Vencedores vencidos

 

Hay cuestiones que debieran ser abordadas porque dan elementos importantes para entender el comportamiento del sistema político peruano, sin importar hacia donde se hayan inclinado las preferencias electorales de la segunda vuelta. Una de ellas es que, desde la reinstalación de la democracia en 2001, el único dato político constante ha sido, paradójicamente, el fujimorismo.

Aunque debilitado entre 2001 y 2006, el fujimorismo reapareció con fuerza desde el 2011 con Keiko Fujimori, llegando siempre a segunda vuelta. Primero, la política peruana se organiza en torno a la tensión fujimorismo vs. antifujimorismo, que lo convierte en un actor inevitable, aunque no mayoritario. Segundo, es el eje de una legitimidad ambivalente que mantiene vivo el debate político: para algunos sectores representa orden y eficacia, para otros, simboliza corrupción y autoritarismo. Tercero, a diferencia de otros partidos que desaparecen tras sus derrotas, el fujimorismo conserva su estructura, redes clientelares y presencia parlamentaria. En suma, esa capacidad de sobrevivir lo convierte en el único “partido estable” en un sistema altamente volátil.

Una segunda cuestión sería la aparente ventaja que pudo darle a Keiko Fujmori el recurso del efecto demostración en el debate frente a Roberto Sánchez; es decir, remitirse al recuerdo del gobierno de Alberto Fujimori. Mostrar un antecedente concreto (el gobierno de su padre) funciona como evidencia de que “sí se puede gobernar con firmeza”. En contraste, Roberto Sánchez careció de un referente histórico o familiar que legitimara su propuesta ante la población.

El “efecto demostración” es un recurso de legitimidad simbólica: tener algo que mostrar del pasado (aunque sea controvertido) da ventaja frente a un adversario que no puede exhibir antecedentes. En este caso, Keiko capitaliza la memoria de su padre como un activo político, mientras Sánchez aparece sin un referente histórico que respalde sus propuestas.

De esta manera, el recuerdo del fujimorismo divide, pero también moviliza. Para sus seguidores, es un argumento de confianza; para sus detractores, un motivo de rechazo. En un debate, sin duda, esa memoria puede ser usada como arma política para reforzar identidad y adhesión. Sin embargo, esa misma estrategia también refuerza la polarización y puede convertirse en un impacto en reversa, si la memoria negativa del fujimorismo es activada políticamente en sectores antifujimoristas.

Por eso, evocar el gobierno de Alberto Fujimori, lejos de ser un capital político estable, también podría funcionar como un impacto negativo para Keiko: refuerza la polarización, alimenta la oposición y condiciona la percepción de su gobierno como una reedición del autoritarismo noventero.

Un tercer aspecto es que, a diferencia de Keiko, el triunfo y la legitimidad política de su padre fue sostenida en gran medida por el voto rural que no sólo le dio la victoria en 1990, sino que cimentó el discurso de que su poder emanaba de “los sectores olvidados”, reforzando su legitimidad frente a las élites urbanas.

En 1995, el voto rural a favor de Fujimori superó el 70 % en varias regiones como fueron los casos de Cusco y Puno, resultó clave para su reelección y para la construcción de su legitimidad política, alcanzando alrededor del 62 % en regiones como Arequipa. Estos resultados jamás pudo repetirlos Keiko. Roberto Sánchez tampoco, pero quien sí superó estos porcentajes en Cusco y Puno fue Pedro Castillo.

“Voy a gobernar como mi padre”, es el lema que ha adelantado Keiko como distintivo de su posible gobierno. Y es en esa frase donde ha anclado su fracaso anticipado. No será la actividad de una oposición tan emocional como inorgánica; tampoco la falta de recursos. Será la constatación de que mirar hacia atrás sin comprender que ya nada es igual que hace treinta años, como indica la pérdida masiva del voto rural y, especialmente, del sur andino (Sánchez gana en 16 regiones, en 13 de ellas lo hace en todas las provincias y en 5 obtiene todos los distritos: Apurímac, Ayacucho, Cusco, Puno y Tacna). Ello solo corrobora que haber obtenido el 17% de los votos, imposibilita su posible gobierno y cualquier otro.

 

desco Opina / 26 de junio de 2026

Junín tras la segunda vuelta electoral

 

Al 98.999% del conteo oficial de la ONPE, Fuerza Popular (FP) seguía encabezando la elección de la segunda vuelta, las cifras fueron beneficiándola a medida que llegaban los votos del extranjero, convirtiendo a Keiko Fujimori en la ganadora de los comicios en el exterior del país; mientras que en el territorio peruano, Juntos por el Perú (JP) se imponía con un 50.144% de actas contabilizadas, frente a un 49.856% de FP.

El respaldo a JP se fue incrementando con una campaña renovada que convocó a nuevos rostros que provenían del espectro de la izquierda peruana como la Alianza Electoral Venceremos, y de otros sectores políticos como Ahora Nación. Su apuesta política enfocada en el acercamiento a la población, un mensaje moderado y la elección de un equipo técnico confiable, generaron las bases para que actores distantes al programa político original, apuesten sus cartas a la candidatura de Roberto Sánchez, quien, a más de una semana de las elecciones, ya ha expresado su gratitud a estos sectores: “Agradezco a todos los líderes del movimiento popular, movimiento social, el que nos puso en la primera vuelta, los líderes abiertos y sociales, culturales, académicos y muchos ciudadanos que han dicho voto crítico, voto fiscalizador y que resolvieron, creo con su vocación, de lograr este eventual triunfo en estándares de paz, justicia y reconciliación”. Cabe mencionar que su principal respaldo se reflejó en las regiones del sur como Puno, Apurímac y Cusco, territorios que hoy constituyen la fuente de resistencia y memoria frente a un posible gobierno fujimorista que replique lo hecho en los 90. En la zona central del país se evidencia el mismo fenómeno, principalmente en Huancavelica y Ayacucho.

