Pataz, el país que llegó para quedarse

 

En la madrugada del 1 de mayo, el Comando Unificado Pataz incautó armas de guerra y detuvo a 68 personas durante una operación ejecutada en dicha provincia. Posteriormente, los hechos fueron expuestos en conferencia de prensa realizada en Trujillo, con la participación de altas autoridades militares y policiales, destacando la importancia de esta intervención conjunta. Informaron, además, que 67 de las personas detenidas no domiciliaban en Pataz y procederían de otras jurisdicciones. Una semana después, el 8 de mayo, el mismo Comando liberó a ocho trabajadores de la bocamina “Danrro, La Codiciada”, que fueron secuestrados el día anterior. La operación dejó cuatro militares heridos.

Parecía una secuencia previsible de acciones. Sin embargo, días después, el 10 de mayo, se revelaría que las cosas no estaban nada bien entre las fuerzas gubernamentales. El 20 de marzo, habían asesinado a Jolvi Rodríguez, un minero ilegal de Pataz. Se dice que fue atacado por hombres en uniforme de camuflaje, quienes también destruyeron propiedades familiares.

Cuando un equipo policial llegó de Trujillo para investigar los hechos, una patrulla del Ejército los detuvo y los presentó como delincuentes. Días después, efectivos policiales de una comisaría de Pataz detuvieron al chofer de un oficial del Ejército, que tenía entre sus pertenencias, nada menos, que la placa de la moto de la víctima.

Así, los policías, los familiares e, incluso, el fiscal que investiga el caso, sospechan que los militares están al servicio de otros mineros ilegales. Piensan de esta manera por el ensañamiento de los homicidas contra Jolvi Rodríguez. Después de acribillarlo en el estómago y los pulmones, dinamitaron un camión, una compresora y dos motocicletas de la familia. Por si fuera poco, colocaron explosivos en la casa de Rodríguez y la volaron. No era un simple acto de sicariato.

El hecho es muy importante, porque revela algo que, a estas alturas, es hasta obvio: en la práctica, la minería “ilegal” y la minería “legal” del oro no son compartimentos estancos, sino que se complementan y se entrelazan en circuitos híbridos.

Como sabemos, las cadenas de valor son mixtas: el oro extraído ilegalmente suele ingresar a circuitos formales a través de empresas exportadoras, joyerías o refinerías que lo “blanquean”. El financiamiento es cruzado, porque inversionistas con operaciones legales pueden destinar capital a frentes ilegales, diversificando riesgos y maximizando ganancias.

En el caso que presentamos, lo que también se muestra es la capacidad para capturar instituciones. No es solamente que las autoridades locales o regionales facilitan permisos, toleran operaciones ilegales o incluso las integran a proyectos formales. Los agentes gubernamentales que deben reprimirlas son finalmente componentes imprescindibles para que funcionen.

Este acomodo de los actores parece adecuarse a un escenario en el que la minería ilegalizada o informalizada gana cada vez más espacio, pese al evidente daño ambiental, social y económico que provoca.

A estas alturas, son innegables los incentivos percibidos por quienes extraen oro ilegalmente. Obtienen altos márgenes de ganancia, dado el precio en el mercado; invierten bajos costos iniciales, porque no cumplen regulaciones ambientales ni laborales; tienen acceso rápido a liquidez, dado que el oro se comercializa fácilmente, incluso en circuitos informales, lo que permite obtener dinero inmediato; finalmente, hay una débil fiscalización estatal.

A fin de cuentas, lo que algunos actores ven como “ventajas” (ganancia rápida, bajos costos, liquidez), son en realidad incentivos perversos que sostienen la minería ilegal. Desde una perspectiva social, ambiental y política, las consecuencias son mucho más graves que cualquier beneficio inmediato.

