La selva y el efecto mariposa

En estos cuatro primeros meses de gobierno acaecieron una serie de conflictos en diversas regiones del país. Si bien es cierto muchos de ellos tienen sus orígenes en gobiernos anteriores, el manejo del actual Ejecutivo ha merecido duras críticas por sus avances y retrocesos; así como por las manifiestas contradicciones entre sus miembros, lo que ha demostrado la falta de estrategias para abordarlos.

La selva central no ha sido ajena a esta tendencia conflictiva aunque no haya merecido la atención del Ejecutivo, lo que en el largo plazo puede generar problemas, pues transmite una sensación de desinterés. En primer lugar, recordemos que unas desatinadas gestiones y declaraciones del Congresista Federico Pariona, en relación a la sede de la recientemente creada Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central Juan Santos Atahualpa, motivaron la paralización por 24 horas de la provincia de Chanchamayo. Aunque los medios periodísticos digan lo contrario, el paro preventivo fue bien manejado por sus convocantes y nunca buscó enfrentar a dos pueblos hermanos como Pichanaqui y Chanchamayo, pero sí alteró los ánimos de líderes representativos de ambos distritos y generó algunas pérdidas al turismo y comercio local. El manejo del conflicto aparentemente no concitó el interés del Gobierno Central, pero sí el de aquellos que se sienten afectados con las noticias, quienes actualmente se vienen movilizando por canales legales y pacíficos para la solución de sus inquietudes. La solución definitiva no depende de ellos, por lo que aún no puede decirse que alrededor de este tema la calma esté asegurada, y el riesgo de enfrentamientos reales y bloqueos de carreteras está todavía presente.

Por otro lado, en la selva central quedan temas ambientales pendientes, que en muchas reuniones locales salen a la luz amenazando con transformarse en conflictos. Estos deben de ser atendidos antes de que lleguen a su fase de crisis. En primer lugar, podemos señalar la futura explotación de hidrocarburos en los lotes 107 y 108. Las actividades preliminares que se vienen realizando cuentan con una aparente aprobación social de los líderes de las comunidades nativas pero con muy poco arraigo en sus bases, lo que nos dice que estas empresas extractivas no pueden sentirse satisfechas con estos apoyos. Por otro lado, si consideramos que parte de estas explotaciones están dentro del ámbito de la Reserva de Biosfera Oxapampa – Asháninka – Yanesha, es de suponer que se escucharán otras voces disconformes que no necesariamente serán de las etnias originarias.

En segundo lugar, y no por ello menos importante, otro tema pendiente de atención es el contrato de construcción de la central de Paquitzapango en el río Ene (Satipo), parte del acuerdo energético entre Perú y Brasil. Esta obra requerirá la construcción de una represa que derivará en una gigantesca laguna artificial y afectará a unos 12 mil habitantes entre nativos y colonos, quienes tendrían que abandonar sus tierras productivas. Las comunidades nativas a través de sus centrales han señalado lo inconsulto de este contrato de acuerdo energético, y en más de una ocasión en la selva central se han señalado intenciones de movilizaciones, bloqueos de carreteras y paralizaciones subregionales promovidas desde las bases de las comunidades nativas que están en contra de esta obra.

El llamado «efecto mariposa» se sustenta en una teoría que propone que los pronósticos meteorológicos pueden tener un margen de error no identificado, cuyas causas se producen en distancias lejanas, por una causa aparentemente tan simple como el aleteo de una mariposa. En el clima social peruano, la analogía cobra vigencia y un lejano aleteo de mariposa tal vez pueda ser la paralización de Andahuaylas o el caso de minas Conga, cuyo errado manejo ya ha trascendido nuestras fronteras.

Las paralizaciones que hasta ahora se le han presentado a Ollanta Humala no ofrecen visos suficientes que demuestren haber sido políticamente concertadas para ponerle trabas al actual gobierno. Todo indica que se están asomando las promesas de campaña electoral difíciles de cumplir, ya que no existe ningún grupo político que tenga la capacidad de convocatoria para jaquear al Ejecutivo –sobre todo en las provincias donde Gana Perú obtuvo su más alta votación–, pero sí existen señales de ausencia de orientaciones claras sobre el tema, donde la presión de las masas, por ejemplo, logró arrancar la promesa de declarar Andahuaylas libre de minería; lo que puede terminar siendo el lejano «aleteo de mariposa» que necesitan los líderes de la selva central para poner en el tapete los conflictos latentes. La Ley de Consulta Previa tal vez tenga la oportunidad de ser puesta a prueba, pero mientras no se tenga totalmente claro cuál es la capacidad y la voluntad de aplicarla, esta norma podría ser insuficiente.

desco Opina / 16 de diciembre de 2011
Programa Selva Central
Descargar aquí

El Estado de emergencia en Cajamarca y primeras notas sobre el Gabinete Valdés

El mensaje en el que el Presidente Ollanta Humala declaró el estado de emergencia en cuatro provincias de Cajamarca dura menos de tres minutos. Su alocución anterior había sido más larga pero lo central podía resumirse en dos palabras: «Conga va». Todo indica que el desarrollo público y privado de los hechos de Cajamarca terminó por volver inviable la correlación de fuerzas sostenida por el renunciante Salomón Lerner y abrió la puerta al supuestamente «ejecutivo» Óscar Valdés.

El breve mensaje de Humala es significativo porque muestra una forma de ejercer hegemonía que va a contrapelo de lo que se esperaba bajo el rótulo de ‘gran transformación’. Muestra a un mandatario que dicta la medida pero no marca una agenda a seguir. El conflicto de Conga tiene muchas aristas, lo cual lo hace más complejo pero a la vez hubiera constituido una oportunidad para diversificar la agenda con miras a una negociación que dure más de las ocho o nueve horas tras lo cual algunos de los enviados del Ejecutivo decidieron que los dirigentes eran «intransigentes», entre ellos el ex viceministro Otárola, que señaló que la policía estaba «con la moral alta», como si fueran a defender el fuerte apache. Por muy civil que sea, el hoy Ministro de Defensa ya dio muestras de que el autoritarismo no tiene que venir uniformado.

No es poca cosa que Humala haya declarado el estado de emergencia contra la autoridad regional de Cajamarca. Es cierto que ha habido declaratorias de este tipo desde el inicio del actual proceso de descentralización, pero ninguna en abierta confrontación con el Presidente Regional. Recordemos que las provincias de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín que forman parte del VRAE declaradas en emergencia cuentan con una especie de admisión de las autoridades regionales de que la situación es inmanejable en esta porción de sus territorios. Ciertamente no es el caso en Cajamarca, donde el Presidente Santos, que era el primero en pedir que salga Valdés, ve hoy un escenario de confrontación asimétrica más claro desde el gobierno.

El aparente giro hacia la derecha, se ha dicho, no resulta el quid del asunto para comprender lo que ha pasado con el gabinete. Si se buscó «blindar la hoja de ruta», ciertamente Valdés parece estar más «alineado» que Lerner, al cual el gobierno también hubiera podido acusar de no tener operadores políticos en Cajamarca que amortigüen el conflicto. Tal vez el Presidente, en su pragmatismo, piensa que no vale la pena llenarse de voces críticas desde el interior (el caso de las observaciones de Giesecke al EIA de Conga es paradigmático) si no obtiene a cambio la capacidad de controlar la conflictividad social desde sus bases.

No debemos perder vista que se viene un acumulado de EIA aprobados a la carrera por el hortelanista García y que probablemente servirán como argumento en los conflictos que están esperando en fila. Una forma de encauzarse en la institucionalidad del Estado es profundizar el proceso de descentralización, lo cual implica negociar con las autoridades electas y avanzar en resolver el desaguisado de (in)competencias que impiden a las regiones ser más autónomas en relación a la actividad de las industrias extractivas en su territorio. Es decir, un real compromiso con la descentralización del Estado, la única reforma que se sostiene desde el nuevo «pacto social» post dictadura. La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales es un actor muy importante que debe ampliar sus esfuerzos por presentar una postura conjunta con visos de sostenibilidad.

desco Opina / 12 de diciembre de 2011

Descargar aquí

Se reactiva el proyecto de la Macro Región Sur

El 10 y el 11 de noviembre en la ciudad de Moquegua el representante de la Secretaría de Descentralización Manuel Dammert, el premier Salomón Lerner, los presidentes de los gobiernos regionales del sur y sus equipos técnicos, los representantes de la sociedad civil de esta parte del país y otros funcionarios del gobierno, se reunieron en busca de animar la conformación de la Macro Región Sur, frustrada ya una vez en las urnas en el 2005.

El primer día, durante el diálogo con diversos representantes de la sociedad civil, se hizo entrega del pronunciamiento producto de los encuentros que la sociedad civil ha sostenido durante los últimos cinco años, los cuales concuerdan en gran parte con la agenda de las autoridades regionales del sur. En algunos casos ya se ha tomado una decisión política sobre estos intereses compartidos, por ejemplo respecto del gasoducto sur andino. Uno de los escollos más grandes para la integración son los conflictos interregionales, originados en el uso del agua y la demarcación territorial. El conflicto recurrente entre agricultores arequipeños y moqueguanos por el uso del agua del río Tambo, que después de años recién parece empezar a encontrar una solución, es un claro ejemplo.

