Votemos por el estado de derecho

 

Mucho de la manera cómo funciona nuestra ruinosa democracia, se evidenció en el reciente debate entre los candidatos presidenciales. El esfuerzo por acercarle a la ciudadanía las propuestas de los candidatos con el afán de facilitar y mejorar los canales de representación, arrojaron como resultado la exposición de una absoluta orfandad de argumentos e ideas. El problema, una vez más, tiene mucho de forma, pero es bastante mayor en materia de contenidos.

Para 33 candidatos, de los 36 en competencia, el estado de derecho, es decir, el marco normativo, la debida gestión y los procesos transparentes en los que debieran competir, no interesan. En esa línea, los que buscan alejarse de los actuales partidos congresales, señalaron que una prioridad que tendría un eventual gobierno suyo, era la derogación de las leyes pro crimen que aprobaron los integrantes del actual Parlamento.

Que los candidatos de los tres partidos, “dueños” actuales del Congreso, que hicieron del Ministerio Público la destrozada institución que vemos ahora, pasando del 18% de desaprobación ciudadana el 2022 a 35% en el 2025, nos juren por todos los santos que la Fiscalía debería tener presupuesto autónomo (Acuña), ser blindada de injerencias políticas (López Aliaga) o que se le debe garantizar su independencia funcional (Fujimori), fue sólo una aburrida manera de llenar el tiempo que se les asignó en el debate, porque todos sabemos de los enormes problemas que tienen los tres con esa institución y su escenario soñado es probablemente que ni siquiera exista.

Este apego por la desinstitucionalización, poniendo de lado cualquier atisbo de estado de derecho, hace que, en términos generales, los candidatos entiendan la inseguridad ciudadana, el mayor problema que nos aqueja hoy, como un tema policial-militar que podríamos manejarlo mejor “saliéndonos del Pacto de San José”, expresando claramente sus limitaciones y su falta de creatividad. Peor aún, un candidato autodefinido de izquierda, supone que esta situación amerita, incluso, auspiciar la creación de “comandos de aniquilamiento”.

A estas alturas, deberíamos estar convencidos de que estamos ante un problema estructural que requiere reformas profundas en justicia, participación ciudadana, policía, coordinación interinstitucional y políticas sociales.

Sin embargo, lo planteado está lejos de enfoques integrales, participativos y territoriales. Por ello, las propuestas terminan siendo populistas, fragmentadas e inviables legalmente, lo que explica por qué no logran convencer a la ciudadanía ni ofrecer soluciones sostenibles.

De este decepcionante panorama, escapan posiblemente Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Nieto propone además de una reforma integral de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización, la coordinación y articulación con gobiernos locales para reforzar la prevención comunitaria, algo que escapa totalmente a la lógica represiva de los otros candidatos. De igual manera, Mesías Guevara, emplea un enfoque territorial de manera tal que el plan de seguridad ciudadana pueda adaptarse a las realidades regionales y responder así a la diversidad territorial del país. En el caso de Pérez Tello, planteó un enfoque integral, también bastante alejado de los predominantes enfoques represivos: fortalecimiento institucional y de redes comunitarias, transparencia y coordinación interinstitucional, para profesionalizar la Policía, combatir la corrupción y atender las causas sociales del delito.

No es que las propuestas sensatas en términos de institucionalizarnos, reforzando el estado de derecho para generar ambientes más seguros no existan. El problema es que predomina el discurso facilista, de corto plazo, que apela al sentido común, resumido en el formulismo de “mano dura”.

Por eso, el pesimismo, “el mal menor” de ayer o “el voto estratégico” de hoy, sólo favorece a la antipolítica de los actores no democráticos. Aquellos que demuestran a cada paso que la democracia y el estado de derecho no les importan, pero gritan fraude como si la sospecha fuera su único plan de gobierno, aun cuando la realidad no les dé motivo, como normalmente sucede.

Entonces, la cuestión que se plantea a las ciudadanas y los ciudadanos en las próximas elecciones es cómo recuperar el máximo de espacio cívico perdido en estas últimas décadas. El voto no es ideológico, sino principista. La cancha, sin duda, está nítidamente marcada.

