Transporte metropolitano: mil caminos, ninguna solución

desco Opina - Regional / 27 de febrero de 2009

Frente a las innumerables controversias generadas por la caótica situación del transporte público, las obras inacabables del Metropolitano y el pertinaz trabajo en las vías de la ciudad, la Municipalidad de Lima brilla por la ausencia de respuestas. A este panorama, causando mayor preocupación en los vecinos, se suma el alto índice de accidentes en las pistas limeñas como señala la Defensoría del Pueblo en su Informe Defensorial Nº 137, titulado «El Transporte Urbano en Lima Metropolitana: un desafío en defensa de la vida», que pone en evidencia lo peligrosa que resulta para el pasajero, el conductor y el peatón, la circulación en las vías urbanas de la capital.

En la ciudad de Lima se registra el mayor número de siniestros de tránsito respecto a todo el Perú, con el 59.9% del total en el país. Los accidentes de tránsito son recurrentes en la Panamericana Norte, la Avenida Túpac Amaru, la Carretera Central y la Panamericana Sur, rutas que se localizan en los distritos más pobres de Lima Metropolitana, exponiendo a accidentes mortales a los ciudadanos. Según el Informe de Siniestralidad en las Vías elaborado por la Policía Nacional, este alto índice de accidentes se solucionaría con semáforos y mejor señalización. Sin embargo, en nuestra ciudad se priorizan obras y vías para descongestionar el paso de vehículos, pasando por alto la circulación segura de las personas en las calles, es decir una ciudad diseñada para vehículos y no para personas.

La máxima autoridad de la ciudad, la Municipalidad de Lima, es la responsable de educar y sensibilizar a conductores y usuarios y para ello es vital que el Plan Nacional de Seguridad Vial realmente funcione, de acuerdo a lo propuesto por la Defensoría, promoviendo a mediano plazo la educación de los conductores sin recurrir a un sistema de multas que no garantiza el cambio de actitud, sustancial para la mejora. Se requiere también coordinar con el Ministerio de Transportes y con la Policía Nacional, articulando propuestas para generar soluciones integrales. El tema de la seguridad y su relación con el transporte en la ciudad, involucra también al sector Educación para que apoye en la incorporación del tema de educación vial en la currícula escolar y en la formación de docentes.

Atender de manera integral el problema del transporte en Lima, significa también trabajar con los gobiernos locales para exigir conjuntamente la aprobación del proyecto de Ley Nº 165/2006–CR, con miras a crear el Sistema Nacional de Seguridad Vial y que, además, funcione.

Vimos hace unas semanas a los vecinos de Barranco protestando, un poco tarde por cierto, ante el desorden ocasionado en sus calles por las obras del Metropolitano y a una Municipalidad de Lima resolviendo al vuelo la situación generada por la gran presión sobre las calles del distrito. Y hace unos meses, el conflicto con la Universidad de San Marcos, generado por el afán de Castañeda de ofrecer obras a la ciudad pasando por encima de los ciudadanos.

Y como muestra de la desarticulación entre los sectores involucrados en las posibles soluciones, esta semana los usuarios de Barranco y Chorrillos quedaron varados en las calles, esperando las unidades de transporte que nunca llegaron, pues las rutas fueron modificadas para dar paso al Metropolitano (que estará operativo, según lo anunciado, a fines del 2010). Al parecer, el usuario del transporte público no merece ni información, ni notificaciones que le permitan llegar a tiempo al trabajo. Generar un nuevo sistema para la ciudad que armonice todas las alternativas de transporte (El Metropolitano, las rutas complementarias, el transporte no motorizado, entre ellas) requiere plantear soluciones a necesidades de todas las Lima que existen, que no es ni homogénea ni plana: Lima centro, Lima sur, Lima norte, Lima este, atendiendo a sus demandas específicas pero haciendo el esfuerzo de integrarlas en un concepto de ciudad que crece en demandas.

Si lo caótico de nuestro transporte está vinculado a la brecha socioeconómica de la ciudad donde 18 de cada cien personas son pobres y viven en San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Ate, Comas, San Martín de Porres y Ventanilla, según el Mapa de Pobreza 2007 de INEI; la pretensión de contar con un sistema ordenado de transporte requiere pensar más allá, planificar las relaciones entre la ciudad y las ciudades que alberga y que tienen necesidades y demandas específicas. La planificación de un sistema de transporte para Lima trasciende gobiernos y elecciones y requiere para su ejecución, que la Municipalidad de Lima planifique sus obras tomando en cuenta a las personas.

