Cómo quedan las promesas de Vizcarra en Junín

 

Semanas atrás observamos perplejos como el Congreso, una de las instituciones con el más bajo índice de respaldo de la población, logró destituir del poder al hasta entonces presidente de la República, Martin Vizcarra, recurriendo a una segunda e ilegal moción de vacancia por incapacidad moral, tras descubrirse indicios de supuestas coimas, cuando éste se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

El resto es historia conocida, en menos de una semana el país juramentó a dos presidentes interinos: el primero, con nulo respaldo ciudadano, lo que generó innumerables manifestaciones civiles a nivel nacional frente a las que la sociedad huancaína no fue ajena; y el segundo, una vez presentada la renuncia de Merino –en medio de una crisis política de grandes proporciones, muertos y heridos de por medio–, Francisco Sagasti, quien asumió interinamente la presidencia de la República, con la misión de asegurar la vía más democrática posible para las elecciones presidenciales de abril próximo.

En la región central, específicamente en Junín, se vivió muy de cerca todo este proceso, pues es necesario recordar que la última actividad oficial desarrollada por el expresidente Vizcarra, se llevó a cabo en la ciudad de Huancayo, hasta donde llegó una vez concluida la presentación de sus descargos y defensa ante el Congreso de la República en la mañana del 9 de noviembre último.

Aquel día –en el corto tiempo que pasó en tierras huancaínas– el expresidente cumplió una nutrida agenda: la puesta en funcionamiento del puente de Chupuro, importante obra añorada por gran parte de la población de la zona sur del Valle del Mantaro; el inicio de obras de trascendencia en materia de infraestructura vial en distritos de Huancayo (pistas y veredas); y la supervisión del avance de otras que fortalecen la conectividad regional y que servirán para la reactivación económica de la población, que hasta la fecha mantiene gran incertidumbre por las consecuencias que viene acarreando el Covid-19, por mencionar algunas.

Nos cuestionamos ahora, qué sucederá en adelante; sobre todo respecto a las responsabilidades asumidas por la comitiva que encabezó Vizcarra aquel 9 de noviembre, como la reafirmación de una pronta iniciación de trabajos para la puesta en marcha de la tan ansiada carretera central de 4 carriles, que no solo beneficiaría a Junín, sino a toda la región central del país.

Luego de aquella importante iniciativa de reunirse con autoridades locales y recibir de éstas innumerables solicitudes de financiamiento, nos preguntamos sin ninguna certeza ¿cómo quedan las negociaciones que esforzadamente pudieron realizar los alcaldes que lograron reunirse con Vizcarra? Todos conocemos que los ministros que acompañaron al expresidente aquel día ya no están más, e incluso gran parte de los funcionarios de confianza –como ocurre cada vez que hay un cambio de administración–, también cambian; entonces, ¿todo vuelve a foja cero?

Es necesario que la sociedad civil se muestre más preocupada que antes, pues cabe recordar que la región Junín, no habría sido beneficiada adecuadamente respecto a la planificación presupuestaria para el próximo año. Esperemos que nuestros representantes regionales puedan por lo menos intentar generar un cambio y así lograr el incremento del presupuesto regional que tanta falta nos hace.

Será que podemos confiar en que la administración de Francisco Sagasti cumplirá con los acuerdos que en su momento –y a pocas horas de ser vacado– Martín Vizcarra prometía alegremente a la gran cantidad de población que se congregó para escucharlo, o es que como ya mencionamos, estos deberán volver a gestionarse para llevarlos a cabo. Solo el tiempo aclarará este panorama; las dudas sobre estas interrogantes deben movilizar a la sociedad civil organizada de Junín, exigiendo respuestas e interpelando a las autoridades regionales y al gobierno nacional, de modo que estos compromisos se asuman y ejecuten tal cual fueron anunciados.

 

 

desco Opina - Regional / 27 de noviembre de 2020

descocentro

Recapitulación y retos actuales

 

Aunque al parecer superamos el ojo de la tormenta en el plano político, las demandas populares en medio de la crisis económica se mantienen tal cual.

El telón de fondo de la reciente crisis política se ha definido por tres elementos: el agotamiento del modelo económico evidenciado y agudizado por la pandemia del Covid-19; el desfase entre los intereses de mafias y grupos de poder en relación al gobierno, al punto de descartar al presidente Vizcarra; y finalmente, la necesidad de los «dueños del Perú» de encontrar mejores condiciones para la próxima etapa electoral y la defensa de sus intereses.