 

desco Opina / 15 de mayo de 2026

Votemos por el estado de derecho

 

Mucho de la manera cómo funciona nuestra ruinosa democracia, se evidenció en el reciente debate entre los candidatos presidenciales. El esfuerzo por acercarle a la ciudadanía las propuestas de los candidatos con el afán de facilitar y mejorar los canales de representación, arrojaron como resultado la exposición de una absoluta orfandad de argumentos e ideas. El problema, una vez más, tiene mucho de forma, pero es bastante mayor en materia de contenidos.

Para 33 candidatos, de los 36 en competencia, el estado de derecho, es decir, el marco normativo, la debida gestión y los procesos transparentes en los que debieran competir, no interesan. En esa línea, los que buscan alejarse de los actuales partidos congresales, señalaron que una prioridad que tendría un eventual gobierno suyo, era la derogación de las leyes pro crimen que aprobaron los integrantes del actual Parlamento.

Que los candidatos de los tres partidos, “dueños” actuales del Congreso, que hicieron del Ministerio Público la destrozada institución que vemos ahora, pasando del 18% de desaprobación ciudadana el 2022 a 35% en el 2025, nos juren por todos los santos que la Fiscalía debería tener presupuesto autónomo (Acuña), ser blindada de injerencias políticas (López Aliaga) o que se le debe garantizar su independencia funcional (Fujimori), fue sólo una aburrida manera de llenar el tiempo que se les asignó en el debate, porque todos sabemos de los enormes problemas que tienen los tres con esa institución y su escenario soñado es probablemente que ni siquiera exista.

Este apego por la desinstitucionalización, poniendo de lado cualquier atisbo de estado de derecho, hace que, en términos generales, los candidatos entiendan la inseguridad ciudadana, el mayor problema que nos aqueja hoy, como un tema policial-militar que podríamos manejarlo mejor “saliéndonos del Pacto de San José”, expresando claramente sus limitaciones y su falta de creatividad. Peor aún, un candidato autodefinido de izquierda, supone que esta situación amerita, incluso, auspiciar la creación de “comandos de aniquilamiento”.

A estas alturas, deberíamos estar convencidos de que estamos ante un problema estructural que requiere reformas profundas en justicia, participación ciudadana, policía, coordinación interinstitucional y políticas sociales.

Sin embargo, lo planteado está lejos de enfoques integrales, participativos y territoriales. Por ello, las propuestas terminan siendo populistas, fragmentadas e inviables legalmente, lo que explica por qué no logran convencer a la ciudadanía ni ofrecer soluciones sostenibles.

De este decepcionante panorama, escapan posiblemente Jorge Nieto, Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara. Nieto propone además de una reforma integral de la Policía Nacional con énfasis en la profesionalización, la coordinación y articulación con gobiernos locales para reforzar la prevención comunitaria, algo que escapa totalmente a la lógica represiva de los otros candidatos. De igual manera, Mesías Guevara, emplea un enfoque territorial de manera tal que el plan de seguridad ciudadana pueda adaptarse a las realidades regionales y responder así a la diversidad territorial del país. En el caso de Pérez Tello, planteó un enfoque integral, también bastante alejado de los predominantes enfoques represivos: fortalecimiento institucional y de redes comunitarias, transparencia y coordinación interinstitucional, para profesionalizar la Policía, combatir la corrupción y atender las causas sociales del delito.

No es que las propuestas sensatas en términos de institucionalizarnos, reforzando el estado de derecho para generar ambientes más seguros no existan. El problema es que predomina el discurso facilista, de corto plazo, que apela al sentido común, resumido en el formulismo de “mano dura”.

Por eso, el pesimismo, “el mal menor” de ayer o “el voto estratégico” de hoy, sólo favorece a la antipolítica de los actores no democráticos. Aquellos que demuestran a cada paso que la democracia y el estado de derecho no les importan, pero gritan fraude como si la sospecha fuera su único plan de gobierno, aun cuando la realidad no les dé motivo, como normalmente sucede.