En el sur hay dos fuerzas que bregan contra la integración: los regionalismos arraigados y los intereses políticos regionales, usualmente electorales y de corto plazo. Los primeros, hacen que los habitantes de un departamento se crean por encima de los otros por suponer que cuentan con más recursos económicos o incluso por criterios de discriminación racistas. Dammert en su discurso reiteró que más importante que tener el recurso es saber cómo aprovecharlo para el bien común, cosa que todavía parece difícil de aceptar en el sur. Sobre el segundo punto, ha sido evidente que algunas autoridades regionales han escondido dentro de su discurso integrador, el miedo a perder su cuota de poder, de allí que las Juntas Interregionales hayan tenido poco protagonismo estos años.

Después de poner sobre el tapete estos dos problemas nos preguntamos ¿cómo es que este gobierno busca hilvanar la ansiada integración del sur? Una respuesta, aunque no del Gobierno Central, se esbozó en el segundo día del mencionado evento, cuando los presidentes regionales de Moquegua, Arequipa, Cusco, Puno, Tacna y Madre de Dios, expusieron sus estrategias para el desarrollo de la Macro Región Sur. Éstas se orientan a promover iniciativas y acciones en proyectos comunes para hacer que la integración sea una realidad más concebible. El compromiso quedó plasmado (en una forma muy general, hay que decirlo) en el acta de reinstalación de la Junta de Coordinación Interregional Macro Región Sur.

El 5 y el 6 de diciembre se realizará en Lima el Seminario internacional ’Descentralización y territorio: desafíos para la ciudadanía‘, en el cual se deben delinear las primeras acciones para que, a partir del 2012, se implemente el Plan Nacional de Descentralización y Regionalización. Un plan que tiene entre sus puntos centrales la creación de cinco grandes regiones. Es claro que el actual proceso de descentralización sobre la base de las 24 regiones existentes se encuentra bloqueado por la incapacidad para constituir, desde estos espacios, unidades geoeconómicas y políticas con posibilidades de contrapesar el centralismo limeño. Pensar en cinco grandes regiones abre la posibilidad de reactivar efectivamente la descentralización sobre bases sólidas.

A decir de Dammert el acta de reinstalación de la Macro Región Sur con el nuevo gobierno, «afirma una vía de transformación ciudadana descentralista, por lo que será recordada como un hito en la industrialización y desarrollo territorial del sur, para afirmar al Perú como una nación democrática». Pero más allá de las miradas principistas, el reto para la sociedad civil es hacer seguimiento a la agenda del sur, viendo que estos megaproyectos (los actuales y los que están por venir) beneficien no sólo a algunos sectores sino a la mayoría de la población. De otra forma, los conflictos continuarán a la vuelta de la esquina. El contexto es favorable para avanzar y es necesario que los liderazgos regionales estén a la altura de las circunstancias.

desco Opina / 2 de diciembre de 2011
Programa Regional Sur
Descargar aquí

Con guitarra y con cajón, pero sin agua

Al momento de publicar estas líneas ya ha comenzado el paro indefinido contra las actividades del proyecto minero Conga, operado por Yanacocha, vieja conocida de Cajamarca. El discurso del presidente Ollanta Humala donde señala que el gobierno quiere «el agua y el oro», no hizo sino exacerbar el ánimo de quienes creen que no se puede tener ambas cosas a la vez y que lo más probable es que la herencia de Conga, tiempo después de agotado el recurso, no sea más que una gran bolsa de dinero y un serio problema de agua en la región.

En efecto, múltiples experiencias en diversas zonas del país con minería en las cabeceras de las cuencas de ríos han resultado en la contaminación de las fuentes del agua que discurre por las quebradas hasta los pueblos, ciudades o extensiones agrícolas asentados en los valles. Que quienes consuman el agua en las partes medias y bajas de las cuencas tanto como quienes forman opinión desde el manejo de los medios de comunicación y la política, no tengan aún plena conciencia de dónde se origina el recurso es parte sustantiva del problema. Ambas ignorancias avalan la irresponsabilidad de ciertas empresas e invisibilizan el rol de los compatriotas de las alturas en la producción de agua y la conservación de los ecosistemas que hacen que esta producción sea posible.

desco viene promoviendo, desde la década de los noventa, la cosecha del agua en las cuencas altas de los ríos como propuesta técnicamente viable y de adopción relativamente sencilla por las comunidades para hacer frente a problemas de escasez durante las épocas de sequía. Esta es una alternativa que debería ser incorporada en cualquier propuesta de manejo de los recursos hídricos en las zonas altas, y que debería ser parte integral de las estrategias de gestión territorial en las regiones que comparten el espacio andino. Lamentablemente, estos esfuerzos significan poco en un contexto en el que no hay una política pública articulada para la gestión del territorio ni para el uso racional y responsable del recurso hídrico.

Esto es un tema que va más allá de las sutilezas técnicas de quienes están a favor o en contra del proyecto de creación de reservorios que propone el proyecto Conga en su controvertido estudio de impacto ambiental. Las razones técnicas de uno y otro lado deben ser esclarecidas por expertos, pero ante todo, deberían estar supeditadas al interés social, lo que implica que para abordar el tema del agua en serio, hay que adoptar primero una mirada política y definir prioridades.

A muchos sectores que apoyaron la elección de Ollanta Humala, les cayeron muy mal las declaraciones sobre Conga. Sienten que el presidente «capitula» ante los intereses de la gran empresa, la que no ha parado de presionar mediante sus «canales regulares» durante todo este periodo. Pero la respuesta presidencial a los dilemas de Conga revela una problemática mayor: la falta de políticas claras respecto de la gestión medioambiental, en especial del agua, y de las responsabilidades de la empresa privada respecto de éstas.

En este momento, pareciera que el gobierno está de acuerdo con los inversionistas mineros en que la única «gallina de los huevos de oro» es la inversión minera. ¿Es así para los habitantes rurales que son tomados en cuenta como mano de obra de los proyectos extractivos solo en las fases de construcción más no en la de operación por estar sub-calificados?, ¿es culpa suya estar sub-calificados para operar maquinaria?, ¿es culpa de los gobiernos regionales que reciben –mediante el canon minero– directamente una fracción de la renta generada por las empresas y a los que a menudo se les acusa de gastar muy poco sobre el monto total del mismo?, ¿deben estar felices los trabajadores agropecuarios que ganan lo mismo (o menos) pero que ven el costo de los servicios de la ciudad incrementarse exponencialmente por la influencia de la operación minera? A una clase dirigente responsable debería inquietarle que los campesinos estén genuinamente preocupados por el agua. Debería decirles algo sobre las reales condiciones de vida de estas personas, más allá de pretender, con gran arrogancia, que no saben lo que quieren o que son completamente manipulables. Algo hay de esta arrogancia en el tecnologismo fáustico que cambia lagunas formadas durante millones de años por obras de ingeniería, como si fueran lo mismo.

La movilización en Cajamarca, y antes en Andahuaylas, dice muchas cosas sobre el cambio en la correlación de fuerzas que se espera de este gobierno, todavía demasiado poroso para los poderes tradicionales pero muy volátil para los sectores progresistas. Al parecer, poner a figuras clave en ciertos ministerios no ha bastado para ordenar el panorama. Se requieren orientaciones centrales como las que ha planteado el secretario técnico del Acuerdo Nacional sobre poner el agua como punto de agenda para un nuevo consenso nacional sobre este recurso estratégico. No obstante, los anuncios sobre transferir la Autoridad Nacional del Agua (junto con el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental-OEFA y los Estudios de Impacto Ambiental-EIA) a la PCM, van exactamente en la dirección contraria, quitándole poder a las instancias que deberían tener una opinión independiente en un tema tan delicado como éste. Abordar el tema del agua en serio es mucho más que revisar un EIA, requiere sincerar la cancha de las negociaciones y nuevos compromisos desde arriba, incluyendo decidir dónde puede haber minería y dónde no, y eso es gobernar, en serio.

desco Opina / 25 de noviembre de 2011
Descargar aquí

Vacancia de autoridades y representación política en Lima Sur

Las elecciones municipales del año 2010 trajeron nuevas autoridades en los distritos de Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. En el caso de San Juan de Miraflores, Adolfo Ocampo volvería a la alcaldía después de algunos años, muchas acusaciones y hasta haber purgado prisión efectiva por denuncias en una de sus gestiones municipales. En el caso de Lurín, el Alcalde Jorge Marticorena fue reelegido en representación del Apra, en Pachacamac el Alcalde Hugo Ramos –quien fuera en las elecciones anteriores en la Alianza Unidad Nacional–, fue reelecto en las filas de Restauración Nacional.

En julio del presente año el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declara la vacancia del regidor distrital de Villa María del Triunfo Juan César Pianto Peralta de Perú Posible por la existencia de una condena privativa de la libertad por delito doloso. El JNE sustentó su decisión en el inciso 6 del artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades, que señala como causal de vacancia la existencia de una condena a pena privativa de la libertad, consentida o ejecutoriada, por delito doloso. En nota de prensa del JNE se expresa “La resolución del órgano electoral constituye un importante paso en la lucha contra la corrupción, así como en la consolidación de la institucionalidad del país y en la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las entidades encargadas de preservar la idoneidad de sus funcionarios”.

