Se perdió la oportunidad

Muchos no fuimos conscientes de la importancia que tuvo el reciente “nuevo feriado” declarado por las autoridades el pasado 6 de agosto, en conmemoración al Bicentenario de la batalla de Junín. Esta fecha merecía un mejor resultado que intentase reconstruir la tan llamada buena vecindad sudamericana; lejos de ello, ni siquiera los locales estuvieron satisfechos con el programa de actividades, ni con los asistentes y mucho menos con los ausentes a la celebración. De manera inesperada, la presidenta de la nación brilló por su ausencia, no hubo explicaciones claras de parte del Poder Ejecutivo y el supuesto impedimento por la condición médica de la mandataria no convenció a nadie; todo apuntaba al temor por la ola de abucheos e insultos a la que podía ser expuesta, más aun teniendo en cuenta los recientes acontecimientos por el rechazo de la ciudadanía a autoridades y funcionarios, siendo este la comidilla cotidiana de nuestro anecdotario político.

En el mes de febrero, como parte de las actividades preparatorias, el gobernador regional de Junín, Zósimo Cárdenas, se puso en el ojo de la tormenta al reunirse con el embajador venezolano. En dicho encuentro se deslizó la idea de invitar al presidente Nicolás Maduro a la celebración, quien es abiertamente contrario al gobierno de Boluarte y quien, dicho sea de paso, no ha recibido el reconocimiento del gobierno peruano por su “reelección”. Ante esta controversia, el titular de la Dircetur declaró en febrero pasado: “aquí el tema es histórico, no político. Tampoco sabemos si los presidentes van a visitarnos, es posible que manden a otros representantes, es un tema protocolar”. Si bien esta oportunidad era idónea para reconstruir las deterioradas relaciones entre los países sudamericanos, los invitados del exterior no se hicieron presentes ya que nuestras relaciones diplomáticas con muchos países se encuentran en tensión.

El discurso del premier Adrianzén fue poco útil para limar asperezas con nuestros vecinos y menos aún con las organizaciones sociales de la región, que también se manifestaron sentirse excluidas de las celebraciones. La población organizó un festejo paralelo y se desmereció el homenaje, ya que a 200 años de la histórica gesta aún no tenemos una clara identidad patriótica que, sin negar la diversidad cultural que conforma nuestra sociedad y superando los atisbos de discriminación y marginalidad, sea capaz de sobreponerse a las diferencias en aras de construir un proyecto nacional que nos dirija al desarrollo y a mejores condiciones de vida para todas y todos.

Los enfrentamientos entre pobladores y la Policía Nacional del Perú eran de esperarse pues días antes, el Frente de defensa de los intereses de la provincia de Junín había anunciado que ni Dina Boluarte ni Zósimo Cárdenas presidirían las actividades del bicentenario; no era de sorprender, entonces, el minucioso resguardo de las autoridades, limitando el acceso de la población a los escenarios oficiales. Cabe señalar que el paro regional de inicios de julio puso sobre el tapete el permanente descontento de la población con el gobierno central y regional. Dicho paro, que comenzó la noche del 9 de julio, pretendía presionar al gobierno regional a fin que cumpla una serie de obras prometidas, entre ellas proyectos viales y construcción de sistemas de riegos para la región. En esta movilización, la provincia de Junín solicitaba al gobierno central el financiamiento de siete proyectos que en conjunto requieren alrededor de S/ 50 millones. Si bien esta paralización llegó a su fin por la mediación, es notoria la satisfacción de la ciudadanía en Junín.

El diciembre tendremos otra oportunidad para reconstruir la llamada “identidad sudamericana”, a propósito de la conmemoración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho. Para entonces, no bastarán los planes, programas y proyectos que está preparando la Comisión Multisectorial, conformada para dicho evento histórico; pues todo indica que las manifestaciones contra el actual régimen y las principales instituciones nacionales, seguirán en pie, quizá no en la forma convencional de expresión, sino aprovechando cualquier otro recurso que permita vislumbrar el descontento y el rechazo por las actuales condiciones de precariedad. En el corto plazo seguirán siendo irreconciliables nuestras diferencias, toca entonces apuntalar esas otras formas de expresión que permita recordar con algarabía aquella gesta emancipadora.

