Pobreza, becas y remodelaciones

 

El último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) podría leerse, a primera vista, como una buena noticia, porque la pobreza monetaria bajó de 27,6 % en 2024 a 25,7 % en 2025. Es decir, 567 mil personas dejaron de ser pobres en términos monetarios. Pero detenernos solo en esa cifra sería mirar el país desde una perspectiva peligrosa, pues una de cada cuatro personas en Perú sigue viviendo en pobreza.

La pregunta, entonces, no es solo si la pobreza bajó. La pregunta es qué hace el Estado con esa información. Y, sobre todo, qué decisiones toma cuando los datos le recuerdan que millones de personas siguen viviendo con ingresos insuficientes, servicios precarios y oportunidades que dependen más del esfuerzo individual que de una política pública sostenida.

En ese contexto, la suspensión de la convocatoria 2026 de la Beca Generación del Bicentenario resulta difícil de justificar políticamente. No se trata únicamente de jóvenes que quieren estudiar fuera del país. Se trata de una política que brinda una posibilidad concreta para que profesionales peruanos accedan a una formación de alto nivel y regresen a aportar al país. El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (PRONABEC) ha señalado que no cuenta con presupuesto para abrir una nueva convocatoria en 2026 y requiere S/ 119 millones para atender la demanda de becas, incluida una posible convocatoria de Beca Generación del Bicentenario y nuevos beneficiarios de Beca 18.

Lo indignante no es solo la falta de presupuesto, sino la selectividad para la ejecución de gastos. Para la educación, se invoca la evaluación y la espera. No obstante, para otras prioridades, los recursos parecen encontrarse con mayor rapidez y menor pudor. Mientras se deja en incertidumbre a estudiantes admitidos en universidades del extranjero, el Congreso avanza en la implementación de la bicameralidad, integrada por 130 diputados y 60 senadores desde julio de 2026. No se trata solo de cambiar nombres o funciones, pues se ha ejecutado 85 millones de soles para adecuar edificios, oficinas, salas y equipamiento del Parlamento. Asimismo, el Congreso ha iniciado el concurso público para remodelar su complejo deportivo, ubicado en el Centro de Lima, que cuenta con cancha sintética de fútbol, dos piscinas, juegos de mesa, cafetería y una pista de baile.

No es que el Estado carezca de recursos suficientes, más bien, los asigna según determinadas prioridades. Se decide qué puede esperar y qué debe acelerarse, decide qué vidas se acompañan y cuáles deben seguir resolviéndose solas. Aunque estas decisiones se presentan como técnicas, son profundamente políticas.

La pobreza monetaria no se combate únicamente celebrando una reducción porcentual, sino que debe priorizarse un enfoque multidimensional. Esta se combate sosteniendo trayectorias educativas, fortaleciendo servicios públicos, ampliando oportunidades y evitando que la vulnerabilidad sea tratada como una condición normal de vida. Si el 35,5 % de la población rural sigue en pobreza, y departamentos como Cajamarca y Loreto superan el 40 %, entonces el país no necesita solo discursos de eficiencia, requiere una discusión seria sobre justicia distributiva.

Por eso, el debate sobre las becas y la remodelación del Congreso no es un tema aislado. Es una fotografía incómoda de nuestras prioridades. Por un lado, jóvenes ven suspendidos sus proyectos académicos porque el presupuesto “no alcanza”. Por otro lado, una institucionalidad parlamentaria se amplía, se acomoda y se remodela, pese a tener una de las legitimidades más deterioradas ante la ciudadanía.

Tal vez ahí está la verdadera lección del informe de pobreza. El Perú no solo debe preguntarse cuántas personas salieron de la pobreza, sino cuántas podrían volver a caer en esta, si el Estado sigue administrando la desigualdad en vez de enfrentarla. Porque cuando la educación se posterga, la inversión social se reduce.

 

desco Opina - Regional / 8 de mayo de 2026

descoCiudadano

Crisis energética, otro golpe a los barrios populares

La reciente crisis energética que atraviesa Perú no es un problema silencioso. Sus efectos ya se sienten con fuerza en la vida cotidiana de miles de familias que viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema. La emergencia se originó tras un incidente en el sistema de transporte de gas natural de Camisea, que redujo el suministro de gas y generó tensiones en distintos sectores económicos, especialmente en el transporte y la distribución de combustibles. 