En el caso de Junín se observó un repunte al respaldo de JP y un rechazo importante a FP, pese a que Keiko Fujimori eligió a esta región para sus actividades finales de campaña, como la celebración privada de su cumpleaños, evitando a la prensa local. Este hermetismo continuó en el mitin del día siguiente, al que arribaron buses con una portátil bien organizada procedente de Lima. Esta situación desató la reacción de ciudadanas y ciudadanos huancaínos que se movilizaron en rechazo a Fujimori, siendo víctimas nuevamente de un uso excesivo de la fuerza policial. No estuvieron exentas las promesas ridículas que Fujimori asintió como favorecer el consumo de cerveza a menor precio, al mismo estilo que López Aliaga.

Con tantos candidatos en carrera en primera vuelta, los votos se dividieron y la postulante fujimorista alcanzó el primer lugar con un porcentaje bajo; capitalizando esta falsa percepción del momento electoral en el que, al parecer, la región Junín se convertía en un “bastión fujimorista” teñido homogéneamente de naranja, ganando en seis de las nueve provincias que conforman esta región. Sin embargo, en el tramo final de la segunda vuelta, al 100% de las actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), JP se impuso con un 54.9%, derrotando al fujimorismo que obtuvo un 45%. La arrogancia mostrada, no solo de la candidata naranja, sino de toda su fórmula presidencial, se desdibujó con la ironía de cada una de sus acciones. O como lo llamaría el filósofo alemán Wilhelm Wundt la “heterogonía de los fines”, que explica cómo las consecuencias de nuestros actos a menudo escapan de nuestro control, en lugar de obtener el beneficio buscado, la intervención en el mundo genera un resultado imprevisto y perjudicial.

JP se impuso en ocho de las nueve provincias que conforman el territorio de Junín: en las provincias de la selva central como Satipo, alcanza un 57.46% frente a un 42.54% de FP; y en Chanchamayo, un 52.53%, mientras que FP un 47.47%. En la zona andina como Chupaca, JP obtiene 60.85%; en Concepción, 52.39%; en Huancayo capital de región, alcanza un 55.27%. En Jauja obtiene 52.32%; en Junín provincia logra un 66.27%; y en Yauli consigue 61.62%. Tarma es la única provincia de la región donde FP alcanza un 52.90% frente a un 47.10% de JP. Mostrando así que Junín no solo no es un “bastión fujimorista”, sino que, al igual que el sur del país, ha mostrado con su voto, un claro rechazo al modelo político representado por el fujimorismo, avalado por los grupos de poder que lo respaldan. Otras regiones del centro del país como Pasco con un 60.92% para JP; Huánuco, 64.15%; Huancavelica, 81.40% y Ayacucho, 79.31%; también son reflejo de esa misma realidad.

De poco sirvió la organización de fastuosas ceremonias, faraónicos cumpleaños, caravanas masivas que paralizan ciudades, o discursos que proclaman el inicio de una nueva era mesiánica, frente a la amplia ciudadanía que desde Junín y otras regiones del sur, votaron con memoria en defensa de la democracia.

 

 

desco Opina – Regional / 19 de junio de 2026

descocentro

Entre conteo y ruido: un país en hilachas

La lentitud del cómputo electoral ha vuelto a  poner a Perú  frente a un  espejo incómodo que  nos muestra como lo que  somos. El conteo y revisión de cada acta  pendiente se convierte en carburante para la ansiedad política, las sospechas y las narrativas extremas. Es la expresión de la desconfianza acumulada durante años hacia las instituciones (todas en crisis), los partidos, los medios y, finalmente, hacia los propios compatriotas. Pero lo es también de los miedos que atraviesan nuestra sociedad.

Conviene decirlo con claridad, el problema no es únicamente que Perú esté “dividido en dos”, imagen que sugiere bloques compactos enfrentados, cuando en realidad lo que tenemos es más peligroso: una sociedad fragmentada en múltiples desconfianzas que se traslapan, y atravesada por experiencias muy distintas del país. No son dos bloques equivalentes que discuten un proyecto común. Las regiones sienten que Lima no las representa, los sectores urbanos miran con desconfianza al voto rural, las débiles clases medias se angustian ante la posibilidad de perder la poca estabilidad económica lograda y los ciudadanos populares, del campo y las ciudades, reiteran su malestar y su cansancio por la exclusión y el maltrato. En ese terreno turbio, cualquier demora se interpreta como amenaza y el espacio para el diálogo se reduce.

Por eso reaparece el “fraudismo”: la idea de que una derrota solo puede explicarse por manipulación, sin pruebas sólidas, porque la sospecha se ha convertido en un recurso político rentable, al mismo tiempo que irresponsable y de confrontación peligrosa. Ante la desconfianza pública, la narrativa del fraude convierte la derrota posible en conspiración, y transforma al adversario en enemigo ilegítimo. El efecto no es sólo político, es cultural: se instala la idea de que ninguna institución merece confianza. Y sin confianza cada resultado se vuelve provisional y cada adversario, ilegítimo. Nuestro problema es que esa lógica erosiona más aún la legitimidad de quien gobierne y normaliza la idea de que la democracia solo vale si gana el bando propio.