 

 

desco Opina - Regional / 16 de agosto de 2024

descocentro

La inversión pública en Junín: no basta el incremento de recursos

Junín es actualmente la tercera región receptora de inversión minera, lo que a primera vista demuestra la existencia de recursos importantes para reducir brechas sociales y promover el desarrollo regional. En junio pasado, el presidente Martín Vizcarra, anunció la apertura de la segunda etapa del proyecto Toromocho, en la cual la empresa Chinalco invertirá US$ 1300 millones, que sumados a los US$ 4800 ya invertidos en la primera etapa, constituye un gran potencial aprovechable de recaudación de tributos que contribuyan a mejorar los servicios en educación, salud y saneamiento y que, además, generará empleo para 3500 personas.

Adicionalmente, el Gobierno Central dispuso que a partir de este mes se adelante el 60% de los fondos del canon minero a las regiones, lo que puede significar la transferencia de 3200 millones, que terminarán de entregarse en el mes de julio. Este adelanto busca que la calidad y la ejecución de gasto sea mejor que la de años anteriores y de esta forma el gobierno regional cuente con un mayor plazo para la ejecución del presupuesto transferido.

Asimismo, el gobernador regional, Vladimir Cerrón, mantuvo recientemente una reunión con representantes de la minera y con directivos del Ministerio de Energía y Minas, acordándose que al menos el 60% de los empleos que genere la empresa durante la ampliación del proyecto serán cubiertos por población local. Sin embargo, el proyecto de ampliación afronta las dificultades derivadas de la expropiación de 34 hectáreas de terreno donde habitan pobladores de Morococha, asunto que hoy es materia de un proceso judicial en el que la Corte Superior de Justicia de Junín, declaró fundada la medida cautelar interpuesta por 65 familias morocochinas.

Hay una interrogante clave que responder respecto a la calidad del gasto del Gobierno Regional y de los gobiernos locales de Junín, lo que puede dar pistas respecto al futuro de las inversiones públicas en la región. Al respecto, la ejecución del gasto del Gobierno Regional en el año 2018, de acuerdo a cifras del Ministerio de Economía y Finanzas, muestra que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) fue de 5149 969 813 soles, con un nivel de gasto de 85.4%. La inversión se destinó principalmente a educación, con un PIM de 878 861 586 (95.3% de ejecución); salud con un PIM de 611 632 094 (92.3% de ejecución); saneamiento, con un PIM de 31 066 575 soles (27.2% de ejecución); agropecuaria con un PIM de 24 933 373 soles (57.3% de ejecución).

En cuanto a los indicadores de desarrollo, en la función Educación revisamos los indicadores de comprensión lectora y aprendizajes en matemáticas con los siguientes resultados: (i) el 23.2% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en comprensión lectora, (ii) el 35.7% de alumnos no logran los aprendizajes de 2º en matemáticas. En la función Salud, de acuerdo a la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar – Endes 2018 del INEI, se revisaron los indicadores de anemia y desnutrición infantil, con los siguientes resultados: (i) un 57% de menores de 6 a 35 meses de edad padecen de anemia y (ii) la desnutrición crónica en niñas y niños menores de 5 años afecta al 19,2% del total. En la función saneamiento los indicadores reportados por la SUNASS muestran que (i) el 30.2% de la población en la zona rural y el 14.25% de la urbana no accede al servicio de agua. En la función Agropecuaria, de acuerdo al Ministerio de la Producción, se estima que solo el 4.80% de la producción total agraria tiene valor agregado, este indicador muestra que hay mucho por hacer en esta cadena productiva en la región.

Estos resultados muestran las brechas aún subsistentes, así como las dificultades de optimizar las inversiones sociales, tanto de las transferencias del Gobierno Nacional como de los ingresos derivados del canon minero, cuyo gasto está más acotado. Esto es un desafío mayor para las autoridades regionales y municipales, pero también para el Poder Ejecutivo, ya que no es suficiente con transferir recursos y desentenderse del destino de los mismos y del modo cómo se gastan y se obtienen resultados que redunden en el desarrollo regional. Ninguna región, incluyendo por cierto Junín, puede darse el lujo de desperdiciar recursos ni permitir que, vía actos corruptos, las autoridades y funcionarios los utilicen en provecho propio.

desco Opina - Regional / 22 de febrero de 2019

Programa Regional Centro - descocentro

Luego del Mensaje a la Nación

Llamémosle liderazgo presidencial, como dicen casi todos pero, aun así, sigue siendo algo muy insuficiente lo que transmite. El presidente Vizcarra sorprendió cuando en su Mensaje a la Nación contempló el referéndum como mecanismo para viabilizar algunas reformas institucionales. Digamos, era el atajo tomado por alguien que está consciente que no tiene una estructura partidaria propia ni nada que se le asemeje. Por ahora, su actitud le ha salvado el cortísimo plazo: logró, mal que bien, una reacción espasmódica, visceral a tono con los malestares del momento, que circunstancialmente le acarrea simpatías, pero nada más. Sin embargo, también se afirmará con mucha razón, que es lo más radical que podía hacerse hoy desde el Ejecutivo.

