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viernes

¿Cómo movilizar y fortalecer la participación popular?

 

Si bien la experiencia que se resume a continuación es puntual, consideramos que podría servir como un ejemplo para mirar la política de otra manera, dejar de ver a los “políticos” como los únicos actores principales y entender qué está haciendo la sociedad civil para construir ciudadanía, conciencia ambiental, etc., y a partir de ello encarar lo que están haciendo quienes ocupan hoy los espacios de poder. Es pues un análisis de coyuntura hecho mirando la política desde otro lado y a partir de otras vivencias.

En medio de las dificultades que atraviesa nuestro país, surgen espacios que ofrecen esperanza y caminos hacia un futuro mejor mostrando desde su vida cotidiana experiencias y prácticas que constituyen otras maneras de concebir la vida en colectividad. Uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo en laboratorios de innovación urbano-ambiental en barrios de escasos recursos y en las escuelas que allí funcionan.

Mientras el Estado se concentra en construir infraestructura escolar en colegios medianos y grandes, otra vía para fortalecer la democracia es impulsar procesos participativos con comunidades y estudiantes de barrios pobres o muy pobres para mejorar su educación. Esa es una respuesta de acción paralela y simultánea a análisis de coyuntura que en muchos casos quedan restringidos a debates entre especialistas, sin impacto real en la comunidad. Estas iniciativas, fuera del mundo de “la política de los políticos”, palpitan a diario y son una forma de toma de conciencia ante los sucesos de la coyuntura pues involucran a autoridades locales, organizaciones barriales, jóvenes líderes y a la comunidad educativa, logrando con su desempeño soluciones ajustadas a las realidades territoriales y no a planes burocráticos o debates que para muchos son abstractos sobre el autoritarismo, la democracia y el desinterés por la calidad de vida de las y los peruanos.

En Lima Sur, por ejemplo, se ha conformado el grupo Guardianes de Lima Sur, que busca asumir un rol de liderazgo en la mejora urbana. Pese a limitaciones de infraestructura y recursos presupuestales, decenas de jóvenes de barrios como Halcón Sagrado, Vista Alegre y Héroes del Cenepa participan activamente, liderando ejecuciones de obras y diseños. Motivan a otros grupos de mujeres y jóvenes a sumarse. Los planes maestros no quedan en el papel: se concretan en intervenciones ecoamigables en colegios como el Peruano Canadiense, Juan Carlos de Borbón, República Alemana y Nuevo Progreso. Estos barrios de Lima Sur han logrado una alta participación de estudiantes y docentes a través de faenas voluntarias coordinadas entre barrios y escuelas. Repercuten también, qué duda cabe, en movilizaciones, reclamos y marchas que se hacen para demandar cambios y más recursos. Fuera de las luces de la llamada gran prensa y los medios masivos de comunicación, constituyen espacios en los que se forman, de a poco, nuevas alternativas de organización, de poder y de conciencia que seguramente se expresarán con sorpresa en los escenarios oficiales cuando irrumpan más adelante.

Estas experiencias no son poca cosa: fortalecen efectivamente el empoderamiento de mujeres y adolescentes que, al arborizar, crear huertos o proteger muros de contención, aportan a la resiliencia barrial frente al cambio climático y la indolencia gubernamental. Además –y esto es muy importante– impulsan el liderazgo de mujeres organizadas, en especial señoras de comedores populares, quienes han logrado fortalecer sus capacidades en agricultura ecológica, salud comunitaria y gestión ambiental, como una nueva manera de mirar la política, convirtiéndose en actores clave de la transformación barrial sostenible.

En paralelo, se desarrollan talleres replicables en distritos como San Juan de Miraflores, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo, ampliando progresivamente la red de comunidades organizadas y comedores populares. Es decir, reconstruyendo el tejido social deteriorado por el abuso, la desconfianza y la frustración que han traído las formas de hacer política, de buscar y de ejercer el poder en nuestro país a todo nivel.

Los jóvenes, por su parte, actúan como facilitadores intergeneracionales, acompañando a las mujeres –que pueden ser sus propias parientes– fortaleciendo lazos comunitarios que apuestan a nuevas formas de entender la sociedad, sus derechos y las obligaciones del Estado con la sociedad concreta que ellos constituyen en sus barrios e instituciones. No es poca cosa. Así, las experiencias barriales –que al inicio parecen aisladas– se enlazan, multiplican y consolidan redes de trabajo comunitario y ambiental que no están escritas en el papel: son realidades dinámicas que demandan derechos y exigen la participación del Estado –sectorialmente o desde el municipio– para la solución progresiva de sus problemas diarios, de resolución de sus carencias, elementales como la falta de agua potable y de sistemas de desagüe y otros servicios públicos urbanos. Lo hacen como ciudadanas y ciudadanos. Esto les permite contrastar y evaluar desde sus propias experiencias el rol que cumplen quienes ocupan actualmente los poderes del Estado (ministerios, Congreso, Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, fiscalías, etc.).

