Majes Siguas II al azar

 

Las últimas semanas hemos asistido a numerosos debates sobre la situación del proyecto Majes Siguas II; asimismo, se ha publicado diversa información sobre las gestiones que se vienen realizando por distintas instancias públicas para hacerlo realidad, sin que a estas alturas tengamos la certeza de cuál será el futuro del proyecto, paralizado por varios meses en medio de tires y aflojes institucionales.

El gobierno nacional, a través del Minagri, mostró su disposición para destrabar el proyecto proponiendo la suscripción de un convenio que transferiría la titularidad del mismo al ministerio. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada por el Consejo Regional de Arequipa, pese a que el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, se manifestó a favor de aceptar la entrega del proyecto a través de un convenio al Ejecutivo.

Pero, más allá de los aspectos políticos en la definición de la ejecución del proyecto, son de mayor preocupación los aspectos técnicos que se están soslayando con el tiempo y el impacto económico que está acarreando esta falta de decisión.

Respecto al primer punto, la empresa Cobra –concesionaria del proyecto– activó el mecanismo de caducidad del contrato para rescindirlo mediante una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en la que se señala, además, la cuantiosa afectación económica por la que podría exigir una compensación de 66 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, tras la aprobación en el Pleno Agrario de la ley de garantía soberana para destrabar el proyecto Majes Siguas en Arequipa –que ayudaría a viabilizar los recursos para costear los 104 millones de dólares de la Adenda 13–, la empresa habría reconsiderado su decisión, según Gregorio Palma, Gerente General del GRA.

Respecto al segundo punto, agricultores y diversos especialistas se han pronunciado advirtiendo los riesgos de la entrada en funcionamiento de Majes Siguas II por el estado en que se encuentra la infraestructura de túneles y canales de la primera etapa; que requeriría un mantenimiento importante ante la existencia de filtraciones y deterioros que serían un peligro ante el hecho de transportar casi el triple del actual volumen de agua de 12 m³ que discurren por esta infraestructura. Adicionalmente, desde el punto de vista legal, opiniones de expertos señalaban que el contrato de concesión suscrito, establecía claramente la responsabilidad de la concesionaria para los casos en que hubiese cambios en los diseños.

Pero en este tiempo de inmovilidad también ha surgido un nuevo problema: la legalidad de los terrenos. No sabemos a ciencia cierta si es que el GRA terminó de sanear la totalidad de terrenos donde se construirá la presa de Angostura. Sumado a ello, un conocido ex dirigente social del Cono Norte de Arequipa reapareció reclamando la adjudicación de terrenos dentro del proyecto, alegando estar bajo posesión de la Asociación Pampas Bayas, y que incluso ha cambiado su domicilio para hacer más creíble su reivindicación. En el fondo lo que persigue, es lograr un trato como el que consiguieron los pobladores de la comunidad de Pusa Pusa, que accedieron a ceder sus terrenos donde se construirá la represa a cambio de terrenos en Majes.

Esta maraña de problemas impide ver un asunto de fondo: la adjudicación de tierras del proyecto, previsto en lotes de 200 hectáreas, lo que no permitiría el acceso a agricultores, sino a conglomerados empresariales de alimentos y de la agroexportación. Este hecho lleva a cuestionarnos para quién trabaja el Estado con este proyecto, ¿para la población o para los privados? ¿Para quién es el megaproyecto por el que el “pueblo arequipeño” lucha? Lo que proponemos es un cambio de sistema de adjudicación a un sistema mixto, que también permita la entrada a la pequeña agricultura. Sí, es cierto que el proyecto generará empleo, pero de qué calidad, cuando sabemos que los empleados de la agroexportación están sujetos a un régimen laboral especial que aunque ha sido mejorado en el último año, aún dista mucho de proteger los derechos plenos de los trabajadores.

Según las últimas noticias, el destino del proyecto se resolvería en estos días. El gobernador ha pedido una audiencia con el presidente Vizcarra, la ministra de Economía, y el ministro de Agricultura; el asunto de la cita: obtener un crédito por 104 millones de dólares para ejecutar la Adenda 13 solicitada por Cobra, adenda que hasta ahora no ha sido dirimida por un ente especializado de alto nivel.

Así, con este nivel de indefiniciones en pro del desarrollo de los habitantes, una carencia de visión estratégica y la falta de «muñeca» para negociar con el contratista, Majes Siguas II es cómo el juego: nadie sabe para quién trabaja.

 

desco Opina - Regional / 30 de octubre de 2020

descosur

Los costos proyectados de una política degradada

 

La política, importa. Hoy más que nunca. Es el universo del deseo. En el mundo real, desgraciadamente, debemos prever los costos de no haberla organizado ni tener los actores mínimamente capacitados para llevarla a cabo, en momentos que se debe contrarrestar una crisis sanitaria sin precedentes, gestionar la convivencia con la enfermedad y, además, buscar reconstruir los factores y espacios sociales que han sido dañados.

