Letra y música del gobierno en la Ley de habilitaciones urbanas y edificaciones

La Ley 30494, nueva ley de habilitaciones urbanas y edificaciones, ha sido la primera emitida en la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Si bien fue aprobada durante el ejercicio del anterior Congreso de la República el día 7 de julio del 2016, ha sido refrendada por el actual Poder Ejecutivo. Es una modificatoria de la anterior ley 29090 de habilitaciones urbanas y edificaciones, a la que se le han hecho reformas y añadido algunos temas. Es una norma que ya había sido cuestionada por el Colegio de Ingenieros del Perú que solicitó al anterior gobierno su observación.

La celeridad en la rúbrica presidencial se explica ahora por el interés de su promotor, el reelecto congresista Carlos Bruce, quien ha manifestado que esta ley busca agilizar y reactivar los proyectos inmobiliarios, modificando la normativa de trámites burocráticos  para que más familias en todo el país puedan acceder a viviendas formales, dignas y seguras.

Sobre lo expuesto por el vocero parlamentario de PPK habría que preguntarse qué tan cierto es lo que se afirma de manera categórica en referencia al beneficio real y tangible que nos trae esta ley para las familias que quieren tener un lugar adecuado para vivir. O si más bien es la primera muestra del tipo de leyes que aprobará el nuevo Poder Ejecutivo con acordes y ritmos de sonoridad altamente capitalista al servicio de los intereses de los grupos de poder económico.

Una rápida mirada a la ley nos muestra prontamente en el artículo 3, referido a los procesos de habilitación urbana, que se ha dispuesto una: “exoneración a los aportes reglamentarios en los proyectos que sean de carácter público, en asociación público privada o de concesión que se realicen para la prestación de servicios públicos esenciales o para la ejecución de infraestructura pública”. Y más adelante en el mismo artículo de la norma se indica que para fines de reurbanización “están sujetos a los trámites de una habilitación urbana con construcción simultánea y no están sujetos a los aportes adicionales a los existentes”.  La novedad es que en ambos casos se deja de lado la exigencia anterior que establecía aportes reglamentarios referidos a espacios públicos y servicios públicos complementarios, al considerarlos implícitamente como una traba al negocio inmobiliario, pues generan menos área vendible o construida que los beneficie. Ante ello cabe preguntarse si verdaderamente se está buscando beneficiar a las familias que desean viviendas con un mejor entorno urbano, o si esta nueva ley en realidad beneficia al negocio inmobiliario del sector constructivo.   

Más adelante puede verse esto casi confirmado, cuando en el artículo 4 se constituye la comisión técnica encargada de aprobar tanto las licencias de habilitación urbana como las licencias de edificación –en las modalidades C y D referidas a edificaciones de alta envergadura– se incluye a un representante de la Cámara Peruana de la Construcción - CAPECO (asociación civil sin fines de lucro, de carácter gremial que agrupa, según su portal web, a las empresas –de lucro– que se desenvuelven en la actividad constructora en el Perú). Esta determinación resulta por lo menos curiosa, pues levanta la sospecha de que en los procesos de generación de nueva construcción de envergadura o en habilitaciones urbanas en las que no se exigirá los aportes normativos, los constructores y urbanizadores actúen simultáneamente como juez y parte, enturbiando su accionar.

Por ahora solamente abordamos estos primeros artículos de la nueva ley, que se prestará a otros comentarios pues ya han provocado una reacción de preocupación en los gremios de ingenieros y arquitectos por varias razones gremiales y técnicas. Lo que sí podemos adelantar, es que los primeros acordes que nos trae el concierto que empieza a ejecutar el gobierno del presidente Kuczynski suenan a consagrar la voluntad empresarial del capital nacional y transnacional de agilizar, sin mayor trámite, la atención de los procesos constructivos; esto es sin tomar en consideración significativos criterios de habitabilidad y confort que debieran ser acordes con procesos de planificación en los que prime el bien común y la accesibilidad a la urbanización y la vivienda de manera semejante para construir, no solo una ciudad moderna y sostenible, sino una sociedad más democrática. Al parecer es un primer adelanto de la música con la que quiere que baile el país.

