¡Cállese, señora!

 

Acorazada con un manto de impunidad y descaro, Dina Boluarte dio inicio a las actividades protocolares en el marco de su último discurso por Fiestas Patrias. Ya muy temprano, el Cardenal Carlos Castillo le había recordado el porqué de su altísima desaprobación, dirigiendo un contundente mensaje contra esa clase política que ostenta hoy el poder y encarando, sutilmente, a la propia Boluarte. Describiendo a su gobierno y a la coalición que la sostiene en el Congreso como lo que realmente son: “ese espíritu mafioso, con actitud mandona y dictatorial”. Castillo logró, en pocos minutos, incomodar a quienes vienen destruyendo al país, al mismo tiempo que extendía su mano solidaria a ese pueblo consciente que viene exigiendo, de muchas formas, el respeto de los derechos de todas y todos los peruanos.

Desde temprano se conoció el extenso discurso que daría Boluarte bajo el nombre “Estabilidad, progreso y futuro para el Perú”. Fiel a su estilo, se presentó en el Congreso para dar cuenta, de los “logros” de su precaria gestión, a los sectores que la sostienen, señalando con tremenda arrogancia que su gobierno fue el salvador del orden democrático y la institucionalidad del país, al evitar, según ella, que se sumiera “en un indeseado vacío de poder con graves consecuencias”. Ello, pese a que meses antes, la revista The Economist, en su informe sobre el Índice de Democracia Global correspondiente al 2024, calificó al país como un régimen híbrido,. Y pese a que carga la responsabilidad por los más de cincuenta asesinados durante las protestas realizadas en contra de su régimen.

Boluarte no dudó en criticar duramente a Bolivia, Venezuela y Cuba; sí, aquellos gobiernos con los que decía coincidir hasta antes de colocarse la banda presidencial y a los que hoy llama “países fallidos” como un intento por congraciarse con la derecha que no duda en recurrir a este recurso para descalificar a cuanto personaje de izquierda haya en el país. Con mirada altiva y sonrisa desafiante, calificó de “traidores a la patria” a los miles de ciudadanos y ciudadanas, de distintas partes del país, pero sobre todo de las regiones del sur, que ejercieron su derecho a la protesta durante los últimos meses de 2022 e inicios de 2023, denunciando a quien se alineó, desde el primer minuto de su gestión, con los ideales del sector que perdió en las elecciones de 2021. Ese sector político al que, en más de una oportunidad acusó de corrupto y cómplice de los abusos cometidos durante la dictadura Fujimorista de los 90. Sus indecentes palabras provocaron el rechazo inmediato de congresistas que permanecían en el recinto parlamentario, como Ruth Luque, Wilson Quispe y Jaime Quito, que con voz en alto y mensajes escritos en pancartas y polos, rechazaron los calificativos que Boluarte pronunciaba sin remordimiento.

Su desparpajo fue tal, que no dedicó ni un solo minuto de sus más de cuatro horas de mensaje, a un mea culpa por las consecuencias graves que ha ocasionado su paso por el Palacio de Gobierno. No hizo ninguna referencia a las exigencias de la población por frenar el impacto del avance de la criminalidad organizada, ni mucho menos acerca de la imperiosa necesidad de medidas preventivas reales para la lucha contra la violencia que vienen sufriendo niñas, adolescentes y mujeres en distintas partes del país. Pese a autoproclamarse, por enésima vez, como la primera presidenta en 200 años de República y a embanderarse con las luchas de las mujeres, las mismas que vienen denunciando las políticas antiderechos que su gobierno ha impulsado y defendido con vehemencia de la mano con el Congreso.

Mientras Boluarte evidenciaba la desconexión institucional con la que gobierna el país, la Policía Nacional reprimía, sin reparo, a ciudadanos y ciudadanas que se desplazaban por las principales calles de Lima para rechazar a la clase política dirigente que ha agudizado las brechas de desigualdad en el país, denunciando su convivencia para blindar a los responsables de las violaciones a derechos humanos, no sólo de las cometidas durante el actual régimen, sino también las perpetradas durante el conflicto armado interno, lideradas por Fujimori y Montesinos. Un día antes de su discurso, se había realizado un acto simbólico de peregrinación hacia el Apu Usharu (Cerro San Cristóbal), en el que participaron familiares de los asesinados en las protestas de 2020, 2022 y 2023, así como ciudadanos y colectivos de derechos humanos, para exigir justicia, verdad y reparación.