Simultáneamente la economía envía señales contradictorias. El tipo de cambio se ha apreciado con fuerza y el sol se ha fortalecido. Algunos leen eso como un voto de confianza de los mercados; para otros, el mercado cambiario muestra otra dinámica, influida por factores externos –debilidad global del dólar, precios de minerales, entradas de divisas–. Es decir, un fenómeno transitorio que se explicaría por factores externos y la capacidad del Banco Central para contener expectativas. Vemos que podemos tener un sol fuerte y, al mismo tiempo, inversión paralizada, empleo precario, conflictividad social y un Estado incapaz de planificar. Confundir estabilidad cambiaria con estabilidad nacional nos parece un error ya que una moneda relativamente fuerte no oculta que, al mismo tiempo, padecemos una profunda debilidad política y social. Eso no significa que la economía esté bien. Significa, más bien, que el tipo de cambio no resume el estado del país.

Finalmente, otra gran señal está presente en la coyuntura: El Niño fuerte que se aproxima. La evidencia científica y los reportes especializados vienen advirtiendo desde hace meses sobre la alta probabilidad de lluvias intensas, inundaciones, daños severos en infraestructura y producción. También sequías y hambrunas. Sin embargo, la respuesta pública sigue siendo mínima. No hay ninguna sensación de urgencia. No vemos obras preventivas aceleradas, ni coordinación territorial, ni campañas masivas de preparación. No solo de un gobierno central sin rumbo, también de muchos gobiernos regionales, municipalidades, gremios empresariales, grandes propietarios y actores sociales que conocen el riesgo y, aun así, actúan como si el problema pudiera esperar.

Ese contraste revela algo profundo sobre nuestra crisis nacional. Discutimos hasta con odio sobre quién ganó, pero apenas si conversamos sobre cómo enfrentar un desastre climático anunciado. La política consume toda la atención y deja sin energía la gestión de gravísimos problemas reales y riesgos concretos: abastecimiento de agua, defensas ribereñas, prevención sanitaria, drenajes urbanos, protección de pequeños productores agrícolas. La política como espectáculo inmediato nos ha dejado sin atención a las tareas elementales de supervivencia colectiva de nuestro país.

¿Qué decir entonces? Tal vez que el verdadero desafío no es “cerrar” ya el proceso electoral, sino impedir que el ruido destruya la capacidad de actuar juntos frente a problemas concretos y reconstruir algunas bases mínimas de realidad compartida. La democracia no consiste solo en contar votos correctamente; también exige aceptar resultados, contener la desinformación y reconstruir mínimos de confianza entre ciudadanos que piensan distinto para actuar juntos, democráticamente, ante amenazas comunes.

El Perú necesita más sentido de realidad. Ni el fortalecimiento del sol resuelve por sí mismo la crisis de representación, ni las sospechas infundadas de fraude explican las frustraciones acumuladas del país por la desigualdad extrema, la exclusión, la discriminación grosera, las terribles carencias sanitarias y educativas o la seguridad alimentaria. Ese desbalance puede salirnos mucho más caro que cualquier resultado electoral. Y, sobre todo, ninguna disputa en esa materia suspenderá la llegada de El Niño más fuerte y sus consecuencias, desde cuando se tiene registro.

 

desco Opina / 12 de junio de 2026

Debate en el páramo

 

¿El “debate presidencial” puede, aunque fuere en mínima proporción, aumentar la confianza ciudadana hacia alguno o a ambos candidatos en contienda electoral? Parece una pregunta casi obvia que debiera responderse, para intentar establecer una base desde la cual imaginemos el lanzamiento del nuevo gobierno y crear fórmulas que le permitan una mínima estabilidad.

El pecado original compartido que, como es sabido, si ambos no sinceran sus posiciones los arrojará más temprano que tarde del paraíso democrático, es la casi inexistente legitimidad electoral de los dos. Ninguno superó el 20 % de los votos en la primera vuelta. En contraste, una democracia con enormes dificultades, pero, seguramente, con una base institucional infinitamente mayor que la nuestra como la colombiana, acaba de mostrarnos qué es un resultado significativamente político: el candidato de derecha Abelardo de la Espriella obtuvo aproximadamente el 43.7 % de los votos, seguido por el izquierdista Iván Cepeda con 40.9 %, y Paloma Valencia, en tercer lugar, con 6.9 %.

Para el caso, no olvidemos otros resultados en la primera vuelta electoral ocurridos en la región. En Chile (2025), la candidata Jeannette Jara (Partido Comunista) obtuvo el primer lugar con 26.85 % de los votos, seguida por José Antonio Kast (Partido Republicano) con 23.92 %. En Argentina (2023), Sergio Massa fue el candidato más votado con 36.7 %, seguido por Javier Milei con 30 % y Patricia Bullrich con 23.8 %. En Ecuador (2025), los dos candidatos más votados fueron Daniel Noboa (44.17 %) y Luisa González (44.00 %), En Brasil (2022), Luiz Inácio Lula da Silva obtuvo 48.43 % de los votos y Jair Bolsonaro 43.20 %. En Bolivia (2025), Rodrigo Paz obtuvo 32.06 % de los votos, seguido por Jorge Quiroga con 28.74 %.

El caso boliviano, a su vez, nos reitera que la legitimidad electoral es fundamental, pero no es lo único que sostiene a una autoridad electa. Gobernar exige más que haber ganado votos: requiere construir legitimidad política y social. Esto nos conduce a otros aspectos, que evidenció el “debate presidencial”.

Una primera cuestión es que las opciones en juego demostraron su limitada capacidad política, una por diseño y otro por impotencia. Fujimori no es ni desea ser un actor político democrático. Como su padre, su aspiración es gobernar demoliendo la institucionalidad y sin concebir oposición, apenas escondida por un seudo formalismo.

Sánchez intenta organizar una imagen más representativa, que abarque fundamentalmente a ese gran espacio social formado no sólo por los excluidos, sino también por aquellos que sienten que están al borde mismo del precipicio, aquellos que las estadísticas denominan ahora como “vulnerables”. Sin embargo, más allá de la voluntad, pareciera que su opción solo da para administrar, de forma más “social”, el sistema que demuele precisamente la sociedad que busca remediar, sin aspirar a alcanzar siquiera los estándares que alguna vez tuvo el Estado de bienestar.

