Doe Run, ¿una bomba de tiempo para PPK?

En la última semana ha causado gran revuelo el discurso de Pedro Pablo Kuczynski, ante los mineros de La Oroya, sobre todo cuando pidió a los trabajadores hacer una especie de pacto con él: «ustedes me ayudan con el Congreso y yo los ayudo para que esto salga adelante» para luego agregar: «ustedes saben quién controla el Congreso. Hagamos una marcha al Congreso y no dejen morir La Oroya». Estas declaraciones encontraron eco; la mayoría aludió a una supuesta actitud confrontacional contra el Fujimorismo, lo que alejaría posibilidades de diálogo con el partido naranja, que obtuvo clara y amplia mayoría en el nuevo Congreso. Otros  lo acusan de demagogo y hay hasta quienes ya encontraron una acción de lobby empresarial detrás del mensaje, porque empresarios chinos interesados en comprar los activos de la empresa estaban de tránsito por la ciudad, evidentemente no para hacer turismo. Los representantes de los acreedores laborales de la empresa no están muy seguros de que esta marcha sea la mejor opción y buscan una entrevista privada con PPK para llegar a acuerdos. Otro sector político minimiza las posibles consecuencias de una movilización de los trabajadores, aunque le refresca al presidente electo que él asumiría sus responsabilidades políticas de ser el caso.

El trasfondo real es más grande que los discursos. Este 27 de agosto se vence el plazo para la liquidación de la empresa, por lo tanto el cronómetro de esa bomba de tiempo ya estaba encendido mucho antes que PPK estuviera en el estrado como orador principal y, según señalan algunos, esta cuenta regresiva por la supervivencia de la refinería se inició en la década de los 90. Dada la naturaleza y realidad de la empresa, las decisiones de ese entonces son cruciales para entender el momento presente.

El crítico escenario ofrece opciones; la primera es la liquidación simple con el cierre definitivo de la empresa, el remate de sus bienes y el cese colectivo de todos sus trabajadores; la segunda, la subasta internacional que requeriría de expresiones de interés debidamente argumentadas técnicamente en materia económica así como ambiental y en ese caso, tal vez –sólo tal vez– gran parte de sus trabajadores actuales recuperarían sus puestos laborales. Existe una tercera opción que es la venta parcial de sus activos, opción vigente puesto que habría empresas interesadas, pero esta opción es poco discutida porque aparentemente no es provechoso para los acreedores subastar los activos por partes.

Sea cual fuere la opción, todo debe de concluir este 27 de agosto y aparentemente el discurso de PPK buscaba generar condiciones políticas para que el Congreso de la República acepte una decisión del Ejecutivo para la extensión de este plazo. Esto sería precisamente lo que las empresas interesadas solicitan, porque han evaluado que el tiempo disponible es escaso para elaborar y presentar propuestas. Esta extensión del plazo da un respiro al gobierno sobre este espinoso tema, pero también sería un mal precedente para el Estado peruano porque al ser una norma con nombre propio, daría justificación para que, en otros escenarios conflictivos, las empresas extractivas soliciten una atención jurídica especial.

El debate seguirá siendo amplio y empezarán a refrescarse los otros temas que en el actual contexto pocos ponen sobre la mesa, concentrados como están los actores políticos, en lo económico. Temas como los pasivos ambientales en la ciudad de La Oroya, pasivos que han sido puestos de manifiesto por profesionales de la salud nacionales y extranjeros pero que son minimizados por la población en su interés de seguir trabajando. Otro es la reconversión laboral de los trabajadores, que parece no haber funcionado; en el colectivo ciudadano sigue primando la vocación minera que tiene esta ciudad.

Otro de los temas, que acaba de resolverse tenía que ver con un arbitraje internacional del Grupo Renco, principal accionista del complejo minero Doe Run contra el Estado peruano. Se ha resuelto a favor del Estado peruano sobre la demanda en su contra por 800 millones de dólares americanos, que hizo Renco al amparo de los considerandos del TLC suscrito con los Estados Unidos. El hecho que el Gobierno peruano pretenda ser recono cido como el mayor acreedor en la junta ante Indecopi (debido al incumplimiento del PAMA), constituyó según la Doe Run Perú (DRP), un intento de expropiación que vulnera el artículo 10.7 del Tratado. El otro asunto es que, según sus argumentos, el Estado peruano tuvo un trato discriminatorio que favoreció a la empresa peruana Activos Mineros que tampoco cumplió con sus compromisos referidos a la remediación de los pasivos ambientales de La Oroya y que, a diferencia de la DRP, no ha sido sancionada (art. 10.3 del TLC). Si bien este tema ha cerrado, existe otra demanda judicial contra la empresa que data de 2010, de parte de pobladores de La Oroya por la afectación a la salud de 107 niños y niñas y que ha sido admitida por un juzgado de Missouri, y de la cual no se tiene mucha información.