En efecto, los impactos económicos han sido fortísimos. Según el Banco Mundial, nuestra caída en el PBI trimestral es de alrededor del 30%, proyectándose algo más del 12% en el anualizado, que si bien es exagerado para algunos analistas locales, no lo es tanto como para dejar de considerar que formamos parte de los peores escenarios a nivel mundial.

Cuando buscan una causa a esta situación, desde las comprensiones más ortodoxamente neoliberales, no hay duda en identificar a las estrictas medidas de confinamiento llevadas a cabo como el fundamento de la caída económica. Ahora bien, podemos debatir sobre la plausibilidad de esta aseveración, pero lo incuestionable es que la rigidez de las medidas sanitarias no dio como resultado una situación aceptable en términos de la salud: la cantidad de muertos e infectados no se condicen, bajo ninguna apreciación, con el rigor de las medidas adoptadas.

En todo caso, si los síntomas de recuperación siguen las proyecciones esperadas, se estima que será rápida y hacia el primer trimestre del 2021 estaremos apreciando una “normalidad restablecida”. La recuperación tiene como base el sector primario y, como segundo rasgo, una baja y lenta recuperación de la inversión privada.

En ese sentido, las cartas que puede y debe jugar el país son las de la inversión pública –algo en que, aunque parezca increíble, están de acuerdo tirios y troyanos– pues el sentido común estima que su presencia es fundamental precisamente en momentos en que la demanda privada está deprimida.

Por otro lado, una fortaleza en la presente crisis ha sido las vigorosas espaldas financieras del país que otorga, entre otras cosas, un buen nivel de liquidez que ha evitado la ruptura de las cadenas de pagos. Pero, esto no significa que no tengamos que vigilar la política de gasto fiscal, es decir, las decisiones tomadas para canalizar los recursos teniendo como objetivo una recuperación «eficiente», léase evitar las quiebras empresariales no sólo con inyecciones de créditos a bajos intereses, sino también con la disminución de la presión tributaria.

En teoría, la política fiscal expansiva –que es la que recomiendan los técnicos para momentos como los actuales– pretende incrementar la producción y por tanto el empleo a través de una disminución de los impuestos y un aumento del gasto público. Es decir, si aumentasen los impuestos, la demanda agregada disminuye y con ella lo hacen la inversión y el consumo. En ese sentido, nuestros ortodoxos, repentinamente, ya no se hacen los embrollos de siempre con las tasas de déficit fiscal.

Pero sabemos que, en nuestro caso, los resultados de estos lineamientos fiscales, no serán necesariamente como proyectan los manuales. Primero, la alta informalización del trabajo hace dudosa cualquier meta que busque preservarlo en sus ámbitos formales. Segundo, sabemos que el motor de la recuperación son las actividades extractivas-primarias las que casi no generan trabajo formalizado. Entonces, es probable que haya una inyección de recursos para aumentar la producción, pero donde no veamos tasas significativas de recuperación de puestos de trabajo.

Por otro lado, dada nuestra buena performance en tipo de cambio e inflación, podemos apostar a una política monetaria relativamente expansiva para promover el aumento del consumo y la inversión. Es decir, más demanda agregada, lo cual incentiva al mercado y, con ello, provocar el aumento de la producción y el empleo. Como en el caso de la politica fiscal expansiva, en términos generales, es lo que razonablemente debe aplicarse hoy, teniendo total conciencia de los límites en los resultados que genera una situación como la nuestra.

Entonces, se busca armar un escenario en el que los aspectos sanitarios se equilibren con el reinicio paulatino de las actividades económicas. Ello debe fundamentarse, desde el lado económico, en el impulso de la demanda para lo cual se requiere la aplicación exitosa de politicas fiscales y monetarias expansivas.

Ese escenario, tiene como premisa la existencia de muchísima confianza entre los agentes económicos, políticos y sociales del país. Aquí es donde surge el gran cuello de botella del esquema. Las condiciones para que funcione son la nula probabilidad de una crisis política grave y que el próximo gobierno no cuestione sus lineamientos.

En efecto, debemos elegir en abril del 2021 el gobierno que debe manejar los efectos de la pandemia y guiarnos hacia la recuperación que, en buen romance, significa volver a ser lo que fuimos en febrero del 2020. Así, un vistazo a la oferta electoral, a las condiciones de los denominados partidos políticos, a los sorprendentes debates públicos, a la política menuda de los actuales congresistas buscando permanecer siquiera un mes más en el cargo, la multiplicación de jueces venales y demás rasgos de la institucionalidad democrática peruana, tendría que preocuparnos sobremanera.