En Villa El Salvador en junio del presente año, regidores Perú Posible y del mismo grupo político del Alcalde de Villa El Salvador –Santiago Mozo Quispe– solicitaron ante el JNE la vacancia del alcalde del Concejo Distrital de ese distrito, por tener condena consentida o ejecutoriada por delito doloso con pena privativa de la libertad. Sustentando su demanda en que éste fue sentenciado por la comisión del delito de defraudación tributaria contra el Estado a cuatro (4) años de pena privativa de libertad suspendida por el periodo de prueba de dos (2) años. El JNE requirió al Concejo Distrital de Villa El Salvador se pronuncie sobre la vacancia. La sesión fue postergada reiteradamente por la inasistencia del Alcalde hasta que en sesión extraordinaria de fecha 2 de septiembre de 2011, el Concejo Distrital de Villa El Salvador acordó, con 11 votos a favor y 2 en contra, aprobar la solicitud de vacancia del alcalde Santiago Mozo Quispe, sesión a la que no asistió el alcalde, ni el secretario general, pese a encontrarse debidamente notificados. El 21 de setiembre Santiago Mozo interpuso recurso de apelación contra el acuerdo municipal y el JNE acepta su apelación y declara nulo el acuerdo de Consejo del 2 de setiembre. Nuevamente se llama a Sesión del Concejo Distrital de Villa El Salvador y en esta ocasión con presencia del alcalde y regidores, se obtiene como resultado 8 votos a favor y cinco en contra. No alcanzándose los dos tercios de los votos de los regidores para aprobar la vacancia del Concejo Municipal. Ahora le corresponde al JNE emitir una decisión final sobre la vacancia y si finalmente se aplica, en el marco de todo el proceso seguido en los últimos meses.

Otro caso conocido es el que se viene librando en Lima Norte, específicamente en el distrito de los Olivos. El JNE declaró infundado el pedido de vacancia del alcalde Felipe Castillo, por haber, supuestamente, destinado fondos públicos para crear la Universidad Científica y Tecnológica de Los Olivos. El Consejo Nacional para la Autorización y Funcionamiento de Universidades (Conafu) rechazó su inscripción al percatarse de ello, pero el Congreso creó una ley para convertir su universidad en pública, obviando al Conafu.

De acuerdo al portal del JNE existen una serie de procesos de nuevas solicitudes de vacancia de regidores en Lima Sur. Todo ello, evidencia la precariedad del sistema político local (el nacional no es la excepción) y la manera cómo se constituyen y definen las candidaturas a alcalde y las listas de regidores. Otro problema recurrente es la débil representación social con que cuentan las autoridades electas, quienes ganan con tan solo un 20% del voto de los electores en promedio, a pesar de lo cual cuentan con una amplia mayoría del Concejo Municipal y el control total de la Municipalidad. Estos datos nos ayudan a pensar en la manera como se distribuye el poder de acuerdo a los resultados electorales, surgiendo también preguntas sobre la democracia al interior de los partidos y la forma en que se estructuran. Es común, también, ver como una vez ganada la elección se reconfiguran los acuerdos y vínculos políticos locales, con lo que los partidos políticos pierden poder y representación, siendo los alcaldes elegidos quienes gobiernan «solos» olvidándose de planes y promesas electorales con los que ganaron las elecciones.

La ciudadanía y sus organizaciones sociales rechazan esta situación. Sin embargo, mientras los partidos políticos no superen la crisis en la que se encuentran y puedan funcionar como organizaciones con mecanismos de control y fiscalización de sus miembros, seguiremos eligiendo autoridades con problemas judiciales, que en teoría no podrían postular, pero que terminan asumiendo el poder que les otorga la función pública como autoridades locales.

desco Opina / 21 de noviembre de 2011
Programa Urbano
Descargar aquí

Los días que restan (cumplidos cien días)

En sus primeros cien días, el principal mérito del presidente Humala ha sido lograr el complicado equilibrio que le exigía su «Hoja de Ruta»: conjurar los fantasmas del desgobierno económico que levantaban sus detractores y cumplir en lo elemental con sus ofertas electorales respecto a captar la renta minera y promulgar la ley de la consulta previa. Pasada la evaluación de costumbre, y aún sensible por el affaire Chehade, el gobierno enfrenta su primer desborde de conflictividad social.

El paro regional convocado en Cajamarca y las movilizaciones ocurridas en Andahuaylas, –por la revisión del estudio de impacto ambiental del proyecto Conga de Yanacocha y por la declaratoria de exclusión de la actividad minera, respectivamente– no obstante sus particularidades, expresan uno de los problemas de fondo del llamado «modelo»: las relaciones entre el Estado y las empresas. La opción por mantener la matriz extractiva de nuestra economía lleva a pensar erradamente que esa relación, como se ha dado hasta ahora, se revierte con una mayor captación de la ganancia minera. Sin embargo, el lugar del gobierno nacional y los gobiernos regionales en la definición de la expresión territorial de la economía –agua versus oro, mina versus agro– es lo clave en esa relación, y las protestas recientes nos «devuelven» a esa realidad.

Otra mirada a las relaciones entre el Estado y el poder empresarial se vincula al tema de la corrupción, y ha tocado la puerta de la «Gran Transformación» con el desafortunado comportamiento del vicepresidente Omar Chehade. La otra cara del escándalo político es que muestra que los grupos de poder económico pueden llevar a la mesa de su lobby hasta a aquellos que opusieron una retórica radical contra la «amistad» entre el poder económico y el gobierno de García. Es ahí donde más daño ha hecho lo ocurrido con Chehade.

El otro efecto de la caída del vicepresidente tiene que ver con el equilibrio de fuerzas en la representación congresal. La necesaria salida de Chehade de la comisión parlamentaria que investigará a Alan García, hizo que el nacionalismo –al perder protagonismo– jugara a hacerle vacío a su incómodo aliado por izquierda: Javier Diez Canseco. Su renuncia a la comisión le resta filo político a la investigación y merma significativamente la posibilidad de instalar en la agenda pública una evaluación global del período García.

Si bien a cien días no hay indicador de un cambio de rumbo, un buen primer medidor de las decisiones respecto al modelo económico, será el diseño del presupuesto público 2012. Allí podremos contar con una evaluación de cómo se están –o no– reorientando recursos, cambiando prioridades en el gasto corriente y en la inversión pública (y no sólo en la política social) y si se amplía el presupuesto global, pues su tamaño en relación al PBI es sumamente pequeño. Entonces veremos también si se cumple uno de los puntos en los que insistió Humala en su inaugural gira latinoamericana: el compromiso por un Estado más fuerte.

desco Opina / 14 de noviembre de 2011
Descargar aquí

Políticas inclusivas para la nueva ruralidad altoandina

Asistimos a un escenario muy esperado por las sociedades altoandinas: la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, encabezado por Carolina Trivelli, implicaría una serie de políticas concertadas y operaciones dirigidas a enfrentar la pobreza, a mejorar la distribución del ingreso y los activos, así como a la superación de las privaciones sociales y la falta de voz y poder de los grupos excluidos.

En regiones como Huancavelica, donde la población es mayoritariamente rural, las demandas manifiestas de alpaqueros, pequeños agricultores y artesanos, no corresponden ya sólo a los clásicos programas sociales (Juntos, Foncodes, Vaso de leche, entre otros) sino a sus alternativas de desarrollo. La acción del Estado en este proceso ha sido difusa y desarticulada en el pasado; hoy, se requieren mejores iniciativas de inclusión social y productiva de estas sociedades. Reflexionando sobre las experiencias previas señalamos las siguientes:

i) Visibilidad como sociedades, la información oficial disponible para el área rural está desactualizada –el último censo agropecuario data de 1994– y no distingue la variedad de actores –alpaqueros, agricultores, artesanos, entre otros– ni caracteriza los circuitos económicos que desata la producción agraria, lo que imposibilita la identificación de alternativas de desarrollo específicas, e intensifica la desarticulación entre los actores del desarrollo. Los elementos de la nueva ruralidad altoandina, considerando que la gravitancia de la actividad minera, por ejemplo, indica que el reconocimiento del derecho consuetudinario y la jurisdicción de estas sociedades no es sólo un tema de consulta, sino también de una participación efectiva y, para ello, la educación bilingüe y multicultural constituye una política crucial.

ii) Reversión de la pobreza estructural y la desventaja, el acceso con calidad a la educación y la salud es la clave para la reproducción del capital social generacional. Así mismo, es necesario promover el desarrollo productivo regional con énfasis en las personas y sus organizaciones –más que sólo en los medios de producción– para generar sólidos tejidos sociales como soporte de cadenas productivas destinadas a mejorar la distribución del ingreso y el poder . El acceso a los activos productivos y financieros es otro aspecto que ayuda a la reducción de la pobreza estructural. El suministro de reformas legales acordes a la propiedad de la tierra que se adapten al contexto globalizado actual constituye una necesidad apremiante.

iii) Eliminación progresiva del estigma social para evitar la discriminación, mediante acciones de tolerancia, solidaridad y empoderamiento promovidas por campañas de comunicación y educación para modificar los estereotipos y fortalecer la institucionalidad para la participación en la sociedad civil. Es significativa la implementación de políticas preferenciales para la promoción de la representación social altoandina en el legislativo y en otras instancias gubernamentales así como la sanción y vigencia de la legislación antidiscriminatoria y el rediseño de las estructuras para el acceso a servicios y el mercado.