Entonces, la cuestión que se plantea a las ciudadanas y los ciudadanos en las próximas elecciones es cómo recuperar el máximo de espacio cívico perdido en estas últimas décadas. El voto no es ideológico, sino principista. La cancha, sin duda, está nítidamente marcada.

 

desco Opina / 1 de abril de 2026

Por fuera flores, por dentro, ¿temblores?

José Jerí Oré ha cumplido un mes como Presidente por decisión del Congreso de la República tras la vacancia de Dina Boluarte, ello como parte del estado de precariedad institucional crónico que vive el país, en un escenario en el que política, economía y sociedad coexisten, pero sin armonía, funcionando porque no tienen otra alternativa. Las encuestas iniciales, a menos de diez días de su instalación, mostraban que, si bien el 32 % estaba de acuerdo con que haya asumido la presidencia, 53 % declaraba su desacuerdo y aunque 37 % creía que se debía mantener en ella, un sector importante hubiera querido otra persona en el cargo o que se dieran cambios más radicales.

Desde el primer momento y superada la sorpresa, a fin de cuentas Jerí, antes de ser presidente del Congreso, al que llegó como accesitario de Martín Vizcarra, sólo había adquirido cierta notoriedad por una investigación por un presunto caso de violación y por la denuncia periodística de un soborno de S/ 150 000 sucedido en noviembre 2023, cuando lideraba la Comisión de Presupuesto, el nuevo inquilino de la Plaza de Armas buscó construir una imagen que lo diferencie de su antecesora, lo que ciertamente no era muy difícil dadas las patéticas limitaciones de aquella. Reemplazó el silencio y la evasión permanente de Boluarte y su comportamiento agresivo con la prensa y la ciudadanía, por una apuesta por la conexión con la gente por el tema de la inseguridad y la delincuencia, en la lógica del espectáculo.

Disfrazado de Bukele andino, recorrió calles, comisarías y penales, rodeado de policías y periodistas, haciendo creer desde el momento cero que su respuesta haría énfasis en la fuerza. Su discurso repitió eficientemente que las guerras se ganan con acciones antes que, con discursos, buscando empatar con las demandas de mano dura, que indudablemente impactan en sectores importantes de la población, afectada directamente por la violencia de la extorsión, el secuestro y el sicariato. Desde sus redes sociales y con el seguimiento constante de los grandes medios de comunicación, que se sienten muy cómodos con su estilo de “Indiana Jones” autoritario, buscó ubicarse en acción constante contra la delincuencia.

A partir de esa base comunicacional lanzó sus anuncios más significativos. La acción en los establecimientos penitenciarios, la pomposa creación de una instancia de coordinación interinstitucional y supuestas medidas para el control de la venta ambulatoria de chips de los celulares, fueron tres de los que generaron alguna expectativa, enmarcados todos en la declaración del estado de emergencia en Lima, que más que dirigido contra la criminalidad y el hampa parecía orientado a controlar las protestas públicas. El espectáculo como ya estamos acostumbrados, acompañado por los militares en la calle y la multiplicación de “importantes” y valientes capturas que hace la policía, para que no se noten las restricciones y las malas caras frente a las protestas por los distintos malestares de la gente.

A treinta días de su gobierno encontramos una situación sorprendente. La última encuesta de opinión pública (circuló el 10 de noviembre) le asigna 55.9 % de aprobación y una desaprobación nacional de 27.2 %; la misma mostró que 52.2 % de sus encuestados estuvo de acuerdo con el voto de confianza al gabinete de Álvarez Miranda, aunque también ¿contradictoriamente? mostró que 65.6 % apoyaba las movilizaciones de protesta, evidenciando que sectores significativos de la gente mantienen una distancia crítica del poder político y muestran que no se puede confundir la calma “chicha” con una aceptación del gobierno Jerí.