A pesar que la aprobación de su gestión sigue con alto porcentaje, el gobierno metropolitano no ha podido solucionar los conflictos más grandes que tiene la ciudad. ¿Seguirá el gobierno metropolitano acumulando conflicto al ritmo de las obras? ¿O seguirá haciéndose el «muertito» ante los cuestionamientos hasta las próximas elecciones?.

Mientras tanto, seguimos haciendo recuento de aristas para un mismo problema. Transporte urbano, seguridad vial, accidentes, irresponsabilidad peatonal, puntos negros y cuatro años y medio de la vida de cada limeño invertido en el transporte público. Además, las obras inacabables, los plazos móviles, las rutas espontáneas, los vecinos indignados (los próximos y los no tanto), los procesos de modernización construidos a pulso, en contextos no previstos, con impactos soslayados, donde lo primero en cambiar es el plan. Y en medio de todo esto, está el invisible ciudadano.

Ver mas detalles:

Descargar Informe Defensorial Nº 137

Descargar Boletín (Resumen del Informe 137)

Iniciativa de organización de vecinos:
Salvemos Barranco.

Información actualizada y opinión: 
ONG Luz Ámbar
ONG Ciudad Nuestra 

Iniciativa gubernamental:
MTC entrega a MINEDU 10 mil guías de educación vial

desco Opina - Regional / 27 de febrero 2009
Programa Urbano
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Expropiaciones, necesidades y elecciones

desco Opina / 20 de febrero de 2009

¿Por qué se promulga ahora la ley de expropiación en beneficio de aquellos asentamientos humanos en los que no es posible resolver de otro modo el problema de propiedad?

Durante el gobierno de Manuel Prado se dio la «Ley Orgánica de Barrios Marginales» (sí, era una Ley Orgánica) que permitía expropiar, bastando la simple calificación de oficio de un barrio como «marginal». Para que esa situación extrema no volviera a ocurrir, las autoridades empezaron a repartir tierras urbanizadas, como Tahuantinsuyo y Condevilla. Posteriormente, el Estado se limitó a entregar terrenos desocupados de su propiedad (Collique, Pamplona Alta, Villa El Salvador, Huáscar, Huaycán, Mi Perú, Pachacútec, etcétera). Esa tradición fue inaugurada por Odría al fundar San Martín de Porres en 1948. La señal era inequívoca: para los más pobres y más numerosos no hay Unidades Vecinales, Enaces, Fonavis, Miviviendas ni Techopropios. Entregar terrenos y convalidar ocupaciones ha sido la otra cara de la política de vivienda. Por eso siempre ha sido necesario «arreglar» después los problemas originados, buscando que aparezca como un acto de justicia.

En ese asunto operaron libremente políticos, promotores de invasiones, autoridades y hasta propietarios deshonestos que vendían a cientos de familias, terrenos agrícolas intangibles para que «invadan» sus propios terrenos y sean usados como vivienda. No debiera sorprender, entonces, que se repita hoy un acto que forma parte de una recurrente política de Estado sobre el hábitat popular en todo el Perú. Nadie podrá oponerse a que el agua, por ejemplo, llegue a la enorme y abandonada Manchay que, además, es lo único que las autoridades le quieren dar. Con o sin expropiación, ese pueblo de 14,000 lotes, un kilómetro más largo que todo el distrito de San Isidro, necesita mucho más como política nacional de urbanismo y de ciudades.

Una vez más, hoy no se critica la falta de oferta de viviendas para las mayorías, madre del cordero y clamorosa responsabilidad pública. Se critica el peligro de la arbitrariedad en la acción pública. La discusión no está en torno a una buena o mala política de equidad, sino se mueve en otras arenas: la arena pre electoral y la arena de los negocios.

La necesidad política debiera tener poco que ver con la demagogia de una llamativa propuesta parcial y de corto plazo para un problema que ahora es más difícil de manejar. Ya se inauguró el periodo pre-electoral y se vienen negociando las alianzas imposibles, ante reveladoras encuestas del descontento nacional. ¿Se puede creer honestamente que hoy como ayer, no se intente expropiaciones para construir clientelas políticas?