Por eso, cuando se ve cómo se fortalecen capacidades en agricultura urbana, gestión de residuos y econegocios escolares, con participación activa de docentes y voluntarios de colegios, por ejemplo, el entusiasmo demostrado por estudiantes y maestros confirma que la educación ambiental tiene gran potencial de réplica a bajo costo y de movilización de la sociedad. Se involucra a toda la comunidad educativa en temas que les atañen directamente, sin mediaciones y análisis más complejos para entender qué hay que hacer para acabar con una situación generalizada de políticos corruptos, autoritarismo y combatir el maltrato a los más pobres.

 

  

desco Opina - Regional / 29 de agosto de 2025

descoCiudadano

sábado

Empleo precario en Lima Metropolitana, otra pandemia

 

La condición del empleo en Lima Metropolitana ha devenido en una alarmante situación de riesgo, debido a la actual crisis sanitaria y a medidas de reactivación económica que no están orientadas a la protección del trabajo y los trabajadores. Al galopante desempleo, se suma la indiferencia y abuso de algunas empresas privadas que, aprovechándose de recursos legales, despidieron a sus trabajadores y trabajadoras, como Cineplanet o el Grupo El Comercio, que aplicaron medidas como la suspensión perfecta, pese a haber accedido al programa Reactiva Perú.

Un factor es sin duda la ineficiencia de las autoridades para aplicar políticas oportunas y firmes para evitar que sean los más vulnerables quienes “paguen el pato” de la crisis. La precariedad laboral es hoy un mal generalizado, no solo en el ámbito de la informalidad, sino también en el marco del empleo que ofrece el empresariado formal y el propio Estado en el sector público. Muestra de ello son el reciente conflicto en el sector agroexportador -en el que los obreros agroindustriales exigen mejoras salariales y laborales-, la lucha de los empleados públicos bajo regímenes CAS, o la precarización de las y los trabajadores de la salud, estos últimos sobreexigidos por la emergencia sanitaria.

La precariedad y explotación que caracterizan el empleo en Lima Metropolitana es un mal que arrastramos desde tiempo atrás. Recordemos la muerte de dos jóvenes trabajadores de McDonald’s en el distrito de San Miguel, o las muertes ocurridas durante el incendio de la galería Nicolini en Las Malvinas, en donde tres jóvenes que laboraban en condiciones de “esclavitud contemporánea” no lograron escapar del encierro al que eran sometidos para “mejorar su productividad” y las ganancias de sus empleadores. Son tragedias en el marco de un mercado laboral donde la norma es el llamado “empleo no adecuado”.

Veamos las cifras oficiales de esta problemática en tiempos de pandemia. El INEI informó que entre octubre y diciembre de 2020, un 42,2% de quienes trabajan en Lima Metropolitana labora en empleos no adecuados, es decir en condiciones de informalidad y precariedad. Es el caso de las y los repartidores de firmas como Rappi, Glovo y otras, sector que representa hoy el 1,1% de la PEA de la capital. Este sector laboral es uno de los que más creció en volumen en 2020 y a la par, uno de los que vio drásticamente reducidos sus ingresos (una reducción superior al monto de sueldo mínimo, de acuerdo al INEI).

De acuerdo al Observatorio de Plataformas Perú, las empresas de delivery no cumplen con brindar elementos de bioseguridad para evitar exponerse al contagio durante los repartos, lo que deja en riesgo también a los usuarios del servicio. Recordemos que en mayo se autorizó la operación de las aplicaciones de delivery a condición de que se entregara a los repartidores kits de protección y seguros de salud, medida que no se implementó adecuadamente. A esta situación de desprotección sanitaria se suma la económica, con los recortes de comisiones y aplicación de sanciones a repartidores “que interrumpen el proceso de entrega” (aunque este se deba a accidentes o robos) como los que intentó imponer la firma Rappi, cuyos operadores protestaron mediante plantones y denuncias a los medios de comunicación en octubre de 2020.

Actualmente, el empleo de reparto mediante aplicativos carece de un marco legal que lo regule, haciendo posible que las empresas que los gestionan se desentiendan de las condiciones laborales de quienes operan el servicio. La presencia de estos trabajadores en nuestra ciudad es innegable, y en la actual crisis económica se trata de una oportunidad laboral para miles que requieren generar ingresos y mejorar sus condiciones de vida, una oportunidad que no encuentran en otros sectores que requieren mayor calificación o que ya están saturados. En los últimos meses, también como efecto de la crisis generalizada por el COVID-19, estos repartidores han tenido que lidiar no solo con la discriminación y racismo, sino también con los efectos de la ola de asaltos, pues hemos visto como falsos repartidores aprovechan la facilidad de afiliarse o camuflarse en los servicios de aplicativos para cometer sus crímenes. En vez de contribuir a su estigmatización, exijamos a nuestras autoridades la regulación del empleo en este sector y la sanción ante estas formas de trabajo precario y deshumanizador.

