Una política de aguas que hace agua

 El pasado 9 de enero del 2026 se publicó la Resolución Ministerial N° 007-2026-Vivienda por la cual se aprueba la transferencia financiera de más de 52 millones de soles a favor de la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) destinada a financiar la distribución gratuita de agua potable mediante camiones cisterna a la población del ámbito urbano que no cuenta con acceso al servicio de agua potable y que se encuentra en condición de pobreza y pobreza extrema, conforme a los criterios de priorización a nivel nacional y las zonas focalizadas.

En nota de prensa se menciona que la decisión responde al esfuerzo conjunto entre la Presidencia de la República, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sedapal, orientada a cerrar brechas en el acceso a agua potable, especialmente en sectores donde aún no existe infraestructura de redes y donde la presencia del Estado es crucial. Al margen de ello, podemos dar fe de primera fuente que el abastecimiento se da de manera igualitaria a todos los pobladores, esto significa, el llenado de un tanque de 1100 litros en el mejor de los casos, pues si no cuentan con este repositorio, se llenará aquel que la familia disponga. Este abastecimiento se hace una vez por semana y una vez por vivienda, sin importar que en ella habite una familia nuclear o extendida, provocando que el agua no alcance para las necesidades de todos los habitantes, quienes consideran que es mejor pagar por un servicio que les dote del agua que requieren, así como sucede en otras partes de la capital, en donde habrá un alza en la tarifa a partir del mes de febrero.

Este incremento de costo oscilará entre el 12% para hogares y el 20% en el sector industrial, según informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), y responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, que ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras a nivel nacional, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio. En ese sentido, valdría la pena preguntarse cuáles son los planes estratégicos que se manejan desde esta empresa para dotar de agua a una ciudad que cuenta con alto nivel de estrés hídrico y si el hecho de asignarle más recursos servirá para brindar un servicio permanente y de calidad a quienes vivimos en ella. Esto, además de priorizar un uso más adecuado de este bien que es tan escaso y, sobre todo, generar conciencia de su uso para garantizar la sostenibilidad futura de la capital.

Qué podemos esperar de una política nacional de agua y saneamiento, teniendo en cuenta que más de la mitad de los colegios del Perú carece de agua potable y saneamiento adecuado, aproximadamente 38 000 colegios sin agua potable y más de 41 000 sin desagüe, en donde miles de niños y niñas deben usar baños que ponen en riesgo su salud. Cerca del 18% de los centros educativos del país dependen de ríos, acequias, manantiales y otras fuentes para abastecerse del recurso hídrico, y más de 9000 mil instituciones usan pozos sin tratamiento como desagüe. ¿Qué podemos esperar de una estrategia que no tome en consideración otros sectores como salud, industria, comercio y vivienda?

Soluciones aparecen como un oasis dentro de un vasto desierto. La idea de contar en Ancón con una planta desalinizadora que garantice servicio continuo a más de 570 000 personas en zonas vulnerables, parece un paso adelante, para ello la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), requerirá una inversión estimada de US$ 204.77 millones, la cual será asumida íntegramente por el sector privado. Al tratarse de una Asociación Público-Privada sin cofinanciamiento, el proyecto no compromete recursos fiscales del Estado, permitiendo acelerar su implementación. La infraestructura tendrá la capacidad de producir 86 400 metros cúbicos de agua potable al día, lo que parece por demás interesante, pero dicha planta desalinizadora está directamente vinculada al desarrollo del Parque Industrial de Ancón (PIA), megaproyecto que se levantará sobre un terreno de 1338 hectáreas y que contempla una inversión estimada de US$ 1214 millones.

Habría que preguntarse cuánto de esa agua sirve para la industria y cuánta para consumo humano solo para poder tratar de entender si, en la relación costo beneficio, esta solución es realmente sostenible. En ese sentido, quizá eso que pensamos será un paso hacia adelante termina siendo todo lo contrario; por ello, la labor de cada uno de nosotros como ciudadanos es velar por la coherencia, pertinencia y eficiencia de lo que se propone, pues sabemos que los gobiernos de turno manejan el Estado poniendo la carreta por delante del caballo, cuando de desarrollo sostenible hablamos. 