 

desco Opina / 1 de abril de 2026

El último mensaje de Dina

 Entre julio de 2024 y estos días del año 2025, Dina Boluarte ha procurado proyectar una imagen de estabilidad y gobernabilidad que resulte consonante con su anterior mensaje por Fiestas Patrias. Sin embargo, transcurrido un año más de su nefasto gobierno, más allá del guión triunfalista de quienes le escriben los discursos a la presidenta, el Perú real parece ir en otra dirección cuando nos informamos adecuadamente sobre lo que ocurre.

La actual administración ha logrado mantener en funcionamiento algunas líneas de gestión pública, en medio de manejos no muy transparentes, reactivar a medias obras paralizadas, y adherirse al crecimiento de la minería, el turismo y la agroexportación, sólidos por los precios y las dinámicas internacionales, pero frágiles por su fuerte dependencia extranjera. Ha procurado también reforzar vínculos con actores regionales clave, como son Estados Unidos y Brasil, así como intentar avances en el proceso de adhesión a la OCDE, sin mostrar resultados significativos.

Todos estos logros, de dudoso alcance estructural, quedan largamente ensombrecidos por un proceso paralelo de debilitamiento progresivo de las instituciones democráticas, la creciente concentración del poder y una deriva autoritaria, acompañada de una frivolidad que no hemos conocido antes, que pone en riesgo la viabilidad misma del pacto republicano fundado hace más de doscientos años. Parece ser el fin de un período y que en medio del desorden se aproximan tiempos nuevos del tipo reforma constituyente, aunque otros denominan de distintas maneras a la necesidad de refundación nacional.

Desde su asunción al poder en diciembre de 2022, Boluarte, en medio de su precariedad personal, ha buscado consolidarse no como figura de transición, que sin ninguna duda lo es, sino como lideresa de un proyecto sostenido, que ha encontrado sustento en las alianzas frágiles y pragmáticas pactadas con ella. Estas alianzas le han permitido resistir múltiples cuestionamientos por la violación a los derechos humanos a inicios de su gobierno, así como a varias investigaciones fiscales por corrupción. Todo en medio de una persistente e histórica desaprobación y rechazo que roza con el cero por ciento estadístico.

A cambio, el gobierno ha cedido –sin ninguna vergüenza– en aspectos fundamentales del equilibrio democrático. La cooptación de la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional y el Ministerio Público, junto con la aprobación de normas regresivas en materia ambiental, educativa y cultural, reflejan una agenda orientada a desmantelar totalmente los mecanismos de control y de participación ciudadana. La reforma política –necesaria para enfrentar la crisis del sistema de representación– ha sido sistemáticamente postergada o distorsionada.

La narrativa de orden impuesta por el Ejecutivo, sustentada en un discurso de lucha contra la delincuencia y de fortalecimiento de la autoridad, ha servido para medidas de excepción y operativos militares-policiales desproporcionados como los realizados en Pataz o en Sicuani. Ha normalizado el estado de emergencia como herramienta de gestión cotidiana, particularmente en regiones que demandan mayor inversión y presencia del Estado. Continúa descuidando temas de servicios básicos, cuidados de salud, medicamentos y vacunas, educación de calidad, y se limita a la inauguración de nuevas infraestructuras en medio de una represión latente y sostenida.

En el plano internacional, el aislamiento diplomático del gobierno se ha ido revirtiendo en beneficio de una política exterior poco soberana, de alineamiento con los intereses geopolíticos más conservadores y la automarginación descolocada de espacios como la CELAC o la UNASUR. Mientras tanto, la retórica hacia afuera sigue siendo la de una restauración democrática –inexistente y mentirosa–, que contrasta con la política interna de mayor exclusión y criminalización del disenso. El uso recurrente del estado de emergencia en regiones como Puno, Cusco, Piura o La Libertad se ha convertido en práctica administrativa habitual. El país necesita estabilidad, sin duda, pero una que no sea sinónimo de silenciamiento de derechos y escasez de justicia.