A fin de cuentas, si uno mira los números por debajo del show y la sonrisa, encuentra los temblores. De acuerdo al analista de datos, Juan Carbajal, frecuentemente citado por diversos medios de comunicación, entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre se produjeron 157 homicidios (68 en Lima, 22 en La Libertad), vale decir más de 5 al día, con registros constantes que mantienen la alerta en diversas regiones; en el país se sigue presentando una denuncia de extorsión cada 20 minutos y según cifras del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, entre enero y la primera semana de noviembre de 2025 se han registrado 56 homicidios de choferes en Lima Metropolitana y el Callao, sin que hayan disminuido en la gestión Jerí. Con el tema de los chips no pasó nada y apenas días atrás, el suspendido presidente de OSIPTEL denuncia que la institución está capturada por intereses empresariales que están detrás y que permiten la venta ambulatoria de chips. Y las capturas de la Policía Nacional del Perú (PNP) siguen acompañadas por escándalos recurrentes como la denuncia de la falta de transparencia y el beneficio para una empresa americana, en la compra de pistolas para esta institución, por más de 31 millones de dólares.

Todo, en medio del entusiasmo del Congreso presidido por otro accesitario –también “encargado” quien inicialmente aseguró que dejaría de inmediato el puesto heredado–, interesado en terminar con su agenda, continuar asegurando su impunidad, intentar asegurar su reelección, bloquear cualquier posibilidad de revertir las leyes procrimen, que contaron con el voto del congresista Jerí, así como proseguir acelerando incrementos salariales y pensiones que podrían costar más de 21 000 millones de soles al erario nacional, según un informe de La República.

En este escenario tortuoso, en donde desde el Congreso, pero también desde el Ejecutivo que inicia sus giras por el país buscando construirse capital político para el 2031, se quiere la continuidad de una alianza depredadora como la que nos gobierna, cabe preguntarse si los sectores democráticos, la calle y los partidos que así se dicen, serán capaces de armarla en torno a un programa mínimo que –con la orientación que sea– se proponga gobernar y no privatizar y terminar de liquidar el Estado.

 

 

desco Opina / 14 de noviembre de 2025

¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025

La calle se fortalece

 

El asesinato de Paul Flores, cantante de Armonía 10, ha generado una nueva ola de indignación, no sólo por el avance de la criminalidad extorsiva en el país, sino sobre todo, por la ineptitud del gobierno para enfrentarla y dar respuestas coherentes a la ciudadanía. A estas alturas, la gente tiene más evidencia de los vínculos entre políticos, policías y delincuentes, que de la voluntad de sus autoridades para revertir la inseguridad generada, que se contagia por la creciente violencia de bandas armadas contra familias de todas las clases sociales, negocios de todos los giros y tamaños y sectores tan diversos como el transporte público, las ollas comunes o el espectáculo musical.

La muerte de “Russo” Flores moviliza, no sólo por tratarse de un músico querido y popular, sino porque su asesinato representa un pico en la dolorosa cuenta de víctimas que ninguno de los ministros del Interior de Boluarte ha logrado disminuir, menos aún Juan José Santiváñez, más enfocado en desacreditar a la prensa y a la Fiscalía que lo investiga, además de soñar con un proyecto político propio mayor. El crimen cometido contra Armonía 10 ha suscitado la protesta de miles de músicos del país y le ha dado un sentimiento de unidad a la convocatoria nacional a movilizarse en las calles, lo que resultaba muy difícil de lograr en la capital en el tiempo posterior a la “Toma de Lima”. Algo que trae muy malos recuerdos a los sectores ultraconservadores.

Este crimen ha sido también el catalizador del proceso de censura contra el ministro del Interior, principal síntoma del resquebrajamiento de la alianza gobernante. Por primera vez desde que Boluarte se instaló en el gobierno, la alianza que la sustenta desde el Congreso, cruje con fuerza, insinuando una recomposición de poder que continuará acelerándose a medida que nos acerquemos a las elecciones de abril de 2026. La gente está cansada de ver como se beneficia a los criminales.