 

 

desco Opina / 23 de octubre de 2020

Oxígeno para el pulmón del mundo

 

Cuando la pandemia del Covid-19 llegó al Perú, era más que evidente que la selva peruana sería la región natural más vulnerable. Las insuficientes capacidades operativas del sistema de salud de nuestra Amazonía, pronto se vieron avasalladas por la demanda de los pacientes que requerían de mucha atención profesional. El principal problema en las localidades selváticas es el escaso número de centros de salud, con equipamiento obsoleto y déficit de personal. La demanda por atención médica provocó el colapso de los hospitales amazónicos. Eran más los pacientes que requerían de hospitalización que la cobertura de las capacidades locales, y el oxígeno –como ocurrió en otras regiones del país– se convirtió en un bien escaso e imprescindible para combatir la enfermedad.

Desde mayo pasado, los pacientes de la selva que requerían de camas UCI con ventiladores mecánicos, se enfrentaron con una frágil oferta local. Los cientos de pacientes que tuvieron esa necesidad, superaron largamente las capacidades existentes. Lo máximo que pudieron hacer algunas municipalidades selváticas fue instalar centros de aislamiento temporal para casos leves y moderados de personas identificadas con el contagio en cuyas viviendas no tuviesen la capacidad de cumplir los requisitos de distanciamiento con los demás miembros de la familia; esto, sin embargo, con el compromiso de que los familiares cubrieran los gastos en alimentación y medicinas. La demanda de oxígeno sobrepasó la oferta local, muchos familiares tuvieron que ingeniárselas para traer balones desde las provincias andinas e incluso desde la lejana Lima. El oxígeno medicinal de la selva central y de todo Junín, es abastecido por una planta ubicada en la ciudad minera de La Oroya, pero ésta tiene una demanda adicional de otras regiones del centro del país como Ayacucho, Huancavelica y Huánuco. Esta planta no podía abastecer a la selva de Pasco (Oxapampa) y de Junín (Chanchamayo y Satipo), pues debía atender a muchas provincias más.

Bajo esas circunstancias, quienes contaban con recursos económicos trasladaron a sus familiares contagiados a centros urbanos con mejor calidad de oferta de salud, situación que resultaba muy costosa y a veces insuficiente y tardía. Así, dos temas concurrentes se pusieron de manifiesto; en el país la orden de aislamiento provincial nunca pudo controlar el tránsito vehicular interprovincial, y se consolidó esa vieja sentencia: en el Perú, quien no tiene dinero, simplemente se muere.

Desatada la pandemia en el territorio nacional, el Ejecutivo planteó “esta guerra la ganamos todos”, y si bien los primeros y exiguos casos diagnosticados en la selva central auguraban un panorama alentador, pronto se demostró que el virus llegaría con fuerza y que no se utilizó el tiempo de ventaja en prevención oportuna y en mejorar la capacidad operativa. La articulación de los esfuerzos públicos y privados fue escasa y ni siquiera se tuvo la intención de convocar la participación de la sociedad civil organizada. En ese escenario, la Iglesia católica desarrolló mejores capacidades de convocatoria y lideró colectas locales para la adquisición de plantas de oxígeno que pusieran al alcance de los pacientes este recurso. Las parroquias del Vicariato de San Ramón en coordinación con grupos de ciudadanos locales y con el apoyo de algunas municipalidades, a través de rifas, polladas y colectas, se abocaron a la recaudación de recursos para adquirir plantas de oxígeno, esfuerzo que no fue sencillo y que tuvo que sortear dificultades administrativas, como la sospechosa actualización de los criterios técnicos para la adquisición y funcionamiento de las plantas de oxígeno medicinal de los hospitales y puestos de salud del MINSA. A pesar de ello, la ciudadanía de Chanchamayo y Oxapampa logró sus metas y llevó adelante la compra e instalación de sus plantas.

La cordial invitación del Vicariato de San Ramón al presidente Martín Vizcarra para que asistiese a la inauguración de las plantas de oxígeno logradas con el esfuerzo ciudadano, generó malestares y protestas; justificada actitud de algunos pobladores que no se identifican con la diplomacia religiosa. Haciendo una incómoda comparación; al igual que en el caso de la lucha contra la subversión de la década de los 80, podríamos señalar que, en la selva central, la batalla contra el Covid-19 la está enfrentando la población con los limitados recursos locales, y que el Ejecutivo sólo aparece para la fotografía promocional de una gestión pública nacional que pretende ganar indulgencias con avemarías ajenas.

 

 

desco Opina - Regional / 16 de octubre de 2020

descocentro