Uno de los impactos más inmediatos se ha observado en el precio del balón de gas doméstico. En diversos distritos de Lima, el costo del balón de gas de 10 kilos ha llegado a superar los 90 e incluso los 100 soles, cuando semanas atrás su precio era considerablemente menor. Este incremento afecta directamente a millones de hogares que dependen del gas para cocinar, pero también a pequeños negocios, mercados y servicios comunitarios que sostienen la alimentación diaria de los sectores populares.

El impacto de esta situación se amplifica cuando se observa la estrecha relación entre energía y transporte. En Lima y otras ciudades del país, una parte importante del transporte público utiliza gas natural vehicular (GNV). Cuando el suministro se restringe o se encarece, los transportistas deben recurrir a combustibles más caros, lo que incrementa sus costos de operación y termina trasladándose a los usuarios mediante el aumento del precio de los pasajes.

Para muchas familias que viven en las periferias urbanas, el transporte representa uno de los principales gastos diarios. En barrios ubicados en laderas o zonas alejadas de los centros de empleo y servicios, las y los trabajadores deben realizar varios tramos de transporte para llegar a sus destinos. El incremento del pasaje reduce el ingreso disponible para cubrir otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación.

Sin embargo, uno de los impactos más preocupantes de esta crisis se observa en las organizaciones comunitarias que garantizan la alimentación en los barrios populares: los comedores populares y las ollas comunes. Estas organizaciones, gestionadas principalmente por mujeres, cumplen un rol fundamental en la seguridad alimentaria de miles de familias en situación de pobreza. A través de menús subsidiados o raciones solidarias, los comedores populares y las ollas comunes permiten que niños, adultos mayores, personas con discapacidad, trabajadores informales y personas desempleadas accedan diariamente a alimentos a bajo costo. El funcionamiento de estas iniciativas depende de un equilibrio muy frágil entre el costo de los insumos y el precio del menú. Cuando el gas, los alimentos y el transporte se encarecen al mismo tiempo, ese equilibrio se rompe.

La situación ha llegado a niveles preocupantes en algunos barrios de Lima Metropolitana, donde las mujeres organizadas han tenido que recurrir nuevamente a métodos precarios para continuar cocinando. En Villa María del Triunfo, por ejemplo, integrantes de una olla común reportaron que se han visto obligadas a utilizar leña o carbón para preparar los alimentos debido al fuerte incremento del precio del gas. Este tipo de soluciones refleja tanto la gravedad de la crisis como la capacidad de organización de las comunidades. Pero también evidencia una profunda desigualdad estructural: cuando el sistema energético enfrenta problemas, las consecuencias recaen principalmente en quienes tienen menos recursos para enfrentar la crisis.

La crisis energética también está generando un efecto en cadena sobre el precio de los alimentos. El incremento de los costos de transporte y logística repercute directamente en los mercados locales, encareciendo productos de primera necesidad que forman parte del menú cotidiano de muchas familias. Algunos comerciantes y pequeños negocios de comida ya han advertido el aumento en el precio del menú diario con el fin de solventar los insumos requeridos para la preparación.

Para los comedores populares y las ollas comunes, esto significa enfrentar una doble presión: por un lado, el incremento del costo del combustible necesario para cocinar y, por otro, el aumento del precio de los alimentos que deben comprar para preparar las raciones. En estas condiciones, muchas organizaciones comunitarias se ven obligadas a reducir porciones, modificar los menús o limitar el número de raciones que pueden ofrecer diariamente. Esto implica que las personas que dependen de estos espacios –en especial aquellas en situación de pobreza extrema– enfrenten mayores dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

Lo que estamos observando no es solo una crisis energética. Es también una nueva crisis social que revela la vulnerabilidad de los sistemas urbanos frente a interrupciones en el acceso a recursos básicos. La dependencia de determinadas fuentes energéticas, sumada a la falta de mecanismos de protección para los sectores más vulnerables, termina trasladando el costo de la crisis hacia quienes menos pueden asumirlo, y no hacia quienes resultan responsables, en este caso, la gran empresa privada.

Frente a esta situación, es urgente que las políticas públicas incorporen medidas específicas para proteger a las poblaciones más vulnerables. Esto implica fortalecer el apoyo a los comedores populares y ollas comunes, garantizar mecanismos de estabilización del precio del gas doméstico y diseñar políticas de transporte que reduzcan el impacto de las fluctuaciones energéticas en la economía cotidiana de las familias.

Las ciudades latinoamericanas han demostrado que las redes comunitarias cumplen un rol fundamental para sostener la vida en contextos de crisis. Sin embargo, estas redes no pueden seguir funcionando únicamente gracias al esfuerzo voluntario de las comunidades.

