Las urnas protestan en la Macrorregión Sur

El contexto político alteró la campaña durante las últimas elecciones regionales y municipales en Perú. Como habíamos anotado en un artículo previo, la propaganda electoral comenzó tarde y con todos los vicios heredados de los procesos anteriores: proliferación de candidaturas atomizando el voto, elecciones internas poco transparentes y planes de gobierno con plagios. Los golpes bajos también fueron pan de cada día.

En la Macrorregión Sur, sólo dos sillones regionales se definieron en primera vuelta: Walter Aduviri en Puno, y Zenón Cueva en Moquegua. En el resto de regiones, Arequipa, Madre de Dios, Tacna, Cusco y Apurímac, los electores tendrán que regresar a las urnas.

De estos resultados se desprenden varias lecturas. La primera: el descrédito de la clase política, evidenciado en el alto volumen de votos blancos y viciados contabilizados en las urnas. En Apurímac estos votos sumaron el 20.13%, mientras que el candidato más votado sólo alcanzó el 16,4% de los votos totales. En Arequipa, los nulos y blancos alcanzaron el 22.2%, mientras que el más votado sólo llegó al 14,4%. En Tacna el voto de protesta alcanzó el 23%, mientras que el más votado sólo recogió el 13% de la votación. En Cusco, el 24% de los electores anularon su voto o lo dejaron en blanco, mientras que el más votado solo alcanzó el 11% de los votos. Por último, en Madre Dios, un cuarto del electorado votó en blanco y viciado, y el más votado obtuvo el 18% de su confianza.

La segunda: ganaron los radicales. Esta lectura, más bien capitalina, es un intento de explicar el avasallador 35% de votos que alcanzó Walter Aduviri sobre su contendor cercano, que sólo recogió el 13% de los votos. La lectura correcta más bien es que Aduviri ha sintonizado con las demandas del pueblo altiplánico. Un gran sector de la población ha venido reclamando los últimos cinco años por los problemas de contaminación de la minería formal, en la provincia de Melgar y Lampa, y también la ocasionada por la minería  informal como en el caso de la provincia de Azángaro, por las aguas contaminadas que discurren desde el distrito de Ananea. Por otro lado, esta victoria se puede leer como una reivindicación cultural, no olvidemos que este líder reivindica en todo momento sus raíces aymaras, y supo capitalizar muy bien el Aymarazo del 2017, como la lucha del regionalismo contra el centralismo limeño; esto último, aparentemente, le permitió recoger votos entre la población quechua, mayoritaria en Puno, y sin la cual no hubiera podido triunfar.

Por otro lado, Zenón Cueva también es una figura regional con una imagen de luchador social en el imaginario moqueguano, gracias a su participación como uno de los principales líderes en el famoso Moqueguazo del 2008, donde se reclamó por una mejor distribución del canon minero que genera la empresa Southern Perú en Moquegua y Tacna, donde tienen operaciones con distintas dinámicas de producción. Cueva, erróneamente considerado como antiminero por algunos medios masivos limeños, ganó las elecciones con el 32% de los votos, mientras su contendor más cercano sólo cosechó el 16%. Aquí cabe apuntar que las papeletas nulas y blancas sumaron el 24% de los votos.

Todavía falta tener la certeza de los próximos resultados para hacer un análisis político completo de la Macrorregión Sur, pero a la luz de los primeros triunfos, podemos decir que el Gobierno deberá hilar fino, a pesar de que ambos presidentes han mostrado un discurso conciliador. En el caso de Puno, ya no podrá continuar alargando las mesas de trabajo para solucionar los problemas ambientales causados por la contaminación y tendrá que acelerar la ejecución de proyectos largamente ofrecidos como el de las diez plantas de aguas servidas, promesa que data del 2016. Para la sociedad civil, el reto es estar vigilantes y no permitir que los nuevos gobernantes entren en el círculo de la corrupción, para que se aproveche mejor los fondos públicos. Tan importante como la lucha anticorrupción es el impulso de una agenda de desarrollo, integración y fortalecimiento de la institucionalidad pública, lo que permitiría avanzar en la solución de problemas sustantivos en la macrorregión. El conflicto interregional, en especial por la disputa y uso de recursos naturales, está a la orden del día en esta parte del país.