El gabinete de giro ultraconservador que quiso imponer el breve gobierno de Merino expresaba la convergencia entre grandes grupos de poder como Confiep, el Grupo Romero o la Sociedad de Pesquería, y el cajón de sastre ultraderechista membretado como Coordinadora Republicana. El súbito poderío ganado por este sector reciclado, en una transición de poder totalmente irregular, fue el detonante de una impensada reacción ciudadana que llevó a la renuncia de ese gobierno transitorio. La gran mayoría de peruanos y peruanas valoraba cierta estabilidad y prefería que Vizcarra fuera juzgado y sancionado apenas concluyera su gestión de gobierno, pero no en medio de la pandemia.

La fuerte reacción juvenil ciudadana (“no me representa”) en medio de un ambiente de antipolítica y hartazgo, ocurre ante la debilidad de los gremios de trabajadores urbanos, campesinos y otros que coincidían en ver la salida de Vizcarra como un reclamo popular. Un error que embarcó a esos sectores y algunos grupos de izquierda, como furgones de cola de la ultraderecha conservadora, junto al fujimorismo y al antaurismo. Hartazgo hay y mucho, pero no desinterés por la política, en una generación nacida en una sociedad permanentemente envuelta en la corrupción.

La protesta se activó desde las redes y luego pasó a las calles. Quizá nunca había salido tanta gente en el Perú. No se ha tratado de una “movilización juvenil”, sino de ciudadanos, una inmensidad de jóvenes, en todas las ciudades del país, sin intermediación de liderazgos gremiales o de frentes políticos. Jóvenes que tomaron la política sin los políticos, cuyos referentes de organización y movilización vienen de sus identidades más inmediatas: el fútbol, el consumo cultural, las ‘tribus’ digitales y barriales, con menos aglutinamientos territoriales de los que se intentó con las “zonas” que funcionaron durante la resistencia a la “ley pulpín” en 2014-2015.

Es temprano para un balance completo, pero no debe dejar de valorarse como positivo que se le cerrara el paso a un gobierno de la ultraderecha aliada a los dueños del país. La conducción del Estado ha girado desde un sentido común de derecha y centro a otro de centro izquierda.

Acción Popular y Alianza para el Progreso retroceden en su espacio electoral sin facilitar con ello condiciones para una presidencia de izquierda en abril, pues se mantienen los vetos de los poderes fácticos y los medios. El rol que juegue la nueva Presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez, tendrá un peso específico en las posibilidades de la izquierda. En medio de ello, el expresidente Vizcarra podría tentar suerte como ficha de una derecha moderna, y el partido Morado gana espacio y adeptos con Francisco Sagasti de presidente transitorio.

En lo inmediato, la vigilancia y la movilización quedan como tareas centrales. El retroceso de Confiep y de varios de sus aliados y voceros aparece como la oportunidad de proponer un renovado Pacto Social que atienda los graves problemas actuales de pobreza, desempleo, salubridad, educación, vivienda y abandono de la agricultura familiar. Puede ser el inicio de una coyuntura de construcción de una nueva representación social y política que atienda la fractura social que sufrimos. Tenemos ante nosotros el reto de superar el desencanto y la deuda moral con la sociedad incluyendo nuevos derechos y responsabilidades para las mujeres, los jóvenes, grupos LGBTI y otros sectores como las poblaciones indígenas amazónicas. Esa será la base para lograr el consenso de darnos una nueva Constitución para el país del bicentenario y el siglo XXI.

 

desco Opina / 20 de noviembre de 2020

El otro virus durante la pandemia

 

A poco de conmemorarse el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el próximo 25 de noviembre, es importante referirnos a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las mujeres en el Perú y, específicamente, en Lima Metropolitana. Sin duda la crisis actual generada por el COVID-19, ha afectado gravemente a las mujeres durante los meses de cuarentena, muchas de ellas se han visto obligadas a convivir con sus agresores y sido desprotegidas, no solo del amparo legal, sino también del cuidado en su salud sexual y reproductiva, debido al colapso de nuestro sistema sanitario y a la atomización de la administración pública. Aun en estos días, culminada ya la cuarentena, somos testigos de la organización de las mujeres en muchos barrios de Lima, sosteniendo ollas comunes y conformando comités de salud comunitaria, espacios en los que participan no solo mujeres adultas, sino también niñas y adolescentes que a su corta edad han tenido que lidiar con el desamparo e indiferencia de las autoridades.