Más allá del discurso público, de quienes sólo vemos este problema desde los noticieros, está la realidad; no es secreto que esta ciudad ha crecido alrededor de este complejo metalúrgico y su contexto actual tiene en jaque a toda la población, porque dicho complejo constituía la principal fuente de empleo y su paralización en el año 2009 por sus problemas y deudas acumuladas ha traído graves consecuencias sociales como la migración de sus habitantes, el incremento de la deserción escolar, el cierre del 35% de los negocios formales y el auge del comercio informal de sobrevivencia. Los sueldos de sus 2192 trabajadores fueron reduciéndose paulatinamente y en la actualidad por decisión de la empresa encargada de velar por los intereses de los acreedores en el proceso de liquidación (incluidos los trabajadores como acreedores laborales y el Estado con el 60% de las acreencias) este personal no percibe ni un sol. En definitiva, y pese a los serios cuestionamientos contra la empresa, hace siete años la economía de La Oroya languidece debido a la paralización de actividades de la Doe Run.

El discurso de PPK tocó un tema complicado pero ineludible, tal vez no haya sido la forma correcta pero eso no quita que el problema exista. La tensión en la que viven miles de familias de La Oroya no puede sernos indiferente. La respuesta del sindicato al pedido de marcha de apoyo no ha sido positiva, pero es casi seguro que las vigilias previas al 27, las vivirá todo el centro del país. Es conocido que entre los repertorios de la protesta social en esta ciudad está el bloqueo de la Carretera Central. ¿Tendrán el nuevo Presidente y su flamante Gabinete así como el nuevo Congreso las capacidades para afrontar esta coyuntura?, quedamos en compás de espera hasta el 27 de agosto.  

desco Opina - Regional / 20 de julio de 2016

Programa Regional Centro
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Un escenario en busca de actores

Lo obvio de la política peruana, por lo menos desde el 2000, es que busca constituirse sin partidos políticos. Al respecto, el resultado de las elecciones 2016 fue un escenario eminentemente político que, desgraciadamente, como en muchas otras oportunidades, nos coge sin las organizaciones que debían administrarlo. Una pena, porque era una ocasión más de fortalecer el sistema democrático, si los responsables de ello hubieran existido.

Sin embargo, no todo es desolación. Una afirmación, por demás provocadora podría sostener que la única actitud política, sin que ello lo convierta en una entidad política en toda la regla, provendría del fujimorismo, al negarse a ser parte de una fórmula que ofrezca algunas garantías de «gobernabilidad» para los próximos años.

En esa línea, una creciente porción de la derecha peruana, cada vez más inquieta, exige a este grupo «hacer las paces» y «olvidar los rencores» para posibilitar así una superconvivencia que, entre otros objetivos, termine por cerrar las puertas a una débil izquierda que no encuentra aún su rumbo.

¿Creemos realmente que los fujimoristas, hablando en genérico, se han conmovido y se sienten  sumamente afectados por las acusaciones, timoratas además, de un PPK que solo ha demostrado una correlación inversa entre sus dotes tecnocráticas y su capacidad política? En todo caso, tengamos fe que sea así y veamos las distintas posibilidades que se abren. Una de ellas, planteada por periodistas como Augusto Álvarez Rodrich, sería que PPK cometería un error si «negocia con rodilleras la convivencia entre un gobierno políticamente débil y una oposición fuerte por su amplia mayoría congresal». El argumento se basa en los probables daños que podría causarle al fujimorismo una actitud obstruccionista, aunque sin señalar cuáles son las capacidades políticas del círculo PPK para llevar adelante la tarea de organizar dicha convivencia.

De allí, se deriva un segundo escenario posible, es decir, que PPK tenga que negociar cediendo poder. No es el deseable, pero preguntamos nuevamente ¿de dónde extraerá los elementos políticos necesarios para negociar en buen pie, con un fujimorismo que –en términos reales– está actualmente en mucho mejor posición que un Ejecutivo que solo busca el mejor perfil tecnocrático posible: «¿A dónde corre PPK? El Congreso lo domina Keiko y cualquier cosa que los múltiples voceros ppkausas digan sobre delegación de facultades, mesas multipartidarias y comisiones de fiscalización es prematuro y hasta imprudente».                    