Continuar al lado del gobierno en la cerrada defensa de Santiváñez o respaldar con entusiasmo medidas destinadas al fracaso, —como el Estado de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas en la capital—, es de poco provecho para las fuerzas políticas en el Congreso, más preocupadas en definir nuevas correlaciones con miras a competir por presidir la Mesa Directiva, que en atender las demandas ciudadanas. Es decir, preocupadas centralmente por controlar el puesto de un potencial reemplazante de la Presidenta, sea para condicionar una nueva coalición de gobierno, sea para provocar o sumar a una eventual caída de Boluarte, un movimiento de manual, que su prófugo exjefe político, Vladimir Cerrón, ha pronosticado ocurrirá “antes de Fiestas Patrias”.

En lo inmediato, el país —su economía, su sociedad— exige un cambio de estrategia ante el crimen organizado y su violencia armada. Los estados de emergencia y la movilización de las Fuerzas Armadas, no sólo son medidas destinadas al fracaso, sino que su uso y abuso las ha reducido casi a una pantomima, un programa de ceremonias y noticias para rellenar la agenda diaria de la Presidenta, sus funcionarios y sus “estrategas” de comunicación. Ese despliegue teatral, por su poco impacto en la tarea de controlar el crimen y por el acento autoritario que le añade la Presidenta, tiene por único efecto acrecentar el desprestigio de la Policía y las Fuerzas Armadas y atormentar a los escolares que se han convertido en el auditorio favorito de la señora Boluarte.

La situación de inseguridad y desprotección de la vida y de los medios de vida de millones de peruanos y peruanas no es algo que se explique única ni principalmente por la expansión de grupos criminales trasnacionales. Estos actores, si bien determinantes en la situación actual, no aparecieron de la nada a interrumpir la vida feliz en un país de maravillas. La incapacidad del Estado para organizar la economía y proveer mínimos de bienestar, la acentuada corrupción en todos los niveles de gobierno y la degradación de la Policía, entre otros muchos factores, conformaron el ambiente perfecto para que el crimen prospere, en un país cuyo territorio está prácticamente repartido entre distintos extractivismos y actividades económicas paralegales o directamente ilegales.

En ese sentido, una nueva política de seguridad nacional exige condiciones y reglas de juego distintas a las del neoliberalismo autoritario, demagógico y populista que vivimos. Al respecto, las fuerzas de izquierda y de centro, que no participan de la coalición autoritaria de Boluarte, si bien han mostrado algo de iniciativa al cuestionar la incapacidad instalada en el sector Interior, no logran aún cuajar discursos y propuestas que orienten el malestar de la ciudadanía hacia una crítica y rechazo que se torne en mayoritario ante un modelo político y económico que no sólo no provee bienestar a las mayorías nacionales, sino que no puede siquiera garantizar la vida de nuestras familias y compatriotas.

 

desco Opina / 21 de marzo de 2025

Ley y orden neoliberal

Podemos plantearnos serias dudas sobre las reales preocupaciones del ministro de Interior acerca de la generalizada desaprobación de su gestión. A fin de cuentas, la suya no está lejos de las desaprobaciones de prácticamente todos los actores políticos del país; además, desde el Ejecutivo, se declara firmemente que su presencia en el Gabinete está más que asegurada; y, por si fuera poco, sus antecedentes como abogado defensor de altos jefes policiales, hacen suponer que es una persona de mucha confianza entre los que conducen la institución central del sector que actualmente lidera.

En otras palabras, no debe importarle mucho lo que opine la ciudadanía en un ambiente de total descomposición institucional, que se obtuvo como resultado tras un cuarto de siglo de impulsar un sistema político democrático que, como agregado, se implementó durante un ciclo de crecimiento económico que jamás tuvo el país. Son las paradojas del subdesarrollo diríamos, si estuviéramos en los años 60, cuando, al parecer, se pensaba de manera algo más seria la situación de nuestros países y cómo generar las alternativas que permitieran superarla.