Si algo evidencia esta crisis energética es que, una vez más, los más afectados son quienes ya viven en condiciones de mayor vulnerabilidad.

 

desco Opina - Regional / 13 de marzo de 2026

descoCiudadano

El hambre, el nuevo rostro de la pobreza

 

Hay frases que condensan una época. Ángel Manero, ministro de Desarrollo Agrario y Riego, es el autor de una de ellas, entre miles, que ilustran sin necesidad de explicaciones, nuestros actuales momentos: "En el Perú no se pasa hambre. Hasta en el último pueblo del Perú se come de manera contundente". Dicho, además, cuando circulaba una evaluación de la seguridad alimentaria para el 2023, realizada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en la que se indicaba que el 51,6% de los hogares peruanos (5.2 millones) se encontraban en inseguridad alimentaria, siendo Puno, Ayacucho, Cajamarca, Amazonas y Huancavelica (por encima del 60%), las regiones más afectadas.

Esta situación, no es solo un problema nuestro. Según FAO, hay por lo menos 733 millones de personas que se enfrentan al hambre debido a los conflictos, las repetidas crisis climáticas y las recesiones económicas en el mundo. Pero, son alrededor de 2800 millones de personas las que pudiéndose alimentar, no acceden a una dieta saludable, lo que está en la raíz misma de todas las formas de malnutrición: desnutrición, carencia de micronutrientes y obesidad, que ahora existen en la mayoría de los países y afectan a todas las clases socioeconómicas. 

Más aún, la falta de acceso a los alimentos adecuados repercute con mayor incidencia en los pobres y vulnerables, entre los que se encuentran los productores agrícolas, reflejando claramente que el problema no radica en las existencias del producto, sino en las desigualdades dentro y entre los países.

Sin embargo, contra lo que dicta un erróneo y generalizado sentido común, los agricultores producen suficientes alimentos para una cantidad de gente, incluso mayor que la actual población mundial.

Amartya Sen, cuando introduce el “enfoque de la titularidad”, explica por qué las hambrunas no son simplemente el resultado de la falta de alimentos, sino de las desigualdades en los mecanismos de distribución. Es decir, son factores sociales y económicos como salarios en declive, desempleo, precios de alimentos en aumento y sistemas de distribución de alimentos deficientes, los que elevan la probabilidad de hambre. En suma, éste no puede atribuirse simplemente al “descenso de la disponibilidad de alimentos”.

En otras palabras, el golpe propinado por Sen a los fanáticos del mercado como un ámbito autorregulado por la “mano invisible”, fue decisivo: el mercado no puede aislarse y abstraerse de la red de relaciones políticas, sociales y jurídicas en las cuales se halla situado. Para ello, argumenta que el método “FAD” (food availability decline, es decir, descenso de la disponibilidad de alimentos) da pocos indicios sobre el mecanismo causal de la inanición, ya que no entra en la relación de las personas con los alimentos.

Todo ello valga para buscar situar comprensivamente al hambre y la desnutrición en la actualidad. Desde el 2023, el Banco Mundial da cuenta de una nueva dimensión de la pobreza a vigilar: la inseguridad alimentaria y nutricional.

Sobre nuestro país, los cálculos del referido organismo multilateral, apoyándose en las estadísticas de FAO, señalan que la prevalencia de la inseguridad alimentaria, alcanzó a más del 50% de la población en el país, considerando el promedio entre el 2021 y el 2023. Esto ubicó al Perú en el escenario más crítico a nivel de América del Sur, sin considerar a Venezuela y Bolivia.

Para William Maloney, economista jefe para América Latina del Banco Mundial, la causa es evidente: el alto costo para cubrir una dieta saludable. “Tenemos una dieta saludable que es muy costosa, [hablamos de] una que le dé al cuerpo lo que necesita, sin llegar a niveles de obesidad. En general, es bastante alto [el costo] en la región”.

Para Carolina Trivelli, exministra de Desarrollo e Inclusión Social, la situación revela la profunda crisis del mercado laboral peruano, que se traduce también en una de acceso económico: “En el Perú no faltan alimentos. Lo que ocurre es que a la gente no le alcanza [lo que gana] para comprar en cantidad y calidad. Además, no sabe si mañana tendrá la capacidad de cubrirlo. Desde el 2010, vemos que la cifra de inseguridad, en el Perú, viene creciendo ante la precarización del empleo”.

Al respecto, Trivelli apuntó que la solución para afrontar la inseguridad alimentaria se basa en que las personas perciban mayores ingresos. Esto, finalmente, puede ocurrir porque consigan un empleo mejor; ganan más por lo mismo que hacen, lo que significaría un incremento de la productividad; o se dan transferencias del gobierno a través de programas de protección social.