Pero, también podría ser que simplemente el fujimorismo no esté interesado en ninguna «estabilización» ni que PPK tenga medios para lograrla. Este es el peor escenario, el que no deja dormir, sobre todo, a la derecha económica que ve diluirse la posibilidad de negocios si se instala el entrampamiento político.

Así las cosas, no solo se trata de saber que desearían hacer quienes están en medio del juego; las preguntas mayores son por lo que realmente pueden hacer. En esa dirección, está claro que PPK no puede hacer mucho sin el concurso de otras fuerzas. Lo que queda para la conjetura es si el fujimorismo no quiere, o tampoco puede hacer lo que la derecha restante más tradicional espera de él.

Mientras tanto, a un par de semanas para el inicio de la administración PPK, no sabemos a ciencia cierta quiénes conformarán el próximo gabinete ministerial, aunque está «comprometido» su anuncio para el 15 de julio (contrastar esta situación con lo acontecido a estas alturas en el 2011, cuando se exigía a grito destemplado los nombres de los ministros entrantes), mostrando el desconcierto y las tensiones que imperan en el gobernante elegido y su círculo más cercano.

El asunto va más allá porque la voluntad política del gobernante debe ser ejecutada por un aparato que la haga suya. Es decir, el gobierno necesita un buen grupo de altos funcionarios que expresen la misma orientación que las autoridades. Lo que llaman funcionarios de confianza. Según SERVIR, en el Perú existen actualmente un millón 300 mil servidores públicos. El 45% de éstos, están adscritos al Gobierno Nacional. De ellos, se estima muy conservadoramente que no menos de dos mil personas son consideradas como «personal altamente calificado». ¿Puede cubrir el gobierno de PPK, que aspira a darse legitimidad con una imagen tecnocrática, esta nomenclatura?

desco Opina / 15 de julio de 2016
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Reducción presupuestaria y gobernabilidad futura en Arequipa

La reducción en el monto de la última transferencia del canon minero que le correspondió a Arequipa sorprendió a las autoridades de la región. Si las estimaciones del MEF para el 2016 ya los había alarmado, las cifras reales mostraron una caída más contundente: 5 millones y medio para el Gobierno Regional y 16 millones y medio para los gobiernos locales de todo el departamento, lo que significa una reducción del 94% respecto a lo recibido en el 2015, el monto más bajo de los últimos diez años.

Por varias razones, la gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, las tiene más difíciles. La primera es por haber asumido un gobierno con parte del presupuesto de inversión hipotecado por su antecesor, Juan Manuel Guillén, por la construcción del puente Chilina, uno de sus más anhelados proyectos. Para su edificación utilizó el mecanismo de obras por impuestos, obligando al Gobierno Regional a liquidar el proyecto, comprometiendo 26 millones de soles anuales a cuenta del canon por los próximos diez años. Esta obra, así como la gestión del  exgobernador, fueron investigadas por la Comisión de Fiscalización del Congreso, encontrándose indicios de malversación de más de 1800 millones de soles. La Contraloría General de la República, halló también varias irregularidades; por ello, la fiscalía ha dispuesto recientemente formalizar una investigación contra Guillén y exfuncionarios de su entorno.

La segunda dificultad para la gobernadora es haber comenzado su gestión al final del superciclo de los minerales, lo que se traduce en una sustancial reducción del monto recaudado por canon minero, tal cual se indicó anteriormente. Esta partida ha sido por varios años fundamental para el presupuesto de inversión, permitiendo al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), por ejemplo, disponer en el 2009 de más 137 millones soles para proyectos.

Los fuertes recortes pueden significar para la gobernadora confrontar problemas con la sociedad civil organizada, incluyendo a la que interviene en la elaboración de los presupuestos participativos (PP) regionales. Este año, por falta de recursos, ninguno de los 13 proyectos priorizados en el PP del 2015 fue ejecutado; el mismo destino pueden correr los 25 aprobados en el PP 2016, ya que el GRA estimó un techo presupuestal de 47 millones de soles de inversión para el 2017, los que serán utilizados en su totalidad para la continuación de proyectos multianuales. 

