Se perdió la oportunidad

Muchos no fuimos conscientes de la importancia que tuvo el reciente “nuevo feriado” declarado por las autoridades el pasado 6 de agosto, en conmemoración al Bicentenario de la batalla de Junín. Esta fecha merecía un mejor resultado que intentase reconstruir la tan llamada buena vecindad sudamericana; lejos de ello, ni siquiera los locales estuvieron satisfechos con el programa de actividades, ni con los asistentes y mucho menos con los ausentes a la celebración. De manera inesperada, la presidenta de la nación brilló por su ausencia, no hubo explicaciones claras de parte del Poder Ejecutivo y el supuesto impedimento por la condición médica de la mandataria no convenció a nadie; todo apuntaba al temor por la ola de abucheos e insultos a la que podía ser expuesta, más aun teniendo en cuenta los recientes acontecimientos por el rechazo de la ciudadanía a autoridades y funcionarios, siendo este la comidilla cotidiana de nuestro anecdotario político.

En el mes de febrero, como parte de las actividades preparatorias, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se puso en el ojo de la tormenta al reunirse con el embajador venezolano. En dicho encuentro se deslizó la idea de invitar al presidente Nicolás Maduro a la celebración, quien es abiertamente contrario al gobierno de Boluarte y quien, dicho sea de paso, no ha recibido el reconocimiento del gobierno peruano por su “reelección”. Ante esta controversia, el titular de la Dircetur declaró en febrero pasado: “aquí el tema es histórico, no político. Tampoco sabemos si los presidentes van a visitarnos, es posible que manden a otros representantes, es un tema protocolar”. Si bien esta oportunidad era idónea para reconstruir las deterioradas relaciones entre los países sudamericanos, los invitados del exterior no se hicieron presentes ya que nuestras relaciones diplomáticas con muchos países se encuentran en tensión.

El discurso del premier Adrianzén fue poco útil para limar asperezas con nuestros vecinos y menos aún con las organizaciones sociales de la región, que también se manifestaron sentirse excluidas de las celebraciones. La población organizó un festejo paralelo y se desmereció el homenaje, ya que a 200 años de la histórica gesta aún no tenemos una clara identidad patriótica que, sin negar la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad y superando los atisbos de discriminación y marginalidad, sea capaz de sobreponerse a las diferencias en aras de construir un proyecto nacional que nos dirija al desarrollo y a mejores condiciones de vida para todas y todos.

Los enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional del Perú eran de esperarse pues días antes, el Frente de defensa de los intereses de la provincia de Junín había anunciado que ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas presidirían las actividades del bicentenario; no era de sorprender, entonces, el minucioso resguardo de las autoridades, limitando el acceso de la población a los escenarios oficiales. Cabe señalar que el paro regional de inicios de julio puso sobre el tapete el permanente descontento de la población con el gobierno central y regional. Dicho paro, que comenzó la noche del 9 de julio, pretendía presionar al gobierno regional a fin que cumpla una serie de obras prometidas, entre ellas proyectos viales y construcción de sistemas de riegos para la región. En esta movilización, la provincia de Junín solicitaba al gobierno central el financiamiento de siete proyectos que en conjunto requieren alrededor de S/ 50 millones. Si bien esta paralización llegó a su fin por la mediación, es notoria la satisfacción de la ciudadanía en Junín.

El diciembre tendremos otra oportunidad para reconstruir la llamada “identidad sudamericana”, a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho. Para entonces, no bastarán los planes, programas y proyectos que está preparando la Comisión Multisectorial, conformada para dicho evento histórico; pues todo indica que las manifestaciones contra el actual régimen y las principales instituciones nacionales, seguirán en pie, quizá no en la forma convencional de expresión, sino aprovechando cualquier otro recurso que permita vislumbrar el descontento y el rechazo por las actuales condiciones de precariedad. En el corto plazo seguirán siendo irreconciliables nuestras diferencias, toca entonces apuntalar esas otras formas de expresión que permita recordar con algarabía aquella gesta emancipadora.

 

 

desco Opina - Regional / 16 de agosto de 2024

descocentro

Autopsia

 

¿Qué se llevó por delante a nuestra muy precaria democracia? A estas alturas, todos y todas las peruanas debemos estar notificados y convencidos de que la democracia no conlleva felicidad ni mejoría para nadie, por decir lo menos. No es su objetivo. En todo caso, lo que venimos registrando en las encuestas es que ésta no las produce: la preferimos porque no hay nada mejor, pero estamos por demás insatisfechos con ella.

