El papel aguanta todo: apatía electoral

A menos de dos meses de la fecha prevista para la elección de las nuevas autoridades tanto a nivel local como regional, el grado de interés de la ciudadanía en este tema parece adormecido y sin reacción alguna; ni siquiera a raíz de las últimas noticias sobre los actos de corrupción que salieran a la luz en el distrito de La Victoria, hecho que permitió visibilizar una inmensa red delincuencial cuyo cabecilla era nada más y nada menos que el Alcalde de la comuna Victoriana.

Lamentablemente, este no es un acto aislado, sino que se suma a los ya más de 2289 gobernadores y alcaldes investigados por actos de corrupción. Se trata de autoridades tanto en ejercicio, como también quienes ya han dejado sus cargos, y que representan un número significativo si consideramos el grave daño que han causado en la estructura de funcionamiento tanto de gobiernos regionales como distritales. Lima ocupa el tercer lugar de la lista con 197 autoridades que llevan carga procesal.

En esta coyuntura es que se ha venido promoviendo la firma de diversos documentos como una manera de dar mayor credibilidad a los compromisos que asumen los candidatos frente al electorado, e intentar «controlar» en la medida de lo posible los actos de corrupción que tanto daño hacen a la democracia. Así, el pasado 13 de agosto se firmó el Pacto Ético Electoral promovido por el Jurado Nacional de Elecciones, que fue suscrito por 18 de los 20 candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana en el marco de la promoción de la transparencia en esta justa electoral.

En esa misma línea, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza viene promoviendo la firma del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Humano 2019 – 2022 ante cada uno de los candidatos al sillón municipal metropolitano. Si bien ambas iniciativas son positivas, el hecho de suscribirlas y no acatar lo que en ellas se promueve, explica en parte el desencanto del electorado y la fuerte apatía que podemos detectar a pesar de encontrarnos prácticamente en el inicio de la recta final del proceso electoral.

La sensación generalizada de que el papel aguanta todo y que nadie cumple su palabra –peor aún, que no hay quien los obligue a hacerlo– es el común denominador entre gran parte de la ciudadanía. Así las cosas, los electores pierden interés en evaluar y analizar los planes de gobierno de los candidatos, pues están convencidos de que nada de lo que figure en ellos será cumplido. A pesar de los esfuerzos y campañas comunicacionales en favor de promover un voto a conciencia e informado, la apatía se refleja cuando se presentan los datos de las últimas encuestas que ponen al principal candidato a la alcaldía limeña con 16% de intención de voto, seguido por un contendiente con 10% y el resto de 9% a menos, lo que demuestra la poca credibilidad e interés por parte del electorado en general.

Sumado a ello, el alto número de candidatos “dispersa tremendamente” la votación, por lo que se estima que quien llegue a ganar la elección, lo hará con no más del 25% de respaldo. Cabe agregar que el escenario político está saturado por el tema de la corrupción en el Poder Judicial y las pugnas entre el Congreso y el Ejecutivo, de modo que los comicios no son hoy, la preocupación central de la ciudadanía.

Al margen de lo antes expuesto, hay iniciativas locales que vienen promoviendo debates entre los diversos candidatos que aspiran a lograr una alcaldía, tal es el caso del distrito de Lurín, en el que viene desarrollándose una iniciativa impulsada por varias organizaciones sociales de base, que preocupadas por la coyuntura y el descrédito en la política, han optado por organizarse para promover un espacio donde puedan evaluar y analizar las propuestas de los aspirantes al sillón municipal de su distrito. Estamos seguros y convencidos de que, así como ellos, en otros distritos hay ciudadanos que se preocupan y quieren saber quiénes serán las futuras autoridades de su comuna. Mientras que esto suceda, creemos firmemente que aún hay esperanzas de revertir la idea generalizada de que la única manera de hacer política, es mediante el engaño y la corrupción.

desco Opina - Regional / 24 de agosto de 2018

Programa Urbano

El peligro del gatopardismo

Cuando a fines de los años 50 del siglo XX, Giuseppe Tomasi di Lampedusa escribió su única novela, El Gatopardo, que narra desde Sicilia el fin de una época y el inicio de otra, marcada por la unificación italiana; Tancredi –uno de los personajes– le dice a su tío Fabrizio la conocida frase: “si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie”. Casi desde entonces, muchos cientistas políticos califican de gatopardista a quien inicia o alienta una transformación política de cambio importante, que en la práctica sólo altera la cáscara de las estructuras de poder, conservando los elementos centrales de las mismas.