Digamos entonces, en el mejor de los sentidos, que tiene la idea, pero hubiésemos querido que nos exponga los medios y, sobre todo, los resultados que se esperan y los plazos que se necesitan para lograrlos.

Suena muy bien que nos consulten la conveniencia de reformar el Consejo Nacional de la Magistratura - CNM (adelantamos, todos vamos a decir sí), la reelección de los congresistas (vamos a decir no), transparencia en el financiamiento privado de los partidos políticos (nuevamente, sí) y la bicameralidad del Congreso (nuevamente, no). Pero, ¿qué resultados buscamos? ¿Para cuándo están previsto estos cambios?

Una segunda cuestión es que lo propuesto por el mandatario pasa indefectiblemente por el Congreso y se rige por lo establecido en la Ley 26300 de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, en la que no se explicita ninguna iniciativa presidencial como inicio del proceso. Poniendo de lado las «consideraciones técnicas» que se han expuesto en abundancia durante estos días, poco o nada se ha dicho de la pertinencia política de lo que se busca zanjar mediante la vía plebiscitaria. Al respecto, nos remitimos a la reelección de los congresistas y a la bicameralidad.

En ambos casos, ¿qué buscamos? Si en la no reelección de los congresistas se trata de fomentar mayor legitimidad de las autoridades, deberíamos hacer un balance de, por ejemplo, cuál ha sido el resultado de no tener reelección presidencial desde el 2001 o de haber instaurado ese mecanismo –junto a la segunda vuelta electoral– para las elecciones municipales y regionales desde el 2012, argumentando entonces, que de esa manera tendríamos gobiernos subnacionales más sólidos y menos propensos a la corrupción.

Para algunos, prohibir la reelección de los congresistas atentaría contra la formación de un capital fundamental para ejercer la representación política, como es la experiencia, como afirmaban los que se opusieron a una iniciativa de ley presentada en mayo de este año. De esta manera, plantean sus preocupaciones sobre si tenemos acaso una idea cercana de lo que sería un hipotético Congreso, donde ninguno de sus integrantes tenga experiencia previa.

A este planteamiento se opone la afirmación de que gran parte de los problemas que nos afectan en la dimensión política se debe al hecho de reducirlos a la actuación congresal y haber convertido el recinto parlamentario en un botín que terminamos pagando todos los peruanos y, en ese sentido, los que realmente tienen vocación pública seguramente encontrarán más y mejores vías de expresión y caminos para aspirar a legitimidades más sólidas.

De esta manera, una consecuencia política indirecta pero decisiva para nuestra incipiente izquierda política es que si quiere subsistir, está forzada a ampliar su horizonte político, más allá de las coyunturas electorales, obligando a sus líderes a actuar en otros campos, lo que tendría como probable consecuencia la consolidación de sus organizaciones y la adquisición de una legitimidad social/política más firme.

De igual manera, ¿qué buscamos con la bicameralidad del Congreso? ¿Hay un problema en la representatividad política que podría ayudar a resolver? ¿Podría otorgarle mayor legitimidad a partidos políticos inexistentes?

Dudamos que así sea. Probablemente, las reformas más eficaces en esa dirección pueden ser las menos rimbombantes como, por ejemplo, cambiar la deformadísima manera de «colocar» funcionarios públicos –incluyendo «asesores» congresales– cuyas versiones más sofisticadas de las labores que desempeñan las hemos contemplado en todo su esplendor con los audios y videos difundidos en estos últimos 25 años.

Así, no es cuestión que un presidente del Congreso haga renunciar a su jefe de seguridad como un acto político simbólico, sino que nos digan cómo el referido señor llegó a ejercer esa función. Es decir, la crisis política no se refiere únicamente a los políticos. En esa línea, hubiera sido mucho más importante que el presidente Vizcarra nos dijera, para señalar un punto, cuál va a ser el futuro de Servir antes que simplemente seguir a la indignación popular, lo cual no está mal, pero no es, ni mucho menos, suficiente para gobernar en aguas tan crispadas como las nuestras.

desco Opina / 3 de agosto de 2018

¿El gobierno contra las cuerdas?