El recojo del mandato social altoandino en el nuevo contexto rural constituye el principal desafío de las organismos gubernamentales como el MIDIS, pero también lo es para los representantes regionales en el Congreso, mientras más conocedores de las realidades, más oportunas podrán ser sus intervenciones. Esto se espera de Hugo Carrillo y Wuillian Monterola, congresistas por Huancavelica.

desco Opina / 4 de noviembre de 2011
Programa Sierra Centro
Descargar aquí

Caminar derecho (siendo de izquierda)

Acaba de oficializarse la renuncia de Omar Chehade a la megacomisión para investigar los actos de corrupción del gobierno de Alan García, el mismo régimen que nos regaló la palabra ‘faenón’. Sin duda se trata de un hecho paradójico, pues el flamante vicepresidente –hombre identificado con la lucha contra la corrupción– hoy es motivo de sospecha por dos supuestos arreglos bajo la mesa, ambos comprometedores, que involucrarían a dos importantes empresas y, de paso, al gobierno de Alan García en la figura del ex ministro Cornejo. De esta manera, a menos de noventa días del gobierno de Ollanta Humala, se ha producido su crisis política más importante. Lo cual impone una decisión sin alternativas: los hechos bajo sospecha deben ser investigados con celeridad y transparencia.

Por otro lado, el escándalo político le ha dado un caramelo a la oposición al régimen, una oposición que no existe en forma articulada en el actual Congreso y que no ha sido capaz de proponer temas sólidos en agenda. Al mismo tiempo, los bautizados «comeoros» y «robacables» han desgastado aún más la credibilidad en el Parlamento como un todo. Esto hace que la opinión pública confunda y ponga en el mismo saco a las figuras gobiernistas con los casi candorosos intentos, por ejemplo, de Kenyi Fujimori cuando trata de balbucear algo contra el gobierno. Así, ante la falta de ideas, ahora a la oposición parlamentaria le cae muy bien colgarse de las denuncias mediáticas, encontrando en ellas, recién algo sustancioso para su agenda.

Otra paradoja: en política también «negocios son negocios». La frase vendría a colación de ser cierto que seguiría dándose la vieja práctica del lobby con almuerzo incluido. De ser así, entonces los «faenones» y las componendas con el poder serían la regla y no la excepción.

Varias preguntas –como estas– persisten: ¿Empezarán los medios a diferenciar la paja del trigo en las denuncias actuales? Nada parece más incierto. Su sospecha sobre el gobierno será perenne y parece que no disminuirá su tendencia a gritar «¡lobo!» ante cada hecho que puedan «levantar» contra el gobierno. Ya se vio con el caso de la Ministra García Naranjo, donde varios se lanzaron a proponer la interpelación, con escaso criterio. Como señala Gustavo Gorriti, nada tiene que ver el pataleo con la preocupación por el bien común.

¿Debilita esta crisis al gobierno de forma decisiva? Todo parece indicar que no. Es interesante notar en el caso de la titular del MIMDES, cómo éste habría generado una especie de «división productiva» al interior del gobierno. Y se refleja en el hecho de que figuras como Javier Diez Canseco toman fuerza y, junto a otras figuras públicas como Avelino Guillén, proponen el derrotero de la acción del gobierno.

En medio de todo este panorama, la reacción del presidente ha sido cauta. Y esto, porque todavía hay mucho espacio para asumir gestos y tomar las medidas necesarias, de manera que su imagen de honestidad no se despinte. Entre tanto, para los opositores de la izquierda, cuando un gobierno de derecha es corrupto, se plantea un problema de «eficiencia» de las instituciones. Pero, cuando algo se denuncia en un gobierno que no es de derecha, entonces se trata de una honda fractura en la moral del Ejecutivo. Lo cual nos lleva a una especie de moraleja: aprender a separar lo importante de lo accesorio y exigir tanto rigor contra la corrupción como en quienes buscan satisfacer sus agendas particulares.

desco Opina / 28 de octubre de 2011
Descargar aquí

De la selva, su vergüenza

Desde hace varias semanas las noticias periodísticas avergüenzan a los ciudadanos de la selva central. Los dos congresistas que recibieron mayor respaldo electoral tanto en la selva de Junín (provincias de Satipo y Chanchamayo) como en Pasco (provincia de Oxapampa) tienen serias denuncias. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al legislador Federico Pariona Galindo de Fuerza 2011 por haber consignado información falsa en su hoja de vida. Y el congresista, también de Fuerza 2011, Néstor Valqui Matos habría sido sentenciado por proxenetismo y sería dueño de uno de los centros de diversión más grandes y concurridos de Yanacancha, Pasco. De ambas denuncias tal vez el caso que más incomoda a la población es el de Valqui, porque la denuncia contra Pariona, sin dejar de ser censurable es vista como la consecuencia de una «criollada» mal hecha.

La naturaleza de los respaldos electorales ha sido distinta: Pariona es natural y residente de la selva de Junín (Satipo), por lo que concentró su mayor esfuerzo en captar los votos de sus vecinos de realidades y problemáticas. Por otro lado, el congresista Valqui, sin ser natural o residente de Oxapampa, realizó una campaña proselitista cuya inversión en manejo de imagen del buen ciudadano conquistó el respaldo de los electores de la selva, concentrado principalmente en los distritos de Villa Rica y Oxapampa. Por ello los comentarios de hombres y mujeres sobre el ocultamiento de la sentencia por proxenetismo no es sólo vista como una manipulación de la imagen que los llevó a una mala decisión electoral, sino como una estafa que los ha llevado al infortunio y a la vergüenza.

El proxenetismo es un delito sensible para muchas familias de la selva peruana porque han sido testigos directos o indirectos de denuncias por tráfico de personas de sus comunidades para la explotación sexual en ciudades y campamentos mineros de diversos puntos del país. En la selva central, sobre todo a nivel de las etnias nativas, existen denuncias de desapariciones de niñas y adolescentes, que no son ni serán resueltas. Sin embargo, por la inacción de autoridades se transforman en riquezas para los bolsillos de los inescrupulosos. Es común que en ciudades de la sierra central como Huancayo, La Oroya y Tarma se promocionen burdeles, bares y centros nocturnos con la atención de lindas «ñañitas de la selva», promoción que no es investigada por fiscales ni autoridades policiales, con lo cual este tipo de comercio se mantiene sólido y en crecimiento, a pesar de que en muchas ocasiones existe esclavitud demostrada.

Las provincias de la selva central promocionan sus atractivos naturales como productos turísticos, tratando de desprenderse de la posibilidad de convertirse en destinos de turismo sexual, imagen que lamentablemente afecta a algunas de las ciudades de la selva del oriente peruano. Por otro lado, hay que reconocer que desde las autoridades locales poco o nada se ha hecho para luchar contra ese estigma que mantiene la errada imagen de que las mujeres de la selva tienen «una exacerbada apetencia y reducida inhibición sexual», lo que las convierte en apetecibles productos para el placer carnal. Mito que se extiende hasta creer que todas las mujeres, sobre todo las adolescentes y jóvenes, están dispuestas a regalar o vender sus cuerpos por necesidad, o porque tras una iniciación sexual temprana, se convierte en algo común.

Antes, erraron en la selección de sus candidatos, hoy ninguna voz de la selva central –incluidos los que le dieron sus votos– manifestará incomodidad alguna si el mencionado congresista fuera finalmente desaforado del Parlamento, e impedido de por vida para ocupar cargo público alguno, ya que su sola presencia en el hemiciclo humilla a todas las mujeres en general.

Tanto Pariona como Valqui, integran la lista de 12 congresistas denunciados alcanzada por el Ministerio Público a la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, la cifra se queda corta, pues hay otros 29 padres de la patria que tienen en su haber procesos judiciales pendientes. Esto nos lleva a una reflexión final respecto a los filtros para la evaluación y selección de candidatos, donde la responsabilidad principal recae en la debilidad de los partidos políticos que los acogen; y luego, a la definición de mecanismos de fiscalización más rigurosos que deberían ser impuestos –vía reforma de leyes electorales si fuera necesario– por los organismos competentes en estos procesos.

desco Opina - Regional / 21 de octubre de 2011
Programa Selva Central
Descargar aquí

El nuevo «cerco» a Ollanta Humala

Cumplidos dos meses y medio del gobierno de Ollanta Humala, los puntos en los que la agenda oficialista ha tenido avance más considerable han sido el establecimiento del gravamen minero y la Ley de Consulta Previa, aprobada en el Congreso de la República. Sin embargo, ambos son logros mediatizados, el primero por el cálculo real de la cifra que percibiría el Estado, bastante menor a la señalada por el Primer Ministro, el segundo por el anuncio de la reducción, a seis meses, del plazo mínimo para la realización de estudios de impacto ambiental-EIA en inversiones extractivas, lo que resulta contradictorio no sólo con el principio de «plazo razonable» que se contempla en la Ley de Consulta Previa, sino con la realidad de asimetría y poca credibilidad que ha caracterizado los EIA, y que ha sido fuente de numerosos conflictos sociales en los últimos años.