En este contexto, la gobernadora se ha visto obligada a gestionar mayores presupuestos de inversión para el desarrollo de la región, tanto con actores públicos (Ministerios),  como privados (Empresas), a la fecha con mayor éxito entre los primeros. Una de sus fórmulas ha sido el impulso de mesas público privadas para discutir problemas focalizados en cada provincia, buscando inversión de las empresas privadas que impactan en estas zonas con sus actividades. En la provincia de Arequipa, buscó en vano comprometer a la empresa minera Cerro Verde con un aporte voluntario para el desarrollo del departamento, por lo que, ante su negativa, exigió a la empresa que amortice los 286 millones de soles por regalías impagas requeridos en un fallo judicial. Osorio tiene una posición firme con respecto a la contribución del empresariado minero y parece que no se rendirá tan fácilmente.    

El financiamiento del proyecto del puente Chilina vía obras por impuestos merece finalmente una reflexión. Visto como una alternativa que supuestamente supera la ineficiencia y corrupción de las entidades públicas, en la práctica, compromete el presupuesto de los gobiernos subnacionales por varios años, de modo que las autoridades que lo usan, les dejan a sus sucesores un legado de deudas que van a limitar sus funciones. Eso es justamente lo que le ha ocurrido a la gobernadora Osorio, lo que es más grave aun considerando la reducción del canon y que no fue la gran solución para descongestionar el tráfico. Está por demostrarse además, si este mecanismo es más eficiente y transparente que el utilizado por las entidades estatales.

Arequipa enfrenta entonces un problema serio que afectará la capacidad de su gobierno regional y de sus gobiernos locales para invertir en proyectos en la misma escala que lo ha venido haciendo. Es incluso previsible que la misma gobernabilidad de la región se vea afectada. Es todo un reto para el gobierno nacional que se instala el próximo 28 de julio, más aun considerando el pedido de aumento del presupuesto hecho por los presidentes regionales y alcaldes durante la Primera Cumbre de descentralización, y las expectativas que ha generado el nuevo presidente electo en la ciudadanía arequipeña y del sur, que votó masivamente por PPK.

desco Opina - Regional / 8 de julio de 2016

Programa Regional Sur

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PPK y la «gerencia» de los territorios

Mientras el fujimorismo sigue mascullando la derrota, conviene enfocarse en los desafíos del presente. Puesto que la conformación del primer gabinete ‘pepekausa’ se hará pública el 10 de julio y que lo único cierto es que Thorne irá al MEF, por ahora las únicas indicaciones que tenemos son las comisiones de transferencia. Por lo visto habrá un manejo tecnocrático, previsible en un gobierno de PPK, aunque hay señales sobre la seriedad con la que se aborda la labor, por lo menos. Es así en el MIDIS, MIMDES, MIMPV, Interior, Salud y Defensa, entre otros. Pero hay un ministerio intransferible, porque no existe: el de Descentralización. ¿Qué cabría esperar de PPK sobre la gestión y articulación de los diversos territorios que componen este país?

El escenario en el que le toca operar a este gobierno es uno de estrecheces, ya no solo políticas, sino económicas. El presidente electo ya declaró públicamente que la caída en el crecimiento del PBI se debe a una sola razón: el menor precio de los commodities, sobre todo los que provienen de las industrias extractivas. Contra la opinión interesada en desprestigiar a Ollanta Humala (¡como si hiciera falta!) la desaceleración no tiene que ver exclusivamente con el manejo macroeconómico del gobierno. Un representante del PNUD declaró recientemente que hasta 1.6 millones de peruanos podrían volver a contarse dentro de los pobres, por vivir con muy poco y sin seguridades de ningún tipo. La razón está asociada también al enfriamiento de la economía mundial y en América Latina en específico, a la baja en los precios de las exportaciones primarias. Tal vez por eso se impone dar señales a los gobiernos subnacionales, algunos de los cuales han sido «canondependientes», como declaró el Vicepresidente Vizcarra.

PPK y su equipo viajaron al Cusco a la llamada Primera Cumbre por la Descentralización, co-organizada por la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) que congregó a 22 gobernadores regionales y alrededor de 1000 alcaldes. Anunció medidas para igualar la cancha, en otras palabras, evitar la desigualdad, entre las regiones más ricas y las más pobres, mientras Vizcarra anunció con claridad que espera destrabar alrededor de 67 mil millones en inversiones mineras. Hace bien el gobierno en mostrar sus cartas de una vez y de manera tan pública. Previsible es también que varios de esos proyectos, por ejemplo Las Bambas, enfrenten resistencias de las poblaciones en las llamadas ‘zonas de influencia’. En ese caso, el gobierno de salida pactó un programa de inversiones de S/. 1400 millones pero en el cual parece haber poco avance.