La democracia es importante por otros aspectos. Entre ellos, su valor está dado por el control que permite para evitar que cualquier grupo se arrogue el poder de decisión sobre algo que concierne a todos. En esa línea, además, en relación a algo que frecuentemente aparece tan etéreo, como la libertad de expresión, resulta que es la fuerza que arrincona a la censura, garantizando que nuestras voces sean escuchadas.

Si es así, entonces los jugadores democráticos deberían entender que pueden y, de hecho, que van a perder en algunas circunstancias. De esta manera, en esos escenarios, para que funcionen, un acuerdo entre los que participan es ser despiadados en el combate contra el vicio y la mentira porque corroen los fundamentos mismos del equilibrio que debe establecerse. Así, debemos ir aceptando que la erradicación de la corrupción tiene fundamentos totalmente instrumentales, además de los morales y éticos: su vigencia anula cualquier fundamento democrático.

En tales escenarios, entonces, es imposible que construyamos nuestros argumentos en base a criterios ortodoxos. Por el contrario, sólo funciona cuando los participantes adoptan el pluralismo o, dicho de otro modo, la libre competencia de opiniones en igualdad de condiciones.

Vemos entonces que lo que se llevó de encuentro a la democracia peruana fue, entre otros factores importantes, la ausencia de actores –sociales y políticos– con las habilidades mínimas que exige el funcionamiento de un régimen con las características señaladas. Dicho de otra manera, la democracia lejos de ser un ente abstracto, debe operarse, plantearse objetivos, obtener resultados y mostrar sus impactos positivos. Esto se obtiene con personas que gestionan los procesos, dan sentido a lo obtenido para, de esta manera, tener material con qué rendir cuentas y someterse a las consideraciones de los ciudadanos y las ciudadanas. Simplemente, no pueden reemplazarse instancias, procesos y resultados con frases huecas, vacías que buscan movilizar las emociones de las personas y no su razonamiento.

Aclarémonos. Los clichés, formulismos y frases reencauchadas del tipo “la rebelión regional contra Lima”, “el colonialismo que empobrece a los pueblos indígenas”, “nueva constitución”, “que se vayan todos”; o, “todos son terrucos”, “vándalos que dañan la propiedad”, “ignorantes”, tienen la virtud de mostrarnos nítidamente que el concepto de la política de nuestros pequeños tirios y troyanos es la suma cero, es decir, aspirar a la desaparición del adversario y así fantasear con una hegemonía de pacotilla.

Para ello, apelan a una trajinada “voluntad popular” sin someterla a procedimientos y equilibrios, que se fundamenta en la falaz creencia de la virtud de un “pueblo bueno” per se, que repentinamente emerge como una epifanía purificadora exigiendo una vinculación directa con el líder redentor, sea de derecha o de izquierda, poniendo supuestamente de lado todas las intermediaciones molestosas.

Pero, hay más. Estos mismos procedimientos e instancias técnicas, referidos líneas arriba, cuando se elimina su componente político, es decir, las aspiraciones y decisiones de las personas, también son factores decisivos en la corrosión de nuestra democracia. Es lo que Judith Butler y Athena Athanasiou denominan la “supresión tecnocrática de la democracia”.

En esa línea, habría que buscarle algún sentido, si lo hay, a las exigencias de nuevas elecciones, cuando el sistema generó a lo largo de las últimas décadas un espacio “técnico”, autónomo, incuestionado, cubierto de cualquier control ciudadano en el que se resuelven muchos intereses privados –léase corrupción–. Resulta entonces increíble que luego de año y medio de ignorar cómo funcionaba esta dimensión y terminar envuelto en sus lógicas, el expresidente Castillo y sus seguidores no hayan obtenido ningún aprendizaje en esta dirección.

De igual manera, recurrir al vocablo “pueblo” no tiene sentido político alguno y termina siendo nefasto para los que aún creemos en la instalación de una democracia mínimamente seria entre nosotros. Homogenizar a las personas, singularizándolas en un rótulo, solo alienta sentidos dictatoriales y patriarcales, cuando lo democrático debe ser el uso de criterios diferenciadores que refieran la enorme pluralidad y diversidad que existe en la sociedad y, en ese reconocimiento, aceptar el reto de una inclusión real de todos y todas.