Aunque se trata de pasos contradictorios en un gobierno con alta expectativa respecto a un viraje en las relaciones entre la gran inversión y el Estado, no se percibe que hayan provocado aún fisuras de consideración entre quienes respaldan a Humala. En este sentido, el planteamiento de la «gradualidad de los cambios» muestra aún capacidad de sostener las alianzas sociales del oficialismo, cohesión a la que en buena medida aportan los medios de comunicación antigobiernistas con sus ataques selectivos: primero Ricardo Soberón, jefe de DEVIDA, luego la titular de Mujer y Desarrollo social, Aída García Naranjo, en lo que constituye la primera crisis ministerial de Gana Perú. En tanto, el cuestionamiento de las organizaciones de derechos humanos a Daniel Mora, ministro de Defensa, por sus declaraciones sobre un «punto final» a los juicios de derechos humanos, ha pasado inadvertida para el grueso de la opinión pública, y forma parte de una guerra sorda que empezó apenas iniciado este gobierno.

La presión mediática sobre García Naranjo y Soberón es sólo una cara de la moneda de la relación entre oposición y oficialismo. Esta presión sobre integrantes del gobierno provenientes de la izquierda o próximos a grupos con agendas consideradas radicales –como los cocaleros–, proviene en el primer caso del fujimorismo y del aprismo, y en el segundo caso de medios ultra-conservadores y del descompuesto aparato de inteligencia montesinista. Si bien no han encontrado respaldo real en los grupos de poder económico –con quienes Humala vive aún una inesperada «luna de miel»– sí han minado considerablemente el perfil izquierdo del gobierno, para provecho, entre otros, de un sector «duro» del nacionalismo –descontento con la cesión de un ministerio «social»–.

En cualquier caso, por ahora ganan quienes mediante una actitud «flexible», hasta complaciente frente a Humala, pretenden continuar avanzando por la política económica , que es el flanco que el mandatario cedió con su «Hoja de Ruta». Esperamos que este nuevo «cerco» sobre Humala –muy distinto al denunciado en las elecciones– encuentre pronto su tope, de modo que se cumpla con las expectativas de cambio que llevaron a Gana Perú, del fondo de las encuestas, a Palacio de Gobierno.

desco Opina / 17 de octubre de 2011
Descargar aquí

Mancomunidades municipales: Forjando la Macro Región Sur

Como resultado de la III Cumbre de Alcaldes de la Macro Región Sur, que en julio de este año reunió a diversos alcaldes distritales y provinciales de Apurímac, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Tacna, Puno y Arequipa, se decidió aprobar la conformación de la Mancomunidad Municipal de la Macro Región Sur, y se inició, mediante una junta de coordinación, la preparación del expediente para lograr su registro ante la Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Esta iniciativa contribuirá a fortalecer el proceso de integración macro regional?

La mancomunidad municipal es un mecanismo mediante el cual los gobiernos locales pueden articular sus recursos y capacidades para la prestación de servicios y ejecutar proyectos de manera conjunta, con el objetivo de promover el desarrollo económico local, la participación ciudadana e incrementar la calidad de los servicios públicos. De las 73 mancomunidades reconocidas oficialmente hasta junio de este año, 30 pertenecen a la Macro Región Sur. A nivel de articulación interregional, se cuenta con dos referentes: la Mancomunidad Asociativa del Valle del río Apurímac y el Ene-AMUVRAE que desde 2008 reúne a 13 municipalidades distritales de Ayacucho, Cusco y Junín y la Mancomunidad Municipal «Por las rutas de integración de Lonccos y Puquinas», de reciente conformación, que congrega a 17 municipalidades distritales arequipeñas y a la municipalidad provincial de Sánchez Cerro, de Moquegua.

Durante el periodo 2008–2009 se conformaron 14 mancomunidades, y este proceso se detuvo en el 2010, año en el que se registró apenas una mancomunidad debido a la discusión del reglamento de la ley que las regula (Ley 29029, de 2007), la culminación del periodo de gobierno municipal y al proceso electoral. Con las nuevas autoridades municipales se retomó este proceso y, por ello, se tienen registradas 15 mancomunidades en lo que va del presente año.

A nivel regional, Puno y Apurímac encabezan la lista en cuanto al número de mancomunidades con diez y nueve mancomunidades respectivamente. En el Cusco se albergan siete de ellas y en Arequipa sólo dos. Con excepción de la Mancomunidad Willkamayu, que agrupa a cuatro provincias cusqueñas, la mayoría de estas articulaciones se ha producido a nivel de distritos, involucrando casi siempre municipios rurales de escasos recursos económicos ubicados en una misma cuenca hidrográfica. Uno de los objetivos en la mayoría de estas instancias es lograr una mejor articulación vial, mediante proyectos de construcción, mejoramiento y mantenimiento de vías de acceso, que ayuden a dinamizar las economías locales.

Si bien la ley señala que la mancomunidad se define como un mecanismo de articulación de recursos y capacidades para proveer de mejores servicios y ejecutar proyectos conjuntos, estas se entienden también como plataformas para visibilizar demandas y entrar en diálogo con otros actores del territorio implicados en los problemas del desarrollo. Las mancomunidades son también espacios políticos de agregación de intereses, a partir de la definición de agendas de mayor escala, y en este sentido son muy significativas en la construcción de procesos de identidad territorial. En el caso de la Mancomunidad de la Macro Región Sur, esta agenda considera, entre otros puntos, la situación de la región frente a megaproyectos como el Gaseoducto Sur Andino y la Carretera Interoceánica Sur y programas postergados en el anterior gobierno, como «Sierra exportadora».

Creemos que para aportar a un proceso de integración macro regional es necesario además fortalecer los procesos de comunicación, información y sensibilización de la población que permita construir un imaginario colectivo y fomentar un sentido de pertenencia a la Macro Región Sur. En este sentido, uno de los principales retos radica en la superación de los conflictos existentes entre las regiones por la demarcación territorial y la gestión de los recursos naturales.

Mancomunidades Municipales en la Región Macro Sur- junio 2011

clic sobre la imagen para ampliar

desco Opina - Regional / 7 de octubre de 2011
Programa Regional Sur
Descargar aquí

Mancomunidades municipales en la Macro Región Sur a junio de 2011

Agendas paralelas y responsabilidad limitada

Sucesos lamentables se han puesto en el centro del debate público en las últimas semanas: los infinitos giros en el llamado ‘caso Ciro’, el envenenamiento de tres niños por ingerir alimentos contaminados en Cajamarca y la muerte de un hincha de fútbol en el marco del ‘clásico’ del fútbol peruano. Los informativos de radio y TV y los diarios los han incluido en sus agendas porque cuestionan la naturaleza del vínculo social entre peruanos, pero no solo eso. Los medios también tienen agendas que responden a intereses específicos, como por ejemplo, intentar utilizar los hechos de Cajamarca como causal de interpelación de la titular del MIMDES. Dejan, en cambio, en segundo plano, los hechos más significativos en la performance del gobierno a dos meses de asumir el mandato. Destacamos tres: la promulgación de la Ley de Consulta Previa, los avances en materia de imprescriptibilidad ante los delitos de corrupción y, el gravamen minero. Estas novedades representan impulsos en la propia agenda gubernamental, según la «hoja de ruta», pero no son temas que motiven el interés principal de la prensa.

Todos estos cambios expresan una modificación en la correlación de fuerzas respecto al gobierno pasado y eso debería llamar la atención. En el primer caso, es la concreción de una iniciativa que estuvo en discusión por buen tiempo en el Congreso sin encontrar el ambiente propicio durante el segundo García, quien prefirió la imposición no negociada de términos favorables a la gran inversión, sobre todo de la gran industria extractiva. En lo referente a la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción se trata de dar señales para transformar el escenario que ha permitido que, en 2010, más de 140 personas procesadas por delitos de corrupción cometidos en la década de los 90 se hayan beneficiado con la prescripción y que otros personajes no lleguen a hacerlo, entre ellos Vladimiro Montesinos, Moshe Rostchild y Alberto Venero. La moción ha sido aprobada por la Comisión de Constitución y debe ser votada ahora en el Pleno. Un aspecto notable es que, para que la propuesta proceda, se votará por la modificación del artículo 41 de la Constitución de 1993, sin que eso signifique un sisma de gobernabilidad anticipado por diversos agoreros.

En el caso del gravamen, aunque a decir de diversos analistas no estamos hablando de los montos anunciados por el Premier en el Congreso, sino de cantidades apreciablemente menores, lo notable es que la gran minería está dispuesta a pagar más casi sin titubear, como reconociendo que han sido consentidos por mucho tiempo y que, gravamen o no, sus actividades en nuestro país seguirán gozando de gran rentabilidad.

Todo esto no quiere decir que los hechos reseñados al inicio no sean importantes. Lo son por su gravedad, pero también porque nos han permitido advertir la tendencia a «lavarse las manos» por parte de los agentes directamente involucrados, lo cual es clamoroso en el caso de los directivos del fútbol. En este caso en particular, parece que ha habido mayor diligencia de parte de ciertos actores públicos que de los privados. Mientras tanto, el Ejecutivo, con un perfil bajo, y en ocasiones con gestos equívocos y manejos torpes de sus comunicaciones (para nada rivalizan con los operadores mediáticos que llevan el arma en ristre para resucitar temores de la campaña), sí procura hacerse responsable de sus palabras, lo cual es valioso en sí mismo, e importante para quienes tenemos en agenda el desarrollo.

Desco Opina / 30 de setiembre de 2011

Descargar aqui

La defensa del valle de Lurín: el siguiente paso

La metrópoli de Lima se desarrolla sobre la confluencia de los valles de los ríos Chillón, Rímac y Lurín. La expansión urbana desordenada llevó a la progresiva ocupación de las áreas reservadas de estos valles en detrimento no sólo del suelo agrícola, sino también del equilibrio ecológico y la calidad ambiental de la vida en la ciudad. A este escenario se suma la creciente búsqueda de terrenos de gran área y ubicación estratégica para realizar inversiones de tipo industrial, proceso que en la última década define la dinámica del valle de Lurín, el llamado «último valle verde de Lima».

