No basta la confianza

Bien conviene que el Ejecutivo vea el lado vacío del vaso. Esos vaivenes extremos que muestran las encuestas de popularidad presidencial, muy positivas este mes, denotan la inexistencia de aquello que denominamos institucionalidad, algo que no terminamos de comprender, pero nos queda claro que es esencial para cualquier sistema democrático que se precie de serlo.

Que sepamos, lo que tenemos como estructura estatal desde hace 30 años no es una que propenda a los mutuos controles mediante pesos y contrapesos entre sus partes componentes. Lo que organizó Fujimori en los 90 –seguramente exacerbando lo que ya se había incubado en los años previos– fue un remedo institucional en el que las formas no expresaban contenido alguno, salvo encubrir una discrecionalidad en el ejercicio del poder cuyas consecuencias conocemos hoy en toda su magnitud.

Al haberse carcomido las instancias y los procedimientos, sin realizarse esfuerzos para efectuar algún tipo de reparaciones básicas, que era lo que se esperaba en la coyuntura antidictatorial del 2000-2001, señalar simpatías hacia el Presidente de la República no significa, aunque suene paradójico, tenerle confianza ni, mucho menos, respaldo que pueda traducirse en acción política.

Sumado a ello, pareciera que lo más delicado es que tanto el Ejecutivo como el Parlamento empiezan a constatar que son mutuamente dependientes. Para ambos, la única manera que vislumbran para llegar al 2021 es atacando al otro, sin posibilidad de que el Presidente de la República termine cerrando el Legislativo, ni que éste promueva la vacancia del primero.

Pero, este espiral sin solución de continuidad se desarrolla en medio de un contexto de incesante deterioro económico, que no puede ser intervenido por una conducción política del país que es extremadamente frágil y solo busca cumplir con su cometido de arribar al fin de su mandato a como dé lugar.

Sí, debemos tener cuidado que no haya habido crecimiento en el mes de abril, más aún con el continuo deterioro que vienen mostrando los indicadores de consumo en los últimos meses. Pero, el aspecto central que no queremos ubicar en el centro de nuestro debate político es el empleo.

En efecto, el ritmo del crecimiento económico que tenemos, hace que seamos muy escépticos sobre la capacidad de absorber laboralmente a los nuevos contingentes de jóvenes que se suman anualmente a la PEA. El resultado será una ampliación de las brechas laborales y mayor informalización, cuyas consecuencias directas serán la disminución de los ingresos reales de las familias y menor recaudación.

Así, el empleo en empresas privadas formales de 10 a más trabajadores en Lima Metropolitana solo creció 0.5% en marzo pasado. Si bien esta cifra mejora el registro del mes anterior (febrero), que fue de 0.2%, en realidad son cifras muy magras y sin mayores impactos positivos en una mayor inclusión laboral. En el 2011 el empleo crecía más del 5% mensualmente, pero en los años siguientes esto se desaceleró y pasó a cifras negativas en el 2017.

Ahora bien, como acostumbramos «resolver» nuestros problemas cortando el hilo por el lado más delgado, empezamos a culpar a los migrantes venezolanos de nuestro desolador panorama laboral. Al respecto, no era necesario que el presidente Vizcarra asistiera al abordaje de un grupo de venezolanos que fueron expulsados del país por haber delinquido, porque corría el riesgo que este acto sea interpretado como una demostración contraria a la presencia de los migrantes, como finalmente ocurrió.

Finalmente, está el lado empresarial, en donde muchísimas cosas importantes deben empezar a resolverse, en medio de esta situación crecientemente complicada. En primer lugar, está el control de daños ante el vendaval Lava Jato que ha comprometido el centro mismo del sector construcción que, para mayor detalle, ha sido uno de los factores que contribuyó al crecimiento del PBI durante las últimas décadas.

A su vez, los empresarios deben adoptar una posición frente a la desaceleración de la economía que no afecta en mayor grado a la minería, como se sospechaba, pero sí a los demás sectores, que disminuyen sus expectativas en relación directa a la baja constante del consumo y de la inversión. ¿Cuál es la receta, según ellos, para superar esta situación? Se llama erradicar el «ruido político». Entonces, ya sabemos por dónde vienen parte de las presiones más importantes y cuál es su objetivo.

desco Opina / 21 de junio de 2019

¿El gobierno contra las cuerdas?