Una segunda cuestión es el narcisismo político de ambos candidatos. Debaten para decirle al otro lo malo que es y, con ello, buscar resaltar sus atribuidas bondades mediante un penoso ejercicio de transferencias y contratransferencias en el que, finalmente, los supuestos contrincantes terminan siendo complementarios uno con otro.

De esta manera, se busca demostrar quién es más fuerte, más capaz o más “social”, en vez de discutir políticas públicas, desplazando así al ciudadano, que se convierte en espectador de un duelo personal, no en sujeto de propuestas. Así, lo que inicialmente aparece lejano –el ciudadano y la ciudadana–, se aleja aún más, cuando la política termina reducida a un espectáculo vacío y al que no ha sido invitado, lo que alimenta apatía y abstención.

El narcisismo político convirtió el debate en un escenario de autoafirmación, más que en un espacio de deliberación democrática. En ese sentido, lo que vimos el fin de semana entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez puede interpretarse como un reflejo de cómo la lucha por la imagen personal desplaza la discusión sobre el futuro del país.

La tercera cuestión para considerar es el hecho de que los candidatos informaron qué harían en caso de ser elegidos, pero no cuál sería el objetivo, ni qué resultado esperarían obtener. Esto fue palpable en temas como la seguridad ciudadana, en el que la idea fujimorista fue insistir en la aplicación de la fuerza: mientras más, mejor. Por su lado, Sánchez anunciaba, sin convencerse, una serie de reformas vagas de contenidos, al garete en objetivos y vacías de resultados.

En sus fantasías, la inseguridad nunca ha sido un problema social y la convirtieron, esforzándose en no salir del sentido común imperante, en uno policial-militar, o mejor dicho, en un asunto burocrático y no de movilización social. En esto no hay diferencias, ni siquiera matices ideológicos. Como sabemos, todo lo que se dijo sobre este tema, ya se ha hecho y los tristes resultados están a la vista.

A estas alturas, pareciera que el ansiado objeto del deseo de los y las peruanas, es la inalcanzable confianza entre ciudadanía y gobernantes. Algo que el ensimismamiento de los contendientes presidenciales solo atiza. El problema, entre muchos otros más, es que la desconfianza hacia las instituciones alimenta la polarización y la fractura social, permitiendo que las brechas de desigualdad se expandan aún más: unos pocos centralizan y concentran la riqueza mientras la mayoría se queda atrás.

 

desco Opina Regional / 5 de junio de 2026

La segunda vuelta y la memoria

 

La segunda vuelta no comienza con la proclamación oficial de resultados. Empezó antes, con la difusión de nuevas encuestas. Esta vez mostrando un escenario de empate técnico: dos candidaturas bordeando el 38% y un país que, antes que decidir, parece, por ahora, contener el aliento. Las candidaturas entran a una fase de contraste, donde aparece un elemento importante que no se puede esquivar: la memoria de las peruanas y peruanos sobre lo vivido desde la elección de Pedro Castillo y lo que siguió.

Ese dato tiene implicancias concretas. Anticipa una campaña más disputada, más agresiva y un cambio en el terreno del debate. Las promesas generales y los lemas de la primera vuelta no serán suficientes. En ese campo, el fujimorismo no llega en blanco. Lo hace con un registro de decisiones tomadas en el Congreso durante el período 2021–2026, donde su bancada ha tenido un rol sostenido en la articulación de mayorías, que muchos analistas han denominado “pacto mafioso”: una coalición parlamentaria funcional a sus intereses particulares, articulada no necesariamente por orientación ideológica, para sacar adelante votaciones clave, incluyendo el debilitamiento y captura de instituciones como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación.

No han sido episodios aislados, sino parte de un patrón que, bajo el discurso de “orden” y “seguridad jurídica”, ha impulsado normas duramente cuestionadas por sus efectos: debilitamiento de herramientas contra el crimen organizado, desprecio y riesgo de impunidad en materia de derechos humanos, restricciones a la acción de organizaciones civiles y ONG, retrocesos groseros en políticas de género y un uso recurrente del mecanismo de la insistencia legislativa para promulgar leyes frente a observaciones técnicas, que no se tomaron en cuenta. Todo esto tiene consecuencias que también se reflejarán en los votos. Ya más del 70% de quienes integraron esas mayorías congresales de facto, han sido rechazados por los votantes en su pretensión reeleccionista.

Estos procesos tienen efectos concretos. En el campo, los trabajadores agroindustriales siguen encasillados en esquemas precarios mientras se mantienen beneficios tributarios al sector. En la Amazonía, la presión sobre territorios y el avance de economías ilegales (tala ilegal, producción de cocaína y extracción de oro con dragas) continúa sin ninguna respuesta estatal consistente. En las ciudades, las clases medias y populares enfrentan servicios públicos precarios e ineficientes (salud, educación, agua potable y transporte público) y sistemas previsionales indecorosos. En los sectores urbano populares, las brechas estructurales persisten sin cambios, sin que ninguna ley declarativa –que han sido muchas– logre contentar a la tribuna. La inseguridad y la violencia delictiva que atraviesan el país son su manifestación más visible.

La discusión del balotaje, por tanto, no es sólo sobre cada medida; lo es sobre la dirección que éstas configuran. Esa orientación es la que ahora busca validación electoral, justamente cuando la memoria aparece como relevante para decidir el voto, no solo por el contenido de cada medida producida y concertada por el pacto mafioso, sino porque emerge la figura de quien ha manejado la batuta de esa concertación de intereses que busca validación electoral: Keiko Fujimori y la orientación política derechista y ultra conservadora que se aupó para controlar el Poder Ejecutivo y el gobierno de la nación.