Con un hemiciclo casi vacío, Boluarte terminó luego de más de 4 horas, y saltándose 15 páginas, su agobiante mensaje de autoelogio, dejándonos con ese sinsabor que nos provoca su sistemática retórica vacía. Su discurso pretendió desacreditar a quienes la rechazan ampliamente a donde quiera que vaya, razón por la cual prioriza sus viajes fuera del país.

Señora Boluarte, sus repetidos dichos y discursos de odio no podrán negar la altísima desaprobación que se ha ganado a pulso y que busca justificar a costa del bienestar de los millones de peruanos y peruanas que desean verla fuera de Palacio, asumiendo las consecuencias de sus erráticas decisiones. Es mejor que se calle.

 

 

desco Opina / 1 de agosto de 2025

Puno sí es el Perú

 

Comenzó la temporada de carnavales en Perú y con ella se dio paso a una serie de festividades acompañadas de coloridos pasacalles, picarescas coplas y largas jornadas de danzas, en honor, no sólo a la identidad y la cultura, sino también a la memoria. La fiesta de luces, agua, pintura, con alegorías y creativas dramatizaciones, caracteriza los carnavales del 2024 como un instrumento poderoso para expresar lo que sentimos y pensamos, desafiando los intentos por acallar y censurar nuestro derecho a la libre expresión y a ejercer nuestro sentido crítico.

No es una novedad que estas festividades estén cargadas de contenido político y crítico para llamar la atención sobre las problemáticas que atravesamos o para denunciar la indiferencia de las autoridades; tampoco causa extrañeza que, con ella, se enciendan las alarmas de conservadores y guardianes de “las buenas costumbres”. Como comenta el historiador José María Vásquez Gonzáles, en la revista Pacarina del Sur, “el carnaval era para la clase subalterna la fiesta en donde podían expresar los más exagerados desenfrenos del cuerpo, bailes exóticos, bebidas abundantes, exagerados cantos con insultos e injurias; y en donde los indígenas podían divertirse sin que ninguna autoridad pueda prohibirles gozar”. En efecto, originariamente estas festividades significaban una etapa previa a la Cuaresma, cuando se aprovechaba para “despedirse” de los placeres carnales. Estas expresiones no pasaban desapercibidas y fueron objeto de censura; por ejemplo, en el siglo XX, durante el gobierno de Leguía, se buscó ejercer control desde la oficialidad, como una forma de supeditar las pasiones populares que fluían desde la diversidad, contraponiendo la fiesta a los mesurados comportamientos que eran legitimados por los sectores aristocráticos del país.

Que escuchemos hoy frases cantadas como “¡Dina asesina, Otárola carnicero!”, mientras alegres comparsas de danzantes se desplazan por las calles de Huamanga y Juliaca, o que veamos desfilar a artistas recreando el “jalón de pelos”, portando máscaras y carteles conmemorativos a las protestas sociales, trae a la memoria la performance realizada por la Asociación Hijos del Distrito de Accomarca – AHIDA, analizada por Renzo Aroni en 2015, durante los carnavales ayacuchanos, donde desde el 2011, los participantes exigen justicia para las víctimas de la masacre perpetrada por el Ejército en 1985 contra 69 personas de la comunidad, asesinando incluso a niños y ancianos. En 2023, se recreó la violenta represión avalada por el gobierno de Boluarte y compañía, que ocasionó la muerte de diez ciudadanos. Precisamente por su carácter político y crítico es que estas festividades son censuradas por algunos políticos y autoridades, por su temor a ser ridiculizados y exhibidos en su incapacidad e indolencia.

Esta intolerancia se refleja en comentarios como los de Edwin Moreno, alcalde de la provincia de La Mar en Ayacucho, quien calificó a las coplas y cánticos en contra del actual régimen como “exageraciones”, pidiendo que se haga un control sobre el contenido de estas. La Defensoría del Pueblo de Ayacucho, por su parte, hizo un llamado para que las autoridades prohíban estas expresiones bajo el pretexto de “prevenir la violencia contra la mujer”, en clara alusión a la figura de la hoy Presidenta. Hechos éstos que han sido rechazados por la propia población, por personalidades de la región e instituciones como el Colegio de Abogados que, mediante un pronunciamiento, piden el respeto a la libertad de expresión. La represión política ha estado presente en cada momento de nuestra historia, como un intento por invisibilizar las manifestaciones que interpelaban el orden imperante. Al respecto, el historiador Rolando Rojas comentó en una entrevista en 2020 que los carnavales eran prohibidos por su carácter transgresor, pues tenían un contenido social y político, permitiendo expresar una crítica al poder.