La convocatoria al referéndum que lanzara el presidente Martín Vizcarra en su presentación al Congreso de la República, sorprendió a tirios y troyanos. Los más, aplaudiendo el gesto que significaba confrontar el poder de la mayoría fujimorista que en la práctica viene desgobernando el país desde julio del 2016. Aprovechando la indignación ciudadana ocasionada por los audios que evidencian la corrupción campante en la administración de justicia en el país, que involucra al Ministerio Público, políticos de varios partidos, figuras del deporte y diversos empresarios emergentes y exitosos; el Ejecutivo, cuyo interés inmediato mayor es llegar como gobierno al 2021, decidió aprovechar el capital que ya iba perdiendo, y apeló a la opinión pública y la calle, para dar un paso significativo.

Su pedido al Congreso para convocar a una consulta ciudadana para iniciar la reforma judicial e introducir algunos cambios en el sistema político, así como su mención a temas tan «peligrosos» como equidad de género y feminicidio, fueron inmediatamente aplaudidos; los que no lo hicieron guardaron prudente silencio algunos días para no enfrentarse al sentido común mayoritario. La reciente visita del Presidente y el Premier al Congreso para presentar los cuatro proyectos que serían consultados –una Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) conformada por concurso, la bicameralidad, la no reelección de los congresistas y el financiamiento privado de los partidos– ratificó su voluntad política y su decisión aparente de llegar hasta el final. Su malestar con las decisiones recientes del fiscal Chávarry, decidido a controlar «los daños» causados por los audios, mostró desde Arequipa su aparente decisión de defender su postura en todos los terrenos.

Como no podía ser de otra manera, la discusión –más aún conocidas las propuestas– ya está instalada y las críticas van desde aquellas que acusan de «populismo» a la medida propuesta por el Ejecutivo, hasta aquellas otras que discuten, frecuentemente con razón, especialmente las reformas planteadas para transformar el sistema político. Lo hacen con distintas razones reales, debatiendo principalmente la polémica ingeniería electoral propuesta, el sentido de la bicameralidad y la no reelección; todas ellas, sin duda, debatibles. El problema de fondo es que ni parecen claros los problemas que el gobierno identifica y quiere enfrentar con su propuesta, ni es evidente que quienes critican, establezcan con claridad cuáles son éstos. En lo que hace a la administración de justicia, los lineamientos para su reforma integral, producidos aceleradamente por una Comisión especial, parecen tener objetivos y un camino más claro, aunque también son debatibles en su contenido.

Así las cosas, es claro que corremos el riesgo del gatopardismo. El debate en el Congreso, de medidas que además de ser parciales y no resolver la crisis que vive el país, corre el riesgo de alargarse indefinidamente; tanto como el de derivar el contenido del referéndum hasta su inocuidad. Son, sin embargo, los riesgos que hay que correr en una sociedad con múltiples malestares, pero fragmentada, sin actores políticos y sociales fuertes. La gran virtud del referéndum es que abre espacio para el debate de algunos de nuestros temas de fondo, pero también la posibilidad de plantear otros, que seguramente no se resolverán en el referéndum –resulta imposible pretenderlo–, pero que pueden permitir establecer una nueva relación entre los actores políticos que comparten los malestares y la gente que, desde su cotidianeidad, ubica los árboles y no mira el bosque. Por esa vía, por ejemplo, se puede obligar al Congreso a discutir en otros términos la reforma tributaria, que hasta ahora es un parto de los montes; el significado de los monopolios en el precio de los medicamentos; dejar de lado el carácter subsidiario del Estado; la propiedad de los recursos naturales, y las cuestiones de fondo de nuestro sistema político y de representación, por señalar algunas de las cuestiones que nuestros políticos orillan.