El mes pasado la Municipalidad Metropolitana de Lima dio un importante paso en la defensa del Valle de Lurín al aprobar la ordenanza 1551, que deroga tres ordenanzas anteriores que posibilitaban la instalación de industrias en el «trapecio de Lurín», denominación que recibe el área urbana de la cuenca baja del río. Sin negar la trascendencia de la norma, es preciso señalar que ella no es suficiente si se toma en cuenta otro de los movimientos de presión contra el valle: el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

El sur de Lima vive hoy el mismo proceso que llevó al agotamiento y virtual desaparición del valle del Chillón, al norte de la ciudad. Las grandes empresas inmobiliarias siguen buscando suelo nuevo donde realizar habilitaciones urbanas para proyectos de vivienda, actuando muchas veces en el margen de la legalidad y casi siempre desarticulados de los planes urbanos de los distritos. Atacados por la pequeña corrupción o débiles en sus poderes de control y fiscalización, las autoridades van cediendo a la presión por urbanizar, soslayando los futuros problemas que ocasionará el aumento de la densidad poblacional, la cobertura de servicios –municipales y no municipales– y, en muchos casos, la segregación territorial y social que acompaña a los proyectos de vivienda de tipo condominial que, literalmente, se cierran al entorno social y al tejido urbano inmediato.

La situación es más compleja si se tiene en cuenta que este tipo de desarrollo inmobiliario es el que promueve el sector formal de la construcción, cuyas inversiones estratégicas se desplazan ahora a lo que llaman la «Lima Periférica», buscando realizar vivienda a gran escala, formalmente destinada a resolver la demanda de los sectores D y E, aunque queda distinguir si se trata de proyectos respaldados por el programa Mi Vivienda (dirigido a sectores medios), Techo Propio (sectores populares) o lotizaciones (venta de suelo no urbanizado, no de vivienda), como las que efectúan actualmente diversas inmobiliarias sobre terrenos en el valle de Lurín (distritos de Lurín y Pachacamac), cuya zonificación se encuentra no resuelta o en conflicto, propiciando la especulación y el tráfico de influencias que acompañan la agresión contra el valle.

El gran reto de la Municipalidad Metropolitana de Lima será armonizar las iniciativas de los inversionistas industriales y el empresariado inmobiliario con el objetivo de preservar el valle. En lo inmediato, apremia establecer un control más minucioso y mayor transparencia de los expedientes de habilitación urbana que reciben los municipios distritales. De fondo, lo que se necesita es la definición de la política de vivienda de la ciudad, a partir de la cual decidir las áreas susceptibles de urbanización y los sectores que tendrán prioridad en la atención a su problema de vivienda. Esto ayudará a estimar los costos y las fuentes de financiamiento de la opción «mantener el valle», el único valle verde que le queda a la metrópoli limeña.

desco Opina - Regional / 26 de setiembre de 2011
Programa Urbano
Descargar aquí

Inclusión y tecnocracia

El respaldo electoral y posterior llegada al poder de Ollanta Humala reflejó las aspiraciones de millones de peruanos respecto a la orientación de los beneficios del crecimiento económico. Este mandato ha sido recogido por el gobierno con el membrete «inclusión», concepto que empieza a tomar cuerpo con la creación del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social - MIDIS, que «empaqueta» los programas sociales ofrecidos en campaña pero al mismo tiempo expresa la fuerza que mantienen los enfoques tecnocráticos sobre el desarrollo.

La designación de Kurt Burneo como titular del futuro MIDIS se planteó bajo el argumento de que era necesario acercar la política económica y la política social. En este sentido, el perfil de Burneo –economista proveniente del toledismo– en teoría responde al viraje que Humala y su equipo quieren imprimir a los mecanismos de política social, articulándolos al discurso de impulso al mercado interno.

No obstante, el nuevo ministerio se forma por trasvase de los cuadros técnicos y programas existentes en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, sin alusión práctica al otro Ministerio que debía rediseñarse a partir de ese supuesto: el Ministerio de la Producción, que actualmente dirige el propio Burneo. Cabe preguntarse al respecto cuál es el papel del MIDIS dentro de la oferta de un gobierno que debe satisfacer las expectativas de redistribución que ha generado y, a la vez, garantizar una mayor eficacia en las transferencias directas y los programas de asistencia.

Según su ley de creación –que espera debate en el pleno del Congreso– el MIDIS es el eje del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, que propone de manera muy genérica una articulación entre gobiernos subnacionales, organismos públicos y sectores vinculados a las políticas de desarrollo e inclusión. Sin embargo, no prevé un papel específico de los gobiernos regionales y locales, asunto particularmente sensible en un país que apostó por la descentralización y que cuenta –aunque el anterior gobierno la postergara– con una urgente agenda de reforma del Estado cuyo objetivo central es la desconcentración de poderes y recursos del nivel central. Solo en lo referente a los programas sociales que el nuevo ministerio busca concentrar, por ejemplo, el escenario es complejo y ya ha avanzado en diversos grados en su descentralización. Como vemos, la idea de un «sistema» que debe articular los esfuerzos dispersos del Estado choca con el proyecto de un ente que aglutina la prestación de programas sociales: un ministerio ejecutor.

Aunque la Ley no pueda abundar en detalles, debería permitirnos al menos vislumbrar un escenario que no se desentienda de un proceso de descentralización que debería estar en condiciones de retomar avances sustantivos en este periodo.

Creemos que para honrar el mandato de las urnas, este gobierno no puede permitirse entender que la inclusión es únicamente una mejor administración y focalización de los programas sociales. Una verdadera transformación en la concepción del Estado como impulsor del desarrollo, debe considerar que la ecuación entre inclusión y desarrollo se resuelve atendiendo a la articulación de las economías de escala y dando salidas a los emprendimientos productivos medianos y pequeños, principalmente en la esfera rural, donde el modelo extractivo genera una competencia desigual por recursos productivos como la tierra y el agua. Por eso también, considerar el rol de los gobiernos regionales y municipios como gestores de las políticas de inclusión debe ser parte del debate.

desco Opina / 16 de setiembre de 2011
Descargar aquí

Primera infancia, primeras interrogantes

En las últimas semanas el Gobierno ha puesto de manifiesto las principales líneas de trabajo para su gestión, entre ellas, destaca el discurso sobre la inclusión. En ese sentido, tanto el objetivo de reducir la desnutrición crónica y mortalidad infantil como la oferta del Programa Cuna Más, son iniciativas por la inclusión que tienen la particularidad de estar orientadas a la primera infancia. En artículos anteriores hemos destacado la enorme importancia de ejecutar intervenciones en esta población, sobre la cual ya existen acciones en los niveles regionales y locales. En ese contexto, cabe preguntarse cómo se complementarán estas distintas intervenciones desde el Estado central y desde los otros niveles de gobierno.

Entre las iniciativas en marcha destaca el Programa Nacional WawaWasi (PNWW) El PNWW viene ofreciendo un servicio importante para el cuidado de los niños en las edades más críticas para desarrollar su potencial cognoscitivo. Hasta el momento ha sido importante, además de por sus logros en atención directa, para concientizar a las familias rurales, sobre la importancia del cuidado en la población infantil. Este cuidado se traduce en una adecuada alimentación, lo que constituye la base para incorporar el aprendizaje.

Parece claro que la intención del gobierno es concentrar la atención a la población infantil, bajo el esquema del Programa Cuna Más, sobre el cual no se conocen detalles hasta la fecha. Volviendo a la interrogante inicial pero de forma más específica nos preguntamos cómo se inserta el PNWW en este nuevo esquema. Recordemos que el PNWW quedó a la expectativa de ser transferido a los gobiernos provinciales, con lo cual se agrega un elemento adicional a tener en cuenta para la gestión de las iniciativas a favor de la infancia; en concreto, estas son interrogantes que deben ser discutidas para el inicio del emergente Programa Cuna Más.

Tanto el PNWW como Cuna Más, son intervenciones que deben complementarse para una intervención sostenible y tener réditos e impactos reales en la población viviendo en áreas rurales. En dichas zonas existen intervenciones promovidas desde la cooperación internacional, principalmente, que buscan una intervención más profunda en el bienestar de la población infantil, como en el caso del Programa Sierra Centro. Experiencias como la de desco en las zonas rurales aportan conocimientos en términos de presupuestos, estrategias, sostenibilidad, para trabajos en la primera infancia.

Otro de los procesos en marcha tiene que ver con la Estrategia Nacional CRECER, de la cual no se ha dicho nada en el Mensaje de 28 de julio ni en los anuncios del Premier ante el pleno del Congreso. CRECER es una estrategia que busca articular las diferentes intervenciones de los sectores hacia la lucha contra la pobreza y la desnutrición. Esta idea también ha sido promovida por los gobiernos regionales y la sociedad civil como en el caso del Consejo Regional de Seguridad Alimentaria, en Huancavelica (CRSAN) y CRECER WARI, en Ayacucho; a los que se agregan programas específicos como PICED y PROSAN, con trabajos en el campo productivo y promoción de la salud, en Junín. Tanto CRSAN y CRECER WARI permitieron ofrecer a la Estrategia Nacional, una «pista de aterrizaje» en el nivel regional. Esta articulación entre lo nacional y regional ha propiciado encuentros, talleres y foros para una gestión integral con miras a lograr la disminución de la desnutrición crónica. Aún se desconoce cómo se retomarán los mecanismos de coordinación entre los niveles de gobierno.