El país llega a este momento atravesado por varias fracturas: entre fujimorismo y antifujimorismo, pero también entre derecha e izquierda, entre norte y sur, entre Lima y el resto del país. Son divisiones que se superponen y que hacen que el voto sea, al mismo tiempo que político o ideológico, también territorial, social y hasta emocional o de abierto conflicto reivindicativo. A ello se suma un contexto internacional más inestable de tensiones geopolíticas, conflictos bélicos, realineamientos internacionales y volatilidad económica. Todos ellos afectando en variables clave del país, como precios, empleo e inversión. La política interna no puede discutirse aislada de ese contexto.

En ese marco, la pregunta no es quién gana, sino con qué agenda lo hace. La campaña que sigue exigirá definiciones más claras sobre institucionalidad, derechos, seguridad y servicios públicos, pero también sobre la relación entre discurso y práctica. El fujimorismo enfrenta aquí un punto crítico: su narrativa apela al orden, pero su comportamiento legislativo reciente es parte central del cuestionamiento. Puede intentar reposicionarse o matizar su discurso, pero el registro de sus votaciones congresales existe. Incluso puede ensayar cínicamente hasta una autocrítica. Pero en política, como en la vida, hay cosas que no se borran con una conferencia de prensa.

El electorado no decide sobre una hoja en blanco, sino sobre una acumulación de decisiones y sus consecuencias. En ese contexto, la memoria deja de ser un recurso retórico. Se vuelve un criterio de decisión.

 

desco Opina / 30 de abril de 2026

Una historia repetida

 

A cinco días de la primera vuelta electoral, aún desconocemos quién será el rival de Keiko Fujimori y Fuerza Popular en la segunda vuelta, quiénes los integrantes del Congreso futuro y cuáles las fuerzas que controlarán al Senado todopoderoso. Sin embargo, es meridianamente claro que no estamos asistiendo a un proceso electoral “normal”. Lo sabíamos desde un inicio, porque se trata de uno diseñado por un congreso mafioso y autoritario que, convertido ya en primer poder del Estado, busca perpetuarse en el gobierno y lo diseñó a su imagen y semejanza.

Como se recordaba en un artículo publicado el día mismo de las elecciones, la democracia es el gobierno de las mayorías con el respeto al derecho de las minorías. En nuestro país, aquellas se fragmentaron aceleradamente por la perversión de las reglas de juego, consagrándose el imperio de las segundas. La alianza de facto de Fuerza Popular, Renovación Popular, APP, Avanza País, Somos Perú, Podemos, AP y Perú Libre, destruyó la frágil institucionalidad democrática, el estado de derecho e incluso la persecución del crimen, todo en su beneficio. En ese proceso, la frivolidad de un Congreso lleno de privilegios que hoy cuesta 1768 millones de soles, más del doble de lo que costaba el 2022, así como su grosero desprecio por sus electores, explican el profundo rechazo que generan en la población, rechazo que, como es obvio, comparten los partidos políticos.

La cédula de votación, 44 cm x 21 cm, era el símbolo perfecto del desorden y la confusión que podían producirse el 12 de abril. Cinco columnas para igual número de elecciones simultáneas, 37 agrupaciones en competencia y varios miles de aspirantes en pugna, hablaban de la elección con más candidatos en los últimos 60 años en toda la historia nacional. La eliminación de las Elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) multiplicó el número de partidos y abrió las puertas a agrupaciones que no habrían superado los filtros de procesos anteriores, asegurando una arquitectura electoral que asegurara el acceso al gobierno y a la representación con números irrelevantes. En otras palabras, la decisión de prolongar la situación que ya se observaba desde años atrás, manteniendo la baja legitimidad de origen de los parlamentarios. Recordemos que Fuerza Popular, con el 39.8% de los votos, logró el 56.15% de los congresistas el 2016, mientras que la alianza de facto que controla el actual Congreso, sin contar los votos de Perú Libre, no alcanzó ni el 15% del voto emitido.

Lo que no era tan previsible fue el naufragio de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la organización de la votación. Retrasos significativos en la distribución del material electoral, problemas con el funcionamiento y las conexiones de las computadoras o ausencia de éstas y locales inadecuados se fueron evidenciando en Lima desde las primeras horas. Finalmente, 52 261 electores en Lima se quedaron sin ejercer su derecho, porque no se pudieron instalar 187 mesas de votación en varios distritos del sur de la capital. La incapacidad de la ONPE para responder a una situación que generaba malestar creciente y la pronta reaparición de López Aliaga denunciando un fraude en su contra, retomando una letanía que había iniciado semanas atrás y que incluía, desde entonces, una amenaza directa a Corvetto, enrarecieron rápidamente el ambiente y en pocas horas asistimos a una acelerada película que permite múltiples sospechas, y que debe ser aclarada pronto.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para salvar su indiscutible responsabilidad en los problemas suscitados, el Ministerio Público y la Policía, todos atrás del cuento del fraude, enfilaron contra Corvetto como responsable único y avanzaron en su afán de encontrar delito y flagrancia, incluyendo la detención y la exhibición de un funcionario esposado. Para entendernos, las gruesas fallas logísticas de la ONPE, los silencios y las importantes omisiones de su máxima autoridad, más allá de afectar de distinta manera el voto de más de 850 000 personas, exigen investigación inmediata y profunda, pero no justifican ni las denuncias de fraude ni la cacería de chivos expiatorios desde un Estado en derrumbe y en creciente deriva autoritaria (Nicolás Vargas en “Un golpe silencioso; un golpe perfecto”, La República 17 de abril de 2026). Mientras no se presenten pruebas, insistir con el argumento linda con el delito. El asunto es tan grosero que Keiko Fujimori hizo un llamado a la calma y a no hablar de fraude, cierto que como preámbulo a recordar que “el enemigo es la izquierda”, mientras distintos abogados, insospechables de izquierdismo, como César Nakazaki, insisten en que no se puede usar el derecho penal en este momento.

