Los olvidos que duelen

A pocos días de haberse cumplido treinta años de la terrible desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por acción del grupo paramilitar Colina; y de haberse hallado en Londres una caja con restos humanos de probablemente cinco de los estudiantes, es necesario interpelarnos y preguntarnos cuánto hemos hecho como sociedad para evitar hoy y en el futuro sucesos inhumanos como éste. 

Claramente no hemos sanado esa herida profunda que sigue sangrando; estamos lejos de ser una sociedad tolerante y solidaria, capaz de mirar más allá de sus narices y comprender y respetar sus diversas formas de pensar, sentir y existir. Nuestras actuales autoridades nos muestran cotidianamente con acciones y declaraciones la vulneración recurrente de lo poco que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos y de políticas que buscan mitigar la discriminación y el racismo. Es vergonzoso y lastima que se mantengan y perennicen usos coloniales que se creían ya superados y que reafirman la urgencia de romper esa lógica perversa que se mantiene viva en relaciones de poder que son clasistas y racistas. 

No debe sorprender en consecuencia que se empuje con empeño una corriente de opinión negacionista que pretende reescribir nuestra historia, esa que a ciertos sectores de nuestro país les parece incómoda y asusta, pero que con amor, memoria y dignidad se ha construido y ha resistido. No es casual que tengamos como presidenta del Congreso a un personaje con fuertes rasgos autoritarios y racistas, que sigue creyendo que nuestro país se divide entre blancos e indios, comportándose con frecuencia prepotentemente y expresando con nitidez a la idiosincrasia política más arcaica, conservadora y antiderechos del país. 

No es casual que desde el Congreso de la República se reivindique y se blinde a Merino y compañía mediante interpretaciones sesgadas de la ley y lecturas interesadas y tergiversadas de lo sucedido en las protestas de noviembre de 2020. Tampoco lo es que se archiven acuerdos internacionales que buscan proteger a defensores ambientales, dejando en la impunidad la muerte de líderes indígenas y los atropellos a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. No es casual que un sector de la prensa capitalina esté alineada a un manejo de la información poco objetivo e inhumano, que más allá de denunciar hechos delictivos vinculados al gobierno, frecuentemente tergiversa la realidad y a nombre de la libertad de expresión es capaz de ridiculizar a quienes cultural e ideológicamente no son como ellos. Su ligereza es funcional al afán de un sector de las clases privilegiadas que desconocen la legitimidad y la ciudadanía de los pueblos indígenas.  

 Resulta indignante que se llegue a banalizar el sufrimiento de miles de familias, invitando al público a experimentar cómo viven las comunidades de Puno a causa del friaje, tragedia que es propiciada por la incapacidad de nuestro sistema político y económico, pero que es trivializada  por empresas que instrumentalizan la precariedad para generar mayores réditos. 

Todo ello suma a esta estigmatización que se construye desde estereotipos de raza y género, por ejemplo, dando carta libre para la censura de lo diverso y de aquello distinto a lo que hegemónicamente se busca instaurar bajo el discurso de la integración nacional moderna, que defienden distintas voces del poder como María del Carmen Alva.  Resulta claramente condenable la normalización de este “racismo blando” apañado por un Estado que invisibiliza nuestra diversidad, limitando por un lado el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que no pueden acceder a condiciones de vida digna, y obligando indirectamente a una renuncia progresiva de la autoidentificación cultural para encajar en la lógica aspiracional de desarrollo y crecimiento individualista que promueve el neoliberalismo.  

desco Opina / 22 de julio de 2022

descoCiudadano

Erre que erre

Una medición de opinión pública del mes pasado registraba que 67% de encuestados y encuestadas consideraban que, en materia de progreso en el país, estábamos retrocediendo. El porcentaje más alto de desesperanza y malestar desde inicios de la década del noventa del siglo pasado, cuando se empezó a hacer esta pregunta. Ese mismo mes, las dos principales mediciones políticas nacionales indicaban que la desaprobación del mandatario alcanzaba 70% en un caso y 71% en el otro, mientras la del Congreso de la República llegaba al 75% y al 85% según fuera el caso.

A menos de un año de la instalación de ambos poderes, es evidente que la situación va cuesta abajo en la rodada. Julio, mes de la patria y de los circos, este año parece que será más de los segundos. Tras once meses de constantes enfrentamientos que empezaron con la cantaleta del fraude electoral, que devinieron pronto en los intentos de vacancia presidencial y las voces que amenazaban con el cierre del Congreso, seguimos en lo mismo. Tanto, que incluso las denuncias iniciales de la trampa electoral continúan navegando en las investigaciones que lidera un congresista náutico, En esencia, oficialismo y oposición, Ejecutivo y Legislativo, continúan en su empeño de destruir al adversario y en ese camino profundizan la polarización que vivimos y están arrasando con lo poco que había avanzado el país. Erre que erre cada uno en su negocio de supervivencia y reproducción.