Ojalá el manejo en este tema haga oídos sordos al discurso pasatista de algunos sectores pro empresariales que siguen tratando de echarle la culpa de toda protesta a los «radicalismos» y que no dudan en exigir represión a la mínima señal de disenso. Estos sectores empresariales bien podrían estar a favor de  una propuesta que se escuchó en la mencionada Cumbre con autoridades regionales y locales: la de crear sedes descentralizadas de Proinversión. Estarían de acuerdo si de concesionar el país por partes se tratara, por cierto. Una propuesta audaz del alcalde del Cusco fue que el Gobierno destine el 50% de su presupuesto a las regiones. Pero es sabido que en un escenario de contracción, la tendencia es más bien a desconcentrar: en épocas de vacas flacas se espera que cada región «baile con su pañuelo».

No obstante, PPK sí se ha referido a la diversificación productiva en los territorios como respuesta desde el gobierno para asegurar ingresos a nivel país. El tema lo puso en agenda pública el Ministro Piero Ghezzi para este gobierno, pero tuvo poco eco en los hechos. El presidente electo se ha referido a ampliar lo que capta el país por el turismo, a las industrias como las fundiciones y a la agroexportación. Sobre este último punto, declara estar a favor del régimen especial que en campaña fue presentado como ‘Ley Chlimper’, es decir, está a favor de flexibilizaciones laborales, como buen neoliberal que es.

Cuando se habla de territorios usualmente se imagina al Sur. El gran espacio costero, andino y amazónico que no votó por él en la primera vuelta pero que, en varios casos notables como Puno, Arequipa y Tacna, le dio su apoyo contra Fujimori en la segunda. Tienen razón en el Sur en reclamar atención del nuevo mandatario aunque, claro está, un presidente no debe gobernar para ‘pagar’ los votos recibidos, sino para todos los peruanos. Pero sí es cierto que territorios donde se encuentran el mencionado proyecto Las Bambas, y donde se produce el agua que da vida a la agroexportación de la costa peruana, exigen un manejo serio y articulado. El presidente electo ha declarado muchas veces que le interesa en particular llevar agua a los hogares peruanos pero también construir infraestructura de riego, para favorecer inversiones que se dan, por citar solo un ejemplo, en Ica con aguas que fluyen desde Huancavelica. Dicho sea de paso, el fujimorista gobernador de Ica, Fernando Cilloniz, brilló por su ausencia en la ‘Cumbre’. 

No menos importante en los tiempos que corren es la relación bilateral con los vecinos, y eso también adelanta algo del manejo económico y territorial de Kuczynski. Su gran interés por Chile y su participación en la III Cumbre empresarial de la Alianza del Pacífico dice mucho de las ganas que tiene de atraer capitales desde «ese» sur: “Estamos para servirles, queremos atraer inversión y ustedes tienen la puerta abierta”, declaró en el evento. Sin duda, PPK se siente a gusto en el mundo de los negocios pero debería estar preparado para exponer, democráticamente, sus respuestas a las voces en contra. Después de todo, ya tiene suficiente con la oposición de tinte revanchista que ha anunciado el fujimorismo en el Congreso.

En conclusión, es un escenario complicado para la economía, y por tanto, para la reducción de las desigualdades en el país. El nuevo gobierno es claro en su orientación promercado, y en eso no difiere del fujimorismo, pero parece ser al menos más franco en su manejo tecnocrático o ‘gerencial’ de este país. No va a ser «Presidente del Directorio», sino presidente de los millones que, en diferentes territorios, claman por señales de que su existencia no es marginal para el modelo. El impulso a la descentralización es positivo si no se negocia de espaldas a las poblaciones y sus autoridades y si se articulan los esfuerzos del Estado por dar coherencia a la administración social y económica en costas, sierras y selvas. PPK es un pragmático, y su proyecto político no tiene una gran visión del país. Pero para suerte suya, el gobierno de Humala dejó el techo tan bajo, que basta vocación de diálogo y algunas ideas claras para llegar al bicentenario con un país que no dé signos de fragmentación.     

desco Opina / 1 de julio de 2016
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