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viernes

Majes Siguas II, nuevamente paralizado

 

A inicio de este mes, Cobra, la concesionaria del proyecto agroindustrial Majes Siguas II, nuevamente colgó los guantes. Tras años de tira y afloja para la aprobación de la famosa ADENDA 13 del contrato, que finalmente se aprobó en julio del presente año, lo que permitiría destrabar la ejecución del proyecto, paralizada desde diciembre de 2017.

Para que la firma de la adenda no se dilate hubo mucha presión de algunos sectores, como el empresarial; sin embargo, como advertimos en un artículo anterior, no se volvieron a discutir temas de fondo del proyecto como el modelo de adjudicación. El año pasado la empresa Cobra, perteneciente al conglomerado español ACS, fue absorbida por una más grande, la empresa francesa Vinci. Quizá este hecho resolvió las sombras de insolvencia financiera que se ceñían sobre la empresa y que fueran advertidas por el exparlamentario Horacio Zeballos hace buen tiempo cuando realizó una investigación desde su despacho sobre el proyecto, convirtiéndose en un aliciente más para la firma de la adenda.

Los funcionarios de la Autoridad Autónoma de Majes (Autodema) del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), han declarado a la prensa que Cobra está pidiendo una suspensión del inicio de actividades basados en una serie de faltas de parte del gobierno regional que ya fueron subsanadas entre el 2015 y 2016, indicando que no hay razón alguna para que el cronograma se retrase hasta abril de 2023, como requiere la empresa.

Desde que se firmó la adenda, el gobierno regional ha tomado diferentes acuerdos para garantizar el financiamiento del proyecto. En junio de este año autorizó la incorporación de mayores ingresos públicos en el presupuesto para este proyecto por un monto que asciende a S/ 43 813 420.88. Posteriormente, en setiembre, el Gobierno Regional de Arequipa aprobó realizar gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para obtener financiamiento con recursos provenientes de una Operación de Endeudamiento Externo por US$ 97 994 640.26 también para financiar el proyecto. El presupuesto actualizado del proyecto es de 2431.4 millones de soles. Sólo registra un avance físico del 12% y se ha recalculado como fecha de entrega el 31 de diciembre de 2026.

La gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez Canahuire, aseguró que no cederán al pedido de Cobra, que busca retrasar el reinicio del proyecto y que harán cumplir el cronograma presentado por la concesionaria en setiembre pasado. Por su parte, el Consejo Regional de Arequipa, quiere interpelar al gerente de Autodema por el retraso, pero no plantean un careo directo con la empresa.

No sólo la ejecución del proyecto está en el ojo de la tormenta, también lo está su supervisión. En un reciente informe de auditoría, la Contraloría General de la República detectó un perjuicio por US$ 2 114 966 en Autodema, unidad ejecutora del GRA, por pagos adicionales a la Supervisión Especializada del proyecto Majes Siguas II, a través de dos adendas al contrato, de las que serían responsables varios funcionarios y servidores tanto de anteriores gestiones como de la actual gestión.

Majes II, no sólo es un proyecto emblemático en el imaginario colectivo arequipeño, sino que también forma parte de los 72 proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad 2022 – 2025, publicado recientemente por el gobierno nacional. Siendo así, sería deseable que el propio Ejecutivo respalde al GRA en el arreglo de este entuerto para decidir el reinicio del proyecto o llegar a un posible arbitraje internacional, si ese fuera el caso. Recordemos que Majes Siguas II es una obra público-privada, diseñada desde los escritorios de la tecnocracia de Proinversión, y que el Gobierno Regional de Arequipa ha cumplido cabalmente con los cinco desembolsos solicitados por Cobra, desde que se concesionó el proyecto para su ejecución.

 

 

desco Opina – Regional / 28 de octubre del 2022

descosur

Majes Siguas II al azar

 

Las últimas semanas hemos asistido a numerosos debates sobre la situación del proyecto Majes Siguas II; asimismo, se ha publicado diversa información sobre las gestiones que se vienen realizando por distintas instancias públicas para hacerlo realidad, sin que a estas alturas tengamos la certeza de cuál será el futuro del proyecto, paralizado por varios meses en medio de tires y aflojes institucionales.