Pero, el colapso puede estar ofreciéndonos una oportunidad. El ministro Santiváñez, el sector Interior y la Policía Nacional podrían ser elementos firmes para construir nuevas maneras de comprender nuestro subdesarrollo. Por ejemplo, que seamos un país perfectamente intrascendente, no sólo en la dimensión global sino también en la regional, sin posibilidad de superar situaciones seculares de pobreza y postración, debiéndose agregar los crecientes índices de criminalidad, debiera conducirnos a concluir tajantemente que nuestro problema no es, ni mucho menos, escasez de recursos.

¿Qué ha fallado? A estas alturas, nadie podrá negar que la clave fundamental del atraso económico reside en la institucionalidad. Desde Douglas North y Robert Fogel, premios Nobel 1993, hasta Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, premios Nobel 2024, el debate se orienta en ese sentido, y nuestro país, claramente, se presenta como un caso nítido de cómo pueden desaprovecharse, una tras otra, las oportunidades económicas que se presentaron cíclicamente, debido a los cuellos de botella insalvables, que se encuentran en esta dimensión.

La diferencia entre el desastre institucional que mostramos actualmente, con otros en el pasado, es que éste fue generado por la misma fórmula que nos garantizó el paraíso en base a privatizaciones –de empresas que ahora quiebran porque su deuda tributaria es impagable– y el desmontaje salvaje del aparato público, porque, decían, era ineficiente. En su lugar, fueron tomando posiciones “los técnicos”, que ahora vemos en acción.

Aún más. El neoliberalismo, con su énfasis en los mercados “libres” y la desregulación en versiones radicales, ha conducido a la creación de formas de actividad económica "parias", que pueden incluir economías ilegales, que surgen como respuesta a las desigualdades y exclusiones generadas por las políticas neoliberales, y no, como creen los ingenuos, simples respuestas delincuenciales disfuncionales que se replican con policialización y militarización.

En este orden de cosas, que está en la base de la informalidad, se ha ido dinamizando una institucionalización paralela, en la que el Estado termina cediendo aún más autonomía a sus fuerzas de seguridad y éstas se adecuan al “terreno” de manera cada vez más firme, es decir, como muchos ciudadanos y ciudadanas hemos intuido desde tiempo atrás: los agentes del Estado que deben evitar la inseguridad –desde el Ministro hasta el policía de servicio en la calle– son también generadores de la misma.

 

desco Opina / 21 de febrero de 2025 

Aunque no basta, urge otro Ministro del Interior

El 14 de febrero del 2024 se declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz como respuesta al significativo crecimiento de las economías ilegales y al incremento de la criminalidad en La Libertad. Casi un año después, es evidente que el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso, ostensiblemente liderado por la alianza de Fuerza Popular, APP –partido de César Acuña, gobernador de la región–, que tiene como furgón de cola al cerronismo, han naufragado definitivamente, en su política de seguridad y lucha contra la delincuencia. El pasado 12 de enero, presuntos mineros ilegales atentaron una vez más contra las instalaciones de la minera Poderosa, en Pataz, tal como viene ocurriendo desde hace años, dinamitando una torre de alta tensión, en un escenario en el cual, en los meses recientes, los conflictos por el control territorial entre mineros ilegales se intensificaron y se hicieron más violentos como parte de una historia que ya tiene largos años sin que las fuerzas del orden intervengan.

En la madrugada del lunes 20, la violencia y la provocación criminal escalaron a un nivel que no se vivía desde la década del terror en el país. El Ministerio Público, ubicado muy cerca al centro histórico de Trujillo, fue objeto de un ataque con explosivos, cuya potente onda expansiva destrozó las ventanas de los edificios cercanos, destruyó algunos vehículos, afectó distintas propiedades y dejó varios heridos. De inmediato, mientras las fuerzas del orden se hicieron visibles con su patrullaje en las calles, sus mandos, como si repitieran una letanía, anunciaban el incremento de sus operativos contra el crimen.