 

desco Opina - Regional / 16 de enero de 2026

descoCiudadano

Lima atorada: una historia de bypass, trenes y peajes

 

En los últimos días viene “circulando” información acerca de la construcción de un viaducto de 1.8 km en la av. Javier Prado –una de las arterias más congestionadas de la ciudad capital–, el cual conectará desde la av. Las Begonias hasta la av. Arenales. Esta obra proyecta iniciar su construcción entre enero o febrero del 2026 y se prevé su culminación para finales del mismo año.

Esta obra forma parte de los preparativos para la realización de los Juegos Panamericanos Lima 2027, la cual proyectaba meses atrás, que la av. Javier Prado tendría tres bypass valorizados en S/500 millones para descongestionar el tránsito en distritos como San Isidro, Lince y Ate. Esta noticia que en principio puede sonar alentadora, apuntando a liberar el tráfico que sufren muchos limeños que transitan por esta vía de la ciudad, puede terminar generando un efecto contrario al esperado, pues quizá el resultado sea “transportar” el tráfico de un punto a otro de la ciudad, que actualmente está catalogada entre las siete primeras ciudades con mayor tráfico a nivel mundial, con un promedio de velocidad de tan solo 14 km/h.

Esta situación solo demuestra que el problema del transporte urbano en la ciudad de Lima es un tema álgido y complejo, que no ha contado con soluciones adecuadas ni integrales, y que no hace más que sumarse a otras obras previas de envergadura a nivel metropolitano como el popular tren Lima–Chosica, cuyo plan hoy difiere de la propuesta inicial anunciada por Rafael López Aliaga cuando aún no dejaba el sillón municipal metropolitano y prometía que el ferrocarril llegaría con sus 10 estaciones hasta el Callao. Actualmente, Proinversión, encargada de la asistencia técnica del proyecto ha reducido su propuesta de estaciones y evaluará sobre la marcha blanca dónde deberían ser ubicadas, en principio para esta primera fase se prevé un recorrido desde Chosica hasta Monserrate, con una sola parada confirmada en Huaycán; mientras que se viene evaluando la pertinencia de llegar hasta el Callao, tomando en consideración que la Línea 2 del Metro cubrirá esa ruta. 

Otro aspecto que suma al cuestionamiento sobre los criterios técnicos y de planificación integral del transporte es lo que viene sucediendo con el cobro de los peajes, cambiando de un discurso en el que se eliminaba el cobro de los mismos a uno en el que la Municipalidad de Lima anuncia que el cobro de peajes en la Panamericana Sur será a precios 'más asequibles'. Esto probablemente porque no se tomó en consideración que se requiere hacer un gasto mensual en mantenimiento de autopistas que asciende a S/6 millones según el municipio metropolitano.  

Todo este escenario no hace más que confirmar la poca planificación y el escaso criterio con el que cuentan nuestras autoridades para proponer soluciones estratégicas e integrales a los problemas que aquejan a los ciudadanos. Muchas veces gana el deseo de figurar o anunciar la noticia de impacto que pueda dar visibilidad, sin que eso signifique claridad hacia dónde se tienen que dar los siguientes pasos; la necesidad y la urgencia pueden hacer que, a menudo, el remedio sea peor que la enfermedad.

 

desco Opina - Regional / 18 de diciembre de 2025

descoCiudadano

Megadecepciones

 

Hay varios megaproyectos en el imaginario de las ciudadanas y ciudadanos surandinos, el término “imaginario” alude a que no se llegan a concretar. Algunos de ellos sólo están en el campo de los sueños como el megapuerto Corío, el tren bioceánico o una planta petroquímica en la costa sur; mientras que otros, que se iban a materializar, quedaron paralizados en medio de embrollos judiciales y de corrupción como el Gasoducto Sur Peruano (antes Gasoducto Sur Andino) y el proyecto Majes Siguas II. En medio de todo el ruido político, su resolución, ha estado permanentemente vigente en la agenda de la opinión pública en esta parte del país.