 

desco Opina - Regional / 23 de enero de 2021

descoCiudadano

viernes

Recapitulación y retos actuales

 

Aunque al parecer superamos el ojo de la tormenta en el plano político, las demandas populares en medio de la crisis económica se mantienen tal cual.

El telón de fondo de la reciente crisis política se ha definido por tres elementos: el agotamiento del modelo económico evidenciado y agudizado por la pandemia del Covid-19; el desfase entre los intereses de mafias y grupos de poder en relación al gobierno, al punto de descartar al presidente Vizcarra; y finalmente, la necesidad de los «dueños del Perú» de encontrar mejores condiciones para la próxima etapa electoral y la defensa de sus intereses.

El gabinete de giro ultraconservador que quiso imponer el breve gobierno de Merino expresaba la convergencia entre grandes grupos de poder como Confiep, el Grupo Romero o la Sociedad de Pesquería, y el cajón de sastre ultraderechista membretado como Coordinadora Republicana. El súbito poderío ganado por este sector reciclado, en una transición de poder totalmente irregular, fue el detonante de una impensada reacción ciudadana que llevó a la renuncia de ese gobierno transitorio. La gran mayoría de peruanos y peruanas valoraba cierta estabilidad y prefería que Vizcarra fuera juzgado y sancionado apenas concluyera su gestión de gobierno, pero no en medio de la pandemia.

La fuerte reacción juvenil ciudadana (“no me representa”) en medio de un ambiente de antipolítica y hartazgo, ocurre ante la debilidad de los gremios de trabajadores urbanos, campesinos y otros que coincidían en ver la salida de Vizcarra como un reclamo popular. Un error que embarcó a esos sectores y algunos grupos de izquierda, como furgones de cola de la ultraderecha conservadora, junto al fujimorismo y al antaurismo. Hartazgo hay y mucho, pero no desinterés por la política, en una generación nacida en una sociedad permanentemente envuelta en la corrupción.

La protesta se activó desde las redes y luego pasó a las calles. Quizá nunca había salido tanta gente en el Perú. No se ha tratado de una “movilización juvenil”, sino de ciudadanos, una inmensidad de jóvenes, en todas las ciudades del país, sin intermediación de liderazgos gremiales o de frentes políticos. Jóvenes que tomaron la política sin los políticos, cuyos referentes de organización y movilización vienen de sus identidades más inmediatas: el fútbol, el consumo cultural, las ‘tribus’ digitales y barriales, con menos aglutinamientos territoriales de los que se intentó con las “zonas” que funcionaron durante la resistencia a la “ley pulpín” en 2014-2015.

Es temprano para un balance completo, pero no debe dejar de valorarse como positivo que se le cerrara el paso a un gobierno de la ultraderecha aliada a los dueños del país. La conducción del Estado ha girado desde un sentido común de derecha y centro a otro de centro izquierda.

Acción Popular y Alianza para el Progreso retroceden en su espacio electoral sin facilitar con ello condiciones para una presidencia de izquierda en abril, pues se mantienen los vetos de los poderes fácticos y los medios. El rol que juegue la nueva Presidenta del Congreso, Mirtha Vázquez, tendrá un peso específico en las posibilidades de la izquierda. En medio de ello, el expresidente Vizcarra podría tentar suerte como ficha de una derecha moderna, y el partido Morado gana espacio y adeptos con Francisco Sagasti de presidente transitorio.

En lo inmediato, la vigilancia y la movilización quedan como tareas centrales. El retroceso de Confiep y de varios de sus aliados y voceros aparece como la oportunidad de proponer un renovado Pacto Social que atienda los graves problemas actuales de pobreza, desempleo, salubridad, educación, vivienda y abandono de la agricultura familiar. Puede ser el inicio de una coyuntura de construcción de una nueva representación social y política que atienda la fractura social que sufrimos. Tenemos ante nosotros el reto de superar el desencanto y la deuda moral con la sociedad incluyendo nuevos derechos y responsabilidades para las mujeres, los jóvenes, grupos LGBTI y otros sectores como las poblaciones indígenas amazónicas. Esa será la base para lograr el consenso de darnos una nueva Constitución para el país del bicentenario y el siglo XXI.

 

desco Opina / 20 de noviembre de 2020