El gobierno nacional, a través del Minagri, mostró su disposición para destrabar el proyecto proponiendo la suscripción de un convenio que transferiría la titularidad del mismo al ministerio. Sin embargo, esta propuesta fue desestimada por el Consejo Regional de Arequipa, pese a que el gobernador regional, Elmer Cáceres Llica, se manifestó a favor de aceptar la entrega del proyecto a través de un convenio al Ejecutivo.

Pero, más allá de los aspectos políticos en la definición de la ejecución del proyecto, son de mayor preocupación los aspectos técnicos que se están soslayando con el tiempo y el impacto económico que está acarreando esta falta de decisión.

Respecto al primer punto, la empresa Cobra –concesionaria del proyecto– activó el mecanismo de caducidad del contrato para rescindirlo mediante una carta dirigida al Gobierno Regional de Arequipa (GRA), en la que se señala, además, la cuantiosa afectación económica por la que podría exigir una compensación de 66 millones de dólares por daños y perjuicios. Sin embargo, tras la aprobación en el Pleno Agrario de la ley de garantía soberana para destrabar el proyecto Majes Siguas en Arequipa –que ayudaría a viabilizar los recursos para costear los 104 millones de dólares de la Adenda 13–, la empresa habría reconsiderado su decisión, según Gregorio Palma, Gerente General del GRA.

Respecto al segundo punto, agricultores y diversos especialistas se han pronunciado advirtiendo los riesgos de la entrada en funcionamiento de Majes Siguas II por el estado en que se encuentra la infraestructura de túneles y canales de la primera etapa; que requeriría un mantenimiento importante ante la existencia de filtraciones y deterioros que serían un peligro ante el hecho de transportar casi el triple del actual volumen de agua de 12 m3 que discurren por esta infraestructura. Adicionalmente, desde el punto de vista legal, opiniones de expertos señalaban que el contrato de concesión suscrito, establecía claramente la responsabilidad de la concesionaria para los casos en que hubiese cambios en los diseños.

Pero en este tiempo de inmovilidad también ha surgido un nuevo problema: la legalidad de los terrenos. No sabemos a ciencia cierta si es que el GRA terminó de sanear la totalidad de terrenos donde se construirá la presa de Angostura. Sumado a ello, un conocido ex dirigente social del Cono Norte de Arequipa reapareció reclamando la adjudicación de terrenos dentro del proyecto, alegando estar bajo posesión de la Asociación Pampas Bayas, y que incluso ha cambiado su domicilio para hacer más creíble su reivindicación. En el fondo lo que persigue, es lograr un trato como el que consiguieron los pobladores de la comunidad de Pusa Pusa, que accedieron a ceder sus terrenos donde se construirá la represa a cambio de terrenos en Majes.

Esta maraña de problemas impide ver un asunto de fondo: la adjudicación de tierras del proyecto, previsto en lotes de 200 hectáreas, lo que no permitiría el acceso a agricultores, sino a conglomerados empresariales de alimentos y de la agroexportación. Este hecho lleva a cuestionarnos para quién trabaja el Estado con este proyecto, ¿para la población o para los privados? ¿Para quién es el megaproyecto por el que el “pueblo arequipeño” lucha? Lo que proponemos es un cambio de sistema de adjudicación a un sistema mixto, que también permita la entrada a la pequeña agricultura. Sí, es cierto que el proyecto generará empleo, pero de qué calidad, cuando sabemos que los empleados de la agroexportación están sujetos a un régimen laboral especial que aunque ha sido mejorado en el último año, aún dista mucho de proteger los derechos plenos de los trabajadores.

Según las últimas noticias, el destino del proyecto se resolvería en estos días. El gobernador ha pedido una audiencia con el presidente Vizcarra, la ministra de Economía, y el ministro de Agricultura; el asunto de la cita: obtener un crédito por 104 millones de dólares para ejecutar la Adenda 13 solicitada por Cobra, adenda que hasta ahora no ha sido dirimida por un ente especializado de alto nivel.

Así, con este nivel de indefiniciones en pro del desarrollo de los habitantes, una carencia de visión estratégica y la falta de «muñeca» para negociar con el contratista, Majes Siguas II es cómo el juego: nadie sabe para quién trabaja.

 

desco Opina - Regional / 30 de octubre de 2020

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