Nos hubiera gustado que esta ley expresara también la voluntad de avanzar hacia la solución del alto déficit cuantitativo y cualitativo, de lo ya producido en vivienda y urbanización en nuestro país, construidas sin asistencia técnica, y por cierto, que se explicitara claramente la jerarquía que debe reconocerse al Plan de Desarrollo Urbano por encima del negocio habilitador y otras formas de ocupación del suelo. No necesitamos «viviendas dignas» sino dignidad en las personas que habitan en ellas, y esa es otra canción.

desco Opina - Regional / 13 de agosto de 2016

Programa Urbano
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La reconstrucción de Pisco y los nuevos amigos

Tras el mensaje y las primeras encuestas sobre aprobación presidencial, el clima político parece, por el momento, relativamente estable para el gobierno en ejercicio. En parte, esto se debe a que el presidente, al haber optado por el silencio, se abre pocos frentes para la crítica. No obstante, en su primera gira en Pisco, el presidente habló, lo cual es importante tanto porque fue la primera vez que soltó prenda como por el motivo de la visita: relanzar el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 15 de agosto de 2007, gesto importante para diferenciarse de la clamorosa inoperancia que el gobierno pasado exhibió en el tema.

Sobre su mutismo, Humala dijo «más acción, menos palabras» lo cual, a decir verdad ya quedaba claro. Así, busca marcar un estilo “ejecutivo” de conducirse en el poder. Los problemas que se ha ahorrado con su pragmatismo han aparecido más bien por el lado de su entorno familiar cercano. Políticamente, el tema de Alexis debería ser más preocupante que el de su otro hermano, actualmente en aislamiento en el penal de Piedras Gordas. Decimos esto aún a sabiendas de que los dislates de Antauro agitan los temores de la derecha más pacata; aún así, cada vez es más claro que las propias declaraciones del autoproclamado “precursor” contribuyen a su propio aislamiento y a distanciarlo del presidente.

En cuanto a la reconstrucción de Pisco y otras localidades, Ollanta Humala ha recibido un proyecto para «mejorar las ciudades», empezando por Pisco, de las manos de Walter Piazza, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) En efecto, en una reciente reunión del gremio de empresas privadas de construcción se reveló las grandes expectativas que este sector tiene sobre la reconstrucción de Pisco, orientadas, además de a la vivienda, al fortalecimiento del ángulo turístico que podría tener la zona. Así dicho, no suena del todo mal.

Sin embargo, en varios espacios se ha señalado la necesidad de intervenir en Pisco y en las otras localidades afectadas, que incluyen partes de Huancavelica, no para reconstruir la pobreza de muchos de los habitantes de esas zonas sino para mejorar sus condiciones de vida y habitabilidad con intervenciones que se enfoquen en vivienda y espacios públicos basados en una adecuada concepción del territorio. No conocemos los detalles del plan de CAPECO pero hay señales de que no serán precisamente abiertos a consulta y debate ciudadano real, y no como ocurrió con la «democratización» que terminó por fragmentar la reconstrucción en pequeñas obras sin horizonte claro. Por otro lado, parece que CAPECO está muy bien representado y es relativamente influyente en el actual Ministerio de Vivienda.

Esto nos lleva a pensar en los espacios grises que el gobierno de Ollanta Humala a veces parece mostrar ya que, si en muchos casos hay funcionarios de carrera, competentes y abiertos al diálogo con la sociedad civil, en otros, hay decisiones que responden a lógicas distintas y a menudo más opacas; desde los criticados nombramientos de militares en retiro para cargos «civiles» hasta sectores, como Vivienda, donde los empresarios parecen estar calmando rápidamente los temores que les generó la elección de Humala al asegurar negocios que les permitan unos buenos años de rentabilidad, monetaria y también política, por su cercanía al poder.

Todo esto ocurre en el contexto de una aguda crisis mundial cuyos efectos acumulados parecen más severos que hace un par de años. El consenso dice que el Perú está relativamente bien preparado para capear el temporal, y medidas saludables como el aumento del Sueldo Mínimo Vital (SMV) parecen expresar la misma confianza. Estas medidas, que nos hablan de buenos augurios en la conducción de un Estado para todos, contrastan con espacios en los que se ha optado más bien por conformar a los empresarios (su crítica al incremento del SMV ha sido más bien tibia, acaso como aceptación tácita del bajo nivel de partida del mismo).

Veamos cómo se lleva a cabo la negociación por las sobreganancias mineras y si el Estado tiene propuestas acordes a su promesa de inclusión en la próxima presentación del Gabinete en el Congreso. Para entonces ya estará clara la configuración del Ejecutivo y también la de la oposición, de la cual solo hemos visto el lado más burdo en los gestos de Martha Chávez. Una cosa es segura: las acciones del Ejecutivo deben reflejar su vocación por una conducción más decidida de los asuntos públicos, y alejarse cuanto pueda de la sensación de mezclar el “piloto automático”, en lo económico, con los gestos de exclusión, en lo social (marcas del gobierno pasado), y eso puede significar dejar de hacer algunos amigos.

desco Opina / 19 de agosto de 2011

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