Las últimas semanas, el Ejecutivo y el mandatario, asediados desde distintos flancos que alimentaron sistemáticamente desde su instalación en el gobierno, presentaron su polémico proyecto de ley sobre el papel de los fiscales, las investigaciones reservadas y su relación con los medios, que más allá de sus eventuales razones, busca frenar a éstos y a los periodistas en un contexto en el que la multiplicación de denuncias e indagaciones judiciales se acrecienta para beneplácito de quienes buscan liquidar al gobierno y multiplican sus ataques. En ese escenario de asedio, el Primer Ministro, haciendo gala de su tino político, recuerda nuevamente a Hitler; si la primera vez que lo hizo fue con ambigua admiración, ahora lo hace como abierta anatemización, consiguiendo en ambas oportunidades portadas y titulares que no le disgustan.

Buscando responder a un sector de su clientela, el Ejecutivo intervino la Derrama Magisterial, una empresa de derecho privado y controlada por la Superintendencia de Banca y Seguros, en una decisión cuestionable y con nombre propio, que le abrirá al Ejecutivo y al mandatario en particular, un nuevo escenario de confrontación. Todo ello sin olvidar el cotidiano y lamentable surgimiento de parientes y paisanos aprovechando el vínculo para sus negocios privados y trapacerías, denunciados por personajes similares que buscan reducir el castigo por sus propios delitos.

Durante los mismos días, el Congreso y su Presidenta, ya especialista en agresividad y discriminación a estas alturas del partido, continuó acumulando sus propios méritos. Protegiendo a varios de sus propios clientes, la Mesa Directiva aprobó a fines de junio una bonificación extraordinaria para el personal de confianza y otra para todos los trabajadores del Congreso, que rondaría los 70 millones de soles. Para que no queden dudas de su talante y corazón, no contentos con blindar a Manuel Merino y sus secuaces, el ex presidente de facto fue el personaje central de una ceremonia en su homenaje en el Congreso el 11 de julio pasado. El apuro de esos gestos, ciertamente está acompañado por la prisa en otras decisiones mayores.

Así, la elección del nuevo o nueva titular de la Defensoría del Pueblo y el apuro por sancionar la bicameralidad sin ninguna discusión seria y con el interés único de crear mayores y mejores condiciones para su continuidad, está acompañada por el golpe a la reforma universitaria con la aprobación por insistencia de la ley que incorpora a Sundeu a tres representantes elegidos por las universidades y la extingue como organismo técnico especializado. La alianza de la derecha más pura y más dura, el fujicerronismo y los intereses de varias universidades bambas presentes en la representación nacional, se evidencia una vez más, por si fuera necesario a estas alturas.

De esta forma, erre que erre, Ejecutivo y Legislativo insisten en darle la razón a una opinión pública que crecientemente entiende que la única solución es que se vayan todos. Una opinión pública que tiene cada vez más claro que ni a unos ni a otros les preocupa la situación de la gente y su futuro, su aspiración de progreso y derechos. En ese camino que tiene mucho de salto al vacío, entre las cosas urgentes a aprender y resolver está el desplome de nuestro presidencialismo parlamentarizado en el que basta tener los votos necesarios para tener al mandatario como rehén, como ocurre ahora o en el escenario opuesto, asegurarse la mayoría parlamentaria para decidir sin control, como ocurrió con el fujimorismo. En alguna medida, la continuidad de una manera nefasta de gobernar.

desco Opina / 15 de julio de 2022

El panorama electoral de Junín: el mismo menú que en el país

 

A poco menos de tres meses de las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, ya son oficiales las agrupaciones que postularán a la Gobernación y al Consejo Regional. De las 18 listas inicialmente registradas, quedan apenas 7 en carrera. El Jurado Electoral Especial de Huancayo, eliminó definitivamente a 11 de ellas. Al 8 de julio aparecen como admitidos, entrando al período de tachas, Sierra y Selva Contigo Junín, Junín Renace y Junín Sostenible con su Gente. Caminemos Juntos aparecía como recibido, aunque aún no admitido. A ese día ya habían sido rechazadas las listas de Fe en el Perú, Frente de la Esperanza, Renovación Popular, Acción Popular, Somos Perú y Perú Libre, declaradas como improcedentes, apareciendo también como inadmisibles las de APP, Corazón Patriota y el Partido Morado.

