El gobierno Vizcarra ¿segunda etapa del gobierno PPK?

Recientemente, la expresidenta del Consejo de Ministros pidió que su sucesor César Villanueva, respete el Plan de Gobierno de Peruanos por el Kambio y continúe el trabajo que ella dirigió. En términos parecidos se expresó el congresista Sheput, señalando que el gobierno del Presidente Vizcarra es la segunda etapa del anterior. Sin duda, la ruta que el nuevo gobierno ha de seguir es un tema que preocupa a todos los principales actores políticos del país, considerando la necesidad de que tenga un rumbo claramente definido, que además debe diferenciarlo de la gestión anterior, que renunció para no ser vacada.

Puede discutirse interminablemente sobre la necesidad de que el gobierno se convierta en una segunda fase del anterior o no, pero a la luz de los resultados de los últimos veinte meses, el pedido de la señora Araoz de continuar su trabajo no deja de ser una suerte de autoironía, ya que los frutos de su gestión de seis meses son en realidad bastante magros y la idea de convertir los próximos tres años en una segunda etapa del gobierno de PPK, más allá de la formalidad legal, le haría un flaco favor a la nueva administración.

En el plano económico, lo más visible de la era Kuckzynski fue el bajo crecimiento de la economía, producto de medidas desacertadas como el ajuste fiscal introducido por el exministro Thorne; el «destrabe» mediático, pero no real de los grandes proyectos de inversión pública, incluyendo el simbólico caso del aeropuerto de Chinchero, así como los pobres resultados de la «Reconstrucción con Cambios», entre otros. Todo ello, en un contexto internacional relativamente favorable por el aumento de los precios de los minerales.

Las recientes noticias sobre el incremento de la pobreza en el país parecen ser también, en alguna medida, resultado del trabajo que se reclama continuar. Añadamos a este pobre desempeño, el interés mostrado en promover las Asociaciones Público Privadas (APP) y el mecanismo de obras por impuestos (OxI), favoreciendo a algunas empresas; instrumentos ambos llenos de cuestionamientos, comprensibles entre otras cosas por las famosas adendas.

En el plano institucional, los veinte meses del renunciante presidente no representaron tampoco avances mayores. En este lapso, no hubo ninguna iniciativa para fortalecer la institucionalidad democrática, fomentar la transparencia en el Estado o desarrollar capacidades en los gobiernos subnacionales. Sus tendencias centralistas afectaron a los gobiernos regionales y a las poblaciones del interior. En esa línea se entienden, por ejemplo, el manejo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, la decisión de nombrar desde el Ministerio de Salud (MINSA) a los directores regionales de salud, la famosa ley del adelanto social, que contemplaba inversiones en zonas de proyectos extractivos directamente desde el gobierno nacional, entre otros.

Son muy pocos entonces los resultados que el anterior gobierno tiene que exhibir como para que su exnúcleo de poder le reclame a la nueva administración continuidad al trabajo y respeto a un plan de gobierno sin logros de los que enorgullecerse y con pecados mortales como el indulto a Alberto Fujimori y el procedimiento seguido para éste. Las probabilidades de una gestión exitosa los próximos tres años pasan por dejar de lado muchos planteamientos y medidas que el «gabinete de lujo» aplicó. La administración del Presidente Vizcarra debe afrontar varios retos, y las dos prioridades recientemente anunciadas (descentralización y Reconstrucción con Cambios) son un paso en una dirección distinta.

Impulsar el crecimiento de la economía y crear empleo decente supone, entre otras medidas, destrabar los grandes proyectos públicos de manera efectiva y no mediática, con agilidad y transparencia. Retomar la propuesta de diversificación productiva –de hecho cancelada bajo el gobierno de PPK– sería un paso interesante para generar empleo y dinamizar otros sectores económicos y no sólo al exportador de materias primas. Un desafío importante es el de la reforma tributaria; el nuevo ministro de Economía ha señalado que la elusión y evasión tributarias son un gran problema para el país, lo que explica la baja recaudación fiscal y limita las posibilidades de financiar servicios públicos con cobertura y calidad adecuadas. Es por ello clave observar lo que se hará para revertir la situación.

En el plano institucional, la reciente propuesta del Presidente Vizcarra para una reforma política basada en introducir cambios en el voto preferencial, la cifra repartidora y la bicameralidad, más allá de las posibilidades de negociar su aprobación y de su contribución a una real democratización del sistema político, evidencia importante iniciativa.