desco Opina - Regional / 31 de octubre de 2018

Programa Regional Sur – descosur

Más allá del referéndum y las detenciones preventivas

Al asumir su cargo en marzo pasado, el nuevo presidente Martín Vizcarra afrontaba al menos dos grandes desafíos: i) un desafío político, relacionado con la necesidad de gobernar sin una sólida y numerosa bancada en el Congreso, frente a una oposición fujimorista mayoritaria, que en cualquier momento podía intentar avasallarlo y quizá forzar su renuncia como lo había hecho con su antecesor; ii) un desafío económico, derivado de los problemas que atraviesa la economía peruana en estos últimos años, en gran medida fruto de su fuerte dependencia de exportaciones de materias primas, lo que se traduce en bajos niveles de crecimiento, altos niveles de subempleo, una pobreza persistente y notorias brechas de desigualdad.

En sus primeros meses, el nuevo gobierno parecía destinado a contemporizar con el fujimorismo y poco menos que someterse a sus designios, pero poco a poco, Vizcarra fue mostrando sus distancias y el destape de los CNM audios –que reveló la corrupción en altos niveles de la política y el poder judicial– le brindaron una oportunidad que supo aprovechar.

En su mensaje del pasado 28 de julio, y como respuesta a la escandalosa corrupción que puso en evidencia la difusión de tales audios, el presidente anuncia su decisión de remitir al Congreso cuatro proyectos de ley para introducir reformas políticas y jurídicas que él consideraba claves para luchar contra la corrupción, las que deben ser sometidas a referéndum antes de fin de año. Como se sabe, esto puso por primera vez a la defensiva a Fuerza Popular y a su jefa, que desde entonces no han podido recuperar la iniciativa y han caído estrepitosamente en sus niveles de aprobación, lo contrario de lo sucedido con el presidente Vizcarra.

Así, desde hace varias semanas, el país vive una situación política muy intensa, donde las noticias, destapes y acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. La debacle de Fuerza Popular, impensada pocos meses atrás, y las audiencias para definir la prisión preventiva de su lideresa –más impensable aún– absorben por estos días la atención ciudadana que, no está demás decirlo, desaprueba masivamente a Keiko Fujimori y a su representación congresal. Se ha producido un asombroso cambio en las correlaciones de fuerza política en el país, cuyo desenlace está aún por verse.

Nos encaminamos ahora a un referéndum y es previsible que hasta diciembre, la atención ciudadana esté concentrada en la escena política y judicial. Después de este, lo más probable es que la aprobación del Presidente y de su gobierno dependan más del desempeño de la economía y es aquí donde el segundo gran desafío (crecimiento económico, reconstrucción del norte, empleo, reducción de la pobreza y de las desigualdades) adquirirá mayor relevancia.

Como se sabe, en los últimos años, el crecimiento económico ha disminuido notoriamente, tanto por factores externos (caída de la demanda y de los precios de los minerales) como internos (errores en la política económica), y poco o nada pudo hacer el expresidente PPK a pesar de la fama de economista exitoso que lo precedía y de los economistas que puso en su gobierno. Le toca entonces a un ingeniero civil provinciano afrontar los desafíos, aun cuando las proyecciones del FMI son moderadamente optimistas para este y los próximos años.

Las dificultades han sido evidentes; así por ejemplo, en el transcurso de este año, el crecimiento de la inversión pública, una variable que hasta cierto punto podía compensar la caída de la inversión privada, no ha tenido una evolución positiva. Por su parte, los grandes proyectos privados, principalmente los mineros, podrían significar al menos US$ 5000 millones para este año, pero no termina de estar del todo clara la viabilidad social de algunos de estos, lo que podría retrasar o inviabilizar su implementación.

Pocos esperan que el gobierno decida aplicar medidas económicas que dejen de lado –aunque sea parcialmente– el modelo vigente, pero dentro de las reglas de juego establecidas, son limitadas las opciones que se tiene. Una de ellas es, por ejemplo, terminar o reducir las exoneraciones tributarias a fin de aumentar la recaudación fiscal (los casinos y salas de juego gozan, increíblemente, de exoneraciones); el MEF ha presentado ya iniciativas pendientes de implementarse, aunque sus alcances están aún por conocerse.