Si bien desde el gobierno se han emprendido ciertas medias de contención ante la violencia y la crisis que atenta contra la dignidad y la vida de las mujeres, no se ha logrado paliar eficazmente estas problemáticas. Ello, debido en parte a la desidia de las autoridades y funcionarios que tienden una mano a la burocracia que aletarga los procesos sancionadores para los agresores y feminicidas, y con la otra mano se tapan los ojos ante los arrebatos de injusticia que tornan a gran parte de nuestro aparato judicial, que termina revictimizando y desamparando a las mujeres agredidas y violentadas; liberando a sus agresores, violadores y feminicidas por cuestionadas razones que apelan a su forma de vestir o a sus «gustos por la vida social». Asimismo, estos deliberados comportamientos y acciones, evidencian una enraizada cultura machista y discriminadora, que refleja el común denominador de los patrones de conducta y de vida naturalizados, que atraviesan la cotidianidad de nuestro propio aparato estatal.

Esta situación nos «saca al fresco» que los problemas en torno a la violencia de género –en todas sus formas– obedecen a cuestionadas relaciones de poder, históricas, estructurales y sistemáticas, que han degradado la figura de las mujeres y las han reprimido bajo relaciones de dependencia, impidiendo que ejerzan plenamente sus derechos fundamentales como acceder a educación, a una salud integral, a un trabajo digno y a intervenir en la vida pública sin el temor de ser agredidas verbal, física y sexualmente.

En lo que va del año (de enero a setiembre), según informa el Programa Nacional Aurora, se ha registrado por el Centro de Emergencia Mujer – CEM, 186 casos de intento de feminicidio a nivel nacional, siendo Lima Metropolitana la que se posiciona como la región del país con el mayor número de casos registrados (71 casos). Se identifica, además, que los agresores en su mayoría tienen un vínculo directo con la víctima, un 54% de los casos de violencia son ocasionados por la pareja y el 38%, por la expareja. Así mismo, este reporte estadístico muestra que en los meses de abril a junio no se registraron casos –justamente durante los meses en los que el periodo de cuarentena rigió fuertemente y la población quedó confinada en sus casas, con máximas restricciones de movilidad–; hecho que, sin duda alguna, no guarda relación con la realidad.

Acá no se trata de que los casos de violencia e intentos de feminicidios no hayan sucedido, sino que dada la falta de operatividad de las instancias y organismos correspondientes para canalizar y atender las denuncias y a las denunciantes, y debido también a la atomización de estas instituciones a raíz de la crisis sanitaria, se dejó en un segundo plano la organicidad de los programas y el emprendimiento de políticas adecuadas al nuevo contexto para atenderlas; se requería que tuvieran en cuenta las nuevas complejidades en torno a la problemática de la violencia de género que no se detuvo y que, por el contrario, siguió cobrando víctimas.

Por otro lado, en lo que respecta a los casos vinculados a feminicidios, según el mismo reporte del Programa Aurora, durante el periodo de enero a setiembre de este año, los servicios de este programa lograron atender un total de 96 casos a nivel nacional, concentrándose en Lima Metropolitana la mayoría de casos de víctimas de feminicidio (17 reportes), cuyos victimarios representan el entorno íntimo de las víctimas en un 65% del total y en el caso de las ex parejas feminicidas, el 14%.

Debemos notar que estas cifras solo representan una parte del universo de casos de violencia contra la mujer, ya que un importante número de mujeres víctimas de violencia de género no llegan a denunciar, debido al temor a las represalias, a la desconfianza en el sistema sancionador (Policía, Fiscalía y Poder Judicial); pero también a causa de la fuerte dependencia económica a la que están sujetas. Esta situación nos debe llevar a reflexionar acerca de la necesidad de asumir esta problemática con un enfoque que vaya más allá de medidas aisladas y cortoplacistas, que intentan negar que la violencia de género guarda intrínseca relación con la forma en la que están constituidas nuestras instituciones y que descansa en el propio sistema capitalista y patriarcal.

 

desco Opina - Regional / 13 de noviembre de 2020

descoCiudadano