La arena de los negocios está caliente y se ventila a la luz pública luego del escándalo de Petro Tech: Es presumible que demore el nombramiento de un(a) contralor(a); se buscará aligerar los procedimientos para contratar a las grandes empresas contempladas en el Decreto de Urgencia Nº 047-2008. Por cierto que ya se encuentra en el Parlamente otro proyecto de ley para expropiar. Pero esta vez será en beneficio de los inversionistas. El proyecto 3001/2008 del Ejecutivo, contempla reubicar a las poblaciones que obstruyan esas inversiones «de acuerdo a la disponibilidad de terrenos». En este caso, se expropiaría para los inversionistas, y no para reubicar a los pobres desplazados por esas expropiaciones. Con la misma suspicacia que con los asentamientos humanos, puede pensarse que bien podrían ser comunidades andinas o nativas las expropiadas. ¿La ley no es parte de ese «clima» de negocios, grandes y pequeños?

En estos años de democracia poco es lo que verdaderamente hemos acumulado en el debate programático. En un contexto en el cual la política se reduce al trasfondo electoral y el manejo del Estado está teñido de sospecha sobre los intereses bastardos, no encontramos un resquicio sistemático que esté abierto al debate sobre las necesidades del desarrollo nacional en el mediano plazo. El tema de nuestras ciudades es mucho más que el asunto de los títulos y el agua; la viabilidad y sostenibilidad del hombre del Ande demanda debates y acciones más importantes que la ya olvidada «Sierra exportadora». Por lo demás, al conocer de boca de los actores de qué manera se trafica con los lotes petroleros, hemos podido tener una aproximación a por qué nuestro gas no servirá para cambiar nuestra matriz energética, sino la de México. El cambio de matriz energética tampoco se discute como un asunto programático.

Las organizaciones de la sociedad civil, tales como los colegios profesionales y las ONG, están lejos –muy lejos– de los parlamentos, los ministros y los presidentes. Los distanciamientos históricos entre el Estado y la sociedad no han sido superados, más allá de las promesas y las voluntades. Por eso, cada situación puntual siempre será muy reveladora de estos desencuentros en los que son las alternativas sostenibles de desarrollo nacional las que pierden.

desco Opina / 20 de febrero 2009

Fecha: 02/2009. Descargar (35 kb)

Alpaqueros huancavelicanos en pie de lucha: el reto de la acción colectiva

El 10 de febrero se reunieron gran parte de las organizaciones alpaqueras de Huancavelica para tratar un tema que es motivo de creciente preocupación en el sector, y que está relacionado con la crisis económica internacional: la rápida disminución del precio de la fibra de alpaca. Recordemos que en campañas anteriores dicho producto se cotizaba entre 12 y 16 soles la libra. Actualmente, se valoriza por debajo de los cuatro soles. De esta manera, no es posible recuperar ni siquiera los costos de producción. Más aún, esta situación ha ocasionado ya cuantiosas pérdidas económicas, afectando significativamente a los pequeños propietarios y campesinos de las zonas alto andinas dedicadas a esta actividad ganadera.

Rabia, frustración e indignación eran los sentimientos que imperaban en el colectivo de alpaqueros en el auditorio. Unos denunciaban la falta de atención por parte de las autoridades públicas (nacional, regional y local), mientras que otros denotaban una actitud desesperanzadora y pesimista. Así, tras un candente debate, se acordó realizar una movilización de protesta el próximo martes 17 de febrero para exigir, democrática y públicamente, se acoja un conjunto de demandas con el propósito de recuperar parte del capital alpaquero.

No deja de ser saludable esta cohesión, aun cuando la causa no sea grata. Sin embargo, también debe señalarse que los productores alpaqueros han mostrado casi siempre poca propensión a la organización y a la construcción de vías firmes para que sus intereses sean priorizados en las agendas políticas del país. Es decir, que la ocasión amerite ahora la imperiosa necesidad de articular acciones para impedir el deterioro de su situación no significa que, probablemente, hubieran estado en mejor posición negociadora si la crisis los hubiera cogido con más y mejores capacidades para la movilización.