Menos aún de retroceso a relaciones que corresponden al pasado. La cooptación de instituciones autónomas como el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público, así como la designación discrecional de personajes mediocres en sectores clave como educación, justicia o fiscalización, desnudan una captura progresiva del Estado.

Se necesita una reconstrucción de la confianza en el Estado, particularmente en territorios históricamente marginados, donde la ausencia de derechos no puede seguir siendo compensada por la única presencia de cuarteles.

El mensaje de Dina Boluarte, más que una rendición de cuentas del trabajo del Poder Ejecutivo, será seguramente una afirmación de poder, de un poder prestado, rindiendo cuenta a quienes la mantienen. Pero, más grave aún, ese poder que se ejerce sin consentimiento popular claro ni control institucional efectivo, puede terminar socavando los cimientos de lo que aún nos queda de república. La historia muestra que la estabilidad sin legitimidad es siempre efímera. Lo que se presenta como calma puede ser apenas la antesala de una nueva ruptura, si no se recompone el vínculo entre Estado y sociedad.

Recuperar la democracia implica ir más allá de los equilibrios de poder: requiere reconstruir confianza, abrir canales de participación real y garantizar derechos a todos los peruanos y peruanas en todo su territorio.

 

desco Opina / 25 de julio de 2025 

Aunque no basta, urge otro Ministro del Interior

El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.

En la madrugada del lunes 20, la violencia y la provocación criminal escalaron a un nivel que no se vivía desde la década del terror en el país. El Ministerio Público, ubicado muy cerca al centro histórico de Trujillo, fue objeto de un ataque con explosivos, cuya potente onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios cercanos, destruyó algunos vehículos, afectó distintas propiedades y dejó varios heridos. De inmediato, mientras las fuerzas del orden se hicieron visibles con su patrullaje en las calles, sus mandos, como si repitieran una letanía, anunciaban el incremento de sus operativos contra el crimen.

Las principales autoridades, por su parte, recurrieron desde el primer momento a un libreto manido y ya agotado. El Consejo de Estado se reunió en La Libertad a las pocas horas; Gustavo Adrianzén y el Ministro del Interior se apuraron en recorrer las calles de Trujillo rodeados por policías y la prensa, haciendo anuncios, como siempre grandilocuentes: desde la inminencia de un toque de queda, inicialmente advertido por el Presidente del Consejo de Ministros, hasta la incorporación de 1500 policías, la participación de grupos especializados y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía, anunciados por el estratega de seguridad del gobierno. De su lado, César Acuña, quien volvía a su región desde Iquitos, donde participaba de la campaña política de su partido, tras indicar que los ministros estaban en la ciudad por su presión, se lamentó porque sus socios en el gobierno nacional no hacen caso de sus demandas y sugerencias.

Lo cierto es que con 106 homicidios en los primeros 20 días de enero, con la delincuencia operando desde los penales donde están recluidos, paradójicamente con total libertad para actuar, con la Fiscalía de la Nación que ya denunció que al menos dos fiscales están bajo amenazas en el local del atentado, con una violencia que se expande nacionalmente, como lo graficó el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica, resulta evidente que ya estamos más allá del simple naufragio de la política de seguridad de Boluarte. Para el Ejecutivo, la inseguridad se subordina a los casos legales de la presidenta, su familia y su entorno; para el Congreso se trata de proteger sus intereses y asegurar la impunidad de sus integrantes, afectando la lucha contra la criminalidad, rompiendo la coordinación entre policías y fiscales, bloqueando investigaciones y quitándole atribuciones al Ministerio Público.

El operador más grotescamente visible de esta alianza es el Ministro del Interior, un personaje lleno de promesas altisonantes, blindado por el poder político sobre el que se sostiene la permanencia de Dina Boluarte, que es su único encargo cierto, en un escenario donde los socios de la mandataria en el Congreso, se desentienden mayoritariamente de la desastrosa gestión de Santiváñez, al que le perdonan todo, mientras éste desmiente las cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), habla de los muertos y la violencia en México y Colombia para tratar de hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos, ataca a los fiscales a quienes responsabiliza de sus fracasos, niega que su voz es la suya y elimina el chip del celular que formatea antes de entregarlo a quienes lo investigan, mostrando cómo entiende la transparencia que pregona.