Un tema de fondo es cómo el gobierno mantendrá su legitimidad política y social, una vez superada la intensa coyuntura política de estas semanas y obtener los resultados esperables en el referéndum. Está por verse, además, si puede reactivar la economía, responder a los retos que plantea la situación e ir más allá de un crecimiento cuantitativo del PBI. Esta es una perspectiva que no debe perderse, al igual que otros retos particularmente valorados como la seguridad ciudadana y la reconstrucción del norte, para los cuales no parece haberse hallado aún las claves, sin olvidar la descentralización, entre otros. Es aquí donde se juega el partido decisivo para los próximos años, así como el futuro político del presidente Vizcarra si pretende continuar en la vida política. No hay que olvidar tampoco que la debacle del fujimorismo, de ninguna manera significa el fin de la corrupción.

desco Opina / 28 de octubre de 2018

La infancia y adolescencia en el Plan de Gobierno

En las elecciones del día 7 de octubre en la región Junín se ha generado un hecho poco común de acuerdo a los resultados de la ONPE; el Movimiento Político Regional Perú Libre ha logrado ganar la gobernatura regional y la alcaldía de cinco de las nueve provincias que tiene la región: Huancayo, Concepción, Junín, Chupaca y Yauli, por lo que surgen expectativas relacionadas a la capacidad de gestión articulada que se podría desarrollar a lo largo de los próximos cuatro años.

El Plan de Gobierno que presenta el Movimiento Político Regional Perú Libre propone cuatro dimensiones fundamentales para su gestión. La dimensión social identifica problemas en la salud y educación; sus soluciones y metas propuestas se reducen a construir y equipar hospitales e instituciones educativas, y reactivar programas sociales regionales como Junín libre de analfabetismo, médico por familia, odontólogo y psicólogo por colegio. Las otras tres dimensiones se enfocan al transporte, agricultura, turismo, ambiente y corrupción.

En el plan de gobierno del candidato electo hay un significativo vacío en relación a la infancia y adolescencia. Según el Ministerio de Justicia (MINJUS) desde enero del año 2014 hasta julio del 2015, se reportaron 8420 casos de violencia infantil en Junín, colocando a la región en el segundo lugar en casos de maltrato infantil. Asimismo, en el año 2017, Junín era la tercera de las cinco regiones con mayor número de casos (1224) registrados de violencia hacia niñas, niños y adolescentes (NNA). En el mismo año, la Policía Nacional del Perú de Huancayo ha reportado 469 casos de violencia familiar y 302 de violencia sexual hacia NNA; por ello, esta población vulnerable debe ser atendida a corto, mediano y largo plazo por los gobiernos de turno.

El Sistema Nacional de Atención Integral al Niño y al Adolescente formuló el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PNAIA), con seis metas emblemáticas y cuatro objetivos estratégicos; la sexta se enfoca en la disminución de la violencia hacia los NNA, y el cuarto objetivo estratégico garantiza su protección hasta que cumplan la mayoría de edad. En esa línea, el Gobierno Regional de Junín (GRJ), a través del Consejo Regional de Niños, Niñas y Adolescentes ha formulado el Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia (PRAIA) de la Región Junín al 2016, el cual alinea sus objetivos con el PNAIA, encontrándose actualmente, en proceso de actualización.

Para contribuir con esta política, las municipalidades provinciales y distritales, deberían tener el área de Defensoría Municipal del Niño y Adolescente (DEMUNA), para promover la promoción y defensa de sus derechos; sin embargo, de acuerdo al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), al 2018 solo el 64.39% de gobiernos locales cuenta en su estructura orgánica con esta área, existiendo aún una brecha por cerrar.

Frente a esta realidad, el Movimiento Político Regional Perú Libre, ganador del proceso electoral reciente, no presenta propuestas. Esperamos que luego de disipadas las efervescencias del jolgorio del triunfo, se asuma la responsabilidad de generar y promover espacios y generar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, para disminuir la violencia hacia los NNA en todas sus formas.

desco Opina - Regional / 19 de octubre de 2018

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