Comencemos con Majes Siguas II. El proyecto quedó paralizado en el año 2017. Después de una serie de discusiones sobre qué hacer para destrabarlo, el año pasado el Gobierno Regional de Arequipa decidió transferir el proyecto al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Este año, el Gobierno Nacional anunciaba entre bombos y platillos que había varios Estados interesados en desarrollar el proyecto, aceptando implícitamente que ellos serían incapaces de hacerlo. Midagri informó que representantes de los Estados de Canadá, Reino Unido, Países Bajos y Japón, llegaron al país para participar de una charla y efectuar una visita técnica a la primera etapa del proyecto que se adjudicaría en mayo a uno de ellos. Sin embargo, hace unos días, Midagri firmó un convenio con Proinversión para la evaluación e implementación de alternativas a fin de retomar la ejecución de la concesión del proyecto mediante el mecanismo de Asociación Pública Privada (APP). Esta noticia nos dice que quizá el proceso para adjudicar el proyecto a otro país esté tambaleando.

La relevancia del proyecto Majes Siguas II se funda en dos pilares: la optimización de los recursos hídricos y el impulso a una producción agrícola regional tecnificada, generando trabajo tanto en su etapa constructiva como en la productiva. Empero, al ser un proyecto elaborado por Proinversión en Lima, no se han tomado en cuenta diversas opiniones técnicas de la región respecto al costo de las tierras y la inclusión de la mediana agricultura en el desarrollo del proyecto para que no sólo favorezca a una o dos empresas nacionales. Además, no se ha resuelto aún el arbitraje internacional con la empresa Cobra, última titular de la concesión. Tampoco sabemos si el Gobierno Nacional ha invertido en el mantenimiento de la tuneladora que trajo la empresa y que el entonces presidente de lujo, Pedro Pablo Kuczynski, inauguró en el 2017, la misma que quedó en abandono sin que se haya terminado el túnel para el trasvase de aguas.

Para los cusqueños es vital el tema del abastecimiento de gas. No les cabe en la cabeza cómo es que, teniendo el recurso en la región, los primeros ciudadanos en ser atendidos hayan sido los capitalinos que cuentan con el servicio domiciliario de gas desde el 2005 a precios menores a los 30 soles, mientras que varios de los hogares cusqueños tienen que pagar entre 80 a 130 soles por un balón de GLP. Hace unos meses, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo Álvarez, exigió que el Gobierno Nacional construya el Gasoducto Sur Peruano (Sitgas) y que el proyecto priorice el abastecimiento en la región, si no, obstaculizarían su avance.

El problema no solo es el abastecimiento del gas domiciliario. El desabastecimiento para la industria ha sido un factor determinante para su desmantelamiento en el sur, pues los costos de producción de una planta industrial limeña que funciona con gas son inferiores a una que funciona a electricidad, petróleo o gasolina en esta parte del país. Así, no somos ni podemos ser competitivos, por eso la discusión por el trazo ha sido una constante desde el anuncio del proyecto a inicios de este siglo. Se ha dado una pelea firme contra el centralismo en la decisión del trazo, pelea contra un cúmulo de intereses para que sea costero y se desarrolle en Ica, una pelea que parece estamos perdiendo o que partirá al sur en dos.

En febrero el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, anunció que tienen avanzado el proyecto propuesto de manera interesada por la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) para construir el Gasoducto Costero. El ministro señaló que “El ducto costero va a llegar y conectar en dos puntos para tener la petroquímica en desarrollo, una en Ilo y la otra en Arequipa, son dos puntos que se van a conectar”, lo que significa dejar al resto de regiones del trazo original en stand by y que seguirán siendo abastecidas por el “gas virtual” (suministro de gas a través de camiones). Esto mereció un encendido pronunciamiento de la CGTP que fue semilla para el paro regional de 48 horas convocado en Cusco hace unos días y que paralizó la capital y algunas provincias. Los dirigentes cusqueños pidieron una mesa de diálogo vinculante para ver la conclusión del Sitgas y la construcción de la planta de fraccionamiento en Kepashiato anunciada el año pasado por las autoridades nacionales. Los manifestantes consiguieron que la Presidencia del Consejo de Ministros les agende una reunión para el próximo 3 de abril.  

