Las
elecciones regionales y locales tienen la virtud de marcar, por defecto,
algunos aspectos que podrían devenir en claves para la formulación de una
agenda política de izquierda. Por ejemplo, ¿Cómo se está pensando desde estos
ámbitos cuestiones tan importantes como pueblos indígenas, comunidades
campesinas, concesiones mineras y territorialidad? Este es sin duda un asunto
decisivo para la construcción de un país democrático e inclusivo.
Según el IV Censo Nacional Agropecuario, en el país existen un total de 7,599
comunidades, de las cuales 6,277 son comunidades campesinas (94% ubicadas en la
Sierra) y 1,322 comunidades nativas (99% ubicadas en la región amazónica), las
que conducen el 60% de las tierras agropecuarias, pero la mayor parte sub-explotada
y en descanso.
Por otro lado, sólo el 3,3% de las
comunidades campesinas y el 1,1% de las nativas tienen títulos de propiedad
inscritos en Registros Públicos. En parte, esto ocasiona que únicamente el
10,6% de las comunidades campesinas y el 2% de las nativas reciban servicios de
asistencia técnica, capacitación y asesoría empresarial, mientras que en acceso
al crédito no llegan ni al 1%.
Asimismo, el 1.39% del
territorio de comunidades nativas y el 49.63% del de las comunidades
campesinas tienen superpuestas concesiones mineras.
Frente a esta realidad, la pregunta que surge inmediatamente es ¿Dónde está el
Estado?
Estos datos generales son
suficientes para entender en toda su magnitud el neo-liberalismo salvaje que ha
venido imponiéndose en el país, sin considerar mínimamente los derechos que
asisten a los titulares de los recursos, en este caso, las comunidades rurales.
Más aun, esta es una realidad
que, al parecer, no cala por ningún lado en el aparato público: las comunidades
son entidades invisibilizadas pues no están geo-referenciadas y los únicos
esfuerzos en ese sentido son privados, como es el caso del Instituto del Bien Común
(IBC). Incluso, lo que pasa con la tierra es altamente probable que también
esté sucediendo con otro recurso fundamental: el agua.
Entonces, si lo que se busca
es construir una agenda desde las organizaciones indígenas, es necesario
incorporar todos estos factores bajo una dimensión más amplia –el territorio– y
formular desde éste una propuesta con visos programáticos. En esa línea, el
espacio regional sería el ámbito más adecuado para el despliegue político de
estas posiciones.
De esta forma, desde las
regiones deberíamos empezar a superar una manera de construir el territorio teniendo
como eje la mega-infraestructura, como ocurre por ejemplo con el IIRSA, que
desde la perspectiva indígena resulta tan complicada como las concesiones
mineras, apostando más bien por la consolidación de una territorialidad que
tenga a los pueblos indígenas como uno de sus factores movilizadores.
desco
Opina / 26 de setiembre de 2014
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