El desafío mayor es entonces claro; la gestión del presidente Vizcarra va más allá de su antecesor en temas como la reactivación de la economía y la creación de empleo decente, una reforma tributaria para reducir la evasión y elusión mencionadas, la disminución de los niveles de pobreza, la introducción de reformas políticas democratizadoras y descentralizadoras, y el combate contra la corrupción con medidas efectivas e institucionalizadas; o, por el contrario, se resigna a ser la segunda etapa del gobierno de PPK. Falta saber si existirá la voluntad política y la claridad para lograrlo.

desco Opina / 27 de abril de 2018

Lima en el top ten de las mejores ciudades para vivir

Hacia mediados del año pasado un informe de la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist, catalogaba a Lima como la sexta mejor ciudad para vivir dentro de Latinoamérica. Igualmente, otra publicación especializada aparecida a inicios del 2017 ubicaba a nuestra ciudad capital ocupando el puesto 11 de 24 ciudades latinoamericanas. En algunas oportunidades estas cifras y ubicaciones en rankings de calidad suelen estar influenciadas por intereses turísticos y aluden sobre todo a la calidad de las zonas residenciales mejor establecidas. Por ello, siempre surgen dudas sobre estos calificativos numéricos. Sin ánimo de polemizar –pero llamando la atención sobre otras lecturas urbanas– aparece la preocupación de urbanistas y personas trabajando en los barrios populares respecto a la objetividad y dimensión real de estos datos. De modo que algunos consideramos alarmante que se difundan cifras y ubicaciones bastante optimistas que parecen dejar de lado realidades palpables de miseria, marginalidad y baja calidad de vida en estas urbes.

Cada vez que vemos estas alentadoras cifras sobre la buena ubicación de Lima como ciudad exitosa y de calidad, nos preguntamos bajo qué criterios se hacen finalmente estas estimaciones y si en ellas se ha tomado en consideración una evaluación ponderada que considere a todos sus estratos y clases sociales, en particular a las grandes mayorías asentadas en las zonas periféricas de la ciudad.

Si bien cabe discutir sobre la posición que obtiene una ciudad dentro de una tabla y los criterios empleados para ello, nos parece cuestionable que no se estén ligando estas cifras con otros aspectos importantes de la calidad de vida cotidiana en nuestra ciudad capital. Mencionemos a propósito de ello problemas recientes, como el del transporte masivo de pasajeros (que es uno los indicadores evaluados en el ranking) y lo ocurrido con una grave falla en el sistema de transporte masivo del metro de Lima que dejó a más de 170 000 personas afectadas en un tramo importante del servicio; o la necesidad de poner en debate las inversiones que se realizan para atender la problemática de los sistemas de transporte público en la ciudad, donde encontramos que lo que se prioriza es la construcción de más pistas, privilegiando el servicio del automóvil privado en la ciudad.

Otro caso –que no apunta a reforzar el ranking– ha sido el inmenso daño ambiental en la zona norte de Lima ocasionado por el incendio de un depósito de llantas que funcionaba de manera clandestina. Situación que se explica por la falta de planificación y criterios técnicos en la gestión del suelo y zonificaciones, pero que también evidencia la poca capacidad y eficiencia para desarrollar mecanismos de control adecuados. Esto queda demostrado por el hecho de que los funcionarios municipales del distrito afectado señalaron que ya habían solicitado la orden de desalojo del predio donde se produjo el siniestro.

Es en ese contexto que desde desco y otros colectivos urbanos trabajando en la ciudad, se promueve un proceso de discusión crítica y sostenida sobre lo que significa vivir en la ciudad, la manera como se gestiona y la preocupación constante sobre la vulneración o no de nuestros derechos. Así, por ejemplo, el pasado lunes 16 de abril se convocó a especialistas internacionales a discutir sobre lo que significa el derecho a la ciudad, focalizando el centro del debate en el hecho de que una ciudad no puede ser designada como tal, si no es para todos. En ese sentido, se hace un llamado a quienes se consideren ciudadanos de Lima a luchar por ella, para que todos podamos acceder en igualdad de condiciones y disfrutarla, y no solo guiarnos por lo que algunos rankings evalúan.

desco Opina - Regional / 20 de abril de 2018

Programa Urbano

Remedio o enfermedad?

A una semana de instalado el Gabinete del nuevo gobierno, varias cosas quedan claras sobre su naturaleza y viabilidad. El equipo ministerial es débil y contradictorio. Con un perfil predominantemente técnico, de «segunda» línea y con algunos ministros con cierta experiencia en la gestión pública, su composición buscó «contentar» a distintos sectores políticos, hayan tenido o no capacidad de veto. Sorprende especialmente, la presencia de personajes innegablemente polémicos como Salvador Heresi y los generales Huerta y Medina, mientras que la designación de David Tuesta en el Ministerio de Economía, evidencia el peso en la sombra que tendrá Luis Carranza, que indudablemente lo apadrinó.