No podemos dejar de mencionar también, la indolencia de los gobernantes regionales del sur que no han mostrado un interés mancomunado en hacer un seguimiento al gasoducto. No bastaban acuerdos declarativos, era vital un trabajo de incidencia política permanente en el Gobierno Nacional. De poco sirve que ahora aparezcan de forma individual a querer resolver dicha situación.

El Sitgas quedó paralizado en el 2017 después del escándalo de corrupción de Odebrecht. En este mismo año, el Estado peruano invirtió en un estudio elaborado por la consultora internacional Mott MacDonald para retomar el proyecto, la que recomendó mantener el trazo general del Gasoducto Sur Peruano, a lo que han hecho oídos sordos. Hasta el 2023 el Gobierno Nacional desembolsó 825 millones de dólares en gastos administrativos por mantenimiento y preservación de tubos, y aunque solventaron parte del monto con la garantía del proyecto, no se cubrió ni la tercera parte de lo gastado. Desconocemos el monto total invertido hasta el momento.

Con una presidenta en funciones que vive en una realidad paralela y un Congreso tomado por lobistas y delincuentes, tenemos dudas de que estos megaproyectos –si logran remontarse– cumplan con las expectativas del sur de convertirse en un polo de desarrollo que desconcentre el poder económico. No queremos chorreos, demandamos ser incluidos, de una vez por todas, en el desarrollo del país.

 

desco Opina – Regional / 28 de marzo del 2025

descosur

Proyecto Majes II, esperanza y frustración

 

La primera etapa de este proyecto estratégico para la región Arequipa logró poner en producción 15 000 hectáreas de cultivos, arrancadas al desierto al costo de 1300 millones de dólares, lo cual ha sido motivo de un permanente cuestionamiento por tratarse de la habilitación de tierras más cara del mundo en esas condiciones. Sin embargo, hay que señalar que en estos costos se incluye la gran parte de la infraestructura hidráulica (represa de Condoroma, 97 Km de canales con capacidad de transportar 36 m³/s de agua, bocatomas y otras obras), necesaria para la ejecución de la segunda etapa que permitirá la incorporación de 38 500 hectáreas adicionales.

La segunda etapa del proyecto Majes comprende: la represa de Angostura (1140 millones de m³ de capacidad), el canal de derivación Angostura-Colca (18.4 km), la bocatoma de Lluclla (30 m ³/s), el canal de derivación Lluclla-Siguas y el sistema de distribución (38 500 ha). Su objetivo es generar 90 000 empleos permanentes en la agricultura y 100 000 en actividades conexas, a lo que habría que agregar alrededor de 10 000 empleos en la fase constructiva de la infraestructura hidráulica y las centrales hidroeléctricas previstas con capacidad de generación de 540 MW, importantes para asegurar la cobertura de la creciente demanda energética.

Como en muchas obras públicas, el vía crucis de este proyecto en la segunda etapa comienza con la injustificada oposición de nuestros vecinos del Cusco en el año 2013, argumentado “el impacto ambiental negativo” que tendría porque los dejaría sin recursos hídricos para irrigar sus territorios. En el fondo, esta oposición tenía a la base fundamentalmente, expectativas políticas de corto plazo determinadas por los diversos procesos electorales en curso tanto a nivel nacional, regional o local. Una politización distorsionada del proyecto tenía como resultado que los partidos políticos desnudaran su falta de visión territorial y de largo plazo, dando lugar a que los partidos políticos de derecha e izquierda, opinaran de manera opuesta en Cusco y Arequipa. La tradicional rivalidad entre las dos regiones se exacerbó. En esta pugna, el proyecto se judicializó cuando la Municipalidad de Espinar logró una medida cautelar que paralizó el proyecto estableciendo la obligación de realizar un estudio de balance hídrico, que se hizo en convenio entre UNOPS y la Autoridad Nacional del Agua (ANA), con supervisión del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El estudio confirmó la viabilidad técnica y ambiental del proyecto, a pesar de ello se mantuvo la oposición de Espinar al mismo.