Las principales autoridades, por su parte, recurrieron desde el primer momento a un libreto manido y ya agotado. El Consejo de Estado se reunió en La Libertad a las pocas horas; Gustavo Adrianzén y el Ministro del Interior se apuraron en recorrer las calles de Trujillo rodeados por policías y la prensa, haciendo anuncios, como siempre grandilocuentes: desde la inminencia de un toque de queda, inicialmente advertido por el Presidente del Consejo de Ministros, hasta la incorporación de 1500 policías, la participación de grupos especializados y declarar una emergencia logística para el equipamiento de la policía, anunciados por el estratega de seguridad del gobierno. De su lado, César Acuña, quien volvía a su región desde Iquitos, donde participaba de la campaña política de su partido, tras indicar que los ministros estaban en la ciudad por su presión, se lamentó porque sus socios en el gobierno nacional no hacen caso de sus demandas y sugerencias.

Lo cierto es que con 106 homicidios en los primeros 20 días de enero, con la delincuencia operando desde los penales donde están recluidos, paradójicamente con total libertad para actuar, con la Fiscalía de la Nación que ya denunció que al menos dos fiscales están bajo amenazas en el local del atentado, con una violencia que se expande nacionalmente, como lo graficó el asesinato del periodista Gastón Medina, en Ica, resulta evidente que ya estamos más allá del simple naufragio de la política de seguridad de Boluarte. Para el Ejecutivo, la inseguridad se subordina a los casos legales de la presidenta, su familia y su entorno; para el Congreso se trata de proteger sus intereses y asegurar la impunidad de sus integrantes, afectando la lucha contra la criminalidad, rompiendo la coordinación entre policías y fiscales, bloqueando investigaciones y quitándole atribuciones al Ministerio Público.

El operador más grotescamente visible de esta alianza es el Ministro del Interior, un personaje lleno de promesas altisonantes, blindado por el poder político sobre el que se sostiene la permanencia de Dina Boluarte, que es su único encargo cierto, en un escenario donde los socios de la mandataria en el Congreso, se desentienden mayoritariamente de la desastrosa gestión de Santiváñez, al que le perdonan todo, mientras éste desmiente las cifras del Sistema de Información de Defunciones (SINADEF), habla de los muertos y la violencia en México y Colombia para tratar de hacernos creer que estamos en el mejor de los mundos, ataca a los fiscales a quienes responsabiliza de sus fracasos, niega que su voz es la suya y elimina el chip del celular que formatea antes de entregarlo a quienes lo investigan, mostrando cómo entiende la transparencia que pregona.

Santivañez tiene que irse, sin ninguna duda. Así lo entienden amplios sectores de la ciudadanía, distintas instituciones y algunos grupos parlamentarios, en medio de la complacencia de algunos y el silencio de muchos. Es claro, sin embargo, que no basta. Es indispensable mejorar la capacidad de investigación e inteligencia para desarticular a las organizaciones criminales, recuperar la presencia policial en las calles para la protección de personas y comunidades, mejorar la capacidad policial con la compra de equipos y en entrenamiento, recuperar la confianza de la gente para lograr su participación, indispensable para la prevención…. En otras palabras, se requiere con urgencia de una reforma policial profunda para recuperar una institución destruida por el manoseo político que se ha agravado en los últimos años. Como es obvio, en sentido estricto necesitamos de otro gobierno, porque los olmos nunca han dado peras.

 

 

desco Opina / 24 de enero de 2025

Nada por casualidad

 

Atender con cuidado y seguir la intervención de diversos actores, públicos y privados en los diferentes planos y aspectos de la vida social del Perú, es complicado. Actualmente, no hay espacios mínimamente institucionalizados que permitan dialogar sinceramente entre las fuerzas políticas y sociales. El Congreso de la República, que en una democracia que funcione mínimamente, es la arena en la que se debaten todos los temas de interés nacional, está absolutamente deslegitimado para el diálogo que el país necesita y que solo unos pocos demandan francamente.