La reciente encuesta de GfK, difundida el pasado fin de semana, evidencia la continuidad de las tendencias que venían observándose desde el mes de mayo. La aprobación presidencial llega apenas a 29%, cayendo 18 puntos en un mes, mientras su desaprobación trepa a 56%, incrementándose 22 puntos desde la medición anterior. Los números del Primer Ministro, como ocurrió desde un primer momento, son más duros aún; la aprobación de su gestión desciende a 18%, disminuyendo 6 puntos, mientras la desaprobación llega a 63%, subiendo 9 puntos. El desempeño de los ministros, con sólo 15% de aprobación, completa el cuadro. No obstante esas cifras, 71% cree que el Presidente está gobernando igual o mejor que PPK y 39% piensa que el Premier lo está haciendo como esperaban o incluso mejor. En otras palabras, el desencanto de un público que en ningún momento tuvo expectativas muy altas frente a ambas autoridades, consolidándose la imagen de un gobierno débil, que estuvo siempre presente.

Lo preocupante de la encuesta, sin embargo, no se encuentra en esos datos. En sentido estricto, lo que debe llamar la atención es que Martín Vizcarra y César Villanueva caen 15 puntos en la valoración de los encuestados sobre su preocupación por las provincias, descienden además 12 puntos en la percepción de su cercanía con el pueblo y apenas 10% cree que la descentralización está siendo afrontada bien o muy bien (2 puntos menos que el mes anterior). En otras palabras, lo significativo es que el gobierno empieza a perder parte importante del capital simbólico que apareció como su mayor fuerza para enfrentar la precariedad de su nacimiento.

Sin embargo, para tranquilidad relativa del gobierno, la situación de los principales actores de la escena oficial no es sustantivamente mejor. La aprobación del Congreso continúa cuesta abajo y en rodada, 12%, mientras su desaprobación sube en ascensor, alcanzando el 83%. Su Presidente, empeñado ahora en impulsar un parque temático, como parte de la reescritura fujimorista de la historia de la violencia interna reciente, tiene apenas 13% de aprobación. Al Ministerio Público y al Poder Judicial no les va mejor, mientras todos los principales líderes políticos, desde el silencioso Julio Guzmán hasta Marco Arana y Gregorio Santos, descienden varios puntos en su valoración, Keiko incluida.

El panorama, de cara a las elecciones regionales y municipales tampoco parece mejor. En un escenario en el que el 70% de encuestados cree que su alcalde es corrupto, según la encuesta ya citada, el JNE informó que se presentaron 14 532 listas para los diversos cargos en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, involucrando a 113 469 candidatos; es decir proliferación de aspirantes. En esta ocasión, los partidos nacionales explican la «inflación» de postulantes, destacando claramente APP, AP y Somos Perú como las agrupaciones con mayor presencia, superando largamente a Fuerza Popular que postulará en sólo 613 jurisdicciones regionales y municipales, de las 1800 que estarán en juego.

Como se evidencia cotidianamente, la cantidad de aspirantes sentenciados y acusados es indignante, como lo es y más aún, la situación que atraviesa la ONPE, penetrada por varios funcionarios «reciclados» de los años más oscuros del fujimontesinismo. A fin de cuentas, el descrédito de la política, de los políticos y de las instituciones es un dato macizo. Sucede en el Perú, pero también en el mundo, como lo demuestran las distintas encuestas globales difundidas los últimos 15 días por The Economist, llamando la atención sobre los peligros que rodean a la democracia en el planeta.

Difícil esperar entonces que desde la política, la situación del gobierno empeore. Los partidos nacionales, todos sin excepción, están preocupados por el corto plazo –la mesa directiva del Congreso y la creación de condiciones para llegar con ventaja al 2021– y por atender sus distintas disputas internas, agravadas por los comicios del próximo octubre. Desde la calle y la movilización social, por lo menos en el plazo inmediato, tampoco hay señales claras; el fracaso de la huelga magisterial del sector encabezado por Pedro Castillo –no obstante el mal manejo del conflicto por parte del gobierno– muestra los límites y debilidades de la protesta ciudadana, las dificultades para articular los malestares de la gente, no por fragmentados, menos importantes. A las miserias de la política, se suman entonces las limitaciones de la calle, para entender la tranquilidad que exhibe el gobierno, a pesar de la difícil situación en que lo muestra la encuesta. Por si fuera poco, el panorama económico alentado por los precios internacionales, ha mejorado lo suficiente como para que los principales agentes económicos esperen un crecimiento cercano al 4% en diciembre.

De esta manera, en un escenario plagado de actores débiles y encerrados en sí mismos, la principal fortaleza del gobierno radica en la claridad que tienen en su objetivo de durar hasta el 2021.

desco Opina / 6 de julio de 2018