Es cierto que hubo intentos anteriores para salir a las calles a manifestar sus demandas pero, lamentablemente, no pudieron lograr una movilización coherente, activa y unida en defensa de algunos de sus intereses comunes que vienen siendo vulnerados. En efecto, para que pueda producirse una acción colectiva contundente, debe existir, además de los intereses comunes que articulen a los productores alpaqueros, un conjunto de incentivos específicos para quienes participen en estas acciones masivas. Es decir, además de aspirar al logro de objetivos compartidos por todos los alpaqueros huancavelicanos, también se requiere mucha claridad respecto a por qué es indispensable que todos se incluyan y participen en la acción común.

Esto significa, en definitiva, que las organizaciones alpaqueras deben ser medios para canalizar las demandas de los productores, pero practicando procedimientos que permitan integrar a la mayor cantidad posible de productores en las acciones a ejecutarse, así como articular sus demandas con las que provienen desde otros sectores sociales y productivos.

De esta manera, una posible vía que generaría expectativas para la movilización entre los productores, podría ser exigir al Estado la implementación de un programa de comercialización de la fibra de alpaca y el establecimiento de precios refugio que beneficie prioritariamente a los pequeños criadores alpaqueros que participan en organizaciones formales del sector. Planteadas las cosas de este modo, probablemente muchos de estos pequeños productores alpaqueros apreciarán a sus organizaciones –las legitimarán– y optarán por fortalecerlas con mayor compromiso y continuidad, en aras de conquistar otras demandas.

Pero, si sólo se apuesta a una conciencia colectiva alpaquera que, dicho sea de paso, es apenas incipiente, sin la inclusión de estos incentivos particulares para quienes participen activa y coherentemente en la formación de ella, seguramente continuaremos apreciando manifestaciones que, por un lado, se muestran frágiles y desarticuladas y, por otro lado, son protagonizadas por actores alpaqueros debilitados y dispersos que, incluso, podría conllevar a una mayor desestructuración de las organizaciones del sector alpaquero.

Finalmente, debe reflexionarse seriamente sobre esta situación, con miras a extraer lecciones que contribuyan a establecer las prioridades para el combate contra la pobreza y los objetivos de desarrollo en las políticas gubernamentales. Estamos asistiendo al inicio del fin del importante ciclo de crecimiento que venía manifestando la economía peruana en los últimos años y, en ese sentido, tendríamos que preguntarnos sobre los beneficios que ha provocado entre los sectores más necesitados del país.

La bonanza económica coincidió con un momento de precios altos de la fibra de alpaca. Sin embargo, tal como siempre ocurrió en el sector, los beneficios de la renta producida se concentraron significativamente en las pocas grandes casas comerciales e industriales y no generaron cambios significativos en las condiciones de vida de los productores. Esto se vio reforzado con las políticas sectoriales. El programa Sierra Exportadora pudo ser un excelente vehículo para intentar variar siquiera en algo la histórica concentración existente en el sector alpaquero, buscando una mejor distribución.

No fue así y el resultado lo vemos ahora: productores ubicados en la línea de extrema pobreza, sin mayores beneficios obtenidos por el crecimiento económico y desconcertados sobre qué les pasará en el futuro inmediato.

desco Opina - Regional / 13 de febrero 2009
Programa Sierra Centro

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Miedos y Exclusiones

La generación de miedo es una de las herramientas políticas más usadas, antiguas y antidemocráticas que se conocen. Siempre viene acompañado de la duda. Para que rinda los efectos esperados, es decir, que su propagación motive la búsqueda de «orden y seguridad» a como dé lugar, no debe identificarse las causas. La cuestión es generalizarlo para que en el mar revuelto la ganancia de los pescadores sea la esperada.

Hay condiciones para que ello tenga éxito. Por ejemplo, que los medios de comunicación sirvan de soporte para difundir confusión, desinformación y, sobre todo, argumentos descabellados para asegurar que las sospechas queden flotando. En suma, debe evitarse las certezas.

Así, el acontecimiento que protagonizó hace unos días la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, es un nítido ejemplo de cómo actúan fuerzas anónimas pero poderosas desde los altos niveles de decisión del país, buscando implantar una sensación de caos. La cobertura ofrecida por gran parte de los medios de comunicación perfiló la idea de un posible ataque delincuencial. Posteriormente, confirmando sus conjeturas, desplegaron por todo lo alto la noticia de la captura de los supuestos delincuentes, antes de que se procediera a cualquier atisbo de investigación.

