Frente cívico por el gas para el sur

Más allá del remezón en las altas esferas del poder, la demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), ha puesto luces sobre un gobierno que viene pateando la resolución de un proyecto que urge para la descentralización económica y el desarrollo del sur del país. Tres largos años han pasado desde la disolución del contrato del Gasoducto Sur Peruano (GSP), que quedó con un 33% de avance y una inversión de dos mil millones de dólares, según Odebrecht.

La demanda de Odebrecht al Perú por 1200 millones de dólares ante el Ciadi por violar sus obligaciones contractuales al resolver el contrato por el Gasoducto Sur Peruano –pese a ser la empresa que más dinero repartió en coimas a políticos y empresarios peruanos–, ha dejado como saldo la destitución de un procurador y la renuncia de dos ministros. Si bien se aplaudió la decisión del Ejecutivo de resolver el contrato (cabe recordar que fue porque el concesionario no acreditó el cumplimiento del cierre financiero), en estos tres años no ha dejado de tomar una serie medidas erráticas.

Cuatro meses después de resolver el contrato, el Ejecutivo dictaminó mediante decreto supremo no sólo eliminar el monto destinado al desarrollo del GSP cobrado en los recibos de luz, sino que ordenó la devolución del fideicomiso recaudado hasta ese entonces, que alcanzó poco más de 6.8 millones de soles, y que no iba a estar bajo el poder del consorcio Odebrecht-Enagás-Graña y Montero, como muchos se empeñaron en difundir. El gobierno bien pudo resguardar este fideicomiso en una cuenta hasta el reinicio del proyecto.

Poco tiempo después, comenzó una nueva mecida: el Ministerio de Energía y Minas anunciaba en abril de 2018, la contratación –a través de Proinversión– de una consultoría para determinar si era necesario o no el trazado de una nueva ruta para el gasoducto, requisito al que estaba supeditado el lanzamiento de una nueva convocatoria, zurrándose en los intereses del sur, pues no se habilitó mecanismo alguno de consulta respecto al tema en esta parte del país. Hacia el segundo semestre del año pasado, aún no se tenía certeza de la decisión, aunque el presidente Martín Vizcarra manifestó en varias oportunidades la necesidad de mantener el trazo original. Perdimos un tiempo valioso en esta dicotomía ministerial.

Mientras la empresa consultora se tomaba su tiempo para decidir si el tramo quedaba o no, el Ejecutivo contrataba a la empresa colombiana ETSA para que administre los bienes de la concesión pagando 46,9 millones de dólares en el 2018 y 42,8 millones de dólares adicionales hasta el 31 de diciembre del año pasado. Suponemos que una cantidad similar pagará este año, y así será hasta que decidan ejecutar el proyecto, que supuestamente sería adjudicado en el 2021; aunque ya es un mal síntoma que Proinversión no lo colocara en su cartera 2020-2021 presentada hace pocas semanas.

Otro dato que no debe pasar desapercibido es que el año pasado, la empresa Enagas también demandó al Estado peruano ante el Ciadi por la misma causa, pretendiendo recuperar los 405 millones de euros que invirtieron en el proyecto.

Así las cosas, la suerte del gasoducto –ahora denominado Sistema Integrado de Transporte de Gas Zona Sur (SIT Gas Zona Sur)– sigue estando en manos de un cogollo limeño en Proinversión. Tenemos a favor la Ley 29970 que declara de interés público el desarrollo del polo petroquímico del sur, pero en contra, un grupo de interesados capitalinos con poder económico que pujan porque no se incluya en el proyecto este componente que es la manera más rentable de utilizar el gas natural. Tenemos también, listas dos plantas de generación eléctrica (una en Mollendo y otra en Ilo), a las que solo les falta el tubo de gas para producir energía barata, porque ahora vienen operando con petróleo, lo que resulta más caro y contaminante.