A esto, se han sumado las dificultades y problemas en la gestión del proyecto a cargo del Gobierno Regional de Arequipa. Guillén Benavides focalizó su accionar en los aspectos judiciales. Yamila Osorio, suscribió doce adendas que elevaron significativamente el presupuesto original y, según los especialistas, desnaturalizó el proyecto por incrementar indebidamente la participación del Estado en beneficio de la empresa concesionaria, vulnerando los términos del contrato original. Y la gestión de Cáceres Llica, que durante la campaña de su elección tenía como bandera central la no suscripción de la Adenda 13, que significaba otro incremento en el costo del proyecto en 104 millones de dólares.

Sobre este último punto, hasta hoy se mantiene una gran controversia en la región entre quienes argumentan que este pedido de la concesionaria es improcedente por cuanto no está suficientemente demostrada la justificación técnica del cambio de diseño y porque adicionalmente, el contrato de concesión establece expresamente que la variación técnica contemplada como posibilidad al momento de suscribir el contrato “no modificaría el presupuesto o aporte del gobierno”. La falta de aprobación de la Adenda 13 hasta el momento, es el factor detonante de la situación actual del proyecto.

Han transcurrido más de diez años desde la suscripción del contrato de concesión en diciembre del 2010 con el Consorcio Angostura Siguas, el costo inicial del proyecto se elevó en el año 2015 a US$ 550 millones de dólares y estaría pendiente su incremento en 104 millones adicionales según la exigencia de la concesionaria, más otros costos por la paralización del proyecto, pasaría a costar US$ 700 millones, según cálculos de Autodema.

Las modificaciones al contrato de concesión inicial, así como las marcha y contramarchas en las diferentes gestiones regionales, sobre todo en la última, han colocado en una situación complicada y desventajosa al Gobierno Regional de Arequipa, que ha sido aprovechada por la concesionaria para poner en marcha el proceso de resolución del contrato, invocando incumplimientos del gobierno regional y anunciando la demanda de 220 millones de dólares por los perjuicios ocasionados en el proceso. En el fondo, esta medida busca ocultar la insolvencia técnica y financiera para cumplir con las obligaciones de la concesión, además de las dificultades que representa la inestabilidad de nuestro sistema político, donde persiste la confrontación entre el Parlamento, el Ejecutivo y otras instancias del poder. Son factores que podrían pesar en contra de la región en un posible arbitraje.

Otro tema importante, aunque no ha ocupado los titulares en los medios, es el referido al diseño centralista del proyecto a cargo de Proinversión, sin participación de las fuerzas vivas de la región, y con un modelo de adjudicación que busca recuperar la inversión mediante la subasta de lotes de 200 hectáreas, supuestamente para superar el error cometido en la primera etapa, donde se adjudicaron parcelas de 5 hectáreas. Un diseño así, pensado exclusivamente en la agroexportación y en la intervención de grandes inversionistas, no corresponde a las condiciones de la región ni a las demandas estratégicas del desarrollo regional y nacional, pues ignora el rol de la agricultura familiar y la necesidad de enfrentar los retos de la seguridad alimentaria.

Así las cosas, ahora lo que se requiere son los mayores esfuerzos para evitar que esta gran esperanza se convierta en una nueva frustración, para lo cual se demanda: una adecuada y eficiente defensa jurídica del Estado en los tribunales; la reformulación del proyecto en función de las necesidades estratégicas del desarrollo y con participación de las fuerzas regionales; y la realización de una nueva licitación internacional que elimine los vicios del modelo de asociación público privado, que ha sido fuente de corrupción en nuestro país.

 

desco Opina – Regional / 18 de febrero del 2022

descosur

Frente cívico por el gas para el sur

Más allá del remezón en las altas esferas del poder, la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha puesto luces sobre un gobierno que viene pateando la resolución de un proyecto que urge para la descentralización económica y el desarrollo del sur del país. Tres largos años han pasado desde la disolución del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que quedó con un 33% de avance y una inversión de dos mil millones de dólares, según Odebrecht.