Santivañez tiene que irse, sin ninguna duda. Así lo entienden amplios sectores de la ciudadanía, distintas instituciones y algunos grupos parlamentarios, en medio de la complacencia de algunos y el silencio de muchos. Es claro, sin embargo, que no basta. Es indispensable mejorar la capacidad de investigación e inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales, recuperar la presencia policial en las calles para la protección de personas y comunidades, mejorar la capacidad policial con la compra de equipos y en entrenamiento, recuperar la confianza de la gente para lograr su participación, indispensable para la prevención…. En otras palabras, se requiere con urgencia de una reforma policial profunda para recuperar una institución destruida por el manoseo político que se ha agravado en los últimos años. Como es obvio, en sentido estricto necesitamos de otro gobierno, porque los olmos nunca han dado peras.

 

 

desco Opina / 24 de enero de 2025

La coalición autoritaria en su laberinto

 

La reciente medición de opinión pública del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) reitera la gravedad de la situación actual. La encuesta muestra que la aprobación de la señora Boluarte llega apenas al 5%, la más baja desde su llegada a la Plaza de Armas, mientras la desaprobación del Congreso de la República se mantiene en 6%, llegando a un ridículo 3% en el centro y el sur. Buscando factores que expliquen la caída de la mandataria, el IEP subraya la percepción que existe sobre la corrupción en el gobierno –92% cree que es más o igual de corrupto que los gobiernos anteriores–, así como aquella otra sobre la situación económica, dado que 72% dice que el total del ingreso del hogar les alcanza con dificultades o con grandes dificultades. Por lo demás, siete de cada diez personas encuestadas considera que la crisis política sin fin que vivimos, afecta su situación económica. No debe sorprender, entonces, que 77% se muestre a favor del adelanto de elecciones, ni que ese porcentaje sea más alto fuera de Lima y en los niveles socioeconómicos más bajos, aunque preguntados por eventuales candidatos, los tres primeros sumados –Keiko Fujimori, Antauro Humala y Pedro Castillo–, no llegan al 7%.

En este escenario la destitución, aparentemente definitiva, de la ex Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, decretada por unanimidad por una Junta Nacional de Justicia cada vez más impredecible, mostró rápido sus distintas e importantes consecuencias, evidenciando que ella era pieza estratégica de la coalición autoritaria en el gobierno, entre otras cosas para concluir los pendientes en el proceso de captura de las principales instituciones del Estado en el que está embarcado el Congreso de la República. Su caída fue un disparo bajo la línea de flotación, como lo ha sido también la denuncia constitucional del Fiscal Villena contra Dina Boluarte, a quien acusa de cohecho pasivo impropio, soborno en el idioma de la gente, por recibir, a préstamo de su “waiky”, diría ella, tres relojes finos, un par de aretes de oro y una pulsera de oro y diamantes, todo a cambio de un presupuesto para Ayacucho de más de 190 millones de soles.

Como mordidos por una víbora, desde el Ejecutivo los ministros devinieron en aplicados guardaespaldas de la Presidenta, mientras sus socios mayores, la blindaban en el Congreso y aceleraban el paso en sus distintas tropelías. Los primeros, cuya inutilidad en la gestión es manifiesta, se hicieron provocadores y locuaces. Mientras el ministro de Energía y Minas anunciaba a los cuatro vientos la pronta ejecución de Tía María y Conga, el premier Adrianzén, en sorda competencia con el llamado vocero presidencial, acudía a Puno a intentar atemorizar a sus pobladores y se paseaba por los medios atacando al Ministerio Público y mostrando su admiración por Cantinflas al sostener que la Fiscalía no puede investigar a Boluarte, tras haber afirmado meses atrás, con idéntica pasión, que sí podía investigar a Pedro Castillo, compitiendo, por cierto, con varios otros abogados y ministros que adaptan sus interpretaciones de acuerdo a sus clientes e intereses. Como telón de fondo, Dina en distintas apariciones públicas, victimizándose.