Como vemos, la inmensa incapacidad de los últimos gobiernos para manejar cuestiones tan delicadas como la alimentación, profundizada en grado sumo por la actual administración, agrava a niveles inconcebibles lo que en su momento debió reconocerse como probable resultado catastrófico de la mercantilización de bienes, como los alimentos: éstos no se dirigen hacia quienes los necesitan, sino hacia los que tienen posibilidad de comprarlos. En efecto, exactamente igual a lo que aconteció durante la pandemia con los medicamentos y el oxígeno.

 

desco Opina / 18 de octubre de 2024

Cambios sin novedades

 

El sufrimiento creciente de los peruanos y peruanas a causa de la pobreza y el deterioro de la calidad de vida es incuestionable, aunque sordo e invisible para el gobierno de Dina Boluarte.

Las libertades democráticas y el imperio de la ley y la justicia siguen siendo jaqueados día a día desde la alianza entre la mayoría congresal y el Poder Ejecutivo, en medio de una plaga de mediocridad e incompetencia que nos castiga llevando a niveles inimaginables la descomposición social e institucional del Perú y el debilitamiento de los valores democráticos.

No es necesario recordar que hace buen rato el Perú dejó de ser un caso de manejo exitoso de la economía, abundan las razones: aumento de precios, mayor desempleo, incremento de la informalidad y estancamiento de nuevas inversiones. Todo esto en el marco de un escenario en el que operan de la mano la corrupción, la inseguridad y el crimen, anulando cualquier futuro promisorio para nuestro país.

En las actuales circunstancias, los cambios ministeriales no guardan relación con la necesidad de priorizar la atención a los problemas del país, sino que expresan apenas un momento de redefinición del reparto de poder al interior del gobierno, aunque sin efectos de fondo respecto a su orientación corrupta y autoritaria.

Los recientes relevos ministeriales en carteras que parecían seguras para sus portadores –Relaciones Exteriores, Cultura, Vivienda Construcción y Saneamiento, así como la del ministerio de Comercio Exterior y Turismo– dejan traslucir la pérdida de más de una ficha ligada al fujimorismo y posiciones de ultraderecha, como en el caso del ministro González Olaechea. También sugieren la garantía momentánea de sobrevivencia para el actual presidente del Consejo de Ministros, ampliamente catalogado como incompetente, hasta por lo menos la finalización de la reunión de APEC en noviembre próximo. Dejan ver igualmente, un retroceso lamentable con la reducción a tan solo dos ministras mujeres en un gabinete de 19 integrantes.

Se trata también de un Gabinete al que han sido incorporados funcionarios ministeriales operativos entre los que se incluye a un personaje cuestionado por sus vínculos cercanos con la corrupción del gobierno de Pedro Castillo, en la persona del nuevo ministro de Vivienda Construcción y Saneamiento. Entre las pocas “novedades” está la ratificación de los ministros del Interior, Salud, Agricultura y Educación, señalados con múltiples cuestionamientos por la ciudadanía, gremios profesionales, organizaciones especializadas, sindicatos y la prensa por su deficiente desempeño.

En lo inmediato parece ser una tarea urgente establecer nuevas formas de diálogo haciendo uso de todos los medios disponibles que rompan la inercia generalizada. El próximo proceso electoral en el país debería conducir no a prolongar la agonía de la democracia, sino a cortar esta tendencia devastadora que nos está llevando a liquidar el esfuerzo arduo de varias generaciones por construir una democracia económica y social en el Perú.

Lo real de estos días para la gran mayoría de peruanos empobrecidos no es el juego de poder del Estado entre quienes lo acaparan, y los cambios de ministros, sino más bien la pandemia de corrupción e inseguridad provocada por las mafias de peruanos y extranjeros que socavan al país mañana, tarde y noche mediante el cobro de comisiones ilegales, extorsión a empresas, familias, colegios y otras instituciones. Llegan –es bueno recordarlo– hasta las tiendas más pequeñas de barrio, los mototaxistas y otros servicios urbanos como parte de la normalización del robo generalizado, los asaltos y homicidios principalmente por sicariato, haciendo de la vida de los peruanos y peruanas el reino de la inseguridad que incluye la trata de personas, el secuestro y la explotación sexual, además del narcotráfico. Por ello, a nadie debería sorprender, como puede comprobarse con la información migratoria disponible, el enorme éxodo silencioso de cientos de miles de peruanos al extranjero.

 

desco Opina / 6 de setiembre de 2024