La ciudadanización está amenazada en grado sumo cuando los llamados a sostenerla no muestran vocación para asumir las responsabilidades que conlleva la titularidad de derechos. Nuevamente, sólo la vigencia de un sentido por demás patriarcal y conservador puede aceptar que los individuos crean que pueden estar imbuidos de derechos sin verse sometidos a mínimas obligaciones.

 

desco Opina / 16 de diciembre de 2022

Los olvidos que duelen

A pocos días de haberse cumplido treinta años de la terrible desaparición y asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, por acción del grupo paramilitar Colina; y de haberse hallado en Londres una caja con restos humanos de probablemente cinco de los estudiantes, es necesario interpelarnos y preguntarnos cuánto hemos hecho como sociedad para evitar hoy y en el futuro sucesos inhumanos como éste. 

Claramente no hemos sanado esa herida profunda que sigue sangrando; estamos lejos de ser una sociedad tolerante y solidaria, capaz de mirar más allá de sus narices y comprender y respetar sus diversas formas de pensar, sentir y existir. Nuestras actuales autoridades nos muestran cotidianamente con acciones y declaraciones la vulneración recurrente de lo poco que se ha logrado avanzar en materia de derechos humanos y de políticas que buscan mitigar la discriminación y el racismo. Es vergonzoso y lastima que se mantengan y perennicen usos coloniales que se creían ya superados y que reafirman la urgencia de romper esa lógica perversa que se mantiene viva en relaciones de poder que son clasistas y racistas. 

No debe sorprender en consecuencia que se empuje con empeño una corriente de opinión negacionista que pretende reescribir nuestra historia, esa que a ciertos sectores de nuestro país les parece incómoda y asusta, pero que con amor, memoria y dignidad se ha construido y ha resistido. No es casual que tengamos como presidenta del Congreso a un personaje con fuertes rasgos autoritarios y racistas, que sigue creyendo que nuestro país se divide entre blancos e indios, comportándose con frecuencia prepotentemente y expresando con nitidez a la idiosincrasia política más arcaica, conservadora y antiderechos del país. 

No es casual que desde el Congreso de la República se reivindique y se blinde a Merino y compañía mediante interpretaciones sesgadas de la ley y lecturas interesadas y tergiversadas de lo sucedido en las protestas de noviembre de 2020. Tampoco lo es que se archiven acuerdos internacionales que buscan proteger a defensores ambientales, dejando en la impunidad la muerte de líderes indígenas y los atropellos a la soberanía de las comunidades sobre sus territorios. No es casual que un sector de la prensa capitalina esté alineada a un manejo de la información poco objetivo e inhumano, que más allá de denunciar hechos delictivos vinculados al gobierno, frecuentemente tergiversa la realidad y a nombre de la libertad de expresión es capaz de ridiculizar a quienes cultural e ideológicamente no son como ellos. Su ligereza es funcional al afán de un sector de las clases privilegiadas que desconocen la legitimidad y la ciudadanía de los pueblos indígenas.  

 Resulta indignante que se llegue a banalizar el sufrimiento de miles de familias, invitando al público a experimentar cómo viven las comunidades de Puno a causa del friaje, tragedia que es propiciada por la incapacidad de nuestro sistema político y económico, pero que es trivializada  por empresas que instrumentalizan la precariedad para generar mayores réditos. 

Todo ello suma a esta estigmatización que se construye desde estereotipos de raza y género, por ejemplo, dando carta libre para la censura de lo diverso y de aquello distinto a lo que hegemónicamente se busca instaurar bajo el discurso de la integración nacional moderna, que defienden distintas voces del poder como María del Carmen Alva.  Resulta claramente condenable la normalización de este “racismo blando” apañado por un Estado que invisibiliza nuestra diversidad, limitando por un lado el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes que no pueden acceder a condiciones de vida digna, y obligando indirectamente a una renuncia progresiva de la autoidentificación cultural para encajar en la lógica aspiracional de desarrollo y crecimiento individualista que promueve el neoliberalismo.  

desco Opina / 22 de julio de 2022

descoCiudadano