales y al Congreso– las ingenuidades locales ya están siendo seducidas para embarcarse en apostar y acompañar a grupos y candidaturas de alcance nacional.
Es casi seguro que quienes salgan elegidos en este proceso municipal, tendrán que abordar no sólo sus eventuales déficits en capacidades de gestión, sino también, los diferentes intereses y demandas que existen entre los migrantes y los nativos, fruto de sus condiciones de vida y de sus propias visiones de desarrollo; tarea nada fácil que seguramente no se verá exenta de nuevas movilizaciones y enfrentamientos locales.

desco Opina - Regional / 26 de junio de 2015
Programa Selva Central
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