Los segundos, es decir los congresistas, aceleraron la marcha y continuaron con sus trapacerías. Asistimos a la más reciente de ellas cuando la avezada fujimorista Moyano incorporó una enmienda que, en la práctica, suprime las agrupaciones políticas surgidas en regiones, con el argumento de fortalecer a los partidos nacionales, cuando es claro que de lo que se trata es de acabar con su competencia. En las elecciones regionales y municipales últimas, los partidos nacionales ganaron 9 regiones de 25, 74 provincias de 196 y 700 de 1694 distritos; el fujicerronismo que el 2022 sumó 61 bancas –37 Perú Libre y 24 Fuerza Popular–, en los comicios regionales y municipales conquistaron tres alcaldías distritales, los fujimoristas, y 3 provinciales y 74 distritales los seguidores de Cerrón. En otras palabras, una modificación más de las 26 hechas por ellos, para ellos mismos, para tener ventaja sobre los demás y, creen, que para garantizar su reelección.

El impacto de las disputas abiertas es innegable, acelera el tiempo político y desnuda las distintas ambiciones de las derechas. El alcalde de Lima, que sorprende esta semana porque se anuncia que gastará trece millones de soles en carruajes a caballo para el centro histórico de Lima, participó del lanzamiento de su candidatura presidencial desde Loreto y aceptó su disposición a “sacrificarse” si no aparece otro líder de su calibre. Los almirantes Cueto y Montoya se fueron de Renovación Popular, quizá porque le creyeron al alcalde cuando anunció su decisión de permanecer en ella hasta el último día de su mandato. Fernando Cillóniz, tras pasearse por varios medios poniendo su candidatura a disposición, finalmente se inscribió en el PPC para tener una plataforma desde la que plantea una coalición, asegurando que es “materia dispuesta”. Hasta la propia Benavides parece soñar con la posibilidad de candidatear tras el insólito homenaje que le rindieron los apristas. Así las cosas, Keiko Fujimori que se sentía segura y natural candidata de las derechas autoritarias, a la competencia que supone su padre circulando, si no para ser candidato, sí para imponer congresistas, descubre que enfrenta aguas movidas, incluso en su propio partido.

La medición de opinión con la que empezamos, evidencia la esperanza de los encuestados sobre el surgimiento de alguna persona o movimiento que lidere un cambio positivo para el país. La esperanza no es en los partidos políticos realmente existentes y a la luz de lo que vemos, es pálida. Desde distintos sectores de la denominada sociedad civil hay variadas iniciativas que tratan de caminar a una ciudadanía activa para llevar adelante sus intereses y pugnar por la democracia, pero aún son muy débiles. El proceso de construcción de organización social que viene dándose es lento; sigue marcado por la desconfianza y las distancias que existen. Buena parte del problema es que estas iniciativas no dialogan entre sí y no coinciden necesariamente en las soluciones y propuestas. Un primer paso, creemos que exige que se reconozcan. Caso contrario seguiremos con más de lo mismo, es decir peor.

 

desco Opina / 31 de mayo de 2024

¿Alcanzará la judicialización de la política?

 

En sentido estricto, la “judicialización de la política” designa al proceso por el cual un sector de la sociedad busca en la vía judicial determinados objetivos que no consiguió en los espacios tradicionales de la política, Ejecutivo o Legislativo, donde por lo general se adoptan decisiones públicas. Por esta vía, en muchos países del mundo se han ampliado los límites de aquella, particularmente en materia de derechos civiles. Como es claro, el espacio de encuentro entre el campo judicial y el mundo de la política es grande. A nivel iberoamericano prevalece la selección política en el nombramiento de los jueces, destacando entre las supuestas excepciones, Colombia, Ecuador y Perú. Decimos supuestas porque como hemos aprendido, el nombramiento de jueces y fiscales tiene grandes repercusiones políticas y el peso del Tribunal Constitucional que es designado por el Congreso, reproduce las preferencias y orientaciones de ese poder del Estado.