En medio de ese escenario, la gente participó y votó masivamente el domingo 12 porque asumió que con el voto también se lucha. Los resultados hasta el momento, así lo demuestran. Más allá de quién competirá con Fuerza Popular en la segunda vuelta, lo que es indiscutible es la lista de quiénes desaparecen del Congreso, sentenciados sin apelación. A César Acuña y APP, José Luna y Podemos, Avanza País y sus ruidosos voceros, Somos Perú con su triste paso por la presidencia del país, el huidizo Cerrón y su Perú Libre, así como a los viejos partidos históricos –APRA, PPC y AP, previamente suicidada –, les quedará como consuelo su eventual participación en las elecciones subnacionales de octubre. Los electores no se perdieron en la fragmentación ni en las dificultades del proceso mismo, decidiendo recordar y castigar.

El competidor de la señora K en la segunda vuelta difícilmente se definirá en las próximas horas. Hay más de 5400 actas impugnadas en el país, 18.8% en Lima. Los personeros naranjas y celestes se las reparten, priorizando muchos de los territorios en los que ganó Sánchez, en un proceso electoral cuya calidad ha sido seriamente afectada, involucrando la representatividad de los resultados y aumentando la polarización y la desconfianza de la ciudadanía. A la incontinente violencia verbal del exalcalde limeño se suman periodistas que no dudan, por ejemplo, en calificar de “ignorante, revanchista y odiador” al voto del sur, así como una derecha que no aprende y que mira como rojo y peligroso todo lo que no ve el mundo como lo hacen desde sus intereses y sus miedos. En este escenario, los próximos días las denuncias de fraude se multiplicarán, seguramente desde el lado de los candidatos en pugna, pero también de sectores del electorado y de poblaciones que sentirán que atrás de las acusaciones de fraude está el interés de desconocer su voluntad.

Como lo señaló un analista, citando a Marx, la historia se repite dos veces: la primera como tragedia, la segunda como farsa. Recordemos que a la segunda vuelta concurrirán dos candidatos, no importa si López Aliaga o Sánchez, que sumados a Fujimori no representan al 30% de los electores.

 

 

desco Opina / 17 de abril de 2026

Encargado presidencial, Congreso y contexto electoral

 

Perú enfrenta una crisis política de proporciones sistémicas. Nada menos que el encargo de la Presidencia de la República al congresista Jerí recae en un mandatario interino hoy señalado por serias sospechas de múltiples delitos, lo que profundiza la percepción de ilegitimidad de las instituciones públicas y amplifica la desconfianza ciudadana en el sistema político.

El funcionario que hoy ocupa la Presidencia se encuentra bajo investigación por una serie de presuntos ilícitos que incluyen al menos tres acusaciones: corrupción en la contratación pública, tráfico de influencias y asociación ilícita mediante la posible existencia de redes que operan desde el Estado para beneficio de ciertos grupos económicos y partidarios. Estas acusaciones no solo afectan su legitimidad, sino que colocan al país en una crisis de gobernabilidad: una vez más un presidente con investigación penal enfrenta la obligación de responder a la justicia y, simultáneamente, dirigir un Estado fracturado. Esta circunstancia no es un hecho aislado, sino el resultado de un largo proceso de erosionamiento de la autoridad estatal, la captura del Estado por redes clientelares y la normalización de prácticas corruptas al más alto nivel.

El Congreso de la República, lejos de funcionar como un órgano de control y equilibrio, se ha consolidado como el epicentro de un pacto político-electoral mafioso que prioriza intereses particulares por encima del interés general. Nos enfrentamos a la ambivalencia de muchos congresistas –y también de las bancadas– que se manifiesta en la carencia de una postura ética clara: se alterna entre la retórica de “defensa de la institucionalidad”, y el apoyo tácito a prácticas que favorecen a los investigados, dependiendo de conveniencias coyunturales.

También en negociaciones opacas sobre la continuidad o censura provenientes del Ejecutivo, que han migrado de debates públicos a acuerdos informales entre cúpulas partidarias. Constatamos así, una pasmosa inacción del poder Legislativo frente a estos escándalos: más que fiscalizar, el Congreso ha evitado investigaciones profundas que podrían implicar a sus propios miembros o alianzas, priorizando la preservación del poder compartido.

El doble discurso del fujimorismo, Alianza para el Progreso y otros actores de un sector de las izquierdas es innegable. El fujimorismo, por un lado, se declara defensor del orden, la estabilidad y la lucha contra la corrupción, mientras apoya acuerdos que preservan su influencia política, incluso si implican avalar a figuras bajo investigación en un discurso que evidencia una priorización del poder sobre la coherencia ética y la transparencia. De forma similar, Alianza para el Progreso, bajo la conducción de César Acuña, exhibe una retórica moderada y tecnocrática que pretende diferenciarse de las acusaciones de corrupción generalizada, respaldando decisiones que favorecen la permanencia del statu quo político, diluyendo así cualquier postura de ruptura con el modelo de captura de poder que se practica.

Todo esto se trenza faltando menos de dos meses para las elecciones generales en un escenario caracterizado por un padrón de opciones excesivamente fragmentado. Con casi 180 casilleros en la cédula de votación se complica la decisión racional de los electores, lo que sin duda producirá un alto número de votos anulados por la complejidad de la boleta que se usará.