La reciente encuesta de GfK, difundida el pasado fin de semana, evidencia la continuidad de las tendencias que venían observándose desde el mes de mayo. La aprobación presidencial llega apenas a 29%, cayendo 18 puntos en un mes, mientras su desaprobación trepa a 56%, incrementándose 22 puntos desde la medición anterior. Los números del Primer Ministro, como ocurrió desde un primer momento, son más duros aún; la aprobación de su gestión desciende a 18%, disminuyendo 6 puntos, mientras la desaprobación llega a 63%, subiendo 9 puntos. El desempeño de los ministros, con sólo 15% de aprobación, completa el cuadro. No obstante esas cifras, 71% cree que el Presidente está gobernando igual o mejor que PPK y 39% piensa que el Premier lo está haciendo como esperaban o incluso mejor. En otras palabras, el desencanto de un público que en ningún momento tuvo expectativas muy altas frente a ambas autoridades, consolidándose la imagen de un gobierno débil, que estuvo siempre presente.

Lo preocupante de la encuesta, sin embargo, no se encuentra en esos datos. En sentido estricto, lo que debe llamar la atención es que Martín Vizcarra y César Villanueva caen 15 puntos en la valoración de los encuestados sobre su preocupación por las provincias, descienden además 12 puntos en la percepción de su cercanía con el pueblo y apenas 10% cree que la descentralización está siendo afrontada bien o muy bien (2 puntos menos que el mes anterior). En otras palabras, lo significativo es que el gobierno empieza a perder parte importante del capital simbólico que apareció como su mayor fuerza para enfrentar la precariedad de su nacimiento.

Sin embargo, para tranquilidad relativa del gobierno, la situación de los principales actores de la escena oficial no es sustantivamente mejor. La aprobación del Congreso continúa cuesta abajo y en rodada, 12%, mientras su desaprobación sube en ascensor, alcanzando el 83%. Su Presidente, empeñado ahora en impulsar un parque temático, como parte de la reescritura fujimorista de la historia de la violencia interna reciente, tiene apenas 13% de aprobación. Al Ministerio Público y al Poder Judicial no les va mejor, mientras todos los principales líderes políticos, desde el silencioso Julio Guzmán hasta Marco Arana y Gregorio Santos, descienden varios puntos en su valoración, Keiko incluida.

El panorama, de cara a las elecciones regionales y municipales tampoco parece mejor. En un escenario en el que el 70% de encuestados cree que su alcalde es corrupto, según la encuesta ya citada, el JNE informó que se presentaron 14 532 listas para los diversos cargos en las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, involucrando a 113 469 candidatos; es decir proliferación de aspirantes. En esta ocasión, los partidos nacionales explican la «inflación» de postulantes, destacando claramente APP, AP y Somos Perú como las agrupaciones con mayor presencia, superando largamente a Fuerza Popular que postulará en sólo 613 jurisdicciones regionales y municipales, de las 1800 que estarán en juego.

Como se evidencia cotidianamente, la cantidad de aspirantes sentenciados y acusados es indignante, como lo es y más aún, la situación que atraviesa la ONPE, penetrada por varios funcionarios «reciclados» de los años más oscuros del fujimontesinismo. A fin de cuentas, el descrédito de la política, de los políticos y de las instituciones es un dato macizo. Sucede en el Perú, pero también en el mundo, como lo demuestran las distintas encuestas globales difundidas los últimos 15 días por The Economist, llamando la atención sobre los peligros que rodean a la democracia en el planeta.

Difícil esperar entonces que desde la política, la situación del gobierno empeore. Los partidos nacionales, todos sin excepción, están preocupados por el corto plazo –la mesa directiva del Congreso y la creación de condiciones para llegar con ventaja al 2021– y por atender sus distintas disputas internas, agravadas por los comicios del próximo octubre. Desde la calle y la movilización social, por lo menos en el plazo inmediato, tampoco hay señales claras; el fracaso de la huelga magisterial del sector encabezado por Pedro Castillo –no obstante el mal manejo del conflicto por parte del gobierno– muestra los límites y debilidades de la protesta ciudadana, las dificultades para articular los malestares de la gente, no por fragmentados, menos importantes. A las miserias de la política, se suman entonces las limitaciones de la calle, para entender la tranquilidad que exhibe el gobierno, a pesar de la difícil situación en que lo muestra la encuesta. Por si fuera poco, el panorama económico alentado por los precios internacionales, ha mejorado lo suficiente como para que los principales agentes económicos esperen un crecimiento cercano al 4% en diciembre.

De esta manera, en un escenario plagado de actores débiles y encerrados en sí mismos, la principal fortaleza del gobierno radica en la claridad que tienen en su objetivo de durar hasta el 2021.

desco Opina / 6 de julio de 2018

El gobierno Vizcarra ¿segunda etapa del gobierno PPK?