En América Latina, desde hace ya buen tiempo, se ha instalado la discusión sobre el tema. El juicio contra Lula en Brasil y la posterior incursión política del juez Moro, pusieron sobre la mesa el concepto del “lawfare” para referirse a la guerra legal, al ataque contra adversarios usando indebidamente los procedimientos legales, para aparentar legalidad. En nuestro país, ese proceso que se ha acelerado en los últimos años, por los «méritos», entre otros, de nuestros sucesivos mandatarios a partir de Alberto Fujimori, ha introducido nuevos actores y actrices en el reparto de la película que estamos viviendo en función continuada. La sucesión y multiplicación de escandalosos casos de corrupción que alcanzan reiteradamente a los niveles más altos y visibles de la política, hace inevitable el proceso porque como es obvio, la justicia tiene que actuar contra quienes delinquen y fiscales y jueces son los indicados para hacerlo.

Las seis carpetas fiscales abiertas contra el Presidente de la República son hoy día parte del espectáculo diario. El mandatario está indagado por múltiples razones que van desde el plagio de su tesis de maestría, hasta su participación en distintas licitaciones fraudulentas que tienen a su esposa y a Yenifer Paredes, hermana menor de ésta, en la mira del Ministerio Público. La compra de biodiésel en Petroperú, los ascensos en las FF.AA. y Policiales, la obra del puente Tarata y la mafia del MTC, así como las circunstancias de la destitución del ex ministro del Interior González, completan el rosario actual de investigaciones que en varios momentos sindican a Castillo Terrones como jefe de una banda criminal.

Más allá de los indicios y los testimonios, muchos significativos y cada vez más próximos al profesor, la campaña abierta desde la Fiscalía, que por instantes parece corresponsalía de los distintos medios de comunicación que en minutos reciben copias completas de las declaraciones, versiones íntegras de los hallazgos y primicias de las intervenciones que se suceden, ha hecho de esta institución y de su actual titular, más protagónicas de lo que fueran los últimos años, que no es poco decir. Protagonismo que no deja de ser sorprendente porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial alcanzaban el 15% de confianza en la medición de marzo de la ENAHO, en su módulo de Percepción Ciudadana sobre Gobernabilidad, Democracia y Confianza en las Instituciones,  entre otras cosas quizá por la cantidad de indagaciones e investigaciones en curso que tienen abiertas hace años con escasos resultados, como es notorio.

Si al mucho ruido y pocas nueces de la acción fiscal y la administración judicial le añadimos que no se trata de instituciones exentas de corrupción, –Pedro Chávarry, Tomás Gálvez, Víctor Rodríguez, Luis Arce, César Hinostroza…–, y sumamos además, algunas de las sorprendentes decisiones de la titular del Ministerio Público que involucran un caso en el que su hermana es parte, podemos entender mejor el éxito relativo de la estrategia de la respuesta presidencial a éste, que debiera ser su momento más difícil y no uno en el que a pesar de los apremios, su aprobación se mantiene, si no crece en las encuestas.

Quienes esperan que la justicia haga el trabajo que buena parte de los congresistas pretende, incluso desde antes de su instalación, vale decir la vacancia presidencial, pueden pecar de entusiastas. El mandatario, que ya ha demostrado su capacidad para aprovechar todos y cada uno de los pecados y desaciertos de los parlamentarios, enfrenta ahora la judicialización de sus acciones y comportamientos, convocando limitadamente a sus clientes y victimizándose una vez más frente a un sistema que lo combate desde el sótano de la desaprobación y con argumentos frecuentemente deleznables como la traición a la patria. El quinto de la población, que difícilmente se movilizará, pero que hasta ahora parece el respaldo duro de Pedro Castillo, no cree que el esfuerzo en curso sea estrictamente judicial, como insiste la señora Benavides.

Recordemos, en cualquier caso, que muchos de los que hoy aplauden a la Fiscalía y la desagravian por las altisonantes declaraciones del Presidente y algunos de sus voceros, no hace mucho lamentaban que se acuse a unos pocos poderosos y a los políticos de su gusto, denunciando que se manipulaba la justicia para perseguir al adversario.

 

 

desco Opina / 26 de agosto de 2022