Hoy, que el poder ejercido por la coalición autoritaria que sostiene al gobierno evidencia una creciente impopularidad, es entendible su desesperación por cancelar las constantes expresiones culturales y artísticas que cantan y bailan en contra del régimen. Estamos siendo testigos de una forma de ejercicio político, que desde el arte cuestiona nuestra realidad y busca replantear lo que sectores de la sociedad han normalizado bajo el argumento de garantizar la “democracia” y la “libertad”. Si ejercer nuestro derecho a la cultura es una forma de transformar la sociedad, como diría Víctor Vich, entonces es una forma también de protestar. La medición de la opinión pública de enero de 2024 del Instituto de Estudios Peruanos – IEP, recoge que el 72% de la población encuestada concuerda con que las protestas son necesarias para hacernos escuchar.

Sigamos apelando a nuestro sentido crítico y creativo para encontrar nuevas formas de expresarnos y denunciar aquello que atenta contra la dignidad y la vida de la población, Encontremos pues, en la cultura y el arte, un escenario poderoso para resistir y preservar nuestra memoria, haciendo frente al autoritarismo y al sistema que corroe nuestras instituciones y la propia vida. Que el cantar “¡esta democracia, ya no es democracia!”, que el ondear de banderas y el expresar con el propio cuerpo el dolor y la denuncia pública para reafirmar que Puno sí es el Perú, sean un instrumento para interpelar las bases de nuestra sociedad y lo que somos.

 

desco Opina – Regional / 16 de febrero del 2024

Violencia recurrente en el gobierno de Boluarte

 

Este 6 de agosto conmemoramos los 199 años de la Batalla de Junín en las pampas de Chacamarca, un momento significativo de revaloración de la gesta heroica de todas las sangres donde se fomenta la unión entre todos los pueblos. Dada la importancia de esta batalla en el proceso de independencia del Perú, la fecha fue motivo para la presencia de la presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quién llegó a la región Junín para participar en la ceremonia conmemorativa acompañada no sólo de su Gabinete, sino también de congresistas y embajadores.

Las imágenes que mostraron los medios oficiales y el canal del Estado a nivel nacional, fueron las de un evento aparentemente “armonioso” y festejado a lo grande. Los Húsares de Junín desfilaron a caballo, hubo una feria gastronómica, la presidenta bailó con el gobernador de Junín, Zósimo Cárdenas, mientras el premier Otárola bailaba con los policías debajo del estrado para las autoridades; al final de la jornada hubo un espectáculo de fuegos artificiales y quema de castillos en el parque La Libertad.

Esta fue, sin embargo, solo una cara de la moneda. La realidad que vivimos fue totalmente distinta; en esta ceremonia asistimos a la violenta acción del personal policial. Existen imágenes de los medios locales alternativos que muestran cómo mientras la Presidenta y su Gabinete participaban de la fiesta oficial, la policía se encargaba de reprimir con violencia a los manifestantes que protestaban gritando “Dina asesina” y “Lárgate ya”, en tanto algunos policías les quitaban sus megáfonos y carteles con mensajes contra el gobierno, a la vez que otros los empujaban con sus escudos y los golpeaban con sus varas.

El gobierno insiste en utilizar la violencia. Reprimió no solo a los manifestantes, sino también a los reporteros y comunicadores que cubrían el evento, desafortunadamente se trata de una práctica común del actual gobierno, donde la policía deviene en instrumento de represión violenta contra los manifestantes. Recordemos lo sucedido semanas atrás, el 28 de julio, cuando simultáneamente la presidenta Boluarte brindaba un extenso mensaje por Fiestas Patrias, mientras la gente que había salido a marchar contra su gobierno en el centro de Lima y en algunas regiones, era reprimida con violencia, para no perder la costumbre.

En este escenario, el gobernador regional, Zósimo Cárdenas, pidió al Comando Unitario de Lucha de Junín que había planeado un plantón en rechazo a la llegada de la mandataria, “no desnaturalizar la celebración de la Batalla de Junín, porque es una fiesta del pueblo”. Cárdenas argumentó que “es natural que haya desacuerdos con Dina Boluarte”, pero demandó que las manifestaciones contra la mandataria se hagan “en su momento y en su lugar, pero no en esta actividad histórica”.

Ante la postura del gobernador regional nos preguntamos ¿quién desnaturaliza una celebración que significa mucho para la gente de Junín y del Perú? Más aún cuando desde el Ejecutivo se pretende armar en seis meses, con pocos y discutibles requisitos, una nueva Policía de Orden y Seguridad, que suena mucho a un grupo armado y disponible para reprimir los malestares y las protestas de la población que no esté de acuerdo con su accionar.