El riesgo es que intervenciones iniciadas queden sin continuidad tanto a nivel nacional como regional. Si bien la demora en las definiciones que se requieren de los funcionarios es válida por tratarse de gestiones nuevas que recién conocen el «aparato del Estado», no son justificaciones cuando se trata de atender a una población como la infantil, que no vota, no tributa pero sí es impactada por los aciertos y errores del Estado.

desco Opina - Regional / 12 de setiembre de 2011
Programa Sierra Centro
Descargar aquí

Gabinete Lerner: inclusión y lista de lavandería

La positiva reacción mayoritaria en el país, y por que no decirlo, de los voceros de intereses del extranjero sobre el Perú, frente a la exposición ante el Congreso de la República del jefe del Gabinete, Salomón Lerner Ghitis, ha sido destacada. Los sectores empresariales la han calificado de positiva y de la misma manera se han expresado los representantes de los sectores laborales y de las regiones, entre otros. En el Congreso no hubo un solo voto en contra y sí, más bien, 90 a favor, y 33 abstenciones de la bancada fujimorista, que busca perfilarse como la fuerza de oposición al gobierno del Presidente Humala.

El enfoque principal de la exposición ha sido el de la inclusión social, abriendo la puerta a un cambio histórico en la lógica del enfoque del interés del Estado desde hace varias décadas. El Presidente del Consejo de Ministros ha señalado que el Gabinete en su conjunto tiene muy clara la estrategia de lograr el crecimiento económico con estabilidad resaltando que será «radical» en la defensa de la inclusión social, uno de los compromisos del presidente Ollanta Humala. Sin embargo, queda claro que el Gabinete se sustenta en dos grandes columnas: la de la inclusión social, pero también la del crecimiento macroeconómico. El cómo se complementen será el arte de gestión del recién inaugurado gobierno.

Diversas medidas, y particularmente las políticas sociales parecen apuntar a afianzar a la sociedad entendida como instancia de desarrollo colectivo, con una lógica democrática y de apertura a la participación. Ciertamente, avanzar en esa dirección habrá de significar el desarrollo de los mecanismos de participación ciudadana existentes y de promover el fortalecimiento de capacidades de los más débiles para competir exitosamente en un mundo globalizado, abandonando las condiciones de pobreza y extrema pobreza que aún soportan muchos peruanos. Para eso están, de partida, los programas sociales con los que ya cuenta el Estado y las nuevas propuestas como Pensión 65 y Cuna Más. Pero es claro que eso no bastará.

En este marco, los anuncios del nuevo Gabinete no fueron en ningún caso sorpresivos. Ni siquiera el acuerdo establecido con las empresas mineras de elevar su aporte de 500 millones de soles a 3 mil millones anuales, pues muchos peruanos coincidimos con lo expresado por el congresista Javier Diez Canseco respecto a que «el Perú podría obtener no menos de seis mil millones de soles por concepto de sobre ganancias mineras», y que empresas importantes como Barrick y Antamina, están en posibilidades reales de aportar sumas mayores.

La «hoja de ruta», que define las líneas maestras del gobierno, al parecer se consolidará como herramienta que garantice el camino hacia la estabilidad y el desarrollo social y económico del país. Programas concretos para garantizar la seguridad ciudadana, el combate al narcotráfico y el crimen organizado, así como la lucha directa contra la corrupción también fueron expresiones de las preocupaciones y ofertas generales hechas por el Gabinete Lerner. Falta ver cómo se implementarán, y eso será parte de la siguiente etapa: gobernar y poner en marcha los ofrecimientos hechos.

Sin embargo, un análisis más cuidadoso de la exposición del nuevo Gabinete permite observar que existen posiciones distintas al interior del equipo ministerial que las semanas y los próximos meses pondrán nítidamente en evidencia. La correlación de las fuerzas políticas y la evolución de la economía entrarán a jugar su papel, junto a los primeros resultados que se alcancen.

Finalmente, encontramos que ha sido una concesión graciosa la omisión de un informe sobre las condiciones reales, esto es, la herencia dejada por el presidente Alan García y el Apra al nuevo gobierno sobre la gestión pública. Esto solo puede concebirse en aras de una «estabilidad» o tranquilidad social mal entendida. Los temas del desarrollo, la superación de la desigualdad y la inclusión social van mucho más allá de las cifras de la macroeconomía, y constituyen un reto que el anterior gobierno no se interesó en resolver y que hubiera sido bueno marcar un balance general de partida, que empiece a establecer diferencias.

desco Opina / 2 de setiembre de 2011
Descargar aquí

Ley de Consulta Previa

En la selva central se percibe desde hacia varias semanas la incertidumbre generada por las tensiones entre la empresa Pluspetrol y las comunidades nativas, en el marco del inicio de actividades de exploración en el lote 108. Como ya se ha hecho habitual en un escenario potencialmente conflictivo como este, la razón de las tensiones recae en el incumplimiento del convenio 169 de la OIT. Según refieren los líderes nativos, no ha habido coordinación ni diálogo con su organización y mucho menos con las comunidades. En esencia la preocupación son los potenciales efectos negativos de la explotación petrolera. Mientras, en las localidades de la selva central se mostraban rostros de preocupación, por el recrudecimiento del tenor de los discursos nativos, que señalaban incluso la posibilidad de un intempestivo bloqueo de carreteras.

Por otro lado, en el Congreso de la República los congresistas se mostraban renuentes a la discusión de la Ley de Consulta Previa. Mientras unos solicitaban el debate en el Pleno, los otros solicitaban el ingreso del proyecto a las comisiones de Constitución y de Pueblos Indígenas, y ambos sectores tenían razones de peso muy valederas para sus posturas. Los que apuraban el debate señalaban con justicia que este proyecto había contado con una amplia discusión y concertación durante cinco años con los representantes de los pueblos originarios, que los consensos con ellos estaban dados para que esta herramienta legal reduzca las posibilidades de conflictos tipo Bagua o Puno. Pero, por otro lado, quienes reclamaban por el apresuramiento, nos recordaban que este proyecto de ley fue elaborado por el Congreso anterior, los nuevos congresistas no necesariamente conocían sus alcances y mal harían en aprobar o rechazar la propuesta ante esta circunstancia, siendo lo más sensato y prudente dejar tiempo suficiente para conocerlo y enriquecerlo de ser posible, antes de que llegue al Pleno.

No hay que dejar de señalar que el Poder Ejecutivo anterior había observado la propuesta con el argumento de que sus alcances podrían afectar la atracción del país para con los inversionistas, observación ante la cual el Congreso no tuvo mejor idea que sumergir la propuesta en una densidad de horas de comisiones, dilatando su llegada al Pleno, culminando con un trasvase de responsabilidades –o lavada de manos– hacia el nuevo Congreso. Para nadie es un secreto que, a diferencia de los otros poderes del Estado, en el Congreso no hay una preocupación por la transferencia de los proyectos de ley que están en cartera, independientemente de su importancia, y si estos no tienen quienes los mantengan vigentes siempre corren el riesgo de pasar al archivamiento y el olvido. En este caso no ocurrió así, pero armó tremenda batahola política en que ninguna de las partes ganó dividendos, siendo los únicos perjudicados los pueblos originarios que centran sus esperanzas en la promulgación de esta ley para encontrar viabilidad a las demandas de respeto a sus derechos.

El Defensor del Pueblo salió al frente para recordarnos que el 19 de mayo de 2010, el Congreso de la República aprobó la Autógrafa de la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización Internacional de Trabajo”, decisión que fue informada por el Estado Peruano en la Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Ginebra en junio del mismo año. Pero una cosa es el reconocimiento del derecho y otra muy distinta la promulgación e implementación de la herramienta legal, y mientras esto no ocurra, la sensación de insatisfacción seguirá campeando entre los líderes nativos.

Aparentemente la intervención del Defensor del Pueblo y los discursos que se difundieron en los medios llevaron cordura al Congreso, y el martes 23 se realizó la sesión extraordinaria que concluyó con la aprobación unánime de la tan esperada Ley. La situación con las demandas indígenas es muy probable que ya haya quedado zanjada porque no creemos que en esta ocasión se planteen observaciones desde Palacio de Gobierno al proyecto aprobado. Sin embargo, en algunas mentes de la selva central quedan dudas respecto a cuál será el rol que cumplirán –en esta consulta previa– los descendientes de los migrantes europeos cuyas familias tienen más de cien años en estos lares, así como el de los colonos de origen andino que también acumulan muchos años de permanencia. No se puede negar que ellos también son sujetos de derechos en estas decisiones y de ninguna manera se sentirán conformes si se sienten ajenos a la consulta previa. En definitiva, esperemos la promulgación por el Ejecutivo y la posterior reglamentación de su aplicación.

desco Opina - Regional / 26 de agosto de 2011
Programa Selva Central
Descargar aquí

La reconstrucción de Pisco y los nuevos amigos

Tras el mensaje y las primeras encuestas sobre aprobación presidencial, el clima político parece, por el momento, relativamente estable para el gobierno en ejercicio. En parte, esto se debe a que el presidente, al haber optado por el silencio, se abre pocos frentes para la crítica. No obstante, en su primera gira en Pisco, el presidente habló, lo cual es importante tanto porque fue la primera vez que soltó prenda como por el motivo de la visita: relanzar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, gesto importante para diferenciarse de la clamorosa inoperancia que el gobierno pasado exhibió en el tema.