Desde esta perspectiva, el caso está casi cerrado aunque difícilmente se crea en ese argumento. En efecto, aunque suene paradójico, la cuestión última es que no se crea ni siquiera lo que se expone –agresión frustrada de delincuentes, que intentan asaltar a personas con evidente seguridad, sin el mínimo de información requerida– para así dejar las preguntas siempre abiertas: ¿Quién fue, finalmente? No se sabe.

Desmontar falacias motivadoras de dudas, entonces, exige plantear certezas, aun cuando sean mínimas. Una de ellas, si unimos la serie de evidencias que han empezado a manifestarse durante las últimas semanas, es la seguridad de que la política peruana se desenvuelve entre una espectacularizada formalidad en la que pocos creen –remitirse sino a las encuestas de opinión, en las que la ciudadanía muestra su alta desconfianza ante las autoridades que eligieron– y un opaco ámbito al que pocos tienen acceso pero en el cual se toman las decisiones en serio para el país.

En palabras de los cientistas políticos, es la paulatina primacía de los poderes fácticos que nadie elige pero que influyen de manera determinante en los rumbos que toma el país. Lo mismo, en la percepción de los ciudadanos, sería la sensación cada vez más alta de corrupción, sin tener a la mano herramientas eficaces para controlarla.

Las consecuencias de lo determinante que es la influencia del lado oscuro de la política se dan, de hecho, en diversos ámbitos que debieran ser motivo de análisis y seguimiento de los medios de comunicación, aun cuando no es así por las consideraciones expuestas líneas arriba. Por ejemplo, todos ellos anuncian estos días, con bombos y platillos, el inicio de la implementación del TLC con Estados Unidos, simbolizado en una alegre ministra de Comercio Exterior despidiendo al primer container que salió rumbo a ese país, en el marco del referido tratado. La algarabía, claro está, no es acompañada de una sola línea sobre los impactos sociales y económicos que acarrearán la vigencia de dicho acuerdo.

No se plantea preocupación alguna sobre la situación actual y las proyectadas desmejoras que tendrán las condiciones de vida de los productores rurales. Nada se dice sobre la relación directa que tienen los acuerdos comerciales como el TLC con los EEUU y la profundización de las brechas de desigualdades, que tanto preocupan ahora al Banco Mundial. Más aún, no parece haberse planteado un intercambio de opiniones sobre cómo armonizarían los acuerdos comerciales con las metas del supuesto plan anticrisis, ni con el recientemente anunciado plan de lucha contra la pobreza.

Así, los problemas de magnitud son soslayados. El asunto tiende a ser mayor que la simple despreocupación de los comunicadores porque, también en este caso, nos topamos con evidencias sobre cómo funcionan las dos caras de la política peruana. De un lado, están aquellos que pueden imponer sus intereses particulares en la formulación de la política comercial del Estado y, de otro lado, los involucrados con los efectos de estas decisiones, que no tienen mecanismos para que sus demandas sean tomadas en cuenta.

desco Opina / 6 de febrero 2009

Fecha: 02/2009. Descargar (35 kb)

TLC ¿El dedo en la llaga de la selva?

El 16 de enero último fue publicado en el diario oficial El Peruano, el Reglamento del Decreto Legislativo 1090, Ley de Flora y  Fauna, que fue aprobada apresuradamente por el Congreso de la República un par de días antes, bajo el pretexto de implementar el TLC con los Estados Unidos.

Más allá de los cuestionamientos a este dispositivo legal, que se centran en la pertinencia de entregar en concesión hasta 40 mil hectáreas –hasta por 40 años renovables– al sector privado y sobre la terminología que se utiliza para algunas definiciones; podríamos invitar a reflexionar, inicialmente, sobre los procedimientos usados: ¿cómo pudo ser debatido y aprobado por nuestros congresistas en una sola jornada? ¿Es suficiente para tratar un tema de tanta importancia, teniendo en cuenta, además, las pocas capacidades que evidencia la representación nacional para cuestiones de esta magnitud? 