 

desco Opina – Regional / 18 de agosto del 2023

descocentro

Sin reconciliación a la vista

El extenso mensaje presidencial por Fiestas Patrias de Dina Boluarte no ha menguado la indignación ciudadana, sobre todo porque las disculpas por las muertes durante las protestas de hace algunos meses no se han hecho a título personal, ni del Ejecutivo, sino a nombre del Estado. Tampoco se ha reconocido ninguna responsabilidad, pues en el discurso señala que las 49 víctimas de las fuerzas del orden murieron en enfrentamientos, cuando existen registros en video y distintos informes internacionales dan cuenta de por lo menos 20 ejecuciones extrajudiciales. Y no hizo mención sobre los cientos de heridos, algunos con secuelas de por vida por los excesos de la policía y las Fuerzas Armadas en el uso de sus armas letales y no letales.  

En paralelo, mientras Boluarte daba su mensaje, la represión en las calles contra los protestantes mostraba que el actuar de la policía no tenía ni un ápice de conciencia: bombas lacrimógenas que se dispararon al cuerpo, gases lanzados de forma desproporcionada, se registraron detenciones arbitrarias y denuncias por maltratos a los detenidos. Esta contradicción no pasó desapercibida por la prensa extranjera. ¿Dónde está la atención a los informes internacionales de derechos humanos mencionados en el discurso? 

El 19 de julio se realizaron marchas en casi todas las regiones del sur demandando la renuncia de Dina Boluarte y el adelanto de elecciones generales. Varias delegaciones que partieron desde el sur, también hicieron sentir su voz en Lima. Esta vez, a diferencia de otras marchas, se unió más gente de la capital. Con menor asistencia, pero con la misma intensidad, se registraron marchas el 28 de julio. La presidenta y su círculo en el Ejecutivo siguen sin escuchar, como lo atestigua Raúl Semillán, presidente de la Asociación de familiares de las víctimas asesinadas en Juliaca, quienes también clamaron por justicia en Fiestas Patrias.     

Para congraciarse con el sur, Boluarte anunció algunos compromisos durante su discurso, como la obra de ampliación y mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado para la ciudad de Juliaca; prometió también hacerse cargo del proyecto Majes Siguas II en Arequipa, tan pronto se resuelva su problema jurídico contractual.  Anunció la construcción de tres hospitales (que en realidad son ampliaciones o reactivación de proyectos paralizados) en Arequipa, Puno y Apurímac, así como proyectos de electrificación en dos únicos departamentos. Finalmente comprometió la atención de su gobierno para superar la dura sequía que está por castigar nuevamente a esta parte del país. Sin embargo, no sabemos si todas estas promesas serán viables de ejecutar, teniendo en cuenta que estamos con nuestra economía, ya en situación de recesión, mientras que el capital mira con creciente desconfianza a un país tan inestable como el nuestro. Por lo demás, no creemos que la suma de promesas e incluso de obras, reconcilien a esta parte del país con el gobierno.

El extenso listado de obras en los diferentes sectores y el anuncio de millones de soles en bonos y compensaciones en el territorio nacional, incurre en el error de ignorar la naturaleza de la profunda crisis política que atravesamos, en un país polarizado y confrontado donde quienes ejercen el poder al margen de las mayorías y sin la mínima legitimidad, con altísimos porcentajes de desaprobación como lo expresan las encuestas de opinión, insisten en mantenerse de espaldas al país y seguir adelante con sus intereses, sin entender que lo que estamos viviendo no puede ser tapado más con ningún discurso, ni con el punche del actual régimen. 

En este escenario, el único gobernador del sur que no ha cedido a la estrategia de extorsión del gobierno, “obras por silencio”, ha sido Richard Ancco en Puno, que sigue pidiendo la renuncia de Boluarte. Justamente esta región ha sido la más golpeada por el régimen, con muchos muertos a cuestas y en estado de emergencia permanente. Varias de las comunidades aymaras se han declarado en paralización permanente y la población está vigilante de la posición de sus autoridades; en Carabaya, por ejemplo, solicitaron una explicación pública a su alcalde por reunirse con Boluarte y exigieron que en adelante la población sea consultada sobre cualquier pedido que el alcalde presente al Ejecutivo; mientras en Acora la población obligó a su alcalde a pedir disculpas de rodillas por la misma razón. 

Si bien es cierto que debemos pensar cómo gestionar la crisis, sobre todo porque no se avizora ninguna voluntad en el Congreso para discutir y aprobar las reformas políticas que necesitamos, creemos que la salida de Dina Boluarte de la presidencia y el adelanto de elecciones son gestos políticos necesarios para restaurar la confianza y la tranquilidad en el país. 

desco Opina – Regional / 4 de agosto del 2023

descosur