Sobre su mutismo, Humala dijo «más acción, menos palabras» lo cual, a decir verdad ya quedaba claro. Así, busca marcar un estilo “ejecutivo” de conducirse en el poder. Los problemas que se ha ahorrado con su pragmatismo han aparecido más bien por el lado de su entorno familiar cercano. Políticamente, el tema de Alexis debería ser más preocupante que el de su otro hermano, actualmente en aislamiento en el penal de Piedras Gordas. Decimos esto aún a sabiendas de que los dislates de Antauro agitan los temores de la derecha más pacata; aún así, cada vez es más claro que las propias declaraciones del autoproclamado “precursor” contribuyen a su propio aislamiento y a distanciarlo del presidente.

En cuanto a la reconstrucción de Pisco y otras localidades, Ollanta Humala ha recibido un proyecto para «mejorar las ciudades», empezando por Pisco, de las manos de Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) En efecto, en una reciente reunión del gremio de empresas privadas de construcción se reveló las grandes expectativas que este sector tiene sobre la reconstrucción de Pisco, orientadas, además de a la vivienda, al fortalecimiento del ángulo turístico que podría tener la zona. Así dicho, no suena del todo mal.

Sin embargo, en varios espacios se ha señalado la necesidad de intervenir en Pisco y en las otras localidades afectadas, que incluyen partes de Huancavelica, no para reconstruir la pobreza de muchos de los habitantes de esas zonas sino para mejorar sus condiciones de vida y habitabilidad con intervenciones que se enfoquen en vivienda y espacios públicos basados en una adecuada concepción del territorio. No conocemos los detalles del plan de CAPECO pero hay señales de que no serán precisamente abiertos a consulta y debate ciudadano real, y no como ocurrió con la «democratización» que terminó por fragmentar la reconstrucción en pequeñas obras sin horizonte claro. Por otro lado, parece que CAPECO está muy bien representado y es relativamente influyente en el actual Ministerio de Vivienda.

Esto nos lleva a pensar en los espacios grises que el gobierno de Ollanta Humala a veces parece mostrar ya que, si en muchos casos hay funcionarios de carrera, competentes y abiertos al diálogo con la sociedad civil, en otros, hay decisiones que responden a lógicas distintas y a menudo más opacas; desde los criticados nombramientos de militares en retiro para cargos «civiles» hasta sectores, como Vivienda, donde los empresarios parecen estar calmando rápidamente los temores que les generó la elección de Humala al asegurar negocios que les permitan unos buenos años de rentabilidad, monetaria y también política, por su cercanía al poder.

Todo esto ocurre en el contexto de una aguda crisis mundial cuyos efectos acumulados parecen más severos que hace un par de años. El consenso dice que el Perú está relativamente bien preparado para capear el temporal, y medidas saludables como el aumento del Sueldo Mínimo Vital (SMV) parecen expresar la misma confianza. Estas medidas, que nos hablan de buenos augurios en la conducción de un Estado para todos, contrastan con espacios en los que se ha optado más bien por conformar a los empresarios (su crítica al incremento del SMV ha sido más bien tibia, acaso como aceptación tácita del bajo nivel de partida del mismo).

Veamos cómo se lleva a cabo la negociación por las sobreganancias mineras y si el Estado tiene propuestas acordes a su promesa de inclusión en la próxima presentación del Gabinete en el Congreso. Para entonces ya estará clara la configuración del Ejecutivo y también la de la oposición, de la cual solo hemos visto el lado más burdo en los gestos de Martha Chávez. Una cosa es segura: las acciones del Ejecutivo deben reflejar su vocación por una conducción más decidida de los asuntos públicos, y alejarse cuanto pueda de la sensación de mezclar el “piloto automático”, en lo económico, con los gestos de exclusión, en lo social (marcas del gobierno pasado), y eso puede significar dejar de hacer algunos amigos.

desco Opina / 19 de agosto de 2011

Descargar aquí

Gestión ambiental: nuevas aspiraciones desde las cuencas

La movilización por la conservación y el cuidado del ambiente se ha convertido en el tema principal que impulsan las poblaciones ligadas a las actividades agrícolas ubicadas en diversas cuencas costeras e interandinas. Es la bandera de lucha contra la contaminación, especialmente la proveniente de la actividad minera.

La minería es la actividad que más contribuye a la contaminación, pero no es la única; la agricultura convencional también lo hace, al incluir grandes cantidades de agroquímicos, sobre todo en los valles costeros con una fuerte relación con el mercado. Sin embargo, estando tan presente y siendo tan apremiante este problema, no se cuenta con información rigurosa (con un análisis científico) de las causas, el nivel las características y los efectos de la contaminación del agua en nuestras cuencas, como en el caso de la cuenca del Ocoña. En 2010 el Ministerio del Ambiente y la Gerencia Regional del Ambiente efectuaron un análisis de la calidad del agua en cinco puntos de la cuenca, pero no se dieron a conocer los resultados de dichos análisis, por lo que solo podemos presumir la gravedad de la contaminación, aún sin contar con datos precisos.

Los últimos días ha circulado un artículo sobre la contaminación minera aurífera a través de relaves de cianuro que se arrojan al río Ocoña. El artículo está basado en las declaraciones de un dirigente de la Asociación de Pescadores de Camarones de El Puente de la localidad de Ocoña, que expresa las preocupaciones de los pescadores de la cuenca baja del Ocoña, organizados en 16 asociaciones que agrupan a más de mil pescadores. Las expresiones del dirigente, resumen la preocupación los pobladores asentados en la cuenca sobre la contaminación de los productos hidrobiológicos, especialmente del camarón, así como la que afecta a la producción agropecuaria y sus potenciales efectos en la salud humana, especialmente de la niñez. Su preocupación tiene sustento, aunque no cuente con mediciones especializadas, pues en la cuenca existen muchos asentamientos mineros informales, entre los que destacan seis en la cuenca baja (tres en Mariano Nicolás Valcárcel – Camaná, uno en Yanaquihua - Condesuyos, uno en La Unión y uno en Pausa – sur de Ayacucho) y un número indefinido de pequeñas agrupaciones informales. Además, existen tres empresas mineras formales, una en Río Grande (Century Mining), otra en Yanaquihua y otro en Pausa (Buenaventura, que ha iniciado hace cuatro años una etapa exploratoria). Todos los centros mineros, formales e informales, descargan en diferente nivel y forma relaves hacia el río Ocoña. En el caso de los asentamientos de minería informal, la situación es grave debido a que se han instalado plantas artesanales de procesamiento de oro, quimbaletes con el uso masivo de mercurio y en menor cantidad plantas de procesamiento de los relaves con uso de cianuro.

En 2009 se conformó un Comité de Vigilancia Ambiental en el ámbito de la cuenca baja (en los distritos de Ocoña y Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná y en Río Grande y Yanaquihua en la provincia de Condesuyos, de la Región Arequipa), con la participación de representantes de todas las organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas, gobiernos locales y el Gobierno Regional de Arequipa. El tema central que convoca al Comité es la contaminación y la gestión ambiental de la cuenca, a partir de un plan de acciones para todas las organizaciones e instituciones. Este proceso ha concitado eventos sectoriales a nivel de cuenca: encuentros de juntas de usuarios y comisiones de regantes de las provincias de La Unión, Ocoña, Pausa y Coropuna, encuentros de organizaciones de mujeres de la cuenca, encuentros de alcaldes provinciales y distritales, encuentros de mineros informales y encuentros de asociaciones de pescadores y de comunidades campesinas.

Como parte de este proceso se ha acordado con los gobiernos regionales de Arequipa y Ayacucho la necesidad de la conformación del Consejo de Cuenca, habiéndose emitido hasta el momento ordenanzas regionales para la conformación de grupos impulsores que se encarguen de generar un proceso participativo en la formulación de estudios de caracterización; de formular un plan de gestión integrada de recursos y de una propuesta para el funcionamiento del consejo de cuenca encargada de la implementación del instrumentos de gestión. Esta propuesta fue promovida en ambos gobiernos regionales por desco y AEDES, impulsando eventos a nivel local y regional en la definición de propuestas de plataformas de gestión de la cuenca, logrando la emisión de las ordenanzas regionales que definen orientaciones acotadas a la nueva Ley.

Los Consejos de Recursos Hídricos de la Cuenca podrían llevar las tareas de conservación y el cuidado del ambiente de una forma programática, ya que se espera que se puedan construir como modelos viables desde las experiencias participativas de conservación que impulsen un proceso de descentralización y como ente resolutivo para encarar futuros conflictos. Por el momento la Ley de Recursos Hídricos, al asignar un carácter consultivo de los consejos de cuenca adscrito a la Autoridad Nacional del Agua con dos reuniones anuales, limita el rol más protagónico de estos consejos, por lo que se espera que la norma pueda ser mejorada, para hacer frente de mejor manera a los desafíos de la realidad.

desco Opina - Regional / 12 de agosto de 2011
Programa Regional Sur

Descargar aquí