Por su origen regional y por ser el partido que llegó al gobierno con Pedro Castillo, el caso de Perú Libre es particularmente significativo. Según la resolución 00547-2022-JEE-HCYO/JNE, la lista que se pretendía inscribir de dicha agrupación, se declaró inadmisible el 30 de junio pasado por incumplir requisitos básicos para su inscripción como incluir seis candidatos jóvenes, tres representantes campesinos y la misma cantidad de hombres y mujeres como candidatos a gobernador regional en todo el país (Fernando Orihuela: "Volveré a mi cargo de gobernador si mi candidatura no va"). El «descuido» en el cumplimiento de las condiciones para participar, compartido con la mayoría de listas de los partidos nacionales, no sorprende. Perú Libre, al 17 de junio pasado cuando se cerró la fecha de presentación de las solicitudes de inscripción, tenía registradas apenas 60 listas distritales de las 124 posibles, mientras distintos movimientos regionales presentaron 105, 96 y 94 aspirantes distritales en la misma circunscripción.

Sea como fuere, de las listas y candidaturas que prosiguen seguras en carrera, porque las otras aún tienen derecho al pataleo y la apelación –recordemos que el 3 de agosto próximo será la fecha límite para que los Jurados Electorales Especiales publiquen todas las fórmulas y listas admitidas en el diario de mayor circulación de la circunscripción correspondiente de acuerdo al cronograma electoral establecido para el proceso–, varias de ellas son encabezadas por figuras que tienen antecedentes, por lo menos polémicos. Son, por ejemplo, los casos de los candidatos Ángel Unchupaico, ex gobernador regional, y Zósimo Cárdenas.

El primero, quien además de una sentencia con prisión suspendida por injurias, registra 17 denuncias presentadas por la siguiente gestión regional responsabilizándolo de colusión, negociación incompatible, peculado y omisión de actos funcionales. El segundo, ex alcalde de Pichanaqui, es investigado por delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, negociación incompatible y contra la tranquilidad pública en la modalidad de crimen organizado, además de que la Contraloría Regional de Huancayo inició dos auditorías por un presunto perjuicio económico de 10 millones de soles durante su gestión como alcalde de Pichanaqui.

En Junín como en todo el país, ciudadanas y ciudadanos están desencantados de los partidos políticos, pero también de los movimientos regionales. Las experiencias recientes en su territorio no avalan ni a unos ni a otros. En ese escenario, el interés por conocer a candidatas y candidatos va creciendo y la gente busca a través de los medios, internet y las hojas de vida, información sobre las y los aspirantes. El temor y el malestar frente al riesgo a una nueva decepción, la sensación de que las campañas se «inflan» de promesas y compromisos que generan expectativas que después se incumplen y que hacen de nuestra democracia un espacio amplio para la frustración y el desengaño, son grandes.

Mayores aún con la reciente información divulgada por la Contraloría General de la República que en su Balance Anual del Índice de la Corrupción (Índice CGR de Corrupción 2021), estima que en Junín, a nivel de gobiernos regionales, provinciales y distritales, el perjuicio económico estimado es de S/ 696 000 091, cifra que ubica a la región, dentro del ranking de las más corruptas, en el 9° lugar, después de Amazonas y por encima de Ica, «encabezando» a todas las regiones del macrocentro.

En Junín, como en todo el país, todo indica que seguimos frente a la misma apuesta de nuestra clase política. Una que apunta a prolongar el registro de agrupaciones sin consistencia, representatividad ni apoyo electoral, que funcionan como franquicias, refuerzan la personalización de la política, la mercantilización de la participación en las contiendas electorales y en las propias campañas y amplían y prolongan la penetración, si no la captura de nuestro sistema político por poderes opacos que hoy, más allá de discursos ideológicos, coinciden en el Ejecutivo y el Legislativo. Estamos en la obligación de mirar con detenimiento agrupaciones y candidaturas, propuestas y compromisos porque una vez más, nuestro limitado poder, descansa en nuestra responsabilidad al elegir.

 

desco Opina – Regional / 8 de julio del 2022

descocentro

Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario

 

¿Qué sabemos de la Unión Nacional de Transportistas, además de que Javier Marchese es aparentemente su presidente y Martín Ojeda el secretario ejecutivo? Responder a esta pregunta es importante, porque el gremio referido ha sido, nada menos, el organizador del paro indefinido de transportistas de carga pesada que debió empezar el lunes 27 de junio y nadie puede asegurar si estamos ante una entidad formal, constituida según las normas, o si se trata de un organismo fantasma que opera de acuerdo con intereses que no son necesariamente los de sus supuestos agremiados. Para empezar, no tiene una página web, y registra solo una actividad mínima y personal en las redes sociales.