El mandatario hace bien en defender la consulta a la gente y el camino que ha empezado desde su legítima indignación y su voluntad de «durar». La gente y quienes creemos que requerimos de cambios más profundos y complejos que los inicialmente propuestos, debemos impedir el riesgo del gatopardismo de un Ejecutivo que sigue siendo débil. Se trata, creemos, de ampliar una ruta que se ha abierto confusamente y que podría permitirnos llegar a nuestro segundo centenario como República, avanzando a serlo efectivamente y enfrentando a quienes en nombre de «la razón», creen que todo debe seguir igual.

desco Opina / 17 de agosto de 2018

Las heladas, una puñalada a la economía rural

Esta temporada de heladas y nevadas es una de las más crudas que viene soportando el sur peruano, sobre todo por la frecuencia. Si bien son un fenómeno natural en la estación de invierno, lo inusual es que duren tantos días seguidos y sean tan intensas.

Todavía no hay datos certeros sobre el perjuicio económico que ha causado el mal tiempo, y este es uno de los problemas que requiere urgente atención, pues sin información adecuada no hay eficacia en los planes para contrarrestar sus efectos, por ejemplo, la muerte del ganado alpaquero. En una reunión multisectorial en Arequipa, un dirigente alpaquero alzó su voz de protesta por la falta de coherencia de las cifras que maneja el Gobierno Regional de Arequipa sobre la mortandad de alpacas en Caylloma: 3%, él afirmaba que el número era mayor. En la misma reunión, la Gerencia Regional de Agricultura respondía que es la cifra oficial que le otorga el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para sus acciones. Aquí el problema radica en la modalidad de recojo de la información, pues ésta tiene que hacerse de forma conjunta entre los productores de las zonas afectadas, los municipios como responsables del órgano de Defensa Civil a nivel local, y los técnicos encargados de monitorear; al parecer esta no es una práctica institucionalizada. Un mal cálculo puede ocasionar el reparto tardío e insuficiente de las pacas de heno, pues la alerta para accionar la movilización de ayuda desde el Estado, se relativiza. Y la descoordinación en el reparto –a dónde llevar más y a dónde menos– puede ocasionar directamente la muerte del ganado.

Durante los días de nevada, aquellas alpacas que no están bien de salud, pueden tener complicaciones mayores; a las crías les da diarrea, a las jóvenes (tuis) neumonía, y las alpacas preñadas corren riesgo de aborto. Al estar débiles, en la posnevada pueden morir de neumonía e hipotermia. Recordemos que las alpacas constituyen el capital económico de alrededor de 60 mil familias en el sur, y la falta de previsión o la mala ejecución de políticas para su cuidado o manejo, puede causar un perjuicio del que es muy complicado recuperarse.

En abril, el Gobierno Nacional publicó mediante decreto el Plan multisectorial ante heladas y friaje 2018, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de las personas frente a la exposición a los fenómenos de heladas y friaje mediante el “accionar articulado del Estado y el diseño e implementación de estrategias del Gobierno Nacional para la reducción del riesgo y la reparación, orientadas a intervenir en las zonas críticas para proteger la vida e integridad física de la población así como sus medios de vida”.

El plan priorizó la intervención en catorce regiones con acciones de reducción del riesgo, así como preparación ante heladas (210 distritos) y friaje (47 distritos). Si bien el plan es una buena medida de parte del Estado, a la luz de los hechos hay aún elementos que ajustar para que su ejecución sea efectiva. Por ejemplo, una de las actividades que estaban consideradas era el reparto de semillas para procurar la siembra de forraje, sin embargo, las semillas se repartieron tardíamente en algunas zonas, lo que ocasionó que se interrumpiera el crecimiento adecuado de la avena forrajera; no es lo mismo el rendimiento de una planta de 80 cm, que una que sólo alcanza a crecer 15 cm.

Todavía hay retos por superar en las políticas de prevención a nivel país. Se requiere mejorar los sistemas de información y recuperar las prácticas de complementariedad de siembra que teníamos en la época previa a la conquista, el tradicional manejo de suelos entre diversos pisos altitudinales. Conocemos de experiencias entre privados en la implementación de estos sistemas, por ejemplo la siembra de avena forrajera en valles interandinos para tener una reserva de pacas de heno de avena para pasar el invierno. Lo que hace falta es que esta práctica se lleve a política, en alianza con los productores agroganaderos. Otra medida que se podría implementar es promover la construcción de almacenes para el forraje familiar o comunal, en las zonas que ya se sabe serán afectadas.

Si no se hacen correctivos acertados, las políticas de prevención y de emergencia sólo serán un cúmulo de buenas intenciones.

desco Opina - Regional / 10 de agosto de  2018

Programa Regional Sur - descosur