En todo caso, aceptemos que una rápida revisión del texto trasluce, al menos, muy buenos propósitos como, por ejemplo, la necesidad de actualizar el Inventario Nacional de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre –que no ha sido puesto al día  desde hace muchísimos años–, lo imperioso que resulta un plan nacional de desarrollo, así como contar con un eficiente sistema nacional de control, la incorporación en la currícula escolar de temas como la prevención y control de la deforestación y la protección de la biodiversidad, el diseño y puesta en práctica de un programa nacional de prevención y control de la deforestación, entre otros temas.   

Sin embargo, el desconcierto cala cuando relacionamos lo que se quiere y lo que se tiene para conseguirlo. En nuestro cotidiano trabajo en zonas de la Selva, somos testigos de las condiciones en que el personal del INRENA realiza, por ejemplo, sus controles del tránsito de la madera. Escaso personal asignado, insuficientes unidades vehiculares para el traslado, limitaciones de logística y nulas medidas de seguridad por parte de la policía local. ¿Serán esos mismos recursos humanos, logísticos y económicos  los que se piensan utilizar para la implementación del referido plan?   

Así, teniendo en cuenta estas extremas limitaciones, llama poderosamente la atención que la norma no mencione siquiera la necesidad de establecer alianzas estratégicas para la implementación del plan. En suma, las universidades, los institutos especializados y las organizaciones sociales son simplemente ignorados. Incluso, aún cuando la cooperación internacional financia a algunas ONG, programas y proyectos en temas de reforestación y protección de la biodiversidad, tampoco es tomada en cuenta. Al respecto, es cierto que en el artículo 57 se menciona a las denominadas asociaciones de gestión de bosque. Si bien no estamos en desacuerdo con ello, no es la mejor manera de unir fuerzas y fortalecer a la sociedad en estos menesteres, pues estaría obviando lo que ya viene implementándose y construyéndose desde la sociedad civil.

Asimismo, debemos recordar que son escasas y poco efectivas las campañas de sensibilización dirigidas a la población. Los afiches, volantes y demás medios impresos adornan las oficinas de los convencidos y no informan, por lo inaccesible, a la gran mayoría. Los foros, seminarios y eventos de debate y concientización son, a fin de cuentas, eventos cerrados sin ninguna trascendencia. Los spots radiales o televisivos son escasos y poco motivadores. ¿Serán esas estrategias las que se utilizarán para la difusión de los componentes y objetivos del plan?

¿La participación de la ciudadanía?, saludo a la bandera. El acápite que se refiere a los «mecanismos de participación y coordinación», es bastante escueto. Si no hubo una construcción participativa del Reglamento del Decreto Legislativo 1090, ¿por qué deberíamos confiar en los mecanismos de participación y coordinación que se declaran en dicho reglamento? Es casi seguro que la «participación» sea entendida como se explicita en el artículo 34, referido a laimplementación de programas participativos de forestación: en pocas palabras, mano de obra gratuita y un público urbano espectador, sirviendo de marco para la fotografía de campaña política.   

En lo que se refiere a la gestión descentralizada, en la introducción del reglamento se señala que mientras esté vigente la transferencia de funciones a los gobiernos regionales, será la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre quien asuma los controles y el cumplimiento de la norma. Asimismo, se mencionan procesos de fortalecimiento de capacidades para los gobiernos locales y regionales. Sin embargo, no se señalan plazos para que estas transferencias de funciones ocurran, con lo cual la decisión de concesiones y manejo de bosques sigue en manos del Gobierno Central, tampoco se señala la provisión financiera para que la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre, cumpla con sus funciones. 

Finalmente, según proyecciones de algunos especialistas, el 68% de los bosques maderables ya están concesionados.  Muchas de estas concesiones son manejadas al margen de las leyes, corrompiendo y dejando heridas incurables en la riqueza forestal y la biodiversidad de la Selva peruana. ¿Con esta norma la situación será distinta? En definitiva, esperemos que en las próximas semanas se fomente un mayor debate que obligue a exponer explicaciones más amplias sobre este Decreto. Hay que evitar que el apresuramiento conduzca a  acrecentar la depredación de los bosques y a nuevos conflictos sociales, como sucedió con la dación del Decreto Legislativo 1015.  

desco Opina - Regional / 30 de enero  2009   
Programa Selva Central   

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