Durante la semana anterior al inicio del paro indefinido, la exposición en los medios de comunicación nacional de Marchese y Ojeda fue intensa para explicarnos que la medida sería acatada “por más de 31 gremios” (que agruparían nada menos que 187 000 empresas) dado que se habían agotado todas las fases de diálogo tras un mes de conversaciones con tres ministros de Transportes y Comunicaciones: Juan Silva, Nicolás Bustamante y Juan Barranzuela. “Ahora, la única opción que nos queda es la huelga”, señalaba Marchese enfáticamente.

El pliego de reclamos era muy denso y, de buenas a primeras, traslucía la necesidad de negociaciones complejas que demandaban mucha paciencia y tolerancia a los que formaban parte de la mesa. Entre otros puntos estaba la restitución del transporte de mercancías como servicio público, la reducción del precio del diésel, el control de la competencia desleal que originan los transportistas bolivianos y ecuatorianos, y la regulación de peajes.

Además, como agregado, estuvieron las expresiones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, durante la conferencia de prensa del 24 de junio, en la que afirmó que si se procede a esta medida de fuerza solo sería de “algunos sectores de transportistas” y, probablemente, no habría el anunciado paro, luego de una reunión que los transportistas sostuvieran con el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Barranzuela.

Mientras las negociaciones se empantanaban, los medios de comunicación nacionales daban como un hecho la medida de fuerza y sugerían medidas a la población. Como era de esperar, la difusión (¿campaña?) mediática se centró en el probable desabastecimiento de alimentos en Lima que podría llegar, según estas advertencias previas, al 60% del total que ingresa diariamente a los mercados mayoristas.

Desde el lado gubernamental, también se daba por descontado el paro programado. El Ejecutivo declaró el “estado de emergencia” en la Red Vial Nacional durante 30 días, restringiendo derechos constitucionales como el libre tránsito por las carreteras y ordenando que “la Policía Nacional del Perú mantenga el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas” en las zonas en emergencia, mientras se suspendían las actividades escolares presenciales en distintas regiones del país.

La declaración se produjo tras el fracaso de las negociaciones, el domingo 26 de junio en la noche, aunque el ministro de Economía, Óscar Graham, el único presente en la mesa de negociaciones, anunció que el Ejecutivo sí logró un acuerdo con el sector de transportistas interprovinciales, que agrupa a unos 100 000 conductores de autobuses, que también amenazaba con paralizar sus labores.

Con estos antecedentes y habiendo «calentado el ambiente» durante toda la semana previa, los medios de comunicación nacionales –impresos, radiales y televisivos– prepararon la cobertura del primer día del paro. En efecto, el lunes 27 de junio iniciaron sus transmisiones bajo la seguridad de que se estaba escenificando un paro impactante en todo el territorio nacional. Sin embargo, rápidamente empezaron a mostrar su desconcierto. Sus reporteros difundían la inexistencia de novedades, algo que no estaba en las pautas y guiones que debían seguir las redacciones ese día. Para su confusión, varios gremios como la Asociación de Transportes de Carga Pesada de Nasca, señalaban su desacuerdo con la fecha del paro y convocaban para el 18 de julio.

¿Qué había pasado? Según dijo el vocero de los transportistas, Marlon Milla, en un confuso mensaje, el gobierno había aceptado una de sus demandas, el fondo de estabilización, aunque faltaban resolver otras, agregando que “hay varios temas que están en el tintero y que estamos a la espera de que se nos remitan las normas que se van a presentar para evaluarlas lo más pronto posible con nuestros asociados y poder tomar una decisión final”. Para Javier Marchese, la situación era diferente porque, según él, pese a los acuerdos y “debido a la cantidad de ministros que están cambiando” no habían llegado a una solución.

Por su lado, el gobierno anunció que el paro nacional había sido suspendido, luego que el ministro Barranzuela conversara con Javier Corrales, vocero de la Asociación de Transportistas del Perú, la cual tampoco registra actividad gremial, como la entidad que preside Marchese: “Hemos convenido y concertado que el paro queda suspendido, tenemos situaciones concretas que ya estamos trabajando y se las hemos mostrado”, señaló Barranzuela.

 La situación vivida a propósito del paro de los transportistas es fiel reflejo de nuestra «institucionalidad»: un gobierno que cambia hasta tres veces de ministro en el MTC, gremios sin rastros de registro formal y medios de comunicación concertando para promover hechos que no suceden, alineándose con consignas políticas que buscan debilitar aún más a un gobierno que, con todos sus grandes errores y pecados, fue legal y legítimamente constituido a pesar de los discursos sobre el fraude que encontraron su cajón de resonancia desde entonces en muchos de los medios.

 

desco Opina / 1º de julio de 2022