Asimismo, la fragmentación electoral beneficia a los grupos hoy presentes en el Congreso, quienes además de disponer de más recursos para la campaña, han diseñado el sistema y –más o menos– controlan al Jurado Nacional de Elecciones. En este escenario, por ejemplo, la forma de elegir al Senado, que es el centro del poder que se instale, beneficia la elección de cuatro senadores por Lima, donde se concentra la votación de derecha extrema, como lo evidencian las simpatías por López Aliaga.

Esto ocurre en medio de una campaña poco informativa en la que la mayoría de candidaturas carece de propuestas claras y detalladas, centrándose en lemas genéricos, en confrontaciones personales o trayendo propuestas francamente estúpidas como la entrega de DNI a los fetos o la construcción de un aeropuerto internacional en Oxapampa, entre las varias formuladas por el candidato de Renovación Popular.

Finalmente, el ambiente de desencanto político ha generado un alto desinterés electoral. Lo muestran todas las encuestas recientes que revelan niveles crecientes de apatía y de abstencionismo, particularmente entre jóvenes y sectores populares. Esto, a nuestro entender, se explica por diversos factores como el serio déficit de información a consecuencia de la carencia de medios efectivos de difusión de las propuestas, y la inexistencia de una educación cívica robusta que permitiera a la mayoría de votantes evaluar críticamente a los candidatos. A nadie sorprenderá entonces, que esta situación probablemente desemboque en que muchos ciudadanos voten por identidad de grupo, influencias mediáticas o endoses superficiales, y no sobre la base de propuestas concretas o planes de gobierno viables. El resultado previsible es el sacrificio de la calidad del proceso democrático y el consecuente cuestionamiento de la legitimidad de los resultados, independiente de quién resulte elegido por un electorado desinformado y desinteresado, enfrentando una cédula de votación confusa y desarticulada.

Preocupa, sin duda, que este cóctel de factores nos conduzca a un ciclo político por lo menos tan incierto como el actual, donde las decisiones tomadas en las urnas no se traduzcan en estabilidad, transparencia o progreso institucional para nuestra patria. Toca a los ciudadanos más conscientes hacer un esfuerzo especial para intentar evitar este oscuro escenario ad portas.

 

desco Opina / 6 de febrero de 2026

 

La crisis viviente del Perú

 

Desde hace varios años Perú vive en una tensión constante entre la inercia y la crisis. No es un país en guerra ni sumido en una catástrofe económica, pero parece moverse hace ya una década por un sendero sumamente peligroso, el de la desconfianza estructural.

Desde la elección del presidente Kuczynski, hemos vivido una sucesión incesante de presidentes, renuncias y destituciones que han desgastado la fe pública. La crisis institucional entonces no es coyuntural, sino estructural: un Congreso fragmentado, partidos sin bases reales y una ciudadanía desconfiada que ve en la política una arena de intereses privados más que un espacio de representación. Una democracia que todos los días fue perdiendo sustancia desde hace buen tiempo.

En medio de esa grave crisis política de legitimidad del régimen político, la sociedad peruana pasa por un nuevo momento de agitación. Las protestas ciudadanas han estallado y la gente ha salido a las calles impulsada por grupos de la llamada generación Z. Esto, como se conoce bien se ha desencadenado por el aumento incesante de la inseguridad: las extorsiones, el sicariato y los asaltos que se multiplican en Lima y en las ciudades del norte, mientras que el Estado aparece débil o ausente para el ciudadano común.

La violencia cotidiana se ha vuelto parte del paisaje urbano. Todo parece formar parte de los rasgos destacados de un nuevo orden promovido por la alianza corrupta que gobierna el país desde el Congreso. La sensación de inseguridad general no solo erosiona a diario la confianza ciudadana, sino que golpea la economía, encareciendo seguros, transportes y servicios básicos. La prensa, principalmente la extranjera, destaca con alarma la expansión del crimen organizado, muchas veces vinculado a redes de minería ilegal, tráfico de migrantes y narcotráfico.

La política, la economía, los medios y la vida social coexisten bajo un aire de sospecha y agotamiento en lo que, para algunos observadores, es una paradoja: la estabilidad económica en medio del caos político que año a año se profundiza. Para muchos peruanos y peruanas eso es simplemente la nueva normalidad. Perú sostiene una macroeconomía sólida en los indicadores (mantiene cifras macroeconómicas envidiables para la región, con baja inflación y reservas sólidas), pero frágil en la práctica.

The Economist suele describir al Perú como un “régimen en piloto automático”, donde las instituciones funcionan sin rumbo ni liderazgo legítimo, en medio de la sucesión de presidentes destituidos y congresos fragmentados hasta el extremo. No hay una narrativa nacional coherente. Tampoco hay un proyecto de país, solamente una administración rutinaria del desencanto. En este escenario, la corrupción ya no es estrictamente escandalosa, sino cotidiana porque actúa como el lenguaje común de la clase gobernante, y la población reacciona, no con indignación, sino con un cansancio resignado.

El país continúa dependiendo del sector extractivo, mientras los conflictos en torno a las minas paralizan carreteras y dividen comunidades. El modelo que se aplica en la práctica crece sin distribuir, y la desigualdad territorial y social se profundiza como una cicatriz visible: un Perú urbano bastante conectado al mercado global y otro, rural y excluido, que por ahora observa desde los Andes. Finalmente, otra vulnerabilidad profunda corroe a la sociedad: el empleo informal supera el 75%, la productividad se estanca y los conflictos sociales ligados a la minería se multiplican. La riqueza generada por los recursos naturales no se traduce en cohesión social. La paradoja peruana es que su economía resiste, pero no prospera. La inversión privada duda ante la incertidumbre política, mientras el Estado exhibe una ineficiencia creciente que frena la ejecución de proyectos públicos, no por falta de recursos, sino por falta de dirección.