La demanda de Odebrecht al Perú por 1200 millones de dólares ante el Ciadi por violar sus obligaciones contractuales al resolver el contrato por el Gasoducto Sur Peruano –pese a ser la empresa que más dinero repartió en coimas a políticos y empresarios peruanos–, ha dejado como saldo la destitución de un procurador y la renuncia de dos ministros. Si bien se aplaudió la decisión del Ejecutivo de resolver el contrato (cabe recordar que fue porque el concesionario no acreditó el cumplimiento del cierre financiero), en estos tres años no ha dejado de tomar una serie medidas erráticas.

Cuatro meses después de resolver el contrato, el Ejecutivo dictaminó mediante decreto supremo no sólo eliminar el monto destinado al desarrollo del GSP cobrado en los recibos de luz, sino que ordenó la devolución del fideicomiso recaudado hasta ese entonces, que alcanzó poco más de 6.8 millones de soles, y que no iba a estar bajo el poder del consorcio Odebrecht-Enagás-Graña y Montero, como muchos se empeñaron en difundir. El gobierno bien pudo resguardar este fideicomiso en una cuenta hasta el reinicio del proyecto.

Poco tiempo después, comenzó una nueva mecida: el Ministerio de Energía y Minas anunciaba en abril de 2018, la contratación –a través de Proinversión– de una consultoría para determinar si era necesario o no el trazado de una nueva ruta para el gasoducto, requisito al que estaba supeditado el lanzamiento de una nueva convocatoria, zurrándose en los intereses del sur, pues no se habilitó mecanismo alguno de consulta respecto al tema en esta parte del país. Hacia el segundo semestre del año pasado, aún no se tenía certeza de la decisión, aunque el presidente Martín Vizcarra manifestó en varias oportunidades la necesidad de mantener el trazo original. Perdimos un tiempo valioso en esta dicotomía ministerial.

Mientras la empresa consultora se tomaba su tiempo para decidir si el tramo quedaba o no, el Ejecutivo contrataba a la empresa colombiana ETSA para que administre los bienes de la concesión pagando 46,9 millones de dólares en el 2018 y 42,8 millones de dólares adicionales hasta el 31 de diciembre del año pasado. Suponemos que una cantidad similar pagará este año, y así será hasta que decidan ejecutar el proyecto, que supuestamente sería adjudicado en el 2021; aunque ya es un mal síntoma que Proinversión no lo colocara en su cartera 2020-2021 presentada hace pocas semanas.

Otro dato que no debe pasar desapercibido es que el año pasado, la empresa Enagas también demandó al Estado peruano ante el Ciadi por la misma causa, pretendiendo recuperar los 405 millones de euros que invirtieron en el proyecto.

Así las cosas, la suerte del gasoducto –ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SIT Gas Zona Sur)– sigue estando en manos de un cogollo limeño en Proinversión. Tenemos a favor la Ley 29970 que declara de interés público el desarrollo del polo petroquímico del sur, pero en contra, un grupo de interesados capitalinos con poder económico que pujan porque no se incluya en el proyecto este componente que es la manera más rentable de utilizar el gas natural. Tenemos también, listas dos plantas de generación eléctrica (una en Mollendo y otra en Ilo), a las que solo les falta el tubo de gas para producir energía barata, porque ahora vienen operando con petróleo, lo que resulta más caro y contaminante.

En todo este proceso, las voces del sur han estado ausentes; las autoridades regionales agobiadas por sus preocupaciones domésticas y las fuerzas vivas de la sociedad del gran sur, distraídas por el desbarajuste de nuestra política nacional atravesada por la corrupción. Es hora de promover la conformación de un gran frente. El gas en el sur nos permitiría repotenciar la industria regional, producir energía barata y el desarrollo de la industria petroquímica. Las reservas para ejecutar el proyecto están probadas. Que no nos quiten el sueño.

desco Opina - Regional / 21 de febrero de 2020

descosur