Recientemente, la expresidenta del Consejo de Ministros pidió que su sucesor César Villanueva, respete el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio y continúe el trabajo que ella dirigió. En términos parecidos se expresó el congresista Sheput, señalando que el gobierno del Presidente Vizcarra es la segunda etapa del anterior. Sin duda, la ruta que el nuevo gobierno ha de seguir es un tema que preocupa a todos los principales actores políticos del país, considerando la necesidad de que tenga un rumbo claramente definido, que además debe diferenciarlo de la gestión anterior, que renunció para no ser vacada.

Puede discutirse interminablemente sobre la necesidad de que el gobierno se convierta en una segunda fase del anterior o no, pero a la luz de los resultados de los últimos veinte meses, el pedido de la señora Araoz de continuar su trabajo no deja de ser una suerte de autoironía, ya que los frutos de su gestión de seis meses son en realidad bastante magros y la idea de convertir los próximos tres años en una segunda etapa del gobierno de PPK, más allá de la formalidad legal, le haría un flaco favor a la nueva administración.

En el plano económico, lo más visible de la era Kuckzynski fue el bajo crecimiento de la economía, producto de medidas desacertadas como el ajuste fiscal introducido por el exministro Thorne; el «destrabe» mediático, pero no real de los grandes proyectos de inversión pública, incluyendo el simbólico caso del aeropuerto de Chinchero, así como los pobres resultados de la «Reconstrucción con Cambios», entre otros. Todo ello, en un contexto internacional relativamente favorable por el aumento de los precios de los minerales.

Las recientes noticias sobre el incremento de la pobreza en el país parecen ser también, en alguna medida, resultado del trabajo que se reclama continuar. Añadamos a este pobre desempeño, el interés mostrado en promover las Asociaciones Público Privadas (APP) y el mecanismo de obras por impuestos (OxI), favoreciendo a algunas empresas; instrumentos ambos llenos de cuestionamientos, comprensibles entre otras cosas por las famosas adendas.

En el plano institucional, los veinte meses del renunciante presidente no representaron tampoco avances mayores. En este lapso, no hubo ninguna iniciativa para fortalecer la institucionalidad democrática, fomentar la transparencia en el Estado o desarrollar capacidades en los gobiernos subnacionales. Sus tendencias centralistas afectaron a los gobiernos regionales y a las poblaciones del interior. En esa línea se entienden, por ejemplo, el manejo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la decisión de nombrar desde el Ministerio de Salud (MINSA) a los directores regionales de salud, la famosa ley del adelanto social, que contemplaba inversiones en zonas de proyectos extractivos directamente desde el gobierno nacional, entre otros.

Son muy pocos entonces los resultados que el anterior gobierno tiene que exhibir como para que su exnúcleo de poder le reclame a la nueva administración continuidad al trabajo y respeto a un plan de gobierno sin logros de los que enorgullecerse y con pecados mortales como el indulto a Alberto Fujimori y el procedimiento seguido para éste. Las probabilidades de una gestión exitosa los próximos tres años pasan por dejar de lado muchos planteamientos y medidas que el «gabinete de lujo» aplicó. La administración del Presidente Vizcarra debe afrontar varios retos, y las dos prioridades recientemente anunciadas (descentralización y Reconstrucción con Cambios) son un paso en una dirección distinta.

Impulsar el crecimiento de la economía y crear empleo decente supone, entre otras medidas, destrabar los grandes proyectos públicos de manera efectiva y no mediática, con agilidad y transparencia. Retomar la propuesta de diversificación productiva –de hecho cancelada bajo el gobierno de PPK– sería un paso interesante para generar empleo y dinamizar otros sectores económicos y no sólo al exportador de materias primas. Un desafío importante es el de la reforma tributaria; el nuevo ministro de Economía ha señalado que la elusión y evasión tributarias son un gran problema para el país, lo que explica la baja recaudación fiscal y limita las posibilidades de financiar servicios públicos con cobertura y calidad adecuadas. Es por ello clave observar lo que se hará para revertir la situación.

En el plano institucional, la reciente propuesta del Presidente Vizcarra para una reforma política basada en introducir cambios en el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad, más allá de las posibilidades de negociar su aprobación y de su contribución a una real democratización del sistema político, evidencia importante iniciativa.

El desafío mayor es entonces claro; la gestión del presidente Vizcarra va más allá de su antecesor en temas como la reactivación de la economía y la creación de empleo decente, una reforma tributaria para reducir la evasión y elusión mencionadas, la disminución de los niveles de pobreza, la introducción de reformas políticas democratizadoras y descentralizadoras, y el combate contra la corrupción con medidas efectivas e institucionalizadas; o, por el contrario, se resigna a ser la segunda etapa del gobierno de PPK. Falta saber si existirá la voluntad política y la claridad para lograrlo.

desco Opina / 27 de abril de 2018