En todo este proceso, las voces del sur han estado ausentes; las autoridades regionales agobiadas por sus preocupaciones domésticas y las fuerzas vivas de la sociedad del gran sur, distraídas por el desbarajuste de nuestra política nacional atravesada por la corrupción. Es hora de promover la conformación de un gran frente. El gas en el sur nos permitiría repotenciar la industria regional, producir energía barata y el desarrollo de la industria petroquímica. Las reservas para ejecutar el proyecto están probadas. Que no nos quiten el sueño.

desco Opina - Regional / 21 de febrero de 2020

descosur

Enfrentando la corrupción a la peruana

Que sucedan situaciones que nos renueven la alerta es, sin duda, bueno. Daba la impresión de que nos estábamos amodorrando con los procesos anticorrupción, en los que asegurábamos no tener otro desenlace que señalar la culpabilidad de los políticos peruanos y los empresarios brasileros que promovieron su corrupción.

La demanda de Odebrecht ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones – Ciadi, nos sacude de buena manera. Ni el pan estaba comido como creíamos, ni la derrota eminente de los funcionarios brasileros estaba cerca. Tampoco los fiscales peruanos eran todo lo brillantes que queríamos que fueran.

Ha sido un toque de realidad y es altamente recomendable que sigamos en esa tónica hasta el final, porque está cada vez más claro que aquello que veíamos como revelaciones y juicios a empresas y políticos corruptos es, en buena cuenta, un control de daños en los que las primeras buscan perder lo menos posible, como corresponde a cualquier lógica empresarial que se respete. Sea «tirando dedo» y cambiándose de alias –como dicen y hacen los delincuentes–, sea planteando una estrategia legal internacional cuyos alcances parecen no conocer cabalmente los operadores de la parte demandada –el Estado peruano–.

Los negocios fueron inmensos para la escala nacional. Sin embargo, para Odebrecht solo rozaron cifras interesantes para lo que acostumbraron manejar. Entonces, una primera cuestión a tomar en cuenta es el dimensionamiento de las cosas. Los brasileros hicieron negocios por más de once mil millones de dólares desde 1990 hasta el 2015 y esas cifras, para judicializarlas, exigen no solo conocimiento de los códigos procesales y penales nativos.

También obligan a saber y manejarse profundamente en los ambientes de los negocios internacionales, los mecanismos de financiamiento (en un mundo que, justamente, globaliza las finanzas y estas son cada vez más burbujas y menos contenidos reales) y las enormes posibilidades existentes actualmente para hacer «aparecer y desaparecer» grandes sumas de dinero, virtuales, además. Al respecto, muy interesante resulta a estas alturas constatar el desinflamiento de lo que comprometía los Panama papers (especialmente, lo que corresponde a nuestro país), por donde se condujo el tramo final del caso Julian Assange y lo que revela Cambridge Analytica.

Todo ello advierte, sin más, la suma importancia que tienen los organismos que deben articularnos con el exterior y preguntarnos cuánto afinamiento posee, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera con sus pares de otros países y cuál es la calidad y cantidad de información oportuna que puede estar procesando. Lo mismo podríamos extender a la Contraloría, el sistema judicial y el Ministerio Público.

Pero, lo fundamental es que los hechos han evidenciado por sí solos que enfrentar la corrupción, además de voluntad que alimenta votos, exige acciones que trasciende lo que pueda hacer el trabajo de un grupo de fiscales y jueces. En otras palabras, «apoyar la excelente labor del equipo especial de la Fiscalía», no puede ser sinónimo de una estrategia clara y con metas precisas.

En esa línea, en lugar de exponer al Premier, a quien lo único que puede ocurrírsele decir es que no tranza con los corruptos, haciendo gala de un manejo político digno de un dirigente escolar, o que le siga en orden de méritos nada menos que el ministro de Agricultura; ¿no hubiera sido adecuado que el Ejecutivo presente al ministro de Relaciones Exteriores, acompañado de la ministra de Justicia, a decirnos qué es lo que implica el amago de demanda que hace Odebrecht ante el Ciadi y qué es lo que vamos a hacer?

Así es. El mismo responsable de una cartera que hasta el momento su única preocupación ha sido ser explícitamente agradable a un gobierno como el de Trump, que si bien escapó al impeachment, ha dejado prístinamente clara su conducta corrupta, no solo con lo que atañe a Ucrania, sino como un factor indisoluble a su persona.

Los fiscales peruanos han hecho lo que han podido. No es poco, aunque tampoco es suficiente. Pero, no todo dependerá de ellos si los brasileros deciden escalar esta situación, como parecen amenazar.

 desco Opina / 14 de febrero de 2020