A la persistencia de las enraizadas brechas étnicas y regionales, se suma en estos tiempos el descrédito de la clase media urbana, que durante dos décadas creyó en el mito del progreso individual. Hoy, los jóvenes sienten que el ascenso social prometido no llegará nunca, y se refugian en formas de resistencia cultural y digital. Mientras tanto, las mujeres organizadas y las comunidades indígenas, históricamente marginadas, emergen como los pocos actores que intentan redefinir lo político desde lo cotidiano. En contraste, el machismo, la desigualdad y la violencia policial siguen marcando el pulso del país.

El debate público actual es un campo de batalla de intereses mediáticos más que un espacio de deliberación. Las redes sociales amplifican rumores y los medios tradicionales se han polarizado. Esta desinformación, creemos, no es un accidente, sino una forma de control: mantiene a la ciudadanía confundida como una estrategia de poder de quienes gobiernan. Así, la verdad se ha vuelto un bien escaso, y la ironía, un mecanismo de defensa colectiva.

El Perú, sin embargo, como nación no está al borde del colapso, aunque vive en un estado de precariedad institucional crónico. Su estabilidad es otra paradoja: descansa no en la confianza, sino en la costumbre del conflicto. Política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía; funcionan porque no tienen otra alternativa.

Somos parte de un país que sigue adelante, aunque nadie sepa muy bien hacia dónde. En esa extraña calma reside tanto su tragedia como su fuerza: el Perú ha aprendido a vivir con el caos, pero no a transformarlo.

 

desco Opina / 17 de octubre de 2025

Después de mí, el diluvio

 

A inicios de junio, el entonces exministro del Interior, Juan José Santiváñez, estaba siendo procesado por un supuesto soborno de 20 000 dólares a miembros del Tribunal Constitucional, para beneficiar a un investigado. Por eso, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida del país por 18 meses.

Dicha medida cautelar se adopta para evitar el riesgo de fuga o el entorpecimiento de la investigación, existiendo varios otros casos emblemáticos, como el de Betssy Chávez, que tiene diez meses de impedimento de salida, por supuestamente acreditarse “sospecha suficiente” y riesgo procesal en el juicio oral. También está el de Martín Vizcarra, cuya cautelar fue levantada luego de algunos cambios legislativos y que la Corte Suprema considerara otros criterios para evaluar su caso.

El 23 de agosto, Santiváñez regresó al Gabinete ministerial como titular de Justicia, luego de haber sido censurado por el Congreso cuando conducía la cartera del Interior. Un par de semanas después, estaba viajando a Ginebra, Suiza, para participar en el 60° Período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Para ello, fue necesario que un juez “suspendiera” por cinco días el impedimento de salida vigente que pesaba en su contra.

La sucesión de despropósitos, tan característico de los actuales gobernantes del país, no iba a implicar, como siempre, ningún mínimo esfuerzo para conocer hacia qué objetivo se encaminaban.

Veamos. Difícil ubicar a alguien con confusiones tan mayúsculas como Santiváñez, como para ir a “plantar cara” de la manera como lo hizo, a los funcionarios de Derechos Humanos de la ONU. Aseguró tajante, que el Perú seguirá evaluando su permanencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en respuesta a las resoluciones de la CIDH contra la ley de amnistía.

Defendió la promulgación de esta ley a favor de militares y policías procesados y sentenciados por delitos contra los derechos humanos, al asegurar que ella se dio respetando la separación de poderes y “como respuesta al terrible ataque del terrorismo que pretendía quebrantar la democracia y el Estado de derecho, generando un gran sufrimiento en nuestro pueblo”.

En la víspera, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, había dicho que la ley de amnistía representaba “un retroceso para la justicia y la verdad”.

Al día siguiente, a manera de “refuerzo definitivo” de lo manifestado por su ministro, la señora Boluarte aseguró que no iban a permitir “injerencia de ningún organismo internacional” para preguntar luego, en tono desafiante, “¿dónde está la reparación civil para la patria, para nuestro Perú que amamos, por los 20 años que lo han condenado al hambre, al terror? A ellos, los de la Corte les pregunto, ¿dónde está nuestra reparación, ¿dónde está la reparación civil para los 70 000 peruanos que fallecieron en manos de estas mentes insanas de Sendero Luminoso y el MRTA?, ¿dónde está la reparación civil para ellos?”

Como lo leen. La señora Boluarte, mostrando mejor que nunca la behetría mental que la caracteriza, se hizo una pregunta que ella, y sólo ella, debió responder, porque el sujeto exclusivo de obligaciones ante las víctimas del Estado es el Estado mismo.

El retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sería un giro histórico con consecuencias profundas en múltiples niveles como, por ejemplo, la pérdida de acceso a la Corte IDH para las víctimas de violaciones de derechos humanos, cuando las vías internas se agoten.

También está el debilitamiento del control convencional, que exige que las leyes y sentencias nacionales se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos; asimismo, la desvinculación de otros tratados interamericanos –además del Pacto de San José– como los que protegen contra la tortura, la desaparición forzada, la violencia de género, los derechos de adultos mayores, las comunidades indígenas, las personas LGTBIQ+, las víctimas de violencia estatal y otros grupos vulnerables, que perderían así una instancia clave de protección.

Esto quiebra definitivamente el Estado de derecho, ya que el SIDH, especialmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido un pilar externo de garantía cuando las instituciones internas fallan o se politizan.

Toda esta destrucción institucional solo es entendible como parte de las medidas preventivas para la autoprotección de la gobernante y sus socios, como revelaría la decisión del Congreso, tomada el 12 de setiembre, al archivar la denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes ocurridas durante las protestas entre diciembre 2022 y febrero 2023.

 

desco Opina / 19 de setiembre de 2025

¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025