Por eso, cuando nos enteramos de que con recursos del Estado se hace seguimiento a los ciudadanos con el fin de intimidarlos, y se amedrenta a funcionarios públicos que renuncian, nuestra preocupación debería ser mayor, pues compromete a instituciones como el Ministerio del Interior.

Se trata de quienes dirigen la Seguridad del Estado y la Policía Nacional del Perú, entre otras instituciones del Estado. El problema de la seguridad ciudadana, casi se sitúa en un segundo plano cuando se olfatea un desorden total por parte de quienes debieran encargarse de resolver los problemas de seguridad pública.

Es innegable, por otro lado, que algunas expresiones de la violencia y la delincuencia han ganado mayor protagonismo en la prensa de Lima y otras ciudades. Se nos informa simultáneamente a diario de la actividad de bandas conformadas por asaltantes de alta peligrosidad, de los secuestros de corta duración, la extorsión a cientos de negocios diversos, los asaltos en vías públicas y a los vehículos, así como la proliferación de armas con capacidad de fuego frecuentemente superior a la de los policías. Todo eso puede verse a cualquier hora del día en algún canal de televisión.

Mientras tanto, la política oficial del Estado aparece como absolutamente inmersa en temas de visitas e inauguraciones diversas de la señora presidenta, y sus más altos funcionarios se niegan a declarar sobre temas delincuenciales de cohecho, ocultamiento de sentenciados por la justicia y otros que preocupan a la ciudadanía, llenando de acusaciones de traición a la patria a quienes osen protestar o plegarse al próximo paro nacional.

Así, no hay respuestas efectivas que orienten al país en una dirección que permita encaminarnos hacia una solución del actual estado de cosas, y no a su empeoramiento. Es importante fomentar la participación activa y real de la comunidad en la prevención del crimen a través de programas de vigilancia vecinal, comités de seguridad ciudadana y otros mecanismos de participación ciudadana en modalidades democráticas y no autoritarias ni militarizadas, como las que escasamente practica la policía.

Necesitamos que se adopten medidas urgentes para el mejoramiento del entorno barrial, concertadas con las organizaciones de vecinos y vecinas, desarrollando algunas políticas que podrían incluir inversión en educación, que a la larga proporciona a los y las jóvenes oportunidades para el desarrollo personal y profesional; fomentar el empleo local y crear oportunidades económicas. Asimismo, abordar con inteligencia las causas subyacentes de la delincuencia y no solo sus manifestaciones criminales; identificar los problemas latentes que contribuyen al crimen como son la falta de empleo, la pobreza y el insuficiente acceso a servicios básicos.

Esas son salidas a la mano que pueden amenguar la desigualdad y reducir los incentivos para cometer delitos. Hay aspectos que deberían implementarse como la iluminación pública, incluyendo la de parques y paraderos en todas las áreas de las ciudades, en lugar de infectar las calles con cientos de cámaras que no sirven para nada verdaderamente útil.

Para que las salidas sean efectivas y justas para todos, incluyendo al millón y medio de extranjeros que conviven con los peruanos y peruanas, deberíamos advertir con fuerza que culpar a los extranjeros por los problemas de seguridad, desvía la atención de las verdaderas causas del crimen como la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades y la ineficiencia del sistema de justicia penal. La mayoría de los extranjeros, por otro lado, son personas que buscan mejores oportunidades y una vida digna, y criminalizarlos basándose en su nacionalidad, es falso e injusto.

Muy poco se dice de la precariedad de la Policía Nacional ni de cómo, punto por punto, el Congreso de la República ha dado leyes, consentidas por el Poder Ejecutivo, que impiden que nuestra legislación facilite actuar contra los delincuentes y se aplique con celeridad, atando de manos a las fiscalías y jueces como lo hacen las peores dictaduras en provecho propio.

 

desco Opina / 1 de noviembre de 2024