Como no podía ser de otra manera y no obstante la tranquilidad con la que la opinión pública recibió al nuevo equipo de gobierno, las críticas se dispararon en todas las direcciones. El Premier, que negó varias veces su presencia en ese cargo y el nuevo Ministro de Justicia, fueron los blancos iniciales, rápidamente acompañados por varios otros, hablándose pronto de un cogobierno con el fujimorismo o con la izquierda. Quedaba claro desde el primer día que la supuesta luna de miel del Presidente y el Primer Ministro provincianos, era de baja intensidad y que el gobierno –que no olvidemos es de continuidad–, nacía marcado por una fuerte precariedad: sin fuerza política propia, con limitadas conexiones en la estructura del Estado y la burocracia, sin relaciones directas con los empresarios… Es decir, una fuga a un futuro incierto más allá de las buenas intenciones que mostrara el discurso inaugural del nuevo mandatario.

La impericia gubernamental se evidenció desde el primer momento: Tuesta advirtió de la reedición de la política de Alfredo Thorne y anunció un inminente recorte del gasto fiscal, Villanueva se entusiasmó por la inminencia del conflictivo proyecto Tía María, se produjo una innecesaria y desmedida intervención policial contra los estudiantes de San Marcos y el Presidente, imprudentemente, se reunió con el tristemente célebre Óscar Medelius, dándoles la razón a quienes con argumentos relativamente fundados, expresaban su poco entusiasmo por los primeros pasos del nuevo gobierno. Tantos errores «aplastaron» los pocos gestos políticamente «correctos»: la aparente disposición a respetar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el indulto a Fujimori, la negociación del conflicto de la pesca artesanal y la observación a la aprobación de la ley del octágono para los alimentos.

Para suerte del gobierno, en la vereda del frente, las cosas no están mejor. El fujimorismo, que se recuperaba de las heridas que le ocasionaron los Avengers, se vio nuevamente golpeado por su comportamiento y por su propio ADN. A la imagen impresentable del «héroe» Mamani, quien impuso su retiro de la lista de congresistas investigados por los audios que terminaron con PPK, se sumó la detención de un importante narcotraficante que fuera socio del congresista Vergara, manteniendo viva la sombra de la droga que atraviesa la historia del partido naranja. Simultáneamente, el blindaje a la congresista Ponce en la Comisión de Ética, los convierte en actores principales de una película bizarra que los afecta en primer lugar a ellos, pero que contribuye a mellar aún más al Congreso de la República, que no llega a los dos dígitos de aprobación. Según una encuesta reciente, 7% y la percepción de los encuestados que cree que los parlamentarios se mueven por sus propios intereses (94.2%).

Para completar la película de la escena oficial, el Ministerio Público, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, ventilan sus disputas internas que tienen como telón de fondo el caso Lava Jato y las decisiones colaterales. Varios de sus miembros devienen en vedettes mediáticas y tratan de convencer a la gente de sus argumentos «legales» y de su vocación anticorrupción, para esconder las peleas por el poder de estas instituciones, que son las que tienen entre sus manos la capacidad más cercana de avanzar, distraer o cerrar las investigaciones que preocupan a buena parte de nuestra clase política, pero también del mundo empresarial.

Mientras tanto, la economía y la reconstrucción siguen paradas, los hospitales públicos colapsados, la educación en el limbo, y la gente –por el momento– mirando y con la expectativa de que la nueva gestión no sea peor que la anterior, pero arrastrando los malestares y malhumores de su vida cotidiana. El diálogo político que anuncia el gobierno apunta a resolver su «desafío» de corto plazo: el voto de confianza para un Gabinete que no deja satisfechos ni a tirios ni a troyanos. Siendo un reflejo elemental, lo que es cierto es que usan el escaso capital que tienen: están donde están, en última instancia, por la decisión mayoritaria del Congreso, lo que les confiere hasta ese momento, alguna capacidad de «negociación».

Así las cosas, en el largo plazo –salvo que ocurran imprevistos de esos que caracterizan a nuestro país– seguiremos moviéndonos en una crisis que parece caminar en el mediano plazo al «derrumbe»; porque los actores mayoritarios están preocupados, en primer lugar, por su propia salvación, pero también porque el descrédito de la política y de los políticos puede ser irreversible. Entre la corrupción que se evidencia sin control y la guerra de bandas –unas más grandes y fuertes y otras pequeñas, pero con capacidad de incidencia en un escenario precario– por ver cómo se controla y a quiénes se liquida, el deterioro del régimen político seguramente